Sofia Guadalupe Gutierrez Hernandez

Expediente 1526/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1526/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Sofia Guadalupe Gutierrez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se desechó la presente demanda; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción IV. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  3. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa la determinación de 23 de junio de 2023 con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Con la demanda de amparo promovida físicamente por ******, contra actos del Fiscal General del Estado de Yucatán y otras autoridades, todas con residencia en esta ciudad, al respecto se provee: PERSONALIDAD. Sin mayor pronunciamiento toda vez que la presente demanda se promueve por propio derecho. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1526/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Fiscal General del Estado de Yucatán y otras autoridades, todas con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de ejecutar y/o cumplimentar una orden de reaprehensión en auxilio a su similar Fiscalía de Tabasco en atención a la orden librada por el Juez de ejecución de sanciones penales en el Estado de Tabasco dictada en autos de la carpeta de ejecución CE/***/2022 causa penal ***/2020. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que antes de acudir a la presente instancia constitucional, la parte promovente, en su carácter de víctima u ofendida del delito, debió agotar el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, es pertinente recordar que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el medio idóneo para lograr el ejercicio de las disposiciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre los entes del poder público (autoridades) y las personas. Dichos principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, están previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, limitando su procedencia únicamente contra actos definitivos. A través de éste principio, antes de acudir a los Tribunales de la Federación debe darse la posibilidad a que las autoridades del Estado, tanto jurisdiccionales como administrativas, de dirimir la controversia, a fin de que los primeros únicamente actúen tratándose de actos definitivos que no sean susceptibles de modificarse, anularse o revocarse; es decir, que únicamente se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe apuntar que el incumplimiento al deber de agotar previamente todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercitar la acción constitucional hace surgir la improcedencia del amparo. El referido principio, tratándose de actos diferentes a los tribunales judiciales, se encuentra reglamentado en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo,1 el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso concreto, la parte quejosa señala que las autoridades responsables son omisas en ejecutar y/o cumplimentar una orden de reaprehensión en auxilio a su similar Fiscalía de Tabasco en atención a la orden librada por el Juez de ejecución de sanciones penales en el Estado de Tabasco dictada en autos de la carpeta de ejecución CE/***/2022 causa penal ***/2020 Sin embargo, en el presente asunto, se actualiza la invocada causal de improcedencia, en atención a que la parte promovente no cumplió con el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, ya que en contra del acto reclamado procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, por tener una tramitación específica (término para su interposición, ante una autoridad distinta y de mayor jerarquía al fiscal correspondiente [Juez de Control], en el que se celebrará una audiencia en la que se citará a las partes) y, por ende, se advierte que el Juez de Control, es legalmente competente para conocer y resolver el recurso en comento. Medio de defensa cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que inciden el curso de una indagatoria y, de estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Ahora, no pasa desapercibido por este órgano de control constitucional, que en el asunto se encuentran inmersos los derechos de los menores de edad de identidad reservada e iniciales S.G.P.G y J.L.P.G., sin embargo, dicha situación no constituye una excepción al principio de definitividad, tal y como se expondrá a continuación: En la contradicción de tesis 233/2017 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más Alto Tribunal resolvió que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser el recurso efectivo e idóneo para combatirlo. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución. De dicha contradicción, derivó la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, con número de registro digital 2017640, de rubro y texto: (.) Por su parte, en la diversa contradicción de tesis 265/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. De igual manera, estableció que la regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. De dicho criterio derivó la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, con número de registro digital: 2005039, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." En consecuencia, si bien, dicho criterio hace referencia a los casos en los que los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que sean emitidos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, en el presente caso, tal razonamiento resulta aplicable por analogía, al ser el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en recurso efectivo e idóneo para combatir las omisiones por parte del Ministerio Público. Recurso que además, es idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en perjuicio de la persona menor de edad. Por tanto, como se señaló anteriormente, en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable la invocada causal de improcedencia, tomando en consideración que tal omisión no fue impugnada a través del recurso ordinario procedente antes señalado, que aún, ante la innominación de dicho recurso, establece en lo conducente, que las partes podrán impugnar ante el Juez de Control la omisión del Ministerio Público de investigar. En esas condiciones, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por *******, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, del citado ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, **** y *****, en virtud de que acreditaron el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a ***** con las limitaciones que establece dicho numeral por no acreditar dicho registro. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

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