Sofía Cantú Marcos

Expediente 1677/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1677/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, Miriam Cortés Cisneros.
  • Sofía Cantú Marcos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que el presente expediente se encuentra debidamente integrado, por lo cual, dese cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de julio del año dos mil veintitrés, en relación con el recurso de revisión interpuesto por ********************, apoderada legal de las quejosas ********************y********************, en contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en turno, en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el original del presente juicio de amparo con dos tomos de pruebas, así como original y copia del escrito de interposición de recurso de revisión y expresión de agravios. Por otra parte, visto el escrito presentado por ********************, apoderada legal de la parte quejosa; en atención a su contenido dígase a la promovente que no ha lugar a expedirle la copia que solicita, toda vez que el proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés únicamente se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa. Notifíquese por lista y cúmplase.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el escrito presentado por********************, apoderada legal de las quejosas ********************, en el presente juicio; en atención a su contenido, se le tiene a dicha parte procesal desahogado el requerimiento ordenado en auto de diecinueve del mes y año en curso, y exhibiendo cuatro juegos de copias de su escrito de interposición del recurso de revisión. Ahora bien, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88 y 90 de la Ley de Amparo, se tiene planteado el recurso de revisión intentado, contra la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original; distribúyanse las restantes entre las partes procesales y una vez hechas las notificaciones correspondientes, remítase el original de dicho escrito, y una copia para el representante social federal así como los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, residente en esta ciudad, para la substanciación del citado recurso. Háganse las anotaciones que corresponden en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E".

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por ******************** ********************, en su carácter de apoderada legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio. Ahora bien, previo a realizar pronunciamiento respecto de la tramitación del medio de impugnación en comento, y toda vez que la recurrente no exhibe copias suficientes para notificar a todas las partes de la interposición de dicho recurso; con fundamento en el artículo 88, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos legales la notificación del presente proveído, exhiba cuatro copias más de su escrito de agravios y anexos; ello, en razón de que el original y una copia serán será enviado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo que corresponda; una copia es para el Ministerio Público adscrito a este Juzgado; una copia más para cada autoridad responsable, una más para ser agregada al expediente principal. Apercibida la promovente que de no hacerlo en el lapso indicado, se tendrá por no interpuesto el recurso en mención.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de Los Bravo, y turnado el nueve siguiente, por razón de turno a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************y********************, a través de su apoderada legal ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia, contra la autoridad y por el acto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: * Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "El acuerdo de fecha diez de noviembre del año dos mil veintidós, en el que los miembros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje NIEGAN VINCULAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL CONGRESO DEL ESTADO, quienes se encargan de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello están obligadas a auxiliar a la autoridad responsable para hacer cumplir sus determinaciones en la estera de SUS respectivas competencias. REALIZANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ASI COMO PROPONER Y SOLICITAR A LA SOBERANIA ESTATAL, LA PROGRAMACION DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, ya que evidentemente con dicha negativa se transgrede derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los cuales el estado mexicano es parte". La parte quejosa citó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo recibido el escrito de demanda y anexos, se ordenó registrar en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento Integral de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo número 1677/2022, y se admitió a trámite; por ende, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda y anexos; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que los actos que se reclaman le son imputados a una autoridad que tiene su residencia en el ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que la parte quejosa se duele de: El auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************en el que los integrantes del Pleno del tribunal laboral responsable niega vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; Congreso del Estado y Poder Ejecutivo, al cumplimiento del laudo, como le fue solicitado por la parte obrera -aquí quejosa-. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad el acto reclamado existe, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir el acto combatido resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es cierto el acto atribuido a los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, precisado en el segundo considerando de esta sentencia, no obstante que al rendir los correspondientes informes justificados la responsable negó estar violando los derechos de la parte quejosa, e hizo manifestaciones posteriores, que dejaron ver la certeza de la omisión atribuida. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Certeza que se corrobora con las constancias que remitió de las que se destaca la existencia del escrito de promoción aludido, así como del auto fechado en diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ******************** de su índice, documentales a las que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Página: 553, Materia Común, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Atendiendo lo anterior, de las constancias de autos no se advierte que se actualice causa de improcedencia alguna, por lo que se procede a analizar la legalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. En relación al acto reclamado consistente en el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el cual la responsable se negó vincular al Poder Ejecutivo del Estado; Secretaría de Finanzas y Administración y Congreso de Estado, todos del Estado de Guerrero, además, omitió tomar las medidas eficaces para el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral ********************. Como conceptos de violación, la parte quejosa expresó los contenidos en su escrito inicial de demanda, cuya transcripción se omite en obvio de innecesarias repeticiones, y además, porque en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo, de conformidad con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En ese sentido, debe sostenerse que es fundado el único concepto de violación, aun cuando para estimarlo así sea necesario suplir la deficiencia de la queja con apoyo en lo dispuesto en el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo, al tratarse de la parte trabajadora en el juicio obrero de origen, en relación al 76 de la citada Ley. La parte quejosa de amparo se duele medularmente de que los integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, le negó la solicitud respecto a vincular al Poder Ejecutivo del Estado (Gobernador del Estado de Guerrero), Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y Congreso del Estado de Guerrero, para lograr así la pronta y completa ejecución del laudo emitido en el juicio laboral ********************además de que se le violenta su garantía de una tutela jurisdiccional efectiva, pues, narra en los antecedentes de su demanda, que el doce de junio de dos mil catorce, el tribunal laboral dictó acuerdo de ejecución por falta de cumplimiento al convenio celebrado entre las partes, requiriendo a la parte demandada -aquí tercera interesada- el pago de la condena establecida, y a pesar de que ha requerido en muchas ocasiones y le ha aplicado las multas respectivas, no ha podido ejecutarlo, cumpliendo a la fecha de emisión de la presente resolución, nueve años, desde la emisión del laudo. La anterior, se corrobora con las copias certificadas que obran en el presente juicio constitucional, relativas al juicio de origen y que fueron allegadas por la autoridad responsables como justificación a su informe, documentales a las que se ha concedido valor probatorio pleno previamente. Es aplicable en el caso, la tesis de jurisprudencia identificada como Tesis: PC.XXI. J/14 L (10a.), del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1379, Décima Época, Materias(s): Común, registro digital: 2017787, del tenor siguiente: "AUTO DICTADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAUDO, QUE NIEGA PROVEER SOBRE UNA MEDIDA DE APREMIO O IMPONER UNA DE MAYOR ENTIDAD PARA EJECUTARLO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El acto de carácter negativo que tiene la consecuencia de no dictar una medida eficaz para lograr el cumplimiento cabal del laudo que constituye cosa juzgada, constituye una resolución que tiene una autonomía propia de la materia resuelta en el laudo, que es cosa juzgada y a la vez afecta de manera directa, inmediata y materialmente el derecho de la parte vencedora a que el laudo se ejecute de manera eficaz y, por ende, afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente el derecho a que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial; esto es, la ejecución de una sentencia o laudo que constituye cosa juzgada es un derecho a la jurisdicción de carácter sustantivo al ser inherente al derecho a que se administre justicia, pues una sentencia o laudo con calidad de cosa juzgada solamente tiene eficacia para el gobernado cuando el derecho reconocido, constituido, declarado o restituido, ingresa materialmente a su patrimonio de manera total y plena. En consecuencia, el juicio de amparo indirecto procede contra el auto dictado en el periodo de ejecución de laudo que niega proveer sobre una medida de apremio o imponer una de mayor entidad para ejecutarlo, toda vez que afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva y porque aun cuando dicha negativa no tenga la consecuencia de paralizar en forma total la ejecución del laudo, sí tiene la de obstaculizar de manera indefinida su ejecución del laudo, con lo cual no se logra una justicia pronta y eficaz." Luego, antes de estudiar el acto reclamado, es preciso establecer los siguientes lineamientos: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que las leyes federales y locales deben establecer los medios necesarios para que garanticen la plena ejecución de las resoluciones que emitan los Tribunales del Estado Mexicano, pues en forma literal dispone: "Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ... Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. ..." Esta obligación constitucional de ejecutar de manera eficaz las sentencias o laudos que decidan una controversia en cualquier materia, queda comprendido en lo que se denomina el derecho a la administración de justicia o tutela efectiva, pues no basta el solo dictado de una sentencia o laudo y que causen ejecutoria para restablecer el orden legal, sino hasta que, es necesario que lo condenado quede plenamente ejecutado. En ese sentido, la Ley Numero 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece la obligatoriedad del cumplimiento de los laudos, por parte de las autoridades demandadas y le impone la obligación de dictar toda las medidas que sean necesarias para ello, en los artículos 94 y 97, al señalar: "ARTICULO 94.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego por las autoridades y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados correspondientes. ARTICULO 97.- El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." Por su parte, el artículo 95, de la Ley Numero 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece la facultad del tribunal laboral para imponer multas de doscientos a quinientos días de salario mínimo, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; numeral que literalmente dice: "ARTICULO 95.- El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero." Sin embargo, debe advertirse que la multa, no es la única medida de apremio con la que, la autoridad laboral puede intimar al órgano del estado condenado, ya que cuenta con una gama de instrumentos legales para lograr su pretensión, en el caso, de ejecutar el laudo condenatorio. Para justificar lo anterior, resulta necesario aplicar de manera supletoria a la Ley Numero 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, el artículo 147, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, que establece la obligación entre otras, de las autoridades civiles de auxiliar al órgano de justicia laboral para cumplimentar sus resoluciones, dispositivo legal que señala: "Artículo 147.- Las autoridades civiles y militares están obligadas a prestar auxilio al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello." En este sentido, debe decirse que si bien, la multicitada ley burocrática estatal no establece disposición alguna que permita aplicar en forma supletoria otras leyes, dicha figura encuentra sustento en el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo de la Constitución General de la República, que dice: "VIII. . Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias." Al respecto el aplicable la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materias Constitucional, Laboral, página 227, registro digital 168880, que dice: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa." Al igual resulta aplicable al caso la tesis XXI. 1o. 40 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octava Época, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 378, registro digital 210309, de la literalidad siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO. LEGISLACION SUPLETORIA. Si bien la ley número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, adolece de alguna disposición que permita la supletoriedad de otras legislaciones laborales para lo no previsto en dicho ordenamiento; cabe advertir que la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo a este ordenamiento, tiene como sustentación jurídica las siguientes disposiciones: la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Federal que prevé en su segundo párrafo: "Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias"; por lo que, en el caso, la ley en cuestión debe basarse en lo preceptuado por el numeral 123 constitucional, así como en las leyes que reglamentan sus distintos apartados, es decir, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado "A" y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "B"." Ahora, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, tiene como función primordial la de administrar la Hacienda Pública Estatal, con la correlativa obligación de proporcionar los recursos necesarios a los Ayuntamientos para hacer frente a sus obligaciones, dispositivo legal que es de la literalidad que sigue: "ARTÍCULO 22. La Secretaría de Finanzas y Administración, es el órgano encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: ( ... )." Por su parte, el ejecutivo del Estado, en su carácter de superior jerárquico del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, está facultado, para que con base en sus atribuciones le ordene al secretario en comento, cumplir con lo requerido. Por cuanto hace al Congreso del Estado, se observa que, la Constitución Política del Estado de Guerrero, en los artículos 61, fracción XXVII, y 62, fracciones I y IV, lo faculta para aprobar el presupuesto de egresos e incluso para autorizar el endeudamiento por parte de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero, a efecto de que cumplan con sus obligaciones económicas; numerales que son de la literalidad que sigue: "Artículo 61. Son atribuciones del Congreso del Estado: . XXVII. Integrar en el presupuesto de egresos las aportaciones y participaciones federales a los municipios, de acuerdo a las leyes correspondientes;." "Artículo 62. El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente: Recibir, discutir y aprobar, en su caso, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado; . IV. Autorizar la contratación de endeudamiento por parte del gobierno del Estado y los Ayuntamientos, con el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, que no podrá exceder del diez por ciento del monto de su presupuesto anual. ." Al respecto resulta aplicable por las razones que la sustentan la tesis VI.2o.T.20 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común, Laboral, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4672, con número de registro digital 2020529, que a la letra dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS. FORMA DE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO QUE ORDENA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A REALIZAR TODAS LAS ACCIONES TENDENTES A LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO QUE INVOLUCRA EL PAGO DE UNA CANTIDAD DE DINERO, Y ALGUNA DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS MANIFIESTA ESTAR IMPOSIBILITADA POR FALTA DE FONDOS EN LAS ARCAS PÚBLICAS. De las jurisprudencias P./J. 5/2011 y P./J. 6/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las diversas 1a./J. 57/2007 y 2a./J. 47/98, de la Primera y Segunda Salas, respectivamente, se concluye que tratándose de una sentencia en la que se concedió el amparo a un trabajador al servicio de un Ayuntamiento del Estado de Puebla, para que la autoridad responsable realice todas las acciones tendentes a la ejecución de un laudo que involucra el pago de una cantidad de dinero, si alguna de las autoridades condenadas al cumplimiento afirma su imposibilidad por falta de fondos en las arcas públicas, debe requerirse al director general de la Secretaría de Finanzas del Estado para que, en uso de las facultades que le concede el artículo 35, fracción XLVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla (actualmente abrogada), apruebe las respectivas adecuaciones presupuestarias que permitan contar con los recursos necesarios para que se dé cumplimiento al laudo." Tomando en cuenta todo lo anterior, se destaca el hecho que a partir del doce de junio de dos mil veintitrés, es de aplicación obligatoria la jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con sede en la Ciudad de México; registro digital 2026652, Undécima Época; Materia Laboral; Tesis PR.L.CS.J/19 L (11ª.), de datos, rubro y textos siguientes: "Registro digital: 2026652 Instancia: Plenos Regionales Undécima Época Materias(s): Laboral Tesis: PR.L.CS. J/19 L (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia LAUDOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO. PARA SU CUMPLIMIENTO, ADEMÁS DEL AYUNTAMIENTO OBLIGADO, EL TRIBUNAL PUEDE VINCULAR A CUALQUIER AUTORIDAD QUE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIAS, PUEDA REALIZAR LO NECESARIO PARA OBTENER LOS RECURSOS ECONÓMICOS INDISPENSABLES PARA ELLO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas encontradas en cuanto a si ante la existencia de un laudo, y dentro del procedimiento de ejecución, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero que lo emitió sólo debe vincular al Ayuntamiento que fue condenado o si, atendiendo al principio de acceso a una justicia pronta y completa, y siempre que el propio Ayuntamiento haya agotado las acciones necesarias para cumplir por sí el laudo, también puede vincular a cualquier autoridad que, en ejercicio de sus facultades y competencias, pueda realizar cualquier acción tendiente a obtener los recursos económicos necesarios para dicho cumplimiento, pues mientras uno de ellos determinó que atendiendo a la naturaleza constitucional del Municipio, sólo debe requerirse a éste el cumplimiento; el otro Tribunal Colegiado concluyó que, en aras de respetar tal principio constitucional, debe vincularse a las autoridades que, en uso de sus atribuciones, puedan conseguir los recursos económicos necesarios para cumplir dichos laudos, aunque no hayan participado en el procedimiento del que emanó tal resolución. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro Sur, con residencia en la Ciudad de México, considera que dentro del procedimiento de ejecución de un laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, además del Ayuntamiento de que se trate, y siempre que éste agote el o los procedimientos necesarios para cumplir por sí el laudo, debe vincularse a cualquier otra autoridad que, con motivo de sus facultades y competencias, pueda intervenir realizando las acciones pertinentes para el cumplimiento del laudo, como puede ser la asignación de recursos económicos para hacer frente a las condenas de esa naturaleza contenidas en dichas resoluciones. Justificación: El artículo 17 de la Constitución General prevé, entre otros, el principio de acceso a una justicia pronta y completa el que, entre sus alcances, tiene el de obligar a las autoridades del Estado, incluyendo a las de las entidades federativas y Municipios, a realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias y laudos emitidos por las autoridades judiciales. Así, cuando un tribunal local emitió una sentencia que condenó a un Municipio a pagar determinadas prestaciones económicas a un trabajador, y a pesar de que el Ayuntamiento agotó las acciones necesarias para cumplir por sí dicho laudo, además de que se siguió el procedimiento previsto en la legislación aplicable para exigir a aquél su cumplimiento, y aun con ello no se logró su ejecución, por lo que obligó a la parte interesada a solicitar a dicho tribunal que, además del Ayuntamiento, vinculara a diferentes autoridades de la entidad, como el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas y Administración, sin que se acordara de conformidad, el referido principio de acceso a la justicia pronta y completa autoriza al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero a vincular a cualquier autoridad con facultades y competencias para ello, a realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento de dichas resoluciones, incluyendo las relativas a la asignación de los recursos económicos necesarios para que el Ayuntamiento de que se trate las cumpla. Esto, con independencia de que tales autoridades hayan participado en el procedimiento respectivo o de que las normas internas del Estado de Guerrero prevean un procedimiento y especifiquen las autoridades que cuentan con facultades para que, a cualquier Municipio de esa entidad, le sean asignados recursos extraordinarios para atender las obligaciones económicas derivadas de un laudo". En atención a todo lo antes expuesto, después de una nueva reflexión, basada en el contenido de la jurisprudencia transcrita, se tiene al Pleno citado, sosteniendo que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el principio de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, debiendo emitir sus resoluciones de manera pronta y completa, entre otros principios; refiriendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 28/2023 (11a.), se pronunció en relación al derecho de acceso a la justicia, previsto en el citado artículo 17 constitucional, en la vertiente de ejecución material de las sentencias, pues sostuvo que a fin de cumplir ese principio, el Estado debe garantizar que los procedimientos para ello, deben ser efectivos, esto es, que su cumplimiento sea sin dilación y en un tiempo razonable. Además, el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, para arribar a la conclusión de la procedencia de vincular a diversas autoridades a cumplir con un laudo ejecutoriado, sin importar que hubieran sido parte o no en el juicio, consideró lo previsto en la Constitución Federal, así como la Constitución Política del estado de Guerrero; Ley de Coordinación Fiscal; Código Federal de Procedimientos Civiles, y la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de Guerrero, de modo que, evidenció que en el Estado de Guerrero, los Ayuntamientos tienen la facultad de solicitar, la asignación de más recursos para atender situaciones no previstas en la Ley de ingresos o egresos, ello, mediante los procedimientos previstos en las leyes locales, y así cumplir con la ejecución de un laudo, precisando que, "en esos procedimientos" participan en el ámbito de sus facultades, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, el Poder ejecutivo y el Congreso del Estado. Siguió precisando el referido Pleno Regional, que si bien, la obligación es del Estado, dentro de ésta debe incluirse a los Municipios de las entidades federativas, para realizar las acciones necesarias, a efecto de que el principio de justicia pronta y completa, previsto en el artículo 17, sea perfectamente ejecutado, esto es, que el diverso principio de supremacía constitucional obliga a todas las autoridades a que participen en el cumplimiento de las sentencias; supremacía que, desde luego, involucra al dictado de un laudo jurisdiccional, que, al declararse firme adquiere la categoría de cosa juzgada o, entiéndase mejor, como si fuera una Ley que evidentemente debe ser cumplida, sin importar si dentro de la Entidad y Municipios, exista o no legislación que prevea un procedimiento para ello, pues las autoridades que tengan facultades para intervenir en el procedimiento de ejecución de esa sentencia, están obligadas a cumplir con lo que se les solicite para que con prontitud se dé cabal cumplimiento a los laudos o sentencias; como consecuencia, deben ser vinculadas, con independencia que hayan sido parte o no en el juicio laboral de origen; pero, además, se debe atender a que el cumplimiento de las sentencias, debe ser sin dilación y en un plazo razonable, para lo cual, es indispensable que las autoridades, incluyendo las estatales y municipales, cumplan con las obligaciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes que regulan su actuar y las sentencias o laudos. De igual manera, precisó el órgano colegiado federal, que para el Estado de Guerrero, de acuerdo a lo que prevén los artículos 115, fracciones I y II, 116 y 120 de la Constitución Federal, 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, 61, fracciones XII, XXVII y XXVIII; 62, fracciones III y IV; 71; 87; 88; 91, fracciones VIII y XXXVII; 170; 171; 178, fracciones III, VII y VIII; 181; 182; 183; 185 y 186 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Guerrero, y 147, 148 y 155 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, entre otras cuestiones, los Ayuntamientos tienen la facultad de solicitar, mediante los procedimientos ahí previstos, la asignación de más recursos para atender situaciones no previstas en las leyes de ingresos o egresos, como puede ser el cumplimiento de un laudo, y dentro de esos procedimientos, participan, en el ámbito de sus respectivas facultades, la Secretaría de Finanzas y Administración, el Poder Ejecutivo del Estado y el Congreso de la entidad, sobre todo para aquellas condenas de carácter económico. Así lo consideró el Pleno Regional, en primer lugar, porque el principio de supremacía constitucional obliga a todas las autoridades a que participen en el cumplimiento de las sentencias, aunque no hayan participado en el procedimiento del que emanó dicha resolución, de ahí que, con independencia que exista o no, en la entidad federativa de que se trate, alguna legislación que obligue a diversas autoridades a participar en el procedimiento de ejecución de un laudo, lo cierto es que, en términos de lo ordenado por la Constitución Federal, deberán realizar las acciones necesarias, dentro del ámbito de sus facultades, para que dicha resolución sea cumplida, como puede ser, la participación dentro del procedimiento necesario para que a un Municipio le sean asignados recursos económicos extraordinarios con la finalidad de que cumpla con la sentencia, por lo que, ello puede implicar la vinculación del Congreso y Poder Ejecutivo del Estado, incluyendo a alguna de sus secretarías; luego, el tribunal local deberá vincularlos y hacerlos partícipes dentro del procedimiento de ejecución referido. Razones por las que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, no puede negar la vinculación de la Gobernadora del Estado, Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y Congreso del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, pues de la ejecutoria emitida por el Pleno Regional en Materia del Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, se establece su procedencia, con la única salvedad que para que esto proceda, previamente se deben agotar el procedimiento establecido en la Ley número 51 del Estado de Guerrero, la cual ordena en el apartado correspondiente lo siguiente: "T I T U L O S E X T O. DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE LA EJECUCION DE LOS LAUDOS. ARTÍCULO 95.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero. ARTÍCULO 96.- Las multas se harán efectivas por la Dirección General de Hacienda y Economía del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Dirección de Hacienda informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa señalando los datos relativos que acrediten su cobro. ARTICULO 97.- El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. ARTICULO 98.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." Aunado a lo anterior, es necesario precisar que del contenido de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con sede en la Ciudad de México; registro digital 2026652, Undécima Época; Materia Laboral; Tesis PR.L.CS.J/19 L (11ª.), puede advertirse que los razonamientos que la sustentan, entre otros son los siguientes: "(.) d) Sin embargo, como los bienes de los Municipios son inembargables, los tribunales se enfrentan a un problema real y serio para lograr que tales entidades cumplan los laudos, en los que les imponen condenas, sobre todo las económicas, lo que de ninguna forma se resuelve, por ejemplo, con la destitución de alguno de sus integrantes obligados a cumplir el laudo, como, por ejemplo, la persona presidenta municipal o integrantes del Cabildo; e) Ante ello, a fin de cumplir el laudo, que implique la erogación de recursos económicos, y dependiendo del monto a pagar, en ocasiones será insuficiente requerir únicamente al Ayuntamiento, para que cumpla dichas resoluciones, sino que, además, una vez que éste realice las acciones necesarias para que por sí cumplan los laudos, será necesario llamar o vincular, dentro del procedimiento de ejecución o cumplimiento, a las autoridades que, en términos de la normativa aplicable y las facultades y competencias que les sean conferidas, deban realizar alguna acción o conducta, para que dichas resoluciones sean cumplidas, y que en concreto se traduzcan en la asignación de recursos económicos indispensables para ello; f) Así, cuando atendiendo a las capacidades económicas de un Municipio, con los recursos que de manera ordinaria le son asignados en las leyes de ingresos relativas, sea insuficiente para cumplir con diferentes obligaciones, como las económicas, derivadas de laudos, y teniendo en cuenta que sus bienes muebles o inmuebles, o los recursos previamente asignados, sea por la Federación o el Congreso del Estado, no pueden ser embargados, es necesario que, dentro de los límites y siguiendo los procedimientos previstos en la ley, y una vez que el Ayuntamiento agote las acciones necesarias para por sí cumplir los laudos dictados en su contra, se vincule a las autoridades que tengan las facultades necesarias, para que, a fin de cumplir tales resoluciones, se destinen los recursos económicos para ello; g) En el caso, como se evidenció, en el Estado de Guerrero, los Ayuntamientos tienen la facultad de solicitar, mediante los procedimientos ahí previstos, la asignación de más recursos para atender situaciones no previstas en las leyes de ingresos o egresos, como el cumplimiento de un laudo, y dentro de esos procedimientos, como se vio, participan, en el ámbito de sus facultades, la Secretaría de Finanzas y Administración, el Poder Ejecutivo del Estado y el Congreso de la entidad; h) Por ello, dentro del procedimiento de ejecución de un laudo que imponga a los Municipios de la entidad, entre otros, condenas de carácter económico, el tribunal local que emitió dicha resolución, debe requerir no sólo al Ayuntamiento de que se trate a que las cumpla, sino además, y una vez que éste agote las acciones necesarias para que por sí cumpla el laudo, debe vincular a las referidas autoridades, y a cualquier otra que, con motivo de sus facultades, esté en aptitud de hacer lo necesario para que dichas resoluciones sean cumplidas, y en concreto, se destinen los recursos económicos necesarios para ello; i) Lo anterior es así, en primer lugar, porque como se expuso, el principio de acceso a la justicia pronta y completa, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, no está sujeto a que la legislación de una entidad prevea de manera expresa que las autoridades competentes para ello, en uso de sus facultades, participen dentro del procedimiento de ejecución de un laudo, sino que, como se dijo, el principio de supremacía constitucional obliga a todas las autoridades, aunque no hayan participado en el procedimiento del que emanó dicha resolución, participen en su cumplimiento, y por tanto, realicen las conductas necesarias para ello, de ahí que, con independencia de que exista o no, en la entidad de que se trate, legislación que obligue a diferentes autoridades a participar en el procedimiento de ejecución de un laudo, lo cierto es que, en términos de lo ordenado por la Constitución Federal, deberán realizar las acciones necesarias, dentro del ámbito de sus facultades, para que dicha resolución sea cumplida, como puede ser, la participación dentro del procedimiento necesario para que a un Municipio le sean asignados recursos económicos extraordinarios para cumplir sentencias, y si ello implica vincular al Congreso y Poder Ejecutivo del Estado, incluyendo a alguna de sus secretarías, el tribunal local deberá vincularlos y hacerlos partícipes dentro del procedimiento de ejecución referido; j) Además, como se expuso, en el caso del Estado de Guerrero, según la normativa local de esa entidad, el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo de la entidad, así como la Secretaría de Finanzas y Administración, sí cuentan con las facultades y obligaciones expresas, para que, ante la insuficiencia presupuestal de un Municipio para atender las obligaciones económicas contenidas en una resolución judicial o jurisdiccional, realicen las acciones necesarias para modificar las leyes de ingresos y egresos, tanto estatal y municipal, de ahí que tales instituciones, y cualquier otra, sí deben ser vinculadas por el tribunal de que se trate, dentro del procedimiento de ejecución del laudo; y, k) Esto es, además del Ayuntamiento que fue condenado en el procedimiento de que se trate, a cumplir un laudo, y siempre que éste agote las acciones o procedimientos necesarios para cumplirlos, deben participar y vincularse para la obtención de los recursos económicos necesarios para ello, a la Secretaría de Finanzas y Administración, al Poder Ejecutivo y al Congreso, todos del Estado de Guerrero. 28. Es pertinente aclarar que la conclusión desarrollada en párrafos precedentes, encuentra su justificación, porque lo aquí analizado se trata de las facultades del tribunal ordinario local, que en uso de sus facultades y herramientas, puede vincular, no sólo a la parte demandada para que, una vez agotado el procedimiento respectivo o las acciones necesarias para que por sí cumpla el laudo, requiera a cualquier otra autoridad, para que contribuya a que el laudo emitido por aquél, sea cumplido y se respete en beneficio de los justiciables el principio de justicia pronta y completa previsto en el artículo 17 constitucional". Asimismo, dados los razonamientos vertidos por el Pleno Regional citado, y con base en los normativos que analizó, se concluye que el procedimiento a seguir por el Tribunal responsable se traduce en las siguientes etapas: 1. Una vez pedida la ejecución del laudo, el Tribunal laboral emitirá el auto de ejecución en el que comisione a un actuario quien asociado con la parte trabajadora, se constituyan en el domicilio de la parte demandada y la requiera para que cumplan con el laudo con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a la aplicación de las multas establecidas en el artículo 95 de la Ley 51 del Estado de Guerrero. 2. De no lograr el cumplimiento del laudo, el Tribunal laboral responsable deberá continuar requiriendo a la parte demandada, apercibiéndola con la aplicación de las multas establecidas en el artículo 95 de la Ley burocrática en cita, que van de 200 a 500 días de salario mínimo vigente. 3. Una vez aplicada la multa de 500 días de salario mínimo vigente (ahora aplicado en Unidades de Medida y Actualización vigente), realizado el cobro o no por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, y sin haber logrado el cumplimiento del laudo, deberá requerir al Ayuntamiento demandado para que acredite haber agotado todos los medios a su alcance para ello, incluso, haber solicitado al Congreso del Estado de Guerrero, la asignación de recursos extraordinarios para el pago del laudo. 4. Si aun así no consigue el cumplimiento del laudo, deberá, hasta ese momento, vincular al cumplimiento del laudo a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y Congreso del Estado de Guerrero, y aquellas autoridades que considere que tengan injerencia para que se cumpla debidamente el laudo. Etapas del procedimiento de ejecución de laudo, que no pueden ser excluidas entre sí, es decir, que si se está requiriendo el cumplimiento a la parte demandada y haciéndose efectivas las multas, no se puede pasar hasta la vinculación de autoridades al cumplimiento del laudo, sin que se haya aplicado la multa de 500 días de salario mínimo vigente, pues, se requiere que se agote cada una de las etapas de los puntos anteriormente establecidos. Ahora, en el caso concreto, se advierte que en el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero en Pleno, determinaron entre otras cosas no acordar de conformidad la solicitud de la parte quejosa respecto de vincular al cumplimiento del laudo del Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador del Estado de Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, Congreso del Estado de Guerrero, por considerar que las autoridades antes referidas, no forman parte del juicio laboral de origen; además de que el cumplimiento del laudo es única y exclusivamente facultad del Ayuntamiento demandado, dado que es una institución de buena fe, investido de personalidad jurídica, y maneja patrimonio propio dada su autonomía hacendaria, tal como está establecido en el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como acto de ejecución consideró procedente acordar lo siguiente: "(.) requiérasele nuevamente al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el pago de la cantidad de $********************(********************), en favor de los actores del presente juicio, lo que deberá hacer dentro del término de VEINTE días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, término que se le otorga para lograr la liberación del pago requerido, asimismo para que informe sobre el resultado que obtuvo en relación con la petición realizada a la coordinadora general de fortalecimiento municipal; esto con fundamento en el artículo 91 de la Ley 51 del Estado, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedor nuevamente a la medida de apremio establecida en el artículo 95 de la Ley 51 del Estado, toda vez que de acuerdo al artículo 77 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente en el Estado, entre las facultades de los Síndicos Procuradores se encuentra el de autorizar los gastos del Ayuntamiento que represente, que para una mejor ilustración en este acto se transcribe el artículo en lo que interesa: (.) Se apercibe a la C. ********************, en su carácter de Sindica Procuradora del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ********************, GUERRERO, que en caso de no dar cumplimiento con el requerimiento de pago ordenado en líneas anteriores del presente acuerdo a que fue condenado el Ayuntamiento que representa, se le aplicará una multa de TRESCIENTOS CINCUENTA días de salarios mínimos vigentes en la Capital del Estado, que asciende a la cantidad de $******************** M.N. (******************** 00/100 M.N.), el cual se determinara en base a la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 26, 41 y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, a razón de $******************** pesos de salario, el cual deberá ser cubierto de su propio peculio de ser procedente, en su momento procesal oportuno, dicha cantidad se realiza de manera progresiva con fundamento en el artículo 95 y 97 de ley de la materia, lo anterior tiene sustento legal en el criterio jurisprudencial denominado: (.)" Así tenemos que, atendiendo los puntos señalados con antelación la autoridad responsable, debe determinar, si en el caso, la parte demandada cumplió con el requerimiento que le realizó en auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, y de no ser así, y tampoco estar justificado dicho incumplimiento, deberá hacer efectivo el apercibimiento decretado, esto es, la imposición de la multa descrita; y en su caso, requerirle a la parte demandada que acredite el haber agotado todos los medios a su alcance para cumplir con el laudo en el que fue condenado, incluso, haber solicitado al Congreso del Estado de Guerrero, la asignación de recursos extraordinarios para el pago del laudo. Considerando todo lo anterior, se advierte que en este momento y atendiendo al estado en que se encuentra la etapa de ejecución del laudo, no es procedente ordenar la vinculación de autoridades diversas a la demandada para que intervengan dentro de sus atribuciones con la ejecución del laudo (Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador del Estado de Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y Congreso del Estado de Guerrero); sin embargo, sí procede conceder el amparo para los efectos siguientes: SEXTO. Efectos del Amparo. Al resultar patente la violación a las garantías constitucionales a que se ha hecho referencia; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto del Pleno o su Presidenta Ejecutora, realice lo siguiente: Deje sin efecto el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ******************** de su índice. De inmediato dicte un nuevo acuerdo, en el que deberá dejar intocado lo que no fue materia de estudio en esta sentencia, y analizará la etapa procesal del procedimiento de ejecución en que se encuentra el expediente laboral ********************a efecto de que emita las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta sentencia de amparo, atendiendo a los argumentos planteados en la misma. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de lo que se establece en la presente sentencia, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis en materia común 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el catorce siguiente, como se constata de actuaciones. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************y********************, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero de este fallo, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia y para los efectos señalados en el diverso considerativo sexto. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando de esta sentencia.

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