Sofía Burciaga Rentería
Expediente 734/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sofía Burciaga Rentería
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes pudieran interponer recurso de revisión contra el acuerdo de siete de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo causa estado. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, con apoyo en lo previsto en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese el informe justificado que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; sin que amerite mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de siete de los actuales, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio. Ahora bien, en atención al volumen del anexo que acompaña la Junta responsable, como apoyo al referido informe, consistente en copia certificada del expediente laboral 1/05/2670, para su mejor manejo, con el mismo fórmese el tomo uno de pruebas por separado, respetando el folio entresello que contiene.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Visto el oficio signado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia con firmas autógrafas de la audiencia incidental de sustitución patronal relativa al expediente laboral 1/05/2670, plateado por la ahora quejosa en escrito de fecha treinta de marzo del año en curso; en consecuencia, en acato a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto acarrea la celebración de la audiencia incidental de sustitución patronal antes mencionada. En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de garantías cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la citada improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página 210, del literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De esta manera, se insiste que si en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Ello es así, pues la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, remitió copia con firmas autógrafas de la audiencia incidental de sustitución patronal relativa al expediente laboral 1/05/2670, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en la que se tuvo por ratificado el incidente de sustitución patronal planteado por la parte actora ahora quejosa, mediante escrito de treinta de marzo del año en curso; por lo que la desaparición de los efectos del acto impugnado (omisivo), son incondicionales e inmediatos, de tal suerte que se restablecieron las cosas de modo total, a la situación anterior que tenía la parte quejosa antes de la promoción del presente juicio de amparo. Por tanto, es inconcuso, que la omisión en que había incurrido la autoridad responsable al no haber dado tramite al incidente de sustitución patronal promovido por la aquí quejosa, ha cesado en sus efectos, toda vez que el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia relativa a dicho incidente en la que se tuvo por hechas las manifestaciones de los comparecientes, por ofrecidas las pruebas de las partes y señaló fecha y hora para desahogar la prueba de inspección ofrecida por la parte actora incidentista; circunstancia que provoca, que los efectos de dicha omisión o dilación en tramitar el incidente de sustitución patronal promovido por la aquí quejosa, desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa. Por ende, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no esta surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, página 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS, POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Visto el oficio signado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia con firmas autógrafas de la audiencia incidental de sustitución patronal relativa al expediente laboral 1/05/2670, plateado por la ahora quejosa en escrito de fecha treinta de marzo del año en curso; en consecuencia, en acato a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto acarrea la celebración de la audiencia incidental de sustitución patronal antes mencionada. En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de garantías cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la citada improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página 210, del literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De esta manera, se insiste que si en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Ello es así, pues la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, remitió copia con firmas autógrafas de la audiencia incidental de sustitución patronal relativa al expediente laboral 1/05/2670, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en la que se tuvo por ratificado el incidente de sustitución patronal planteado por la parte actora ahora quejosa, mediante escrito de treinta de marzo del año en curso; por lo que la desaparición de los efectos del acto impugnado (omisivo), son incondicionales e inmediatos, de tal suerte que se restablecieron las cosas de modo total, a la situación anterior que tenía la parte quejosa antes de la promoción del presente juicio de amparo. Por tanto, es inconcuso, que la omisión en que había incurrido la autoridad responsable al no haber dado tramite al incidente de sustitución patronal promovido por la aquí quejosa, ha cesado en sus efectos, toda vez que el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia relativa a dicho incidente en la que se tuvo por hechas las manifestaciones de los comparecientes, por ofrecidas las pruebas de las partes y señaló fecha y hora para desahogar la prueba de inspección ofrecida por la parte actora incidentista; circunstancia que provoca, que los efectos de dicha omisión o dilación en tramitar el incidente de sustitución patronal promovido por la aquí quejosa, desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa. Por ende, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no esta surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, página 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
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