Sofía Martínez Huerta

Expediente 401/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
401/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Sofía Martínez Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la promoción de cuenta enviada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos del artículo 22, párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. Ahora bien, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en sesión de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el toca ********** de su índice, de la que se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como asunto concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio con el que la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa ********************* en contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, estese en espera que la Superioridad remita copia certificada de la resolución que dicte en la queja ********************de su índice, para estar en posibilidad de proveer lo conducente. FIRMAS ELECTRONICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Secretario Encargado del Despacho y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. En razón que la promoción de cuenta fue recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); con fundamento en el artículo 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", intégrese en formato impreso. Ahora bien, téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa Sofía Martínez Huerta, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de doce de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En ese contexto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese trámite al recurso de queja que interpone. Asimismo, ríndase el informe respectivo en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En ese orden, una vez notificadas las partes del presente acuerdo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en turno, la versión electrónica del expediente en que se actúa a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación de tal medio de defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO" en relación con el diverso 39 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo. Instrúyase a la analista jurídico (S.I.S.E) para que realice los trámites necesarios en el aludido sistema, a fin de hacer disponible el expediente electrónico para el Tribunal Colegiado que corresponda conocer del citado recurso. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas de turno establecidas en la Circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitarse mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondía Común que corresponda. En ese tenor, de considerarlo necesario la Superioridad correspondiente, se ordenará remitir físicamente las constancias, previo a formar cuaderno de antecedentes para debida constancia. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, en el caso el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. En la inteligencia que, se autoriza al Secretario de guardia para que firme electrónicamente el oficio que se libre para tal efecto, así como el envío de las constancias destacadas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; las anteriores determinaciones se toman en atención a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, derivada de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS- CoV2 (COVID-19), a fin que se obtenga además la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal que por razón de turno corresponda conocer del asunto. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, con motivo del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el libro de gobierno, con el número de juicio 401/2021 que le corresponde. DESECHAMIENTO En primer lugar resulta pertinente destacar, que el artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo invocado establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; Del citado numeral se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo ahí contemplada surge cuando éste se promueve contra resoluciones o declaraciones dictadas por las Legislaturas de los Estados, o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político. En ese sentido, el artículo 33, fracción XXVI, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que es facultad del Congreso del Estado de Veracruz, conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a los que se refiere el artículo 77 de la referida Constitución. Por su parte, el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, prevé que podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho: los Diputados, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el Contralor General del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa; los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y los titulares o sus equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal y municipal. De igual forma, del mencionado precepto legal se desprende, que el Congreso del Estado de Veracruz se erigirá como Jurado de Acusación y que después de haberse sustanciado el procedimiento de un juicio político, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, previo desahogo del proceso respectivo, y con audiencia del inculpado, resolverá lo procedente. Por su parte la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 31/2006-PL estimó que el juicio político es un procedimiento que se instaura tanto a nivel federal como a nivel local; que las sanciones, que se impongan a los servidores públicos derivadas de un juicio político consistirán en la destitución del cargo que desempeñaba, así como la inhabilitación para ocupar algún otro empleo en el servicio público por un periodo, así como que el juicio político tiene una naturaleza política en todas sus etapas. Consideró la Superioridad, que existe una delegación a favor de las Legislaturas Locales cuando se trate de la elección, suspensión o remoción de funcionarios, y por tanto, las Constituciones Locales puedan señalar cuáles de esos actos constituyen una resolución soberana o discrecional y, por tanto al analizar la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido substancialmente igual a la fracción VII del artículo 61 de la Ley de la materia vigente), estableció que los actos emitidos por los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, dentro de un juicio político no son impugnables en juicio de amparo ya que éstos actúan como órganos de sentencia, cuya naturaleza es política, ya que su función se encuentra inscrita en un procedimiento que en su totalidad participa de las características de un sistema de control político como son: a) Responde a un criterio de oportunidad política; b) Se controlan actos y personas, no normas o productos normativos; c) El parámetro de control es político o surge de la misma voluntad política del órgano que controla, y finalmente; d) El resultado es una sanción de carácter político: destitución o inhabilitación en el cargo. En este sentido, el que la autoridad que ejerza el control político sea alguno de los tribunales superiores de justicia de los estados o que éstos tengan alguna participación en el proceso de atribución de responsabilidades políticas, no es razón válida para catalogar su actuación como jurisdiccional, toda vez que aun cuando es costumbre o regla general entender como coincidentes el carácter formal y material de las atribuciones de los órganos del Estado, lo correcto es atender a la naturaleza de la función que en su caso desempeñan. En consecuencia, dada la naturaleza del procedimiento y de las actuaciones de las autoridades que participan en él, cuando las constituciones correspondientes las califiquen como decisiones soberanas y discrecionales, es que resulta improcedente el juicio de amparo en contra de actos de dicha naturaleza, ya que el hecho que el ejercicio del control político lo lleve a cabo un órgano formalmente jurisdiccional -Tribunales Superiores de Justicia de los Estados- no implica que la función o la naturaleza del control sea jurisdiccional, ni menos aún que el único tipo de control de constitucionalidad sea el judicial, porque en última instancia, el objetivo es determinar qué actos de la autoridad se ajustan a la Constitución y cuáles no, máxime que los tipos de control están supeditados al contenido de la Constitución. Tiene aplicación al caso concreto, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 37/2010 (9a.) 4, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente: JUICIO POLÍTICO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE UN ESTADO, ACTUANDO COMO JURADO DE SENTENCIA, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA POLÍTICA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La resolución que emita el tribunal superior de justicia de un estado actuando como órgano de sentencia dentro de un juicio político es de naturaleza política ya que se encuentra inscrita en un procedimiento que en su totalidad participa de las características de un sistema de control político: a) responden a un criterio de oportunidad política, b) se controlan actos y personas, no normas o productos normativos, c) el parámetro de control es político o surge de la misma voluntad política del órgano que controla, y finalmente d) el resultado es una sanción de carácter político: destitución o inhabilitación en el cargo. En este sentido, el que la autoridad que ejerza el control político sea alguno de los tribunales superiores de justicia de los estados o que éstos tengan alguna participación en el proceso de atribución de responsabilidades políticas, no es razón válida para catalogar su actuación como jurisdiccional, toda vez que aun cuando es costumbre o regla general entender como coincidentes el carácter formal y material de las atribuciones de los órganos del Estado, lo correcto es atender a la naturaleza de la función. En consecuencia, dada la naturaleza del procedimiento y de las actuaciones de las autoridades que participan en él, cuando las constituciones correspondientes las califiquen como decisiones soberanas y discrecionales, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." HECHOS De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad la parte quejosa manifestó en lo que interesa que posterior a la celebración audiencia de pruebas y alegatos prevista por el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, llevada a cabo en la sala que ocupa la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, ubicada en el interior del Palacio Legislativo, en Xalapa, Veracruz, el dieciséis de abril del año dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 30 de la citada ley, por parte de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, data en la cual se emitió la resolución que tilda de inconstitucional. Ahora bien, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, la simulación de actos jurídicos dentro del procedimiento de juicio político *********** de su índice, que diera como consecuencia la resolución definitiva de fecha dieciséis de abril del año en curso. De la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, la resolución emitida por dicho cuerpo colegiado dentro del procedimiento de juicio político *********** de dieciséis de abril del año en curso, y que al efecto se había señalado que la misma fue emitida el día trece de abril del año en curso, con la finalidad de citar a la quejosa para la sesión extraordinaria planteada para el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno. La omisión de resolver la recusación planteada por la quejosa en relación a diversos integrantes del Tribunal Superior de Justicia. La inconstitucionalidad de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuya última reforma fue publicada el ocho de agosto de dos mil siete, específicamente en sus artículos 8 y 11, la cual se atribuye a todas las autoridades responsables. CONCLUSIÓN Atento a lo antes expuesto, respetuosamente se concluye que el presente asunto resulta improcedente, ya que los actos reclamados a las autoridades responsables Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, ambas con sede en esta ciudad, fueron emitidos actuando como jurado de sentencia y Comisión de Enjuiciamiento dentro de un juicio político, de conformidad con el precepto 2, fracción II, de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En este orden de ideas, si la facultad soberana o discrecional que la Constitución Política del Estado de Veracruz, confiere al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz para conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a los que se refiere el artículo 77 de dicha Constitución, como en el caso lo es el procedimiento de juicio político *********** iniciado en contra de la aquí quejosa ***********, así como diversos actos procesales suscitados dentro del mismo, resulta evidente que tales actos encuadran en el supuesto descrito en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo y, por ende, si dichos actos se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse la causal de mérito,. Asimismo, respecto al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resulta improcedente por extensión, toda vez que se actualiza la causal invocada respecto de las determinaciones dictadas en el juicio político de mérito, contra las cuales promueve el juicio de amparo. Tiene aplicación, la tesis XXIV.2º.126 K (10ª.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Décima Época, visible a página dos mil cuatrocientos, Libro setenta y dos, Tomo III, noviembre de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE ACTUALIZA CONTRA LAS DETERMINACIONES DE UN PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, TAMBIÉN LO ES, POR EXTENSIÓN, RESPECTO DE LA EXPEDICIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE SE RECLAMEN. Conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo indirecto contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la quejosa, no puede desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. En ese sentido, si el amparo es notoriamente improcedente contra el acto de aplicación, igualmente lo será contra la legislación reclamada. En otras palabras, dado que el juicio de amparo es improcedente contra las determinaciones de un procedimiento de juicio político en contra de un servidor público, entonces, de forma extensiva, también lo es respecto de la expedición de los artículos reclamados." Lo anterior, sin que pase inadvertido que la jurisprudencia invocada 1a./J. 37/2010 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya analizado el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, resulta aplicable en la especie, ya que el contenido de dicho precepto coincide esencialmente con la actual redacción del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, pues únicamente se agregó la parte que hace alusión a la improcedencia del juicio de derechos en contra del juicio político. En consecuencia, se concluye que del análisis de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción VII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 14 y 16 del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza a ***********con su clave de usuario "***********", el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de RECIBIR NOTIFICACIONES POR ESA VÍA; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta, de conformidad con lo estipulado en el diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitar al referido usuario, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción que por turno corresponda, para que, en lo subsecuente, dentro del plazo legal, impriman, digitalicen y agreguen tanto al expediente impreso, como al electrónico las constancias de notificación que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma contenida en el diverso 25/2020 emitido por el Pleno del citado Consejo, requiérase a la parte quejosa para que se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, con motivo del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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