Sofía Rodríguez Moreno

Expediente 795/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
795/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Sofía Rodríguez Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso aclaratorio de cuenta suscrito por Sofía Rodríguez Moreno, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada por proveído de veintitrés del mes y año en curso. Ahora bien, atento a la lectura íntegra de la demanda constitucional y escrito aclaratorio, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, de los términos del escrito inicial de demanda y aclaratorio, se advierte que el acto que la parte quejosa reclama consiste en la orden de requerimiento de pago y embargo dictada por el Juez Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno en autos del expediente 16/2021 relativo al juicio ejecutivo mercantil iniciado en su contra. Así, se advierte que la parte quejosa es demandada en el juicio de origen 16/2021, y, que se duele del acuerdo emitido por el Juez Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, en fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, por el que despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, autorizando diligencia de embargo; y fundamentalmente de la ejecución de dicha orden por la actuaria de ese órgano jurisdiccional. Pues bien, en ese contexto, este Juzgado Federal considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Pues bien, el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de modo tal que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el juicio de amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. En efecto, se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia señalada, puesto que el auto de exequendo es la resolución judicial que, con efectos de mandamiento en forma, ordena que el ministro ejecutor se constituya en el domicilio de la parte demandada, le requiriera de pago y, en caso de no cubrir el adeudo reclamado, embargue bienes de su propiedad suficientes para garantizarlo. Efectivamente, contra el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, se admite a trámite la demanda en el juicio de origen y se dicta auto de embargo en contra de la parte quejosa, se debió interponer recurso de apelación de tramitación inmediata en términos de lo dispuesto por los artículos 1165, 1339 y 1345, fracción IV del Código de Comercio. En ese contexto, es indudable que el auto reclamado, en el que se decretó la medida cautelar de embargo respecto al juicio cuya suerte principal asciende a la cantidad de $947,000.00 (novecientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), es recurrible a través de la apelación de tramitación inmediata, en efecto devolutivo, en términos de los numerales transcritos. Medio ordinario de defensa a través del cual era factible que se revocara o modificara aquél en términos del numeral 1336 de la legislación mercantil, por lo que es incuestionable que la aquí quejosa debió hacerlo valer antes de acudir a esta instancia federal y al no haberlo hecho así, es evidente que la acción constitucional es improcedente, en tanto que no se actualiza ninguna de las excepciones a este principio contenidas en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto del acto reclamado a la actuaria responsable, consistente en el embargo sobre el 30% del excedente del salario mínimo de todas y cada una de las prestaciones y percepciones económicas ordinarias y extraordinarias que percibe la quejosa para garantizar el pago del adeudo, de igual forma el juicio se torna improcedente. Siendo que respecto a ese acto, esta instancia federal advierte que se surte de igual modo, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII de la Ley de la Materia ya señalada. De ahí que se afirme que las cuestiones que estimen ilegales en relación al emplazamiento de mérito y/o embargo, debieron ser promovidas a través de ese medio de defensa, puesto que al haberse emplazado a la aquí quejosa, estaba en aptitud de hacerlas valer por esa vía, previamente a la promoción del juicio de amparo. Máxime que el numeral 1345 del Código de Comercio, establece que serán apelables los autos en que se deseche el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente; lo cual confirma que la codificación en comento, prevé dicho medio de defensa para hacer valer las cuestiones relacionadas con el llamamiento a juicio. Entonces, es evidente que la parte quejosa, al ser parte procesal en dicho procedimiento en su carácter de demandada emplazada a la contienda, se encontraba obligada a interponer el medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado le otorga para la salvaguarda de sus intereses, en aras de obtener la revocación del acto reclamado, ya que con ello se evitaría el abuso del juicio de amparo mediante la tramitación de aquéllos recursos que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del citado numeral 61 de la Materia, al no haberse interpuesto por la parte quejosa, el medio de defensa legal en lo que atañe a los actos reclamados analizados en el presente auto. En tales condiciones, al encontrarse reunidos los requisitos para la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata por lo que hace a los actos reclamados al Juez y actuaria señalados. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Sofía Rodríguez Moreno, contra actos del Juez Civil del Tercer Distrito Judicial de Rioverde, San Luis Potosí y otras autoridades; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 795/2021-III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con seis copias del propio ocurso aclaratorio, por corresponder dos para las autoridades designadas como responsables, una para la parte tercero interesada que se menciona, una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos para los cuadernos incidentales, cumpla con lo siguiente: ÚNICO: Amplíe los antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, deberá precisar si en contra de la determinación y su ejecución que refiere reclamar a través de la presente vía, a la fecha ha comparecido ante la autoridad designada como responsable a impugnar esas actuaciones a través de algún medio ordinario de defensa, ya que como lo señala, la diligencia de requerimiento de pago y embargo, se efectuó con ella personalmente. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la conducta delictiva prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Circunstancia la anterior que motiva una imprecisión que, a su vez, constituye irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente en el domicilio que señala para tal efecto, teniendo como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a los licenciados Enrique Espino Ramírez y Enrique Salvador Aguilar Muñoz, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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