Soila Cuevas Gutiérrez
Expediente 1553/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1553/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/11/2018
Partes del expediente
- Soila Cuevas Gutiérrez
- Soila Cuevas Gutiérrez y Otros.
Actuaciones
- Principal
L. 6..- Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite la resolución relativa al recurso de queja ***, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de 26 de julio de 2018, por el que se desechó la demanda de amparo; en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, también conocida como ***, contra el auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, que dictó el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1553/2018, de su índice, promovido por la citada quejosa." Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por la recepción del testimonio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. [...] Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que la desechó, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
3..- Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de 22 de agosto de 2018, dictado en el recurso de queja número 174/2018, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.
- Principal
L. La Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de 13 de agosto de 2018, dictado en el recurso de revisión * del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por el quejoso ******en contra de la sentencia de 5 de julio de 2018. Se toma conocimiento de lo informado.
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 26 DE JULIO DE 2018: Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Causa de improcedencia Este Juzgado Federal advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I; y 5° fracción II, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice para lo anteriormente expuesto que trate de auto inicial del presente juicio de amparo, ya que, que en el particular, de forma excepcional constituye la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora, el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los numerales transcritos se pone de manifiesto que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes, actos u omisiones de la autoridad que transgredan derechos humanos, y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general, lo que no acontece en el presente asunto. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tópico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, de conformidad con el precepto 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. O bien, como ya se dijo, para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, la parte quejosa reclama del notario responsable la notificación de la interpelación a la que hace referencia el instructivo de 20 de julio de 2018. En tal virtud, es pertinente transcribir el contenido del artículo 112 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, que regulas diligencias como la reclamada en este asunto, el cual dice: "ARTÍCULO 112. En las notificaciones, interpelaciones y requerimientos que la Ley permita hacer ante Notario o que no estén expresamente reservadas a otros funcionarios, serán hechas por el interesado, observándose además las siguientes formalidades: I. Las hará personalmente en el domicilio de quien deba ser notificado, cerciorándose previamente el Notario que éste tiene su domicilio en el inmueble señalado; II. Si la persona no está presente, le dejará con quien encuentre en el domicilio un citatorio firmado y sellado, señalándole día y hora a efecto de que lo espere para el desahogo de la diligencia; III. En caso de no estar presente en el día y hora señalado, se entregará a la persona que esté en el domicilio un instructivo que contenga una relación sucinta del objeto de la notificación, y requerirá su nombre y firma en la copia del mismo para agregarla al apéndice, haciendo constar en su oportunidad, en el acta correspondiente, si la persona con quien se entendió la diligencia recibió o no el instructivo y si firmó la copia del mismo; IV. En ambos casos, de no encontrarse persona alguna en el domicilio, este procedimiento podrá llevarse a cabo con un vecino, y si éste se niega a proporcionar su nombre y a recibir la notificación, practicará la notificación mediante instructivo que fijará en la puerta u otro lugar visible del domicilio, conjuntamente con el documento a notificar; y V. Las actas relativas a estas diligencias, se levantarán en los términos del artículo 108 de esta Ley." De lo anteriormente transcrito esencialmente interesa destacar lo señalado en el primer párrafo del numeral 112 de la normatividad invocada, del que se desprende que en las notificaciones, interpelaciones y requerimientos que la Ley permita hacer ante Notario o que no estén expresamente reservadas a otros funcionarios, serán hechas por el interesado, de lo que deriva: a) Que el notario podrá efectuar las diligencias relacionadas en el precepto invocado cuando la ley se lo permita o no estén expresamente reservadas a otros funcionarios. A efecto de dar mayor claridad a lo señalado en el párrafo anterior, sobre la intervención del notario en este tipo de diligencias se cita a manera de ejemplo, el contenido del numeral 30, fracciones I y II del Código Civil de Puebla, que establece: "Artículo 30.- Cuando respecto a la transmisión onerosa de bienes, una persona tenga el derecho del tanto o el de preferencia por el tanto, se aplicarán las siguientes disposiciones: I.- El enajenante notificará, por conducto de Notario o en jurisdicción voluntaria, al titular o titulares de tales derechos, la transmisión que tuviere convenida y el precio, para que aquéllos hagan uso de su derecho dentro de ocho días. II.- Si el titular o titulares del derecho del tanto, y en su caso del derecho de preferencia por el tanto, aceptan la transmisión y el precio, deben notificarlo al enajenante, también por conducto de Notario o en jurisdicción voluntaria. b) Conforme al contenido del numeral 112 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla la diligencia es practicada por el interesado contando con la intervención del notario en los términos precisados en dicho precepto. En la especie, el instructivo de notificación reclamado cuenta con el siguiente contenido: **** En esa medida, de la transcripción del acto reclamado se advierte que la actuación del notario no se sustenta en el precepto 112 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, sino en los diversos 83, 84 y 89 de la citada legislación, que dicen: "ARTÍCULO 83. Los instrumentos deberán asentarse utilizando procedimientos de escritura o impresión que sean firmes, legibles e indelebles. Se escribirán hasta sesenta líneas en cada página de los folios. Las líneas quedarán a igual distancia unas de otras, salvo el caso de palabras entrerrenglonadas." "ARTÍCULO 84. Sólo el Notario podrá, en los casos determinados en el artículo 16 de la presente Ley o para recabar firmas a los intervinientes cuando éstos no puedan asistir a su Notaría Pública, extraer de la Notaría Pública los folios, volúmenes y apéndices que integren el protocolo, situación que se debe asentar en el instrumento." "ARTÍCULO 89. Los Notarios, al entregar el protocolo a la Dirección del Archivo de Notarías, lo acompañarán con una reproducción del control de folios impreso y en medio digital para su guarda y custodia en términos de esta Ley. Antes de entregar el protocolo a la Dirección del Archivo de Notarías los Notarios deberán obtener una reproducción digital o escaneo de los instrumentos de su protocolo, tal como aparezcan asentados en los testimonios, para entregarla conjuntamente con el protocolo. Es optativo para los Notarios reproducir digitalmente o escanear el apéndice. El Notario debe utilizar, para el ejercicio de sus funciones, los medios electrónicos, ópticos, magnéticos o cualquier otra tecnología de conformidad con la normatividad aplicable." Por otra parte, destaca que la intervención del notario responsable, en el acto reclamado, deriva de la petición hecha por un particular, al caso, ***, en su carácter de Presidenta del Consejo de Administración de La Rondalla Femenil de Puebla A.C., por lo que su participación se limita a dar fe del hecho solicitado por la persona citada. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se realizó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que, a través de la función notarial, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los particulares. Por ello, los actos del notario no pueden ser considerados de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Aunado a que su actuación, en el caso, no tiene respaldo o es derivado una orden de autoridad judicial, laboral o administrativa con motivo de un procedimiento jurisdiccional o administrativo o derivado de una medida adoptada previa a juicio. Por cuanto, al apercibimiento realizado en el acto reclamado no cuenta fundamento legal que haga evidente la posible aplicación de una sanción o medida tendente a la privación de un derecho o que constituya un acto de molestia en contra de la quejosa, como consecuencia de lo determinado de un procedimiento de la naturaleza citada en el párrafo anterior. Por tanto, se concluye que el acto reclamado al Notario Público número 40 del Distrito Judicial de Puebla, señalado como autoridad responsable por la parte quejosa, en el caso a estudio, carece de las características distintivas que se citaron con antelación, las cuales debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo. Esto es, el notario público es la persona investida por el Estado de fe pública para hacer constar la autenticidad de los actos y hechos que requiera la sociedad, ya sea por disposición de la ley, atento a su naturaleza, y también a petición de los particulares, como en el caso sucede. Por ende, es inconcuso que la notificación que se le atribuye, al ser emitida con el carácter de simple fedatario y petición de un particular, carece de las anteriores características, pues sólo da fe de los hechos o actos sometidos a su conocimiento por los particulares. Es decir, su actuación no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, de forma unilateral, sino que únicamente formaliza y hace constar los actos celebrados por particulares, de lo que se infiere que no actúa con imperio, en una relación de supra a subordinación, sino como prestador de un servicio mediante una patente otorgada por el Estado. En el caso, el acto que en esta vía se reclama se atribuye al Titular de la Notario Público número 40 del Distrito Judicial de Puebla, y si bien es cierto los notarios tienen una función de orden público delegada por el Estado, el objeto de estos es únicamente satisfacer necesidades de interés social como son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, pues su actividad no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, pues el primero actúa como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares. Por lo que se puede concluir que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan y pagan por éstos y en consecuencia su intervención no puede considerarse acto de autoridad ya que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar, y por tanto el acto que reclama no constituye una situación jurídica obligatoria. Finalmente, cabe destacar que no se soslaya la existencia de la figura de la interpelación judicial establecida en los numerales 826 a 831 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, no obstante, se observa que no se contempla al notario para su cumplimiento, como lo pretende hacer valer la quejosa en su demanda de amparo, sino que se realiza a través del funcionario judicial que al efecto se establece en dichos preceptos. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015 , respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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