Sofía Torres Pérez

Expediente 1256/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1256/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Sofía Torres Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    I.- Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho auto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes y realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como concluido. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que el juicio de amparo en que se actúa relativo se ubica en la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del instrumento de referencia; por tanto, el expediente principal es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, procédase a la destrucción dentro de los treinta días siguientes, como lo establecen los párrafos primero y penúltimo del artículo 21, y diversos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia.

  2. Principal

    I.- Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitidos por la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde su informe justificado por sí y en representación de dicha sala, sin que sea el caso dejarlo a la vista de las partes, por las razones que más adelante se expondrán. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que remitió. Ahora bien, de la revisión de esa constancia, la suscrita advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ... Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: ... El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga a la quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así pues, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, como lo prevé, la fracción II, de ese numeral, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ... En efecto, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado en este sumario, consiste en la omisión de las responsables, de acordar lo relativo al escrito inicial de demanda, la cual fue radicada con el número... que se presentó el treinta y uno de enero del año en curso. Luego, de la documental remitida se advierte que el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente... se emitió el auto de radicación y prevención de la demanda laboral promovida por... en contra del ..., ordenando la notificación personal de dicho proveído a la parte actora. De lo anterior se aprecia que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito inicial de demanda promovido por la aquí quejosa, el treinta y uno de enero de la presente anualidad, toda vez que en la fecha en que se presentó la demanda de garantías (ocho de noviembre de dos mil veintidós) existía la omisión de pronunciarse respecto a ello; empero, el veinticinco de noviembre del año en curso, la sala responsable realizó el pronunciamiento respecto de dicha demanda, en la que se previno a la parte actora, hoy quejosa, según se advierte de las actuaciones que remitió la autoridad responsable, a las que previamente se ha otorgado valor probatorio pleno. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, novena época, cuyo contenido es: ... Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento, fuera de audiencia, del presente juicio, al surtirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo: XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ... Sin que obste que aún no se remitiera la constancia de notificación personal a la parte actora ordenada en el referido proveído; toda vez que el presente auto será notificado de manera personal a la aquí quejosa. En ese sentido, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con doce minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.

  3. Principal

    I.- Vista la demanda de amparo promovida por... en representación de la quejosa... personalidad que acredita y se le reconoce con la carta poder de veintisiete de enero de dos mil veintidós, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de juicios de amparo que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, con el número 1256/2022-I. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 5, 33 fracción IV, 35, 107 fracción V, 108, 112 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. No ha lugar a tramitar incidente de suspensión a que alude el artículo 128, de la ley de la materia, por no haberse solicitado. Se señalan las diez horas con doce minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días legalmente computados, al que se encuentran obligadas a anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas que de no rendirlo, o hacerlo sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlos, se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá en sentencia una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a esta fecha, con apoyo en el artículo 260, fracción II, en relación con los diversos 236, fracción I y 238, de la ley de la materia y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; acompañándole para tal efecto copia del escrito inicial de demanda. En el entendido de que las autoridades podrán rendir su informe a través del correo electrónico oficial 7jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, sin perjuicio de que dentro del término conferido haga llegar las constancias con las que lo sustente; en ese sentido, para el caso de que remitan las constancias, diligencias o actuaciones por ese medio, deberán estar debidamente certificadas y manifestar bajo protesta de decir verdad que constituyen copia fiel e inalterada de sus originales, de conformidad con el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Mayo 2018, página 2178, Décima Época, del rubro y texto: ... Con fundamento en el dispositivo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en caso de que la parte quejosa haya promovido diversa demanda de amparo contra el acto que reclama en esta vía constitucional, anexen copias certificadas de las constancias relacionadas con dicha acción; por otro lado, se previene a la peticionaria de garantías y a las autoridades responsables, en el supuesto de que hayan cesado los actos reclamados u ocurrido alguna causa notoria de sobreseimiento, lo manifiesten ante este tribunal de control constitucional; apercibiéndoles que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, está facultado para imponerles una multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251, de la ley en cita, y el precepto tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, al efecto entréguesele por conducto del actuario judicial adscrito, copia de la demanda de amparo. Sin que haya lugar, a reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la parte demandada en el juicio de origen no ha sido emplazada en ese litigio; por tanto, no se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la ley de la materia. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, consultable en la página 265, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: ... En otro orden, ténganse como autorizados de la parte quejosa a las personas que indica, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo la parte quejosa, y tratarse de la parte trabajadora. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por la promovente, toda vez que se encuentra en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar en el que tiene su residencia este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles realice las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Por otro lado, se hace del conocimiento de la parte quejosa que las Jurisprudencias invocadas en el presente acuerdo, fueron consideradas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo sexto, transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En términos de lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 21, 22 y 24 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.

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