Sofía Narváez Mata

Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
578/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Sofía Narváez Mata

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de seis de junio del año en curso, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista a la parte promovente.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos de la Quinta Sala, así como del Juez Vigésimo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales, fórmese expediente -físico y electrónico-, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 578/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. Ahora, visto el contenido de la demanda de mérito, la misma debe desecharse. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la promovente, se hace consistir en lo siguiente: Proveído de diez de mayo del año en curso, dictado en el juicio especial hipotecario, expediente *******, del índice del Juzgado Vigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por *************, en contra de ********** -hoy quejosa- por medio del cual el juez responsable ordenó el lanzamiento y la entrega del bien inmueble ubicado en ****************************. Por otra parte, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad se deduce lo siguiente: La promovente es parte formal y material del juicio de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de demandada. Asimismo, no existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento de origen se encuentra en ejecución de sentencia. De lo anteriormente precisado, este juzgador considera que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; - - - [.] - - -. El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento y cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte, el segundo dispositivo establece que la instancia constitucional en la vía indirecta, contra actos de tribunales judiciales emitidos en ejecución de sentencia, solamente procede contra la última resolución. Párrafo que introduce una regla específica, de procedencia del amparo, pues se refiere exclusivamente al remate, en cuyo caso el juicio biinstancial deberá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento, la cual es la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En ese sentido, la oportunidad que tiene el ejecutado para promover el juicio de amparo indirecto en el procedimiento de remate, comienza a transcurrir a partir de que le sea notificado el proveído que indistintamente ordena la escrituración del inmueble adjudicado o bien su entrega material. Lo que ocurra primero, ya que no puede quedar al arbitrio del ciudadano el momento en el que promoverá el juicio biinstancial. Es decir, si la orden de escrituración se lleva a cabo previamente a la emisión de la que dispone la entrega del bien adjudicado, la última resolución será la que fue dictada en primer lugar. Lo anterior se considera de ese modo, porque en el juicio constitucional opera el principio de preclusión que se distingue por ser una sanción que otorga seguridad jurídica e irreversibilidad al desarrollo del procedimiento, pues consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal por la cual las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, al establecer un límite a la posibilidad de impugnación de un acto. En este punto, es pertinente señalar que el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, permite a este juzgado tomar en cuenta hechos notorios aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, lo anterior para resolver una cuestión determinada, en el caso, decidir lo conducente en relación con el presente juicio. Bajo ese contexto y derivado de la narrativa efectuada por la inconforme, este órgano jurisdiccional realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E, del cual se observa la existencia del juicio de amparo **********, del índice de este juzgado federal, mediante el cual *********, reclamó actos derivados del juicio especial hipotecario, expediente **********, del índice del Juzgado Vigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por **************, de donde se advierten como antecedentes del acto cuestionado los siguientes: *************** demandó en la vía especial hipotecaria, de la ahora quejosa, ************, el pago de cierta suma adeudada por concepto de capital, así como el de intereses ordinarios y moratorios. Solicitó que en el caso de que la enjuiciada no realizara el pago de las prestaciones reclamadas, se rematara el inmueble otorgado en garantía. Por auto de doce de agosto de dos mil doce, la juez responsable radicó el asunto bajo el número de expediente ********** y lo admitió a trámite, circunstancia por la cual ordenó emplazar a la enjuiciada para que compareciera a dar contestación a la demanda instaurada en su contra. El veintitrés de noviembre posterior, el secretario actuario responsable practicó el emplazamiento a la demandada, *********, a través de quien dijo ser su hija, *****************. No obstante, la referida demandada no compareció al procedimiento natural, consecuentemente, en auto de ocho de enero de dos mil trece, se tuvo por acusada su rebeldía. Tramitada la secuela procesal, el veinte de febrero ulterior, la juez natural dictó sentencia definitiva en la que declaró improcedente la vía intentada por la accionante. En contra de dicha determinación, la sociedad actora interpuso recurso de apelación del cual conocieron los magistrados integrantes de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quienes en resolución dictada el veinticuatro de mayo siguiente, en el toca ************, revocaron la sentencia impugnada, por lo que, al asumir jurisdicción, establecieron que la vía intentada era la procedente; consecuentemente, condenaron a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas, mismo que debía realizar en el plazo de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido, se procedería al remate del bien hipotecado y con su producto se cubriría lo condenado. Ante el incumplimiento del pago, por auto de veintiuno de enero de dos mil catorce, se adjudicó de manera directa el inmueble hipotecado a favor de la sociedad actora el ubicado en *******************************************. En proveído de ocho de mayo siguiente, la juez responsable puso los autos a disposición del Notario Público ***** del otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para que procediera a tirar la escritura de adjudicación. Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la resolutora responsable revocó la designación del fedatario indicado en el párrafo que antecede, para ahora designar al Notario Público **** de la Ciudad de México, motivo por el cual ordenó poner a su disposición los autos para que realizara la escritura correspondiente. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil diecisiete, la juez natural tuvo como nueva titular del asunto a ***************, debido a que la sociedad actora le cedió los derechos litigiosos derivados del juicio. Por auto de doce de julio de dos mil dieciocho, la juez responsable designó al Notario Público ***** de esta ciudad para que llevara a cabo la escritura multirreferida. En proveído de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, la resolutora responsable ordenó notificar personalmente a la demandada para que en el plazo de cinco días acudiera ante dicho fedatario a firmar la escritura en cuestión, apercibida que de no hacerlo, dicha juez la firmaría en su rebeldía. El veintinueve de abril siguiente, la juzgadora hizo efectivo el apercibimiento referido, por lo tanto, estableció que firmaría la escritura en rebeldía de la demandada. Mediante auto de nueve de agosto ulterior, la juez ordenó al secretario actuario de su adscripción requiriera a la demandada para que desocupara y entregara voluntariamente el inmueble citado con anterioridad, apercibida que de no hacerlo dictaría auto de ejecución forzosa. Por ocurso de veinticuatro de septiembre subsecuente, la ahora quejosa, por derecho propio, compareció al sumario de origen en el que solicitó una prórroga para realizar la entrega voluntaria del inmueble, mismo que fue acordado por la juez natural, en el sentido de dar vista a la ejecutante para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. Desahogada la vista, el veintinueve de enero de dos mil veinte, la juez responsable ordenó requerir de nueva cuenta a la demandada para que cumpliera voluntariamente con la entrega del inmueble. Bajo esa plataforma, en el caso, tenemos que, de las constancias relativas al juicio especial hipotecario, expediente **********, se advierte que el ocho de mayo de dos mil catorce, el Juez responsable ordenó poner los autos a disposición del Notario Público ***** del otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para que elaborara la escritura de adjudicación correspondiente. Proveído que fue notificado a la ahora quejosa mediante comparecencia el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mismo que surtió sus efectos el veinticinco siguiente. Por lo que fue a partir de aquel momento en que la impetrante del expediente constitucional estuvó en posibilidad de promover el juicio de amparo biinstancial -previo el agotamiento del principio de definitividad en contra de dicha resolución- al constituir la última dictada en el procedimiento de remate y al no haberlo hecho así su derecho precluyó. La preclusión impide que se reestablezca su derecho y que puedan reclamar a través de este juicio de amparo las violaciones que a su decir se cometieron en el procedimiento de remate, esto último mediante el auto posterior de diez de mayo de dos mil veintidós, aunque se haya dispuesto la entrega del inmueble con el apercibimiento de lanzamiento, porque ello lo tuvo que haber hecho desde que se ordenó la escrituración. Como corolario de ello, es que todo lo actuado en el procedimiento de remate que culminó con la orden de escrituración del inmueble, ya no puede ser controvertido mediante el juicio de amparo hasta en tanto se dicte la resolución que ponga fin a la secuela de ejecución. Dicho de otro modo, el juicio biinstancial es improcedente -respecto del remate-, si lo que se cuestiona es el proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, mismo que ordenó la entrega de la posesión del inmueble adjudicado. Lo cual se sostiene de ese modo, por ser el mandato de entrega una consecuencia directa y necesaria de la primera orden de escrituración del inmueble de fecha ocho de mayo de dos mil catorce a favor de la adjudicataria. Se alude a la primera orden, porque con independencia de que el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el resolutor natural hubiera revocado al fedatario *** y designado al Notario Público *** de esta entidad federativa para que realizara la escritura en cuestión, lo cierto es que los quejosos tuvieron oportunidad de inconformarse en contra de la primera determinación y no lo hicieron. En suma, la disposición de entrega de la posesión del inmueble adjudicado lleva implícita o comprendida la orden previa de escrituración del citado bien raíz, por derivar de la misma secuela procesal en la que la quejosa tuvo la oportunidad de inconformarse en contra del acto que fue causa de su efecto, desde luego, previa observancia del principio de definitividad. Así las cosas, nos encontramos ante la presencia de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos respecto del remate, dada la conexidad que hay entre uno y otro de los actos destacados, en el que el segundo comprende al primero, por lo que el juicio de amparo que busca combatir violaciones procesales al respecto deviene improcedente. Sobre esa base, la impetrante del amparo debe esperarse hasta que se emita la resolución que culmina con tal procedimiento, misma que será concerniente a declarar cumplida la sentencia de primera instancia; estimar lo contrario, paralizaría la ejecución de una condena que constituya cosa juzgado, en detrimento de una impartición de justicia pronta, tutelada en el numeral 17 Constitucional. Consecuentemente, al haberse actualizado las causales de improcedencia anteriormente invocadas, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a las aquí analizadas. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. En diverso aspecto, como lo solicita la promovente, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado federal. Por otra parte, no ha lugar a facultar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, quienes no cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que sólo se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, sin perjuicio de que una vez que cumplan con lo anterior, y previa designación que se haga en su favor por parte de la parte quejosa, se provea lo conducente. Asimismo, se exhorta a la promovente a que, de ser posible y al tomar en consideración el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus "SARS-CoV-2", causante de la enfermedad conocida como coronavirus "COVID-19", de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, considere registrarse como usuario de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, obtener su firma electrónica FIREL, solicite a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones personales de manera electrónica, en términos de lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por lista a la quejosa.

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