Soledad del Carmen Sala Pérez
Expediente 174/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Soledad del Carmen Sala Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Soledad del Carmen Sala Pérez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cinco minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 174/2021-3, promovido por Soledad del Carmen Sala Pérez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con ofrecidas por la parte quejosa consistentes en: 1. Oficio original SG/DGRPPyC/JURIDICO/00295/2021 de cinco de febrero de dos mil veintiuno signado por la Directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco [Foja 16]; 2. Acuse original del escrito de la quejosa dirigido a la autoridad responsable, recibido el trece de enero de dos mil veintiuno [Fojas 17 a 19]; 3. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la quejosa [Foja 20]; 4. Copia simple de la escritura pública número treinta cinco mil sesenta y siete de doce de julio de dos mil once, pasada ante la fe de Adela Ramos López, notario sustituto de la Notaría Pública Veintisiete del Estado de Tabasco [Fojas 21 a 25]; 5. Instrumental de actuaciones; y 6. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. Por su parte, la Directora General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, autoridad responsable acompañó a su informe las siguientes probanzas en copia certificada: Oficio SG/DGRPPyC/JURIDICO/00295/2021 de cinco de febrero de dos mil veintiuno; y Volante Universal número 1409 de once de febrero de dos mil once que contiene la Boleta de Inscripción de Embargo y Anexos. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 174/2021-3, promovido por Soledad del Carmen Sala Pérez, contra actos de la Directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés siguiente, Soledad del Carmen Sala Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "(.) EL ILEGAL ESCRITO DE FECHA 05 (CINCO) DE FEBRERO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) (...)". 2 "(.) LA INDEBIDA E ILEGAL INHIBITORIO Y/O DECLINATORIA DE COMPETENCIA REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, RESPECTO A LA EXTINCIÓN DEL ASIENTO POR CADUCIDAD, SOLICITADA POR LA SUSCRITA (.) MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 11 (ONCE) DE ENERO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO)." AUTORIDAD RESPONSABLE Directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el expediente 174/2021-3; se requirió a la impetrante para que exhibiera tres copias legibles de su escrito de demanda. Una vez que se cumplió con lo anterior, por auto de dos de marzo de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El oficio SG/DGRPPyC/JURIDICO/00295/2021 de cinco de febrero de dos mil veintiuno, emitido por la Directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante el cual niega la solicitud de extinción de asiento por caducidad efectuada por la quejosa que obra en el Folio Real 145507 con número de partida 137692 del índice de la responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. La autoridad responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. [Fojas 41 a 44] Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de las constancias que se acompañaron al informe justificado, consistentes en el oficio SG/DGRPPyC/JURIDICO/00295/2021 de cinco de febrero de dos mil veintiuno [Foja 45] y el volante universal número 1409 de once de febrero de dos mil once que contiene la Boleta de Inscripción de Embargo y Anexos. [Fojas 52 a 57]; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio del acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias relativas a la inscripción 5000557 con el volante universal 1409 que se acompañaron al informe justificado. Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: 1. Por oficio 505 de tres de febrero de dos mil once, la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco instruyó la inscripción del embargo judicial derivado del juicio ejecutivo mercantil 456/2010 de su índice, que afecta al inmueble con Folio Real 145507. [Foja 53] 2. El once de febrero de dos mil veintiuno, se dio cumplimiento a la instrucción judicial anterior, mediante número de inscripción 5000557 y volante universal 1409. [Foja 52 y 52 vuelta] 3. Mediante escrito recibido el trece de enero de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó la extinción del asiento por caducidad que afecta al inmueble con Folio Real 145507, relativo al embargo judicial del expediente 456/2010 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. [Foja 17 a 19] 4. El cinco de febrero de dos mil veintiuno, por oficio SG/DGRPPyC/JURIDICO/00295/2021 la autoridad responsable, estimó improcedente la solicitud enunciada en el numeral precedente, toda vez que la inscripción de la que se trata sólo puede ser cancelada por autoridad judicial o administrativa correspondiente. [Foja 45] Acto que constituye la materia de la presente controversia constitucional y que a continuación se reproduce: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora, la peticionaria de amparo en su primer y único concepto de violación aduce esencialmente que, la autoridad responsable no dio respuesta dentro de los quince días hábiles siguientes a la solicitud presentada el trece de enero de dos mil veintiuno, pues fue hasta el diez de febrero siguiente en que notificó la resolución. Aduce, que lo anterior incumple con los supuestos que establece el artículo 8° Constitucional en relación con la fracción IV del diverso 7 dela Constitución Política del Estado de Tabasco y además acredita que se vulneró lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sostiene que derivado de lo anterior, la contestación deviene ilegal y por ende debe desestimarse su eficacia jurídica. Por otro lado, argumenta que la resolución materia de la presente controversia es incongruente y además se encuentra indebidamente fundada. Insiste en lo anterior, dado que la quejosa solicitó la extinción del asiento por caducidad con base en lo previsto en el artículo 3035 del Código Civil Federal, pues se hizo de conocimiento de la autoridad que no existe prórroga alguna solicitada por la autoridad que ordenó la inscripción del embargo judicial y además han transcurrido en exceso los tres años desde la fecha del asiento. Hizo hincapié que solicitó la extinción del asiento por caducidad y no el gravamen decretado por la autoridad emisora. Reitera que el acto reclamado no está fundado y motivado, pues confunde la solicitud de extinción del asiento registral con la cancelación del gravamen, por lo cual concluye que es incongruente. Señala que, conforme a los requisitos del artículo 3035 del Código Civil Federal, no se requiere aprobación de la autoridad que ordenó la anotación registral para cancelar el asiento. Invoca al respecto la tesis 1a./J. 47/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA)." Reitera que la autoridad responsable declinó indebidamente su competencia, ya que conforme a lo previsto en el artículo 3035 del Código Civil Federal, no requiere aprobación alguna o audiencia previa de la autoridad que ordenó la anotación registral para cancelar el asiento, pues tal cuestión es facultad exclusiva de la responsable. Cito al respecto la tesis PC.I.C. J/97 C (10a.) de rubro: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DEL EMBARGO. EL ARTÍCULO 3035 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PREVÉ SU CANCELACIÓN POR CADUCIDAD, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA." Devienen INFUNDADOS e INOPERANTES los argumentos vertidos por la parte quejosa como concepto de violación; sin que en el caso, a criterio de este juzgador, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, como ya quedó asentado, el acto reclamado en este juicio lo constituye el oficio SG/DGRPPyC/JURIDICO/00295/2021 de cinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual la responsable le informa que no puede efectuar cancelación de la inscripción que solicitó. Este juzgador considera que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado. En efecto, el artículo 16 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye: "Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El aludido precepto constitucional contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca precepto legal, pero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo éstas no se adecúan a la hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en forma errónea. Hecho lo anterior, para el estudio de acto reclamado también resulta indispensable citar el marco normativo que rige la actividad registral de la autoridad responsable, en este caso el artículo 59 Ley Registral del Estado de Tabasco establece: "Artículo 59.- Los gravámenes se clasificarán en: I. Las hipotecas de cualquier clase que sean constituidas legalmente, sea sobre bienes inmuebles o sobre derechos reales constituidos sobre ellos; II. Las cesiones, adjudicaciones y permutas de créditos hipotecarios; III. Los embargos sobre bienes inmuebles; IV. Los contratos de prenda cuando la ley exigiera su registro; V. Las anotaciones relativas a fianzas judiciales y las cancelaciones de las mismas cuando para su cumplimiento garanticen con un bien inmueble; VI. Las servidumbres; y VII. Las restricciones o limitaciones al uso o libre disposición de las partes o bien que por mandamiento expreso de la Ley o resolución judicial o administrativa deban ser inscritas debidamente fundadas y motivadas para este efecto." De la porción normativa anterior se advierten los gravámenes que pueden ser inscritos ante la autoridad registral y que, en consecuencia afectan a los bienes inmuebles registrados; asimismo que, dentro de los gravámenes se encuentra el embargo sobre bienes inmuebles. Por su parte, los arábigos del 42, 43 y 44 del Reglamento de la Ley Registral del Estado de Tabasco disponen en su orden: "Artículo 42.- Los gravámenes descritos en el artículo 59 de la Ley, solo podrán ser cancelados mediante documento análogo por el cual fueron constituidos, emitidos por la autoridad judicial o administrativa respectiva. Artículo 43.- Las cancelaciones de las inscripciones de gravámenes o de una inscripción preventiva, expresarán al menos lo siguiente: I. El origen del documento, en virtud del cual se practique la cancelación, su fecha y número si lo tuviere, y el servidor público que lo autorice; II. La causa por la que se hace la cancelación; III. El nombre y apellidos de la persona a cuya instancia o con cuyo consentimiento se verifique la cancelación; IV. La expresión de quedar cancelado total o parcialmente la inscripción de que se trate; V. Cuando se trate de cancelación parcial, la parte que se segregue o que haya desaparecido del inmueble, o la que reduzca el derecho y la que subsista; y VI. Cuando existan varios gravámenes se deberá especificar detalladamente los datos de inscripción de cada uno de ellos a cancelar, consignados en el artículo 77 fracciones I, VI, VII, VIII y IX del presente Reglamento. Artículo 44.- Las cancelaciones de cualquier inscripción, se realizarán haciendo referencia a la causa que la motivó. " De lo anterior se desprende que la cancelación de gravámenes previstos en el artículo 59 de la Ley Registral del Estado de Tabasco, sólo será procedente mediante documento análogo que lo generó, emitido por la autoridad judicial o administrativa respectiva. Además, que el documento que solicite dicha cancelación deberá cumplir con un estándar mínimo de información, como lo son los datos de identificación, fecha, servidor público que autoriza, causa que la motiva, la expresión de cancelación total o parcial, entre otros. Una vez descrito lo anterior se procede al análisis del acto reclamado en el presente juicio. Así, la autoridad responsable en primer término hizo referencia a la solicitud efectuada por la quejosa mediante escrito de once de enero de la presente anualidad, recibido el trece siguiente, relativo a la extinción del asiento por caducidad que afecta al Folio Real 145507, derivado del embargo judicial ordenado con el volante universal 1409 y registro 5000557. Luego, la Directora General responsable aclaró que para estar en condiciones de realizar la cancelación de algún gravamen resulta necesario que la autoridad que haya ordenado la inscripción, instruya tal anulación y cito como sustento de ello los numerales 42 del Reglamento de la Ley Registral del Estado de Tabasco en relación con el diverso 59 de Ley Registral del Estado de Tabasco. En mérito de ello, hizo del conocimiento de la solicitante que el escrito que presentó no cumple con los requisitos establecidos en el numeral antes citado. Además, le informó que esa dirección registral no es el órgano competente para atender la solicitud de cancelación buscada, dado que esta dependencia sólo le corresponde efectuar la inscripción conforme a los requisitos establecidos en el marco jurídico registral. Finalmente, aclaró que la anotación que la quejosa solicitó cancelar no es una inscripción preventiva, sino un gravamen sobre inmueble conforme al artículo 59 de la citada legislación registral. Como se puede apreciar, contrario a lo sostenido por la quejosa, la autoridad responsable citó debidamente los fundamentos en los que apoya su determinación, así como la razón por la que estimó improcedente la solicitud planteada. Se afirma lo anterior dado que, como se desprende del apartado de antecedentes, el Folio Real 145507 se encuentra afectado por un gravamen con número de inscripción 5000557 y volante universal 1409, el cual se derivó de orden judicial . Por tanto, se esta frente a la figura de embargo judicial relativo al juicio ejecutivo mercantil 456/2020 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco y no frente a un asiento preventivo susceptible de caducidad; misma que se encuentra efectivamente prevista en la fracción III del artículo 59 de la Ley Registral del Estado de Tabasco. En mérito de lo anterior, fue correcto el actuar de la responsable al indicar que, en el caso concreto no es procedente la petición de la quejosa, toda vez la cancelación pretendida debe sujetarse a una orden emitida por autoridad judicial, conforme a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley Registral del Estado de Tabasco. Además, inverso a lo sostenido por la quejosa, resultó adecuado que la autoridad responsable indicara que no le reviste competencia para atender la solicitud, pues si fue una autoridad jurisdiccional quien ordenó la inscripción del gravamen, resulta inconcuso que sea tal autoridad, al resolver el motivo del embargo -en este caso el juicio ejecutivo mercantil-, quien ordene su cancelación conforme al marco normativo que rige a la materia registral. Visto lo anterior, también es dable afirmar que la autoridad responsable de ninguna forma confunde la figura por la cual se encuentra inscrita la afectación del inmueble con Folio Real 145507, pues como ya se dijo en la especie no se está frente a un mero asiento registral sujeto a caducidad, sino un gravamen regulado en la Ley Registral del Estado de Tabasco, así como en su reglamento respectivo y no en el Código Civil Federal como cita la quejosa. Se dice lo anterior, pues resulta facultad de las entidades legislativas el establecer la normativa que regula la propiedad de bienes inmuebles y su registro [con arreglo en la fracción II del artículos 121 en relación con el numeral 124 de la Constitución Política de los de los Estados Unidos Mexicanos] En tal orden, deviene inseparable el quehacer administrativo de la entidad registral en materia de propiedad y del comercio, al marco competencial de cada entidad, por lo que el trámite de la inscripción o cancelación de un embargo judicial se rige por la ley del lugar de su ubicación, esto es, por las disposiciones normativas vigentes en la entidad de la que se trata, en la especie la Ley Registral del Estado de Tabasco, así como su reglamento y en su caso, de manera supletoria el Código Civil para la propia entidad, sin que este extremo pueda derivarse, la aplicación de diversa legislación federal. Ahora, respecto del argumento esgrimido por la peticionaria de amparo relativo al hecho que la autoridad responsable no dio contestación a su petición dentro del término de quince días hábiles establecidos en la fracción IV del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, con lo cual se vulnera en su perjuicio las prerrogativas contenidas en los numerales 8 y 17 de la Constitución Federal y que por ello el oficio reclamado debe estimarse ilegal y desestimarse su eficacia jurídica, es INOPERANTE, dado que no combate de modo alguno el sentido y el soporte del acto reclamado. Robustece la afirmación anterior el razonamiento alcanzado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXVI, Cuarta Parte, página 27, con número de registro 269435, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO." También resulta aplicable en lo conducente el criterio 1a./J. 6/2003 de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003, página 43, con registro 184999, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido." De ahí que no le asista la razón a la impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por la quejosa, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Ahora, este juzgador considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se sostiene que el oficio reclamado no transgredió los preceptos constitucionales que aduce la quejosa, es que los postulados en los que se basan los criterios judiciales invocados por esta y continuación enlistados no resultan procedentes ni aplicables para conceder la protección solicitada, a saber: "ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA)."; y "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DEL EMBARGO. EL ARTÍCULO 3035 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PREVÉ SU CANCELACIÓN POR CADUCIDAD, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA." Máxime que la primer tesis citada estableció como criterio del Alto Tribunal que, en el caso de que la legislación que rige la materia registral indique que la anotación es autónoma, por tener validez y vigencia en un plazo determinado, es cuando opera la caducidad y por tanto es posible cancelarla en los términos que la ley prevé, condición que en el caso particular no es aplicable, dado que el marco normativo registral establece que gravamen inscrito solo puede ser cancelado mediante una acto análogo que lo generó, en este caso, una orden judicial. Por lo que hace a la segunda tesis citada, tampoco es aplicable dado que refiere al estudio del supuesto previsto en el artículo 3035 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, lo cual por cuestión territorial no resulta aplicable, más aún si existe una normativa específica que regula la materia registral en el Estado de Tabasco. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los argumentos de disenso propuestos por la quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Soledad del Carmen Sala Pérez, en contra del acto reclamado a la Directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; se integra a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado; al que adjuntó copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado; en tal razón, con el contenido de ambos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las constancias que anexó, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
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