SOFIA VICTORIA MARQUEZ GALLARDO o VICTORIA SOFIA MARQUEZ
Expediente 535/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- SOFIA VICTORIA MARQUEZ GALLARDO o VICTORIA SOFIA MARQUEZ
Actuaciones
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de mayo pasado, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por el Actuario, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de dieciséis del mes actual en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas por el actuario de este juzgado; en tales circunstancias, con fundamento en la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista dicho auto y los subsecuentes, hasta en tanto señale correctamente domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. NOTIFÍQUESE. INSERCIÓN: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 535/2022. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. PARTE QUEJOSA ..., por su propio derecho. ACTO RECLAMADO La inminente orden de lanzamiento y su ejecución material del local comercial de madera ubicado en la calle Jorge L. Tamayo sin número, colonia Centro de esta Ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dictado en el expediente civil (juicio de desahucio) número 152/2021. AUTORIDADES RESPONSABLES JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA. EJECUTORA ADSCRITA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA, LLEVADORA DEL EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 152/2011. POLICIA ESTATAL DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 61, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie se actualiza LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR DEFINITIVIDAD prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" Las disposiciones legales referidas, encierran uno de los principios fundamentales del juicio de amparo; esto es, el de definitividad, el cual establece que dicha instancia únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, actuaciones respecto de las cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto que se trate. De lo anterior se desprende la regla general que establece este principio, consiste en que cuando un acto de autoridad viola derechos humanos o las garantías establecidas para su protección, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, entonces, las partes antes de acudir a esta instancia constitucional se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, pues como se afirmó, de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente. Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte que en relación con los citados actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad. Ahora bien, el quejoso incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio que se atiende. Al efecto, conviene destacar el contenido de los artículos 666, 667, 670 y 673, segundo párrafo, última parte, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano. Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo. Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia." De la transcripción de los citados numerales, se puede establecer que contra las determinaciones provenientes de un juicio civil las controversias del orden familiar procede cualquier recurso establecido en el código adjetivo; asimismo, se destaca que para los actos que reclama la parte quejosa, no procede el recurso de apelación, por tratarse de una resolución que por sus características, no tiene fuerza definitiva, por lo tanto, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación, toda vez que constituye un acuerdo de trámite dictado por el la Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva. Sirve de apoyo en lo conducente, el criterio emitido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre 2018, Tomo III, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PROCEDE CONTRA TODO TIPO DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA DEFINITIVA, SIN DISTINCIÓN ENTRE AUTOS PREPARATORIOS, PROVISIONALES O DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La apelación es el recurso ordinario y vertical que, por regla general, procede contra sentencias, tanto definitivas como interlocutorias pues, por su contenido decisorio y trascendencia, pueden ser revisables por un tribunal de alzada, a fin de garantizar su legalidad mediante una decisión unitaria o colegiada. No obstante, existe una limitante a la procedencia de ese recurso en asuntos de cuantía menor que pretende que éstos culminen con una sentencia firme de forma expedita y sin dilaciones. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del numeral 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, los autos e interlocutorias son apelables cuando lo es la sentencia definitiva; si éstos no son apelables, pueden ser revocados por el Juez en términos del artículo 684, a través del recurso de revocación, que es un medio de impugnación ordinario y horizontal cuyo efecto puede ser la confirmación, modificación parcial o revocación de la determinación judicial, por lo que constituye el medio de defensa idóneo contra los autos e interlocutorias no apelables en el juicio civil. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 685, párrafo segundo, del código citado, procede el recurso de revocación contra todo tipo de resoluciones (decretos, autos e interlocutorias), con excepción de la sentencia definitiva. Por lo anterior, del análisis armónico y sistemático de los supuestos de procedencia de los recursos de revocación y de apelación en el juicio civil, y acorde con el sentido literal del párrafo segundo del artículo 685 referido, se concluye que en los casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación procederá contra todo tipo de resoluciones, sin distinción entre autos preparatorios, provisionales o definitivos, salvo la sentencia definitiva." En tales condiciones, la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo debió interponer contra los actos reclamados, como ya se estableció, el recurso de revocación, previsto en el artículo 666, en relación con el diverso 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, por considerar que el acto que reclama le causa agravios; recurso mediante el cual puede obtener la revocación, modificación o nulidad de la determinación del Juez responsable, que por esta vía impugnada. En tal virtud, resultaba necesario agotar el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo, sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no se está en el supuesto de encontrarse ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada depersonas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; ni se trata de persona extraña al procedimiento. (..) Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia visible en la página veintitrés del Tomo 43 Séptima Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto es el siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una Tesis jurisprudencial, puesto que la indicada Tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción." DESECHAMIENTO En consecuencia, con base en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el desalojo de su local comercial. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Raymundo Martínez Soriano y Saúl Eduardo Diaz San Juan, sin tener por autorizados en los mismos términos a las demás personas que señala, en virtud de que no se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del año dos mil cinco; en tal virtud, se les tienen por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. CORREO ELECTRÓNICO. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus ..., se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... FIRMA ELECTRÓNICA Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 535/2022. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. PARTE QUEJOSA ..., por su propio derecho. ACTO RECLAMADO La inminente orden de lanzamiento y su ejecución material del local comercial de madera ubicado en la calle Jorge L. Tamayo sin número, colonia Centro de esta Ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dictado en el expediente civil (juicio de desahucio) número 152/2021. AUTORIDADES RESPONSABLES JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA. EJECUTORA ADSCRITA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA, LLEVADORA DEL EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 152/2011. POLICIA ESTATAL DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 61, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie se actualiza LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR DEFINITIVIDAD prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" Las disposiciones legales referidas, encierran uno de los principios fundamentales del juicio de amparo; esto es, el de definitividad, el cual establece que dicha instancia únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, actuaciones respecto de las cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto que se trate. De lo anterior se desprende la regla general que establece este principio, consiste en que cuando un acto de autoridad viola derechos humanos o las garantías establecidas para su protección, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, entonces, las partes antes de acudir a esta instancia constitucional se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, pues como se afirmó, de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente. Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte que en relación con los citados actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad. Ahora bien, el quejoso incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio que se atiende. Al efecto, conviene destacar el contenido de los artículos 666, 667, 670 y 673, segundo párrafo, última parte, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano. Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo. Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia." De la transcripción de los citados numerales, se puede establecer que contra las determinaciones provenientes de un juicio civil las controversias del orden familiar procede cualquier recurso establecido en el código adjetivo; asimismo, se destaca que para los actos que reclama la parte quejosa, no procede el recurso de apelación, por tratarse de una resolución que por sus características, no tiene fuerza definitiva, por lo tanto, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación, toda vez que constituye un acuerdo de trámite dictado por el la Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva. Sirve de apoyo en lo conducente, el criterio emitido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre 2018, Tomo III, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PROCEDE CONTRA TODO TIPO DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA DEFINITIVA, SIN DISTINCIÓN ENTRE AUTOS PREPARATORIOS, PROVISIONALES O DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La apelación es el recurso ordinario y vertical que, por regla general, procede contra sentencias, tanto definitivas como interlocutorias pues, por su contenido decisorio y trascendencia, pueden ser revisables por un tribunal de alzada, a fin de garantizar su legalidad mediante una decisión unitaria o colegiada. No obstante, existe una limitante a la procedencia de ese recurso en asuntos de cuantía menor que pretende que éstos culminen con una sentencia firme de forma expedita y sin dilaciones. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del numeral 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, los autos e interlocutorias son apelables cuando lo es la sentencia definitiva; si éstos no son apelables, pueden ser revocados por el Juez en términos del artículo 684, a través del recurso de revocación, que es un medio de impugnación ordinario y horizontal cuyo efecto puede ser la confirmación, modificación parcial o revocación de la determinación judicial, por lo que constituye el medio de defensa idóneo contra los autos e interlocutorias no apelables en el juicio civil. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 685, párrafo segundo, del código citado, procede el recurso de revocación contra todo tipo de resoluciones (decretos, autos e interlocutorias), con excepción de la sentencia definitiva. Por lo anterior, del análisis armónico y sistemático de los supuestos de procedencia de los recursos de revocación y de apelación en el juicio civil, y acorde con el sentido literal del párrafo segundo del artículo 685 referido, se concluye que en los casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación procederá contra todo tipo de resoluciones, sin distinción entre autos preparatorios, provisionales o definitivos, salvo la sentencia definitiva." En tales condiciones, la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo debió interponer contra los actos reclamados, como ya se estableció, el recurso de revocación, previsto en el artículo 666, en relación con el diverso 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, por considerar que el acto que reclama le causa agravios; recurso mediante el cual puede obtener la revocación, modificación o nulidad de la determinación del Juez responsable, que por esta vía impugnada. En tal virtud, resultaba necesario agotar el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo, sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no se está en el supuesto de encontrarse ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada depersonas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; ni se trata de persona extraña al procedimiento. (..) Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia visible en la página veintitrés del Tomo 43 Séptima Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto es el siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una Tesis jurisprudencial, puesto que la indicada Tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción." DESECHAMIENTO En consecuencia, con base en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el desalojo de su local comercial. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Raymundo Martínez Soriano y Saúl Eduardo Diaz San Juan, sin tener por autorizados en los mismos términos a las demás personas que señala, en virtud de que no se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del año dos mil cinco; en tal virtud, se les tienen por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. CORREO ELECTRÓNICO. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus ..., se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... FIRMA ELECTRÓNICA Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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