Solano Familia Campusano

Expediente 1071/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1071/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Solano Familia Campusano

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Téngase por recibido el Oficio 3350, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto y al requerimiento de treinta de octubre del año en curso, remite copia certificada del acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso, dictado en autos del expediente laboral 748/2008, donde dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, comisionando al actuario para que en compañía del quejoso se constituya en el domicilio de la demandada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA IVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y le requiera la obligación de hacer y una vez que ello acontezca, comisionó para que el Actuario de igual forma en compañía del quejoso se constituyan en el domicilio de ING. AFORE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ACTUALMENTE AFORE SURA S.A. DE C.V., y le requiera la obligación de hacer, consistente en entregar al impetrante el monto de $102,826.85 (ciento dos mil, ochocientos veintiséis pesos 85/100 Moneda Nacional), revia transferencia que realice el Instituto de Vivienda en acato al resolutivo tercero del laudo de seis de agosto de dos mil nueve. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; sin embargo, atento a que la Junta responsable omitió anexar copia certificada de la constancia de notificación relativa a ese acuerdo, lo que se estima necesario a fin de tener la certeza de que el quejoso queda enterado de lo ordenado en dicho proveído con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable para que DE FORMA INMEDIATA remita a este Juzgado de Distrito la constancia de notificación relativa a dicha determinación para que dé cabal cumplimiento a la sentencia emitida en este asunto. En la inteligencia, que subsiste el apercibimientodecretado mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para el caso de incumplimiento con lo aquí ordenado, o bien, no informe el impedimento legal que tuviere para ello. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito signado por Ignacio Julio César Gutiérrez Hernández autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, informa que el veinte de octubre del año en curso, se presentaron ante la junta responsable a fin de llevar a cabo el auto de ejecución de laudo; sin embargo, se les informó que no era posible llevar a cabo dicha diligencia, toda vez que este juzgado requirió el cumplimiento del fallo protector, por lo que una vez que se desahogara el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, les darían nueva fecha y hora para llevar a cabo tal diligencia.Al respecto, dígase al promovente que deberá estarse a lo ordenado en este proveído, donde la Junta responsable remitió constancia del auto mediante el cual ordenó la ejecución del laudo de seis de agosto de dos mil nueve.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, LA RESOLUCION QUE DICE: Vista la demanda de amparo, presentada en línea por Alma Rodríguez Tovar, en favor de 1) Solano Familia Campusano, 2) Rommy Priscila Quiñonez Balarezo, 3) María Inéz Polanco Burgos y 4) Joselyn de la Cruz Burgos (quienes refiere son nacionales de la República Dominicana); fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 1071/2023-III, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tales circunstancias, se provee respecto de la presente demanda, en los siguientes términos: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: "De la autoridad ordenadora se le reclama la privación de la libertad de los quejosos, así como la incomunicación que les han realizado. Asimismo, se le reclama la deportación a su país de los quejosos y la orden de traslado a otra estación migratoria. De las autoridades responsables señaladas con ejecutoras, se les reclama la ilegal detención en el aeropuerto de Tijuana y la incomunicación de las que son víctimas los quejosos." [SIC] De lo anterior, se colige que en el caso, los actos reclamados susceptibles de ser suspendidos de manera oficiosa, son la 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 2 detención, presentación, privación de la libertad e incomunicación de la que los quejosos han sido objeto, sin que hayan cometido delito alguno y fuera de todo procedimiento administrativo, sin que se cumpla con las formalidades esenciales, ya que no fueron llamados a juicio, ni emplazados, y sin la menor provocación o justificación han sido privados de su libertad; deportación, expulsión o repatriación, así como el posible traslado a otra Estación Migratoria. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1° de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1° de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." REGLAMENTO "Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 3 formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de los directos quejosos (extranjeros), es de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de éstos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación de los mismos; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Por su parte, los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen lo siguiente: "Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria". "Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley." "Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 4 extranjeros al territorio nacional, mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;" "Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;" "Artículo 34. Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa por los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los horarios establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades migratorias." "Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos". "Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 5 c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México". De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación con el ingreso, permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sean objeto de detención fuera de procedimiento, así como de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Por otra parte, los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, a la letra dicen: "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 6 "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá. a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." "Artículo 103. Las autoridades judiciales deberán dar a conocer al Instituto la filiación del extranjero que se encuentre sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien, que cuente con una orden de presentación, orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso, en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables. En el caso del auto de vinculación a proceso y la sentencia firme condenatoria o absolutoria, deberán notificarlo al Instituto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ésta se dicte." "Artículo 104. Una vez que se haya cumplimentado la sentencia a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa competente de inmediato pondrá al extranjero con el certificado médico que haga constar su estado físico, a disposición del Instituto para que se resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título". De donde se deduce, que cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional"; sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho pueden ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. Así, analizado lo expuesto por la persona que promueve en nombre de los directos quejosos y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, relativos a la detención fuera de procedimiento judicial, para el efecto de que cesen de inmediato; lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que a la parte 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 7 quejosa se le impute la comisión de algún delito, sea puesta a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Del mismo modo, deberá cesar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). De igual manera, se concede la medida cautelar, para que, mientras los directos quejosos estén alojados en alguna estancia migratoria se les garanticen los derechos previstos en el artículo 109 de la Ley de Migración1 . Ello, con el único fin de salvaguardar los derechos humanos 1 Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría. 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 8 de los directos quejosos, y dado que en el presente asunto se trata de personas extranjeras, su detención no es un acto restrictivo de libertad con efecto de una sanción de carácter punitivo, sino un acto de naturaleza administrativa regulada por la Ley de Migración que persigue el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional, de ahí que de conformidad con el artículo 106 del citado ordenamiento en ninguna circunstancia se podrá establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, o reclusión. Asimismo, no se pierde de vista que la finalidad del alojamiento temporal de los extranjeros que no acreditan su situación migratoria es con la intención de regularizar su estancia en el país o la asistencia para su retorno; por lo que su detención no implica la comisión de alguna conducta antijurídica, pues de ser así, la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a dar a conocer la filiación del extranjero que se está sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien que cuente con una orden de presentación, aprehensión o vinculación a proceso en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables, lo cual se encuentra previsto en los artículos 99, 100 y 103 de la Ley de Migración. Asimismo, para el caso de que los directos quejosos se encuentren a disposición de algún Agente del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la presente medida para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentren a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sean puestos a disposición; en cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si la privación de la libertad se relaciona con algún 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 9 procedimiento del orden penal iniciado en su contra o que no deban ser privados de dicha libertad, por no ser un ilícito de los considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, quedarán a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que debe juzgarlos, para la continuación del procedimiento respectivo. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la legislación en comento, el cual contempla que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto así lo permita, circunstancia por la cual la autoridad o autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violentados. De igual manera, se deberá girar oficio a las autoridades ejecutoras o a la autoridad a donde los directos quejosos estén privados de su libertad o hayan sido trasladados para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o lo sustituya en sus funciones. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación, expulsión, retorno asistido y/o la orden de salida del país con fines de obligar a los directos quejosos a abandonar territorio nacional por parte de las autoridades responsables; con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 10 no se ejecuten y los quejosos 1) Solano Familia Campusano, 2) Rommy Priscila Quiñonez Balarezo, 3) María Inéz Polanco Burgos y 4) Joselyn de la Cruz Burgos; queden en el lugar donde se encuentren, a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción 1, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa , pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación , manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción 1, de la Ley de Amparo". De igual forma, se cita la jurisprudencia PC.X. J/15 K (1Oa.), emitida por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la página 879, tomo 1, septiembre 2020, Libro 78, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2022090, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 11 amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". En otro orden, del alojamiento reclamado procede señalar que en caso de que éste derive del procedimiento administrativo migratorio, no procede conceder la suspensión de plano en este momento; en virtud de que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que los quejosos sean puestos en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede para el caso de que los quejosos estén sujetos a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de treinta y seis horas, contadas a partir de que ingresaron en la estación, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque están materialmente detenidos, ello ocurre dentro del denominado procedimiento administrativo migratorio. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Migración, se precisa que la presentación de la parte quejosa en caso de encontrarse en situación migratoria irregular, no podrá exceder de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición y una vez cumplidas no podrán ser retenidos. En el entendido, que las autoridades migratorias deberán actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas (alojados) en la estación migratoria de referencia con motivo del procedimiento migratorio, cuidar que sean tratados con respeto a la dignidad inherente al ser humano, proporcionarles condiciones dignas de detención como evitar el 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 12 hacinamiento, garantizarles el derecho a la alimentación, a la salud y propiciar actividades de recreación. En la inteligencia, que la suspensión de plano otorgada no implica que los directos quejosos deambulen o transiten de manera libre por el territorio nacional, sino únicamente es para efecto de que, en su caso, se les permita realizar el trámite respectivo a su situación migratoria ante las autoridades migratorias con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, en libertad. Sustenta lo anterior, la tesis con registro digital 2026673; Instancia Plenos Regionales de la undécima época, Materia Común, Penal Tesis: PR.P.CN. J/5 P (11a.), Fuente Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 13 migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad". En adición a lo anterior, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables brinden a los directos quejosos agua, alimentos adecuados y proporcionen condiciones dignas propias a su naturaleza humana, en el lugar en el que se encuentran a su disposición, lo que implica que les den acceso a un baño para su aseo personal y necesidades fisiológicas, así como un lugar para dormir; y se les permita la asistencia técnica de un abogado, en términos del artículo 70 2 de 2 "Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio. Durante el procedimiento administrativo migratorio los migrantes tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas." 2 "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 14 la Ley de Migración; lo anterior, a fin de salvaguardar su integridad física y en atención a la condición de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse dada su calidad de inmigrantes; todo ello hasta en tanto transcurra el plazo de las 36 horas anteriormente precisado. De igual forma, las autoridades responsables deberán tomar las medidas necesarias y realizar los trámites conducentes para salvaguardar su integridad física y la vida de los directos quejosos, lo que incluye primigeniamente conocer cuál es el estado de salud, por lo que quedan bajo su más estricta responsabilidad las medidas que tome en acatamiento de la medida cautelar. Se precisa que la presente medida cautelar no implica suspender la tramitación del procedimiento administrativo inherente a la situación migratoria de los directos quejosos, toda vez que dicho procedimiento resulta una cuestión de orden público e interés social; solo tiene por objeto que la autoridad migratoria responsable mantenga las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, que se abstenga de trasladar a los quejosos a otro lugar u obligarlos a abandonar materialmente el territorio nacional. Se precisa a las responsables que la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables mediante oficio urgente con apoyo además en los artículos 24 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que acaten la suspensión antes decretada bajo su más estricta responsabilidad; quienes además deberán informar a este Juzgado el cumplimiento de dicha medida dentro del término de veinticuatro horas. judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero". 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 15 Apercibidas que de no cumplir lo que aquí se ordena, incurrirán en los delitos previstos en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, en el caso de que no obedezcan el auto de suspensión debidamente notificados, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P1a./J. 25/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Tomo I, Septiembre de 2018, visible en la página 827, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido". INCOMPETENCIA Con independencia de todo lo anteriormente expuesto, de la demanda de amparo origen del presente juicio, se advierte que los directos quejosos abordaron un vuelo nacional de la Ciudad de México, con destino a la Ciudad de Tijuana, Baja California, en 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 16 donde pudieron ser detenidos por agentes de migración ya que en los antecedentes del acto reclamado se lee que quienes esperaban a los directos quejosos les comentaron que había extranjeros detenidos en el filtro migratorio de nacionalidad extranjera con las características de los directos quejosos. Asimismo, de dicha demanda de amparo se advierte que de manera medular los directos quejosos señalan como actos reclamados su detención, en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, y la incomunicación de las que son víctimas los quejosos, lo cual es dable afirmar dado que señalaron como acto reclamado el que se encuentran detenidos, retenidos, bajo custodia, encarcelados o como las responsables quieran denominar su condición legal en la citada estación migratoria. En ese tenor, quien esto suscribe estima que en el particular, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 17 que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral citado se desprenden tres reglas de competencia en materia de amparo indirecto, las cuales son: a) Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o requiera ejecución material, lo será el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado sea de tracto sucesivo y pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, el precepto aludido, para determinar la competencia por territorio en materia de amparo, se ciñe a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo cual, en principio, debe calificarse aquél a fin de establecer si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. Y, en caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, analizarse las características de ésta. Este análisis de la ejecución, debe llevarse a cabo al vincular los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se encuentre en juego y considerar las consecuencias directas que produce. Así, en el caso particular, se advierte que en la demanda de amparo que dio origen a este asunto, como se indicó, los actos reclamados se constriñen en la detención en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, incomunicación, privación de la libertad de la que los quejosos han sido objeto, deportación y la orden de traslado a otra estación migratoria, por lo que la detención de 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 18 los directos quejosos se continúa ejecutando en el lugar en donde éstos se encuentran alojados. Por tanto, debe decirse que los actos reclamados en este expediente, tienen efectos positivos, los cuales se están ejecutando en la ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que resulta incuestionable que los actos reclamados en la demanda tienen ejecución material en dicha ciudad, pues fue ahí en donde se llevó a cabo su detención y se está ejecutando su alojamiento en la Estación Migratoria localizada en dicha ciudad, por lo que corresponde conocer de la demanda al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en esa circunscripción territorial, conforme con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito. Con independencia de lo expuesto, es importante destacar que ni la detención ni el lugar en donde se lleva a cabo su alojamiento, se verifica dentro de la jurisdicción de este juzgado. En ese contexto, resulta claro que el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo lo es cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Tijuana, toda vez que, como se estableció en líneas precedentes, los actos reclamados tuvieron ejecución material en esa ciudad. Apoya a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, registro digital 189167, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material 07/03/24 21:02:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a3 Virginia Martina Sánchez Rendón 19 o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como la diversa I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 2288, tomo XXXIII, marzo de 2011, registro digital 162635, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Por tanto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana, en turno, el expediente en que se actúa; toda vez que ahí es donde se materializan los efectos de los actos reclamados por los motivos antes indicados; solicitando comunique si acepta la competencia que le es declinada y acuse recibo vía interconexión. Cabe señalar que a pesar de que en el caso la demanda de amparo fue promovida en línea por Alma Rodríguez Tovar, quien manifestó bajo protesta de decir verdad que no cuenta con firma electrónica y solicitó que se requieran a 1) Solano Familia Campusano, 2) Rommy Priscila Quiñonez Balarezo, 3) María Inéz Polanco Burgos y 4) Joselyn de la Cruz Burgos (quienes refiere son nacionales de la República Dominicana); para que ratifiquen la demanda; sin embargo, no resulta dable prevenir a los quejosos que manifiesten si desean ratificar dicho ocurso, como lo contempla el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; pues al haberse declinado la competencia para conocer del presente asunto a favor de un Juez de Distrito con residencia en Baja California, con sede en Tijuana, será el juez a quien corresponda conocer del asunto, quien en su caso deberá proveer lo conducente.

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