Sofía Panuco Rivera

Expediente 130/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
130/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Sofía Panuco Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 79 a la 81), comunicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de la presente anualidad (foja 82), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el seis de marzo del año en curso (fojas 50 a la 66), se determinó conceder a la quejosa Sofía Panuco Rivera, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 23, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de $6,107.02 (seis mil ciento siete pesos 02/100 Moneda Nacional), que pagó el doce de enero de dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de minisúper, abarrotes, tendajones y similares no mayor a 200m2. con venta únicamente de cerveza, así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social", "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" y comisión bancaria (foja 41), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el artículo 23, fracción XII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil dieciocho, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (fojas 9 y 41); toda vez que la accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinal 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $6,107.02 (seis mil ciento siete pesos 02/100 Moneda Nacional), que pagó por concepto de derechos del giro de minisúper, abarrotes, tendajones y similares no mayor a 200m2. Con venta únicamente de cerveza, así como de "Fomento a la Educación", Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"; asimismo, dentro de la cantidad a devolver no se encuentra el cobro de la comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que no se reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. Luego, a través del oficio DCJ/2914/2018 de veintinueve de mayo de la presente anualidad, presentado el mismo día (fojas 79 a la 81), el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el oficio en cita, insertó cheque de veintiocho de mayo del año en curso, a nombre de la parte quejosa Sofia Panuco Rivera y del que se advierte que devolvió la cantidad de $6,158.80 (seis mil ciento cincuenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $6,107.02 (seis mil ciento siete pesos 02/100 moneda nacional), menos la suma de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la comisión bancaria, da como resultado un total $6,104.02 (seis mil ciento cuatro pesos 02/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el doce de enero de dos mil dieciocho y en el mes de mayo de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante cheque a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre del año próximo pasado a abril de este año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de abril del año actual. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del año actual entre el índice para el mes de diciembre de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue de 130.813; y para el mes de abril de 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00897. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $6,104.02 (seis mil ciento cuatro pesos 02/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $6,158.77 (seis mil ciento cincuenta y ocho pesos 77/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver $6,104.02 (seis mil ciento cuatro pesos 02/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $54.75 (cincuenta y cuatro pesos 75/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad de $6,158.80 (seis mil ciento cincuenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional); por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, en su carácter de representante legal de las responsables de la citada Secretaría, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo que acompaña, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la notificación de la resolución de seis de marzo del año en curso (fojas 50 a la 66), se efectuó a la parte quejosa, el doce de marzo del presente año, al Agente del Ministerio Público de la Federación y autoridades responsables, el siete del citado mes (fojas 71, 73 y 72 respectivamente), por lo que el término que prevé el numeral 86 de la legislación de la materia, transcurrió como se precisó en la certificación que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Director General de Ingresos y Recaudación de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido. En el entendido de que dicho cumplimiento deberá efectuarse debidamente actualizado conforme al ordinal 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo; asimismo, la autoridad debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el precepto 192, párrafo tercero de legislación de la materia, y del artículo 33, fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la citada dependencia, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 54/2018-II, en el que se ordenó notificar al tercero interesado Andrés Pérez Ordóñez, la resolución incidental de diecinueve de febrero del año en curso, a través del cual se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa. En consecuencia, agréguense a sus autos el oficio de cuenta y anexos que se acompañan, para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo.

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