Soledad Bustos Hernández

Expediente 2049/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2049/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Soledad Bustos Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2049/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por último, se emite el presente acuerdo hasta el día de hoy, ello, tomando en consideración que el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, está señalado como inhábil, pero laborable, por tanto, existe impedimento legal para que este órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 14/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicación de diez de noviembre de dos mil diecisiete, página seis, materia común, con número de registro 2015471. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Paulo Yair Garcia Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2049/2017-IV-B, promovido por Francisco Enrique Llanos Montes de Oca, como apoderado legal de Soledad Bustos Hernández, contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada ese día, pero recibida el diecinueve siguiente, Francisco Enrique Llanos Montes de Oca, como apoderado legal de Soledad Bustos Hernández, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de veinte siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. Luego, por auto de once de enero de dos mil dieciocho, se previno a la parte quejosa para ampliar la demanda de amparo (fojas 24 a 26). La quejosa amplió la demanda y señaló como autoridad responsable, a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de la que reclamó la falta de acuerdo de la promoción 005586 (foja 33). La ampliación fue admitida por acuerdo de dieciocho de enero del año en curso y se pidió el informe justificado (fojas 42 y 43). En este acuerdo también se reconoció a Francisco Enrique Llanos Montes de Oca, como apoderado legal de la quejosa. En auto de trece de febrero actual, se fijaron las once horas con treinta y cuatro minutos del veintitrés de febrero de este año, para celebrar la audiencia constitucional (foja 82). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. La parte quejosa reclamó en la demanda de amparo, la falta de acuerdo de la promoción 005586. Sin perjuicio de lo que más adelante se diga, al rendir el informe justificado, la Presidenta de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, refirió que el número correcto de registro de la promoción materia del reclamo, es 005506, lo que se corrobora con las constancias que ésta aportó. Así las cosas, estos son los actos reclamados: De la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La omisión de acordar la promoción 005506, presentada el dos de octubre de dos mil diecisiete, dirigida al juicio 01/25/15. De la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La omisión de acordar la promoción 005506, presentada el dos de octubre de dos mil diecisiete, dirigida al juicio 01/25/15. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado por cuando a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y sobreseimiento. El presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó el acto reclamado con el argumento de que el expediente 01/25/15, generador del acto reclamado, no correspondía al índice de la Junta Especial Tres, sino al de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (foja 23). Sin perjuicio de lo que más adelante se diga, la Presidenta de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 48 y 49). El acto reclamado de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, es inexistente, por las siguientes razones. La parte quejosa reclamó de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, un acto negativo, en concreto, un "no hacer", consistente en la omisión de acordar una promoción. La autoridad responsable negó la existencia de un acto negativo. En ese tenor, toda vez que sólo puede ser demostrado aquello que existe (hecho positivo), mas no algo que no existe (hecho negativo sustancial), lo que la autoridad responsable negó no fue el "no hacer" que le imputó la parte quejosa, sino que lo que negó fue la existencia de la obligación, derivada -arguyó su presidenta- de no tener a su cargo el trámite del conflicto laboral fuente del acto reclamado. En la tesis aislada 1a. XXIV/98, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que la certeza o existencia de un acto de naturaleza omisiva, no se determina únicamente en función de la falta del hecho positivo, sino que debe acudirse a las normas legales que regulan la actividad de la autoridad para comprobar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso, esto es, debe existir previamente la obligación correlativa determinada por la ley. Por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, con independencia de lo que afirme el quejoso, será cierto o inexistente en función de las obligaciones y facultades legales que ineludiblemente esté sujeta realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, de forma oficiosa por disposición de ley, sin que tenga como presupuesto una condición. En otras palabras, para considerar que se actualiza la omisión en que se dice incurre una autoridad y, por tanto, que efectivamente omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas con efectos en la esfera jurídica del quejoso, debe existir previamente a la instauración del amparo, la obligación de llevar a cabo, sea de forma oficiosa (por disposición de ley) o como consecuencia de un acto jurídico previo (acto desplegado por el particular, determinado por la propia autoridad o por diversa cuyas decisiones esté sujeta a obedecer, por citar algunos ejemplos), el acto cuya falta de realización se le demande y califique de violatorio de derechos. La tesis 1a. XXIV/98, dice a la letra: Tesis: 1a. XXIV/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196080 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 53 Tesis Aislada(Común, Administrativa) ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. El Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó el acto reclamado con el argumento de que la Junta que preside, no tiene a su cargo el trámite del expediente de origen, por no corresponder a su índice, sino que éste pertenece al de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. La Presidenta de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó el acto reclamado e inclusive, exhibió copias certificadas de constancias del juicio 01/25/15. Así las cosas, en virtud de que la certeza o existencia de un acto reclamado omisivo, como se dijo, no se determina sólo en función de la falta del hecho positivo, sino que debe atenderse a las normas legales que rigen la actividad de la autoridad para comprobar si a la data en que se ejerció la acción de amparo, existía o no la obligación de aquélla de actuar en el sentido que exige la parte quejosa para la salvaguarda de su derecho, al no tener a su cargo el trámite del expediente 01/25/15, la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no está obligada a acordar la promoción materia del acto reclamado, por lo que la omisión de actuar para ello, que le imputó la parte quejosa, es inexistente; habida cuenta de que no recibió la promoción materia del acto reclamado. Ante la inexistencia del acto reclamado de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, procede decretar el sobreseimiento por cuanto a dicho acto se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio oficioso y preferente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El amparo es improcedente contra el acto reclamado de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. La improcedencia deviene de la causa prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La quejosa reclamó de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de acordar la promoción 005506, que presentó el dos de octubre de dos mil diecisiete, dirigida al juicio 01/25/15. La Presidenta de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aportó como prueba, copia certificada de diversas constancias del juicio 01/25/15 (fojas 36 a 41, 51 a 73 y 80 y 81); las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Las constancias que conforman la documental aportada por la autoridad responsable, demuestran que realizó los siguientes actos. En primer lugar, que recibió el escrito 005506 (foja 51). En segundo lugar, que mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, acordó entre otras promociones, la 005506 (fojas 70 y 71). Y en tercer lugar, que el ocho de febrero de dos mil dieciocho, fue notificado a la parte quejosa de manera personal, el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, que recayó, entre otras promociones, al escrito 005506 (foja 80). Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Lo anterior se sustenta en las siguientes jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La parte quejosa presentó la demanda de amparo, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. A la instauración del juicio de amparo, la omisión reclamada existía, porque si bien la autoridad laboral había acordado la promoción 005506, en concreto, en el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, no menos cierto es que no lo había notificado a la parte quejosa. Sin embargo, el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, fue notificado a la parte quejosa de manera personal, el ocho de febrero de dos mil dieciocho, esto es, después de la instauración del juicio de amparo. Luego, los actos positivos desplegados motu proprio por la autoridad responsable, de acordar la promoción 005506 a través del acuerdo de diciembre de dos mil diecisiete, y notificar éste de manera personal a la parte quejosa el ocho de febrero del año en curso, trajeron consigo la cesación de efectos de la omisión reclamada, pues los destruyeron de forma total e incondicional, que en suma, consistían en la incertidumbre jurídica que generaba en la parte quejosa, la falta de resolución de la autoridad responsable sobre lo que planteó en el escrito 005506. La razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica del quejoso, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. Sobre los pormenores de la cesación de efectos del acto reclamado, se invocan como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 1 de 1 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pag. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. No se examinan la legalidad o ilegalidad del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, ni de su notificación a la parte quejosa, efectuada el ocho de febrero de este año, porque tales actos positivos no forman parte de la litis. Lo anterior no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el órgano de amparo, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), se citan a continuación: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo por cuanto al acto reclamado de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se apoyan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. La falta de emplazamiento de los terceros interesados no es obstáculo para resolver el juicio, ya que el sentido de la sentencia en modo alguno los perjudica, pues no tiene ningún efecto en la situación jurídica que existe entre ellos y la quejosa en el juicio laboral de origen. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Soledad Bustos Hernández, contra los actos reclamados de las Juntas Especiales Dos y Tres, ambas de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos aducidos en los considerandos tercero y cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento de dos de febrero de dos mil dieciocho, remite copia certificada de la constancia de notificación personal a la parte quejosa (actora en el expediente laboral de origen) del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Atento a lo anterior, téngase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos dando cumplimiento al requerimiento en comento, dejándose sin efectos el apercibimiento decretado; y dese vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el plazo de tres días hábiles, que será computado legalmente, el cual se fija de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Finalmente, en vista del estado procesal que guardan los autos y a efecto de dar oportunidad a que transcurra el plazo aludido en el párrafo anterior, resulta procedente diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve hora con treinta y cuatro minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde la siguiente autoridad responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su Presidenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9o de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indica por tratarse de su residencia oficial. En relación con las pruebas documentales que ofrece, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas, se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán relacionadas en la audiencia constitucional. Ahora bien, del oficio de cuenta y constancias adjuntas se advierte que la autoridad responsable acordó la promoción con folio 5506 -aclarando que no es 5586, como indicó la quejosa-, ordenando notificar personalmente su determinación a las partes. Así, toda vez que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos es omisa en exhibir la constancia de notificación personal a la parte quejosa (actora en el expediente laboral de origen), con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, informe si ya fue notificada del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete y, de ser así, remita copia certificada de la constancia con la que lo acredite. Apercíbase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos que, de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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