Sofia Castaneira Chairez

Expediente 491/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
491/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
13/08/2018

Partes del expediente

  • Sofia Castaneira Chairez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El trece de agosto de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiséis de julio al ocho de agosto de dos mil dieciocho, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de julio del año en curso, dentro del juicio de amparo número 491/2018. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que si existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que dentro del referido juicio no se tramitó incidente de suspensión, por lo que tampoco existe billete de depósito exhibido. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de julio del año en curso, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo por desistimiento de la quejosa; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra un documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y REQUIERA a Sofía Castaneira Cháirez, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, a fin de que con identificación oficial y vigente y en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 13 DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "El trece de agosto de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiséis de julio al ocho de agosto de dos mil dieciocho, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de julio del año en curso, dentro del juicio de amparo número 491/2018. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que si existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que dentro del referido juicio no se tramitó incidente de suspensión, por lo que tampoco existe billete de depósito exhibido. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de julio del año en curso, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo por desistimiento de la quejosa; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra un documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y REQUIERA a Sofía Castaneira Cháirez, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, a fin de que con identificación oficial y vigente y en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 491/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Sofía Castaneira Cháirez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Gobernador del Estado de Zacatecas. Legislatura del Estado de Zacatecas. Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "A través de la presente demanda de amparo, se reclama el decreto número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, en específico del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente a partir del 01 de enero de 2018 y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Lo anterior, toda vez que los artículos 78, 79, 80, 81, 82, y 99 todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, constituyen una verdadera unidad o sistema normativa, cuya base tributaria se vincula directamente con el artículo 99 de la referida Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. En estos términos, se reclama de cada una de las autoridades responsables lo siguiente: Del Congreso del Estado de Zacatecas: La discusión, aprobación, sanción y expedición de los artículos contenidos en el Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de derechos y defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas: La promulgación y publicación del Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de derechos y defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: La recaudación del impuesto adicional para la infraestructura y del derecho por servicio de control vehicular." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en el artículo 14, 16, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial, por lo que se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: - De la Legislatura y del Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la expedición y promulgación de: a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura. b) El numeral 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho, que establece el derecho por el servicio de control vehicular. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas: - La aplicación de los artículos 78 a 82 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, mediante el recibo con número de folio V 184959 (66 A). TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la expedición de las normas combatidas (fojas 63 a 106 del juicio de amparo). Por otra parte, el Gobernador del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la promulgación de los artículos reclamados (fojas 31 a 61 del juicio de amparo). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por su parte, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado del oficio 4515/2018 (foja 30 del juicio de amparo), por lo que de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de amparo, se presume cierto el acto que la parte quejosa le reclamó. Máxime que, la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, el recibo fiscal expedido por la Secretaría de referencia; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, al estar involucrado el cobro de un derecho (control vehicular) resulta indudable que la participación del secretario responsable en la exacción combatida se encuentra acreditada, al no tratarse de la autoliquidación de un tributo, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, ya que no existe la posibilidad de erogar una cantidad diversa y, mientras no se pague, no se presta el servicio. Sustenta lo anterior, por las razones que informa, la tesis IX.1o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 1701, Libro XX, mayo de 2013, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE DETERMINAR Y COBRAR LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL TENER EL CARÁCTER DE EJECUTORAS DE LA LEY RECLAMADA DEBEN SER LLAMADAS A JUICIO. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, entre otras, aquellas que ejecutan la ley reclamada. En ese supuesto se encuentran las autoridades administrativas que determinan y cobran los derechos por los servicios de planeación previstos en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2012, toda vez que son ellas quienes ejecutan dicha norma cuando fijan el monto a pagar por el servicio, pues a diferencia de lo que sucede con el pago de impuestos, cuya recepción no es un acto imputable a las autoridades receptoras del tributo, tratándose del cobro de derechos no existe autodeterminación o autoliquidación alguna por parte de la persona que solicita el servicio, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, y mientras no se pague, no presta el servicio. Por ese motivo, es necesario llamarlas a juicio con el carácter de autoridades responsables ejecutoras, sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se reclame el acto de aplicación por vicios propios, ya que la razón por la que debe emplazárseles obedece a que su participación en el procedimiento puede ser relevante, al estar en aptitud de hacer valer motivos que impliquen la actualización de alguna causa de improcedencia." En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: El veintidós de enero de dos mil dieciocho, la parte quejosa erogó en favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas la cantidad de $2,680.00 (dos mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), entre otros, por los conceptos de derecho de control vehicular y por impuesto adicional para la infraestructura, tal y como se advierte del recibo que se acompañó a la demanda de amparo. Las contribuciones anteriores constituyen la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados a que se hace referencia, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el suscrito Juez Federal advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (.)" En efecto, mediante escrito con número de folio 14339, recibido en este órgano jurisdiccional el doce de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la parte quejosa Sofía Castaneira Cháirez, compareció a este tribunal en el que manifestó: "C. SOFÍA CASTANEIRA CHÁIREZ, con la personalidad que tengo acreditada en los autos del Juicio citado, ante Usted, comparezco con respeto y digo: Sirva el presente, por el que vengo a Desistirme de la presente Demanda de Amparo; lo anterior por asó convenir a mis intereses." De lo trascrito deriva que la parte quejosa se desistió expresamente del presente juicio de amparo por así convenir a sus intereses. En ese orden de ideas, mediante proveído de trece de julio del año en curso, este juzgado federal requirió a la peticionaria de amparo, para el efecto de que ratificara su ocurso de desistimiento. En esas condiciones, la comparecencia de la quejosa Sofía Castaneira Cháirez, a través de la cual expresó ante este tribunal el desistimiento del presente juicio de amparo, pone de manifiesto que renunció a que este órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. En cumplimiento al requerimiento antes apuntado, a las catorce horas con quince minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciocho la parte quejosa se presentó personalmente ante este juzgado con la debida identificación a ratificar su escrito de desistimiento, diligencia en que reiteró su voluntad, de forma libre y espontánea, ante la presencia del secretario de juzgado adscrito a este tribunal. Por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo ante el desistimiento expreso vertido por la parte quejosa ante esta autoridad. Así, el suscrito juzgador estima que el desistimiento manifestado por la quejosa ante este tribunal actualiza el supuesto previsto por el mencionado artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, pues conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia, siempre y cuando no exista sentencia ejecutoria. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de 2002, página 147, cuyo rubro y texto se leen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". En las relacionadas consideraciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por Sofía Castaneira Cháirez, de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que procede el sobreseimiento por desistimiento expreso del quejoso. Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 491/2016, promovido por Sofía Castaneira Cháirez contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Finanzas, todos con sede en esta ciudad, a saber, los artículos 78 a 82 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 184959 (66 A); por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, el dieciocho de julio de dos mil dieciocho en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Carlos Saucedo Ramírez, secretario que autoriza y da fe. L´SDelgado

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 491/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Sofía Castaneira Cháirez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Gobernador del Estado de Zacatecas. Legislatura del Estado de Zacatecas. Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "A través de la presente demanda de amparo, se reclama el decreto número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, en específico del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente a partir del 01 de enero de 2018 y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Lo anterior, toda vez que los artículos 78, 79, 80, 81, 82, y 99 todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, constituyen una verdadera unidad o sistema normativa, cuya base tributaria se vincula directamente con el artículo 99 de la referida Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. En estos términos, se reclama de cada una de las autoridades responsables lo siguiente: Del Congreso del Estado de Zacatecas: La discusión, aprobación, sanción y expedición de los artículos contenidos en el Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de derechos y defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas: La promulgación y publicación del Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de derechos y defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: La recaudación del impuesto adicional para la infraestructura y del derecho por servicio de control vehicular." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en el artículo 14, 16, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial, por lo que se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: - De la Legislatura y del Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la expedición y promulgación de: a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura. b) El numeral 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho, que establece el derecho por el servicio de control vehicular. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas: - La aplicación de los artículos 78 a 82 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, mediante el recibo con número de folio V 184959 (66 A). TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la expedición de las normas combatidas (fojas 63 a 106 del juicio de amparo). Por otra parte, el Gobernador del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la promulgación de los artículos reclamados (fojas 31 a 61 del juicio de amparo). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por su parte, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado del oficio 4515/2018 (foja 30 del juicio de amparo), por lo que de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de amparo, se presume cierto el acto que la parte quejosa le reclamó. Máxime que, la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, el recibo fiscal expedido por la Secretaría de referencia; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, al estar involucrado el cobro de un derecho (control vehicular) resulta indudable que la participación del secretario responsable en la exacción combatida se encuentra acreditada, al no tratarse de la autoliquidación de un tributo, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, ya que no existe la posibilidad de erogar una cantidad diversa y, mientras no se pague, no se presta el servicio. Sustenta lo anterior, por las razones que informa, la tesis IX.1o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 1701, Libro XX, mayo de 2013, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE DETERMINAR Y COBRAR LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL TENER EL CARÁCTER DE EJECUTORAS DE LA LEY RECLAMADA DEBEN SER LLAMADAS A JUICIO. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, entre otras, aquellas que ejecutan la ley reclamada. En ese supuesto se encuentran las autoridades administrativas que determinan y cobran los derechos por los servicios de planeación previstos en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2012, toda vez que son ellas quienes ejecutan dicha norma cuando fijan el monto a pagar por el servicio, pues a diferencia de lo que sucede con el pago de impuestos, cuya recepción no es un acto imputable a las autoridades receptoras del tributo, tratándose del cobro de derechos no existe autodeterminación o autoliquidación alguna por parte de la persona que solicita el servicio, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, y mientras no se pague, no presta el servicio. Por ese motivo, es necesario llamarlas a juicio con el carácter de autoridades responsables ejecutoras, sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se reclame el acto de aplicación por vicios propios, ya que la razón por la que debe emplazárseles obedece a que su participación en el procedimiento puede ser relevante, al estar en aptitud de hacer valer motivos que impliquen la actualización de alguna causa de improcedencia." En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: El veintidós de enero de dos mil dieciocho, la parte quejosa erogó en favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas la cantidad de $2,680.00 (dos mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), entre otros, por los conceptos de derecho de control vehicular y por impuesto adicional para la infraestructura, tal y como se advierte del recibo que se acompañó a la demanda de amparo. Las contribuciones anteriores constituyen la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados a que se hace referencia, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el suscrito Juez Federal advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (.)" En efecto, mediante escrito con número de folio 14339, recibido en este órgano jurisdiccional el doce de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la parte quejosa Sofía Castaneira Cháirez, compareció a este tribunal en el que manifestó: "C. SOFÍA CASTANEIRA CHÁIREZ, con la personalidad que tengo acreditada en los autos del Juicio citado, ante Usted, comparezco con respeto y digo: Sirva el presente, por el que vengo a Desistirme de la presente Demanda de Amparo; lo anterior por asó convenir a mis intereses." De lo trascrito deriva que la parte quejosa se desistió expresamente del presente juicio de amparo por así convenir a sus intereses. En ese orden de ideas, mediante proveído de trece de julio del año en curso, este juzgado federal requirió a la peticionaria de amparo, para el efecto de que ratificara su ocurso de desistimiento. En esas condiciones, la comparecencia de la quejosa Sofía Castaneira Cháirez, a través de la cual expresó ante este tribunal el desistimiento del presente juicio de amparo, pone de manifiesto que renunció a que este órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. En cumplimiento al requerimiento antes apuntado, a las catorce horas con quince minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciocho la parte quejosa se presentó personalmente ante este juzgado con la debida identificación a ratificar su escrito de desistimiento, diligencia en que reiteró su voluntad, de forma libre y espontánea, ante la presencia del secretario de juzgado adscrito a este tribunal. Por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo ante el desistimiento expreso vertido por la parte quejosa ante esta autoridad. Así, el suscrito juzgador estima que el desistimiento manifestado por la quejosa ante este tribunal actualiza el supuesto previsto por el mencionado artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, pues conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia, siempre y cuando no exista sentencia ejecutoria. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de 2002, página 147, cuyo rubro y texto se leen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". En las relacionadas consideraciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por Sofía Castaneira Cháirez, de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que procede el sobreseimiento por desistimiento expreso del quejoso. Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 491/2016, promovido por Sofía Castaneira Cháirez contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Finanzas, todos con sede en esta ciudad, a saber, los artículos 78 a 82 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 184959 (66 A); por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese, personalmente a las partes. ...2

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