Sofía Lorenzo Gutiérrez
Expediente 317/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sofía Lorenzo Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de seis de julio de dos mil dieciséis (fojas 115-121), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por último, como en el presente expediente la quejosa Sofía Lorenzo Gutiérrez, exhibió en este expediente documentos considerados como originales por el punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que es insustituible por otro, consistentes en: 1. Nueve contrato de arrendamientos, de fechas once de julio de los años dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince; y, 2. Ciento ocho recibos de arrendamiento y subarrendamiento números del uno al ciento ocho En consecuencia, notifíquese personalmente a la quejosa Sofía Lorenzo Gutiérrez, como se encuentra ordenado en proveído de seis de julio de dos mil dieciséis (fojas 115-121), que se deja a su disposición las documentales relacionadas con anterioridad, para que dentro del plazo de noventa días y por escrito, solicite su entrega y devolución; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del citado plazo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto 1/2009.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve SOFÍA LORENZO GUTIÉRREZ, contra actos del Juez Primero Civil de Matías Romero, Oaxaca y de otra autoridad; por consiguiente, fórmese expediente bajo el número 317/2016, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Pues bien, del análisis de la demanda se advierte que la promovente reclama lo siguiente: . Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De dicho precepto se advierte que este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para desechar la demanda de amparo cuando, al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. . En el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, y 107 fracción V de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu. Los preceptos señalados, por su orden, disponen lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". El segundo de los preceptos legales transcritos, interpretados a contrario sensu, conduce a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento de que se trate. En ese sentido, tomando en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquellas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la quejosa señala como actos reclamados: ? El acuerdo dictado el veinte de octubre del año dos mil diez. ? El diverso proveído de dieciocho de noviembre del año dos mil diez. ? El acta del desahogo de la prueba confesional, celebrada a las doce horas con treinta minutos el día diez de diciembre del año dos mil diez; ? Así como la diligencia de notificación, realizada el diez de noviembre del año dos mil diez. Determinaciones dictadas en el expediente civil número 770/2010, relativo al medio preparatorio a juicio ejecutivo civil sobre confesión judicial, del índice del Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca, promovido por Vicente Rafael Estudillo, a cargo de Sofía Lorenzo Gutiérrez. De lo anterior, se deduce que los actos reclamados no son actos dictados dentro del juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, solamente produce efectos intraprocesales, ni se afectan sus derechos sustantivos que incidan en su esfera jurídica, pues sus consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que concluya en el juicio en primera instancia; y, en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar dicha violación (si la hay) a través del recurso de apelación que haga valer en contra de la sentencia de primer grado o en su defecto mediante la demanda de amparo directo que en su oportunidad promueva en contra de la sentencia de segunda instancia, en el caso de que esta última, también le fuera desfavorable. Esto es así, habida cuenta de que el hecho, de que por una parte se le tuviera por cierta una deuda y por otra parte, en base a dicha certeza se iniciara en su contra un juicio ejecutivo mercantil, no son un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que sus consecuencias son meramente intraprocesales que se traducen en el que se continúe el juicio por sus etapas de procedimiento respectivas, hasta el dictado de la sentencia definitiva, de ahí que no se afecten sus derechos sustantivos ni incida en su esfera jurídica el acto que se reclama. . Por otra parte, con motivo de un diverso criterio de nuestro Máximo Tribunal del país se incluyó al rubro de actos en contra de los cuales procede el amparo indirecto, en tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Tal afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. .Luego, los actos reclamados no tienen efectos de imposible reparación conforme a lo expuesto, pues no afecta en forma directa algún derecho sustantivo, ni uno adjetivo en grado predominante y superior, sino que los efectos del acto reclamado son susceptibles de extinguirse a través del dictado de una sentencia favorable a los intereses de la parte promovente y de lo contrario, podrá impugnarlo en juicio de amparo directo, si resulta necesario. Se afirma lo antedicho, pues los actos reclamados dictados en el expediente civil número 770/2010, relativo al medio preparatorio a juicio ejecutivo civil sobre confesión judicial, del índice del Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca, promovido por Vicente Rafael Estudillo, a cargo de Sofía Lorenzo Gutiérrez, en el que se tuvo por confesa a la presunta demanda aquí quejosa de la posiciones formuladas en su contra y por legal la diligencia de emplazamiento, son actos que tiene efectos intraprocesales que pueden o no trascender al juicio ejecutivo civil 50/2016, promovido por Vicente Rafael Estudillo, en contra de Sofía Lorenzo Gutiérrez, ya que la demanda principal ya fue admitida, pues así lo manifestó la quejosa en su libelo de garantías, lo cual se corrobora con las documentales que anexa a su demanda de amparo, de las que se advierte que mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Primero de lo Civil de Matías Romero, Oaxaca, admitió la demanda principal en la vía ejecutiva civil número 50/2016; y mediante diligencia de quince de junio de dos mil dieciséis se le emplazó a juicio, la hoy quejosa fue emplazada a ese procedimiento como parte de demandada. . En esas condiciones, al ser la quejosa parte del juicio ejecutivo civil (promovido a raíz de los medios preparatorios de los que alegó falta de emplazamiento y el indebido desahogo de la prueba de confesión), no es factible que cuestione por sí solos esos medios preparatorios, sino en función de los alcances legales que la autoridad judicial le asignara como sustento de la demanda promovida por la parte actora, lo que es propio de las excepciones y defensas que en su caso hiciera valer la peticionaria de amparo en el juicio ejecutivo mercantil. . Consecuentemente, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de garantías, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de la Materia, en relación con el 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda, y únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, a las personas que indica. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional...
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