Sofía Alma Delia Guadarrama Morales
Expediente 1706/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1706/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sofía Alma Delia Guadarrama Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de diciembre de dos mil quince. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1706/2015-II-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia de once de noviembre de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1706/2015-II-B, promovido por Sofía Alma Delia Guadarrama Morales, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el ocho de septiembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada ese día a este juzgado, Sofía Alma Delia Guadarrama Morales, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de nueve siguiente, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, por auto de trece de octubre se fijaron las nueve horas con doce minutos del once de noviembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de acordar la promoción presentada el dieciocho de agosto de dos mil quince, dirigida al expediente 01/2839/12, con registro 005324. TERCERO. Certeza del acto. La autoridad responsable no rindió el informe justificado. La presidenta de la junta expuso que el expediente del que emana el acto reclamado existe, pero no fue posible su localización. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del memorándum sin fecha, signado por la encargada de la oficialía de partes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (foja 32); la que amerita pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. A través del memorándum, la encargada de la oficialía de partes comunicó al secretario general de la Junta Especial Cuatro, el registro en el libro de gobierno del expediente 01/2839/12 y que la parte actora es "Sofía Alma Delia Guadarrama". En otro memorándum sin fecha, el encargado del archivo de la Junta Especial Cuatro informó al secretario general de ésta, que el expediente 01/2839/12 fue turnado al archivo de dicha junta, pero no fue localizado. No pasa inadvertido que los memorándums presentan inconsistencias, a saber, el primero aparece signado como la encargada de la oficialía de partes de la Junta Especial "Dos", mientras que en el segundo, el encargado del archivo refiere que el expediente fue turnado a la "Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos". Sin embargo, el examen conjunto de las constancias lleva a este juzgador a considerar que las inconsistencias no implican que el expediente del que emana el acto reclamado esté radicado en otra junta especial. Luego, tenemos que existe el expediente del que surge el acto reclamado y, por tanto, en términos del artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer, ni este juzgador advierte que se actualice alguna. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Procede el análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, mismos que no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, circunstancia que no la deja en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Al respecto, es aplicable esta jurisprudencia: Tesis: VI.2o. J/129 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196477 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Abril de 1998 Pag. 599 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sostiene la parte quejosa que la responsable viola su derecho a la impartición de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, al no acordar la promoción que presentó el dieciocho de agosto de dos mil quince, dentro del término que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. El concepto es infundado. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171257 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Pag. 209 Jurisprudencia(Constitucional) ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. La impartición de justicia ciertamente es una obligación de la autoridad, empero, su factibilidad está sujeta a la satisfacción en el procedimiento, de las condiciones procesales necesarias para su ejercicio. En el particular, la quejosa considera violado su derecho [a la impartición de justicia] porque la responsable no ha acordado la promoción que aduce, presentó el dieciocho de agosto de dos mil quince, dirigida al expediente 01/2839/12. Como quedó apuntado, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la falta de informe justificado establece la presunción de certeza del acto, pero ello no releva al quejoso de acreditar su inconstitucionalidad. El acto reclamado no puede considerarse en sí mismo violatorio de derechos, pues consiste en la omisión de la junta de acordar una promoción, de ahí que la sola presunción de certeza no conduce a su inconstitucionalidad, pues en todo caso, ésta dependerá no solo de que exista el juicio, sino además, de que el escrito cuya falta de acuerdo se impugne, haya sido presentado ante la autoridad. Sirve como apoyo, por analogía, la tesis que se cita a continuación, porque alude a la omisión de dictar una resolución: Tesis: 2a./J. 50/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197499 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Octubre de 1997 Pag. 304 Jurisprudencia(Laboral) LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. En el caso que nos ocupa, la falta de informe justificado genera la presunción de certeza del acto. Además, las constancias en copia certificada ofrecidas por la presidenta de la junta responsable, mismas que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, demuestran la existencia del expediente 01/2839/12 y que la quejosa tiene la calidad de parte actora en él, más no la existencia de la promoción 005324, lo que la quejosa tampoco acredita. Ahora, se cita el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De la intelección del invocado precepto tenemos que la obligación de la junta de acordar una promoción, está supeditada a que ésa le sea presentada. Sin embargo, la quejosa no acredita la presentación ante la junta responsable, de la promoción 005324, cuya falta de acuerdo, argumenta, genera la transgresión a su derecho a la impartición de justicia. Entonces, si no está demostrada la existencia de la aludida promoción, no puede decirse que ha surgido la obligación de la junta de proveerla y más aún, que ha incumplido con ella. Por consiguiente, la violación al derecho a la administración de justicia reclamada por la quejosa, es inexistente. Así, ante lo infundado del concepto de violación y al no haber queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sofía Alma Delia Guadarrama Morales, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Tesorero del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por medio del cual informa que fue embargada la cuenta de la cual libran los cheques destinados a la devolución de los impuestos sobre adquisición de inmuebles y adicional, por lo que solicita se le conceda una prórroga a fin de cumplimentar la ejecutoria dictada en autos; atento a lo anterior, se concede la prórroga solicitada a la autoridad de referencia; por lo tanto, es procedente requerir al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para que dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído en vía de oficio, proporcione la fecha en que pondrá a disposición de la parte quejosa, el cheque correspondiente (el cual deberá tener los recursos suficientes para ser cobrado), por los montos retenidos por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, en el entendido de que no deberá exceda el término de treinta días naturales, siguientes a la fecha en el quede notificado del presente proveído. Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 de la ley de la materia, con relación con el diverso artículo 259. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite copia certificada del memorándum remitido por la Encargada de la Oficialía de partes de la citada Junta y del acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil quince, por el cual ordena girar memorándum al Encargado del Archivo a efecto de que informe el nombre de la persona a la cual se le turno el expediente laboral 01/2839/12 y la fecha en que se turnó, o en su caso, informe con qué fecha se localiza el expediente en el archivo del cual es encargado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita copia certificada y legible de la contestación que realizó el Encargado del Archivo de la Junta en cita respecto del memorándum que giró a efecto de que informe el nombre de la persona a la cual se le turno el expediente laboral 01/2839/12 y la fecha en que se turnó, o en su caso, informe con qué fecha se localiza el expediente en el archivo del cual es encargado, memorándum que ordenó girar por auto de veintiséis de octubre de dos mil quince. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CIEN días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 237, fracción I , con relación al 259 , ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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