Sofia Valerio Trejo
Expediente 723/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2020
Partes del expediente
- Sofia Valerio Trejo
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de octubre de dos mil veinte. RECEPCIÓN DE ESCRITO ACLARATORIO: Agréguese a los autos el escrito aclaratorio, signado por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del escrito de que se trata, se tiene a la parte promovente dando cumplimiento en sus términos al requerimiento contenido en el presente juicio de amparo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO. En el caso, de una lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, los cuales con fundamento en el artículo 108, fracción V, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, mismos que gozan de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la peticionaria del amparo se duele de lo siguiente: El auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil sobre prescripción positiva **índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, cumpla con la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, la cual modificó la sentencia dictada dentro de los autos del juicio de origen. DESECHAMIENTO. Ahora, respecto del acto reclamado descrito en líneas arriba, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" El primer precepto legal invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando su causa resulte de una disposición de la Constitución o de la propia Ley; mientras que la segunda disposición en cita, prevé que cuando se reclamen actos emitidos durante el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción constitucional únicamente es procedente en contra de la última resolución dictada, en cuyo caso, se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, estableció, en lo que aquí interesa, que las resoluciones dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues de permitirse la promoción del amparo, se obstaculizaría indebidamente la fase de ejecución y, con ello, se trastocaría la efectividad del derecho humano a la tutela judicial, lo que resultaría en un contrasentido. Emitió tal criterio con base en las consideraciones siguientes: Que del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se observa que el legislador, a fin de resguardar la operatividad del sistema, evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de la autoridad judicial, dispuso que el juicio de amparo únicamente procede en contra de la última resolución que se dicta en el procedimiento de ejecución respectivo, esto es, aquella que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Que, en caso de promoverse la acción constitucional en contra de esas resoluciones, se podrán hacer valer conceptos de violación en contra de los vicios cometidos durante el procedimiento del cual haya emanado la última resolución, siempre que éstos trasciendan a su resultado. Que tal requisito pretende evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, impedir que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución. Que no es óbice que previamente a dichos actos (el que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, las que ordenan el archivo definitivo del expediente), las autoridades responsables emitan alguna otra actuación intermedia que sea susceptible de generar perjuicio a las partes, sin embargo, a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite que vía conceptos de violación se puedan reclamar las violaciones cometidas durante la fase de dicho procedimiento. Que el requisito impuesto guarda coherencia con el derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la lógica de que los actos procesales realizados en la etapa de ejecución de sentencia, tienen como base la existencia de fallo judicial que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva, está proscrito obstaculizar su ejecución. Asimismo, el Alto Tribunal al resolver la diversa contradicción de tesis 215/2009, sostuvo que existen ciertos actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente pudieran admitir la promoción del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos al emitirse la última resolución del procedimiento de ejecución, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la litis. En síntesis, una interpretación funcional del párrafo segundo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, permite concluir los dos supuestos de procedencia siguientes: 1) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, definida como aquella que: (I) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; (II) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, (III) Ordena el archivo definitivo del expediente. 2) Contra actos emitidos dentro de dicho procedimiento, que gocen de autonomía propia, con relación a la ejecución, por vulnerar de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de las personas involucradas. En el caso particular, la orden de ejecución reclamada al Juez responsable no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis previamente precisadas, ya que, no puede reconocerse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, dado que no aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declara la imposibilidad para su cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente de origen; sino que exclusivamente constituye un requerimiento dentro de la ejecución de sentencia para el cabal cumplimiento de lo resuelto. Por otro lado, tampoco puede considerarse que afecte algún derecho sustantivo del promovente, pues el acto reclamado sólo se limita a agotar un acto procesal en ejecución de la sentencia emitida dentro del juicio natural. En tal virtud, como en el presente asunto, se insiste, no se reclama la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino una actuación intermedia, el presente juicio de amparo debe declararse improcedente, pues conforme a lo expuesto, no les es permitido a las partes la promoción del amparo a fin de obstaculizar indebidamente la fase de ejecución, ya que los actos realizados en esta etapa tienen como base la existencia de una sentencia definitiva que ha quedado firme, cuyo cumplimiento es de orden público. Cabe destacar, que la improcedencia aquí decretada no significa dejar en estado de indefensión a la promovente, ya que en caso de estimar que la actuación reclamada transgrede su esfera jurídica, tal violación podrá hacerse valer, en su caso, en el amparo que promueva en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, pues así lo dispone expresamente la ley de la materia. Es aplicable al caso, por idoneidad, la jurisprudencia sustenta por la Primera Sala del máximo Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". En tales condiciones, el acto reclamado dentro del presente juicio, no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución de sentencia; por tanto, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo, por los motivos anteriormente expuestos. CAPTURA DE PROVEÍDO. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de octubre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por **, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 723/2020-V, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. PREVENCIÓN. Ahora, con fundamento en el artículo 108 fracción IV y 114, fracciones I, IV y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, cumpla con el siguiente requerimiento: Primero. Deberá aclarar cuál es el acto que de manera destacada reclama en la presente vía constitucional; lo anterior es así, ya que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en el apartado titulado "ACTO RECLAMADO", refiere lo siguiente: ". La Sentencia Definitiva dictada en fecha 26 veintiséis de abril del año 2019 dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil sobre prescripción positiva, con número de expediente ***del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Estado de Querétaro, Modificada por el Tribunal de Alzada en fecha 19 diecinueve de junio del año 2019 dos mil diecinueve." Sin embargo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, se advierte que se duele del auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del expediente **, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual la responsable requirió a la aquí quejosa, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, diera cumplimiento voluntario a lo ordenado por la Segunda Instancia, así como el apercibimiento ahí decretado, esto es, con la ejecución forzosa de la resolución en cita. Por lo que, deberá señalar, de manera destacada, cuál es el acto reclamado dentro del presente juicio. Segundo. Toda vez que la quejosa es parte dentro de los autos del juicio natural, deberá manifestar cuál es el estado procesal que guarda el expediente ***. Lo anterior, toda vez que ello resulta necesario, a fin de estudiar la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa. Asimismo, hágase notar a la parte promovente que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió y que la Ley de Amparo, el cual prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. Sobre el tema, es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871 del Tomo III del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Tercero. Exhiba una copia del escrito inicial de demanda, ello en virtud de que únicamente exhibió cuatro y con apoyo en el artículo 110 de la ley que rige el juicio constitucional se requieren: a) tres (3) para las autoridades que señala como responsables; b) una (1) para la parte tercera interesada y, c) una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Asimismo, toda vez que solicita se tramite por duplicado el incidente de suspensión, deberá exhibir dos (2) copias más de la demanda de amparo para la apertura del incidente de suspensión que solicita, conforme a lo indicado en el párrafo precedente; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se postergara su apertura. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 245, Tomo XVI, Agosto de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." Cuarto. Por último, deberá exhibir copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, ello en términos del artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la promovente del amparo, debido a que aquélla entraña cuestiones inherentes a la integración de la litis del juicio de amparo, que sólo pueden ser desahogadas por quien tiene el derecho de acción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.37/2011, publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, Novena Época, que a la letra dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a ***. Ahora, toda vez que la parte quejosa precisó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, hágase de su conocimiento que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción III y 27 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Sofia Gallegos Domínguez956/2023
- Sofía Guadalupe Ramírez Mejía88/2015
- Sofía Lilian Escalerea Ríos2389/2015
- Sofía Lillian Escalera Ríos672/2016
- Sofía Martínez Lujambio76/2022
- Sofía Orvañanos Quintana421/2015
- Sofía Vázquez Mellado Macías1349/2022
- Sofia Vieregge Villa2392/2015
- Soila Leticia Meraz Sumaya914/2014
- Soledad Barajas Garcia1882/2015
- Sonia González Ventura861/2023
- Sonia Lorena Sicsik Arévalo910/2023