Soledad de Cruz Martínez
Expediente 701/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Gerente Comercial Y/O Responsable de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca
- Soledad de Cruz Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por promovida por **************, por su propio derecho, contra actos del Gerente Comercial o responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca; regístrese en libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 701/2020, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. DESECHAMIENTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La parte promovente señaló, entre otro, del cual tocó, el acto reclamado siguiente: "[.] la tardanza injustificada y su falta de interés, para atender y dar una respuesta a mi escrito de petición, recibido en la oficina de la agencia comercial de la Comisión Federal de Electricidad del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, el día uno de julio del año de dos mil veinte" Esto es, se tiene que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, la falta de respuesta de la petición que le formuló el **********dos mil veinte. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se estima que en atención a las autoridades responsables se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En atención a lo anterior, debe destacarse que, en la especie, la promovente de amparo reclama del Gerente Comercial o responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, la falta de respuesta de la petición que le formuló el ********* de dos mil veinte; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por lo que, el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho de carácter civil; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre las partes que celebraron un contrato, aun siendo el Estado -en atención al derecho de actividad contractual del mismo-, deben ser ventilados ante un tribunal competente en materia civil y no ante este órgano de control constitucional. De ahí que deba establecerse que, cuando los particulares promueven un juicio de amparo en contra de situaciones derivadas de relaciones contractuales, aun siendo entre autoridades, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas omisiones, acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. Lo anterior, por analogía de la jurisprudencia P./J. 92/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, julio de 2001, página 693, que a la letra dice: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Esto, toda vez que el acto reclamado, consistente en la falta de contestación o respuesta del Gerente Comercial o responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, a la petición que le formuló la quejosa el ****** dos mil veinte, originada por la necesidad de la cancelación del contrato de servicio de luz, número *******, a nombre de *************, relativo al inmueble ubicado en**********, Oaxaca; ello, es un acto de coordinación regulado por el derecho privado, en donde las partes contratantes, aun siendo entes del Estado actúan como particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI.2o.P.A.128 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1254, que en su literalidad expone: "PETICIÓN. LA FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE FACTURACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO VIOLA EL DERECHO RELATIVO. Cuando se reclama en el juicio de garantías violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es requisito sine qua non que la petición se eleve al funcionario o servidor público, en su calidad de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una de coordinación regulada por el derecho privado, en donde el ente público actúe como particular. Por tanto, si el Alto Tribunal del País ya definió que todos aquellos actos derivados de una relación contractual, como la del suministro de energía eléctrica, no generan que la relación entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad, es inconcuso que la falta de respuesta a la petición formulada a la Comisión Federal de Electricidad para revisar la facturación por consumo de energía eléctrica, fuera de un procedimiento administrativo, no viola el derecho previsto en el indicado precepto constitucional". De ahí que debe señalarse que el acto que reclaman los promoventes, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de autoridad o de persona de derecho público, para efectos del juicio de amparo, dado que deriva de una relación contractual, por tanto al acto le reviste naturaleza de coordinación, al ser un supuesto previsto en el derecho privado. Por tanto, la demanda de amparo es improcedente, pues el acto señalado por los impetrantes de amparo, no es reclamable por medio del juicio de amparo de conformidad con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, pues el mismo se encuentra dentro del derecho privado; es decir, existe una relación contractual de derecho privado entre la quejosoa y la autoridad que señalan como responsable, Gerente Comercial o responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca. Habida cuenta que no basta la circunstancia de que la quejosa invoque en su demanda de amparo el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio que corresponde a la autoridad señalada como responsable, en la prestación de un servicio público; esto es, el reclamado no es un acto emitido en función del ejercicio público, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado. De esta manera, es indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese personalmente.
- Principal
En ocho de diciembre de dos mil veinte, atento a las razones que anteceden, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, por medio de lista de acuerdos, misma que se fija en un lugar visible y de fácil acceso al local de este juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, notifico el proveído de treinta de octubre del presente año, emitidos en el juicio de amparo 701/2020-5, a la parte quejosa. Doy fe
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- Sofía Márquez López1077/2018
- Sofia Montes Escobar976/2023
- Soila Carreño González857/2018
- Soledad Carrera García1101/2022
- Soledad Carrera García913/2023
- Soledad Carrera García y Otros.890/2023
- Soledad Fidelia Estrada Castellanos y Otros.187/2019
- Soledad Gómez Nuñez y Otros.514/2018
- Soledad Gopar Contreras747/2022
- Soledad López Martínez650/2017
- Soledad López Ziga1247/2017
- Soledad Mayoral Cruz438/2017