Sócrates Rodríguez Hernández
Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2021
Partes del expediente
- Sub Director de Asuntos-Jurídicos de la Secretaría de Salud
- Sócrates Rodríguez Hernández
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y por consiguiente, archívese este juicio como asunto concluido. Notifíquese. EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, A LAS NUEVE HORAS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, LA (EL) SUSCRITA (O) ACTUARIA (O), HAGO CONSTAR QUE LA ANTERIOR DETERMINACIÓN SE NOTIFICÓ POR LISTA. DOY FE
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de junio de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Con la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, Instituto de Salud, ambos del estado de Chiapas y Directora del Hospital Básico Comunitario Cintalapa; se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 444/2021-II. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XXIII1, en relación con los diversos 1°, fracción I2, y el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia. De los que se advierte que la fracción XXIII del primer cardinal referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: Entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, administrativo, agrario o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Relaciones de supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la nueva legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. De este modo, en el caso que nos atañe, el quejoso señala que el acto reclamado consiste en la violación del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y Directora del Hospital Básico Comunitario Cintalapa, a su garantía de audiencia al no habérsele citado a comparecer dentro del acta administrativa *****, y no haber acordado su solicitud de diferir la comparecencia dentro de la diversa acta de veintinueve de abril de año en curso, a fin de que asistiera con un abogado defensor; sin embargo, no es propiamente un acto de autoridad, pues la esfera que envuelve el citado acto, no fue en su carácter de entes de derecho integrantes de la Administración Pública, sino deviene de un acto emitido en el marco de la relación laboral entre el quejoso, como médico general adscrito al Hospital Básico Comunitario Cintalapa, y sus superiores jerárquicos. Por ello, es evidente que el acto que reclama el peticionario de amparo, no fue emitido en una relación de supra a subordinación como la que se suscita entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral. En efecto, del contenido del escrito de demanda y constancias anexas al mismo, se advierte que el aquí quejoso, mantiene una relación de trabajo con las autoridades responsables. Lo anterior, en virtud de que en el dictamen emitido en la citada acta administrativa *****, se advierte que se rescindió la relación laboral entre el quejoso, como médico general adscrito al Hospital Básico Comunitario Cintalapa, y sus superiores jerárquicos. De ahí que el quejoso esté en aptitud de hacer valer sus derechos ante la autoridad correspondiente. Por tanto, es inconcuso que el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, Instituto de Salud, ambos del estado de Chiapas y Directora del Hospital Básico Comunitario Cintalapa, no son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo; es decir, el acto reclamado obedece a la relación que guarda con dichas autoridades en un plano de coordinación, de modo que no se les puede otorgar el carácter de autoridades para los efectos del amparo. Así las cosas, al surgir el acto reclamado dentro de una relación laboral, no puede resolverse la controversia planteada a través de la vía de amparo, sino que debe someterse a la potestad jurisdiccional del tribunal correspondiente, que conoce de los conflictos suscitados entre particulares sujetos a las leyes ordinarias. En tal virtud, no hay duda en cuanto a que en las referidas relaciones, en el caso concreto los superiores jerárquicos del quejoso, no fungen como autoridades, toda vez que en una relación laboral no actúan investidos de imperio, sino en un plano de igualdad y, como tal, son sujetos de derechos y obligaciones de las leyes comunes para dirimir sus diferencias frente a los órganos del Estado en un plano de igualdad. Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Sócrates Rodríguez Hernández, en términos del numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5º fracción II, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que al efecto señala y por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica, sin que sea necesario realizar la búsqueda de su cédulas en el registro y consultas de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de junio de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Con la demanda de amparo promovida por *****. DESECHAMIENTO Al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por *****, en términos del numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5º fracción II, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente al quejoso.
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