Sofia Cervantes Ochoa
Expediente 472/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sofia Cervantes Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de marzo de dos mil veintidós. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito firmado por Ricardo Arturo Lagunes Gasca, apoderado legal de la parte quejosa, en atención a su contenido, previa copia simple que se deje en autos, devuélvansele la documentales que solicita Asimismo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca en este juzgado, con identificación oficial vigente, en día y hora hábiles de labores, a recoger los documentos exhibidos al presente juicio; en el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de dicho promovente que para ingresar a las instalaciones que ocupan este juzgado federal a fin de hacer entrega de las citadas documentales, debe generar cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que ella, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. En el entendido, que sin cita no se les permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este Juzgado de Distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden consultar en la lista electrónica la síntesis acuerdo o simple consulta electrónica del expediente previa solicitud y usuario electrónico que proporcione conforme el asignado por el Portal relativo, opción última que evita mayores molestias o exposición innecesaria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de octubre de dos mil veintiuno. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 4378, firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 19003/2021, por el que se remitió el escrito de expresión de agravios y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa contra el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el cual fue radicado y admitido como recurso de queja civil 181/2021, de su índice, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. REMITE BOLETA DE TURNO [16711]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el correo electrónico proveniente de la dirección de correo electrónico sise@cjf.gob.mx, mismo que contiene la boleta de turno correspondiente al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de desecho la demanda de amparo origen del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, de la que se advierte que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, sin que sea posible advertir el número de expediente bajo el cual quedo registrado dicho medio de defensa; circunstancia, de la que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta signado por Ricardo Arturo Lagunes Gasca, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintitrés de agosto del año en curso, esto es, acredita con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta, es decir, de apoderado legal de la quejosa Sofía Cervantes Ochoa, al tenor de la copia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas de uno de junio de dos mil veintiuno, otorgado en su favor ante la fe del Notario Público Número 13 con ejercicio y residencia en Ciudad Juárez, Distrito Judicial Bravos, Estado de Chihuahua; consecuentemente, en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida tal personalidad, para los efectos legales correspondientes. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El promovente del amparo señala textualmente como acto reclamado lo siguiente: "SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha 16 de agosto de 2021 notificada el 18 de agosto de 2021, por el que resuelve que deviene improcedente el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTO EN EL EMPLAZAMIENTO que promovió SOFÍA CERVANTES OCHOA en el EXPEDIENTE 5/2020 del índice de la autoridad responsable JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COAHUAYANA DE HIDALGO, MICHOACÁN." DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, y 172, fracciones V y XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis del epígrafe: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. El prototipo de los primeros (actos de imposible reparación), está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto, se invoca el criterio siguiente: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y la parte quejosa debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero, relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pág. 39 Jurisprudencia(Común) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pag. 1902 Jurisprudencia(Común) ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, la quejosa Sofía Cervantes Ochoa, a través de su apoderado legal Ricardo Arturo Lagunes Gasca, reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, la resolución interlocutoria de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio 5/2020, promovió por Arturo Cambrón García, en contra de la peticionaria de amparo. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, expresó el promovente en la demanda de amparo; siendo los siguientes: 1. Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, se tramita el juicio 5/2020, promovido por Arturo Cambrón García, frente a la quejosa Sofía Cervantes Ochoa. 2. Desde hace aproximadamente dos años, la peticionaria de la tutela federal reside en Ciudad Juárez, Chihuahua; sin embargo, a finales del mes de mayo de dos mil veintiuno, viajó a la ciudad de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, para visitar a unos familiares que residen en esa localidad, específicamente al domicilio de sus padres, lugar donde el veintisiete del referido mes y año, se presentó personal del Juzgado señalado como responsable, quien le informó que contaba con el término de nueve días para dar contestación a la demanda entablada en su contra. 3. Derivado de lo anterior y en razón de que la agraviada reside en Ciudad Juárez, Chihuahua, el siete de junio de dos mil veintiuno, promovió incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, llevado respecto de su persona dentro del indicado juicio 5/2020. 4. Con fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, fue resuelta por parte del Juez responsable dicha incidencia, declarándola improcedente, misma que aduce el promovente le fue notificada el dieciocho del propio mes y año; acto de autoridad que constituye materia del reclamo en la presente instancia constitucional. Antecedentes que, como se mencionó, el promovente del amparo los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Bajo ese contexto, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no le reviste el carácter de definitivo, en razón de que se trata de actos de naturaleza intraprocesal, en este caso, la resolución interlocutoria de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio 5/2020, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, promovido por la quejosa Sofía Cervantes Ochoa, en su carácter de parte demandada; acto de autoridad que de momento no tiene sobre la persona de la agraviada una ejecución que se considere irreparable, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. Luego entonces, ese acto de molestia y sus efectos, no se traducen en violación a las leyes del procedimiento que, en su caso, afectan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado de la respectiva resolución que en su momento se llegue a dictar dentro del juicio de origen 5/2020, lo que implica que en el caso se está en presencia de actos intraprocesales, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, al no vulnerarse de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el juicio de que se trata, de ser contraria a los intereses de la agraviada, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante el medio de defensa que en su momento, en su caso, ésta haga valer; de ahí que, se determine desechar la demanda de amparo, en los términos anotados. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis del tenor literal siguiente: Tesis: VI.2o.C. J/11 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2003448 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Pag. 1993 Jurisprudencia(Común) VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley. De esta forma, es manifiesto que es improcedente la demanda de amparo, toda vez que en el caso, el acto de autoridad que se combate no es de aquéllos que de manera inmediata cause un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos, como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172 fracción V, en concordancia con la fracción V del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sofía Cervantes Ochoa, por conducto de su apoderado legal Ricardo Arturo Lagunes Gasca. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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