Socrates Humberto López Escobar

Expediente 855/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
855/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • Socrates Humberto López Escobar
  • Director General de la Dirección General de Infanteria de la Secretaría de la Defensa Nacional

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo que, una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el delegado de la autoridad responsable denominada General Secretario de la Defensa Nacional, con sede en Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, remite las copias certificadas precisadas en el acuerdo en comento, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que les dio origen, se advierte que el quejoso Sócrates Humberto López Escobar, por el cual se substancia el presente asunto, señaló dentro del capítulo de actos reclamados, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la primera autoridad reclamamos el ACUERDO QUE CONTIENE LA ORDEN DE BAJA DE LOS AHORA QUEJOSOS, según se nos comunicó, en debido cumplimiento a la resolución de segunda instancia de fecha primero de junio de dos mil dieciocho. 2.- Del Director General de Administración reclamamos la indebida comunicación y notificación que se nos hizo del ACUERDO DE ORDEN DE BAJA, ordenada por el Secretario de la Defensa Nacional, por lo que respecta a los quejosos de nombres SOCRATES HUMBERTO LÓPEZ ESCOBAR, JAVIER RODRÍGUEZ ABURTO, MARCOS AUGUSTO PÉREZ CISNEROS, FRANCISCO JAVIER SOTO NUÑEZ, CARLOS MIGUEL GALLARDO IBARRA, EDGAR VALENCIA CÁRDENAS Y OMAR ALEJANDRO MARTÍNEZ RIVERA. [.]" De la anterior transcripción y del contenido íntegro de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se puede precisar que el acto que en esta vía constitucional reclama el quejoso es: El acuerdo 79876, de seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Superior Militar, con sede en Ciudad de México, de uno de junio de ese mismo año, dentro del Toca de Apelación 261/2017, de su índice, en la cual modificó la diversa resolución de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Militar adscrito a la Primera Región Militar, en la causa penal 279/2011, de su índice, se causó baja definitiva del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a Sócrates Humberto López Escobar, y a su vez se le inhabilitó por el término de veintiséis años y tres meses para desempeñar cargo o comisión públicos, contados a partir del día siguiente a aquél en que extinga la pena de prisión impuesta; y en consecuencia, la notificación de dicho acuerdo. En ese orden de ideas, de las copias certificadas que fueron anexadas al oficio acordado en líneas que anteceden, se advierte que la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, emitió el acuerdo 121531, de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual declaró la nulidad del diverso acuerdo 79876, de seis de agosto de ese mismo año, acto aquí reclamado, en virtud de que la sentencia que originó la emisión de este último acuerdo, fue declarada insubsistente por el Tribunal Superior Militar, en acatamiento a lo ordenado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, dentro del juicio de amparo directo 31/2018, de su índice. Luego, de la relación armónica de la precisión del acto reclamado con el contenido de las constancias allegadas a los autos del juicio de amparo en que se actúa, resulta menester que el suscrito analice de oficio la actualización de la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Cabe señalar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Asimismo, dicha causal se actualiza cuando de las constancias se advierte que el acto impugnado deriva del cumplimiento de una sentencia y aquél quedó insubsistente en virtud de la determinación por parte de un tribunal federal que otorgó el amparo, en el sentido de que no se atendía a lo establecido por los preceptos constitucionales y convencionales. En esta tesitura, si el acto que se reclama en el presente juicio de amparo es el acuerdo 79876, de seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró la baja definitiva al aquí quejoso del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, así como su inhabilitación, y por diverso acuerdo 121531, de veinticuatro de noviembre de ese mismo año, se dejó insubsistente el primero de los acuerdos, resulta evidente que ha cesado en sus efectos, al haberse declarado su nulidad. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). De ahí que, es indudable que el acuerdo 79876, de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el General Secretario de la Defensa Nacional, con sede en Ciudad de México, el cual es señalado como acto reclamado en el presente juicio, ya no tiene validez y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, entre ellas su notificación. Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en relación con lo previsto en la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, al haberse acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el suscrito considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Téngase por recibido el telegrama de cuenta, remitido por el Delegado del General Secretario de la Defensa Nacional, con sede en Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado vía telegráfica el seis de febrero pasado, informa que a través del oficio AMP-V-2404, de veinticuatro de enero de la presente anualidad, remitió las constancias que le fueron requeridas en proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y estese a la espera de que dichas constancias sean recibidas en este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no se cuenta con las constancias que fueron requeridas al General Secretario de la Defensa Nacional, con sede en Ciudad de México, mediante oficio 31912/2018, de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, ni obra el acuse de recibo de tal oficio. Ahora bien, en virtud de que las constancias que fueron requeridas son necesarias para la debida substanciación del juicio de amparo en que se actúa, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha; por lo tanto, se difiere la misma y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. En ese tenor, toda vez que el oficio señalado en el primer párrafo del presente proveído fue depositado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correos de México, como se advierte de las facturas de correo que se expiden en este órgano jurisdiccional; resulta necesario requerir vía telegráfica al General Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que le sea legalmente notificada el presente proveído, se sirva informar vía telegráfica la fecha en que recibió el oficio 31912/2018, y en su caso remita las constancias que le fueron requeridas en el mismo, en la inteligencia que de no hacerlo, se le impondrá una multa de sesenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 238 en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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