Sofía Gordillo Morales

Expediente 104/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
104/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Sofía Gordillo Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinte de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que precede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a) de la propia Ley, en contra del auto de seis de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Sofía Gordillo Morales, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad, sin que la parte quejosa la hubiese recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. ANOTACIONES Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El juicio principal es destruible, dado que se desechó la demanda por improcedente. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su destrucción. El presente expediente carece de relevancia documental. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es destruible y la fecha en que se ordena su archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes...

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que al actuario adscrito no le fue posible notificar el proveído de seis de junio del presente año, a la quejosa Sofía Gordillo Morales, por las razones que expone. En consecuencia, túrnense los presentes autos al fedatario judicial adscrito, para efecto de que proceda a realizar la notificación al citado quejoso, respecto del presente proveído y, del auto de seis de junio del año en curso, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos... En seis de junio de dos mil dieciocho, doy cuenta al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con la demanda de amparo promovida por Sofía Gordillo Morales, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad, registrada con el folio 122, siete copias de traslado y sin anexos. Conste. Villahermosa, Tabasco, seis de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Sofía Gordillo Morales, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 104/2018-IV-7, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). ANÁLISIS DE LA DEMANDA En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, es decir, basta con el análisis de la demanda para advertirla sin necesidad de llegarse constancias del juicio generador. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado principal se hace consistir en: ".La resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada en el Toca de Apelación 195/2018-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y su ejecución." Esto es, la Sala responsable medularmente modificó la audiencia previa y de conciliación de treinta de enero de dos mil dieciocho (en la que la aquí quejosa hizo valer la excepción de prescripción), efectuada en el expediente 497/217, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Diligencias de Información de Dominio, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco y, en su defecto ordenó continuar con el procedimiento principal y acordar respecto a la dilación probatoria. Acto acontecido dentro del juicio que no es de imposible reparación, cuando se resuelve en relación a la excepción de prescripción. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Luego, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la parte quejosa algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: " a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (...)" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como puede advertirse, la determinación reclamada constituye un acto de índole intraprocesal, dado que el juicio de origen no ha concluido ni se ha dictado una resolución que le ponga fin y el acto reclamado no puede considerarse dentro de los supuestos de excepción que permitan establecer que se está ante un acto de ejecución irreparable, pues debe puntualizarse, que es en la resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho, en la que la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, ordenó continuar con el procedimiento en el expediente 497/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Diligencias de Información de Dominio y, como consecuencia de ello se acuerde la etapa relativa a la dilación probatoria, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Es así, pues no afecta directa e inmediatamente prerrogativa fundamental del gobernado (ningún derecho sustantivo, o propiedades, posesiones, vida, libertad, intimidad, etc.); por lo que, no se considera como acto de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Ciertamente, ese acto ningún perjuicio irreparable le irroga, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues existe la posibilidad de que obtenga sentencia favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En última instancia, esa determinación reclamada puede ser combatida de darse los requisitos, como violación procesal mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva. Para lo anterior sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 108/2005, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 294 del Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época que dice: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.13o.C.26 C, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1643 del Tomo XIX, Marzo de 2004, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente: "VÍA, EXCEPCIÓN DE LA. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LA DECLARÓ INFUNDADA. La resolución que confirma la interlocutoria que declaró infundada la excepción de improcedencia de la vía (incluso en juicio ejecutivo mercantil) no irroga perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica sustantiva de la quejosa, esto es, no afecta directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales (propiedades, posesiones o derechos), ya que los efectos de dicha resolución no son otros sino los de desestimar la excepción dilatoria procesal opuesta por la demandada a fin de que se siga con el procedimiento en la forma en que fue ordenado en el auto admisorio de la demanda, para que previo el trámite del juicio se dicte el fallo definitivo, pues el embargo no es decretado en aquella resolución (en la que se resolvió la excepción procesal de mérito), sino en el auto que admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil. De manera que no puede hacerse depender la subsistencia de tales determinaciones (mandamiento con efectos de ejecución y el correspondiente embargo) de la resolución que desestimó la excepción de improcedencia de la vía, pues de ese modo se desnaturalizaría no solamente el juicio de amparo en la vía indirecta, cuya procedencia se encuentra reservada para que, tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento, solamente pueda analizarse la constitucionalidad de aquellos que afecten directa e inmediatamente los derechos sustantivos del gobernado, sino también el sentido de la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "APELACIÓN MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE LA INTERPUESTA EN CONTRA DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA EN UN JUICIO EJECUTIVO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.", al establecer que el referido auto admisorio es el que tiene como efecto que se requiera de pago a la demandada y, no haciéndolo, el embargo de bienes suficientes para cubrir la deuda amparada con el documento base de la acción, que trae aparejada ejecución, así como las costas respectivas, según lo previsto por el artículo 1392 del Código de Comercio, pues estimar lo contrario equivaldría a aceptar que basta con que mediante la interlocutoria correspondiente se declare injustificada cualquier otra excepción procesal o de previo y especial pronunciamiento en un juicio ejecutivo o que la parte demandada solicite el levantamiento del embargo trabado sobre sus bienes, para que contra las resoluciones desestimatorias, respectivamente, de la excepción o de la petición de liberarla de dicho gravamen, proceda el amparo indirecto bajo el argumento de que con ellas se está dejando subsistente el secuestro de su peculio." De ahí que, es evidente que a tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues lo cierto es que en el particular, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, que no ha concluido; esto es, se encuentra substanciándose. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo define en forma concreta que los actos de imposible reparación como aquellos que materialmente afectan los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; en otras palabras, excluyó la posibilidad de interpretar qué actos podrían ser considerados como de imposible reparación, limitándolo a los que transgredieran materialmente derechos sustantivos. En ese contexto, si los criterios que interpretaban los actos que debían ser considerados como de imposible reparación (definiéndolos como aquellos que transgredían derechos adjetivos en grado superior y predominante), se emitieron a la luz del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior a las reformas publicadas el dos de abril de dos mil trece; y actualmente el artículo 107, fracción V, de la propia normatividad legal, los define en forma limitativa como aquellos que transgreden derechos sustantivos, es claro que todas las tesis y criterios jurisprudenciales que van en contra de dicha disposición normativa no son aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. Por tanto, no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues esa determinación no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino que únicamente tiene efectos formales impugnables en vía de amparo una vez que concluya definitivamente ante la potestad común. De ahí que el acto reclamado no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación y además, no es una determinación que sea de autonomía destacada u caso de excepción como lo son los actos que pongan en peligro la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, por lo que a la luz de las constancias que lo conforman, es factible arribar a esta conclusión y evidenciar la actualización de la causal invocada. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado, lo que es la resolución treinta de abril de dos mil dieciocho, en la que la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, ordenó continuar con el procedimiento en el expediente 497/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Diligencias de Información de Dominio y, como consecuencia de ello se acuerde la etapa relativa a la dilación probatoria, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor de la aquí quejosa, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. En apoyo a lo considerado en el párrafo que antecedente, se cita la jurisprudencia I.5o.C. J/29, de registro 218725, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la foja 41, gaceta 56-agosto de 1992, materia común, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACION DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, pues basta con la lectura de la demanda para patentizar la actualización de la causal invocada, esto es, no es necesario, como ya se dijo, allegarse de constancia alguna del juicio de origen. Sustentan esta determinación, las tesis consultables en las páginas 293 y 666-667 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo respectivo rubro y tenor son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193, Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193) de la Ley Reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la Jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción.". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que índica en su libelo de cuenta y, por autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo del numeral 24 de la Ley de Amparo, a las personas que para tal efecto señaló en el escrito de que se trata. MEDIOS DIGITALES Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la Carta Magna, 1, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales (los cuales serán resguardados); ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1° fracción VI, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se ordena a la Secretaria de este Juzgado encargada del trámite del expediente, que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, atento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico...

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