Sócrates Delgado Mejía y Otros.

Expediente 1439/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1439/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Sócrates Delgado Mejía y Otros.
  • Sócrates Delgado Mejía
  • Juez Titular en funciones de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca dependiente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca
  • Joaquín Trujillo Velasco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. I. Estado de los autos. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, para que expusieran lo que a sus intereses conviniere en relación al cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo; asimismo, el tercero interesado Santiago Martínez Delgado realizó manifestaciones en las que aduce que el fallo constitucional no quedó cumplido a cabalidad. Sin que las demás partes realizaran señalamiento alguno. II. Antecedentes. Por sentencia terminada de engrosar el veinte de febrero de dos mil veintitrés (fojas 118 a 126), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Inconformes con lo anterior, los terceros interesados Santiago Martínez Delgado y la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación de Fiscalías Foráneas de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, interpusieron en su contra recursos de revisión (fojas 141 a 145 y 158 a 160), los que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, quien mediante ejecutorias pronunciadas el once de julio del actual, en los expedientes A.R. 128/2023 y A.R. 129/2023, desechó los citados medios de impugnación, declarando la firmeza de la sentencia dictada en este controvertido constitucional. Así, por acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintitrés (fojas 258 a 260), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable. III. Actuaciones o diligencias de cumplimiento. Por oficio número 31, la autoridad responsable la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió copia certificada de la resolución emitida el quince de agosto de dos mil veintitrés, en el toca penal JOTPAI 016/2022, de su estadística (fojas 286 a 306). Constancia a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2°. Así, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés (fojas 307 y 308), se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, como se adelantó, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria. IV. Antecedentes de la resolución de cumplimiento. Ahora bien, se considera oportuno citar algunos antecedentes de la resolución de cumplimiento: Auto de no vinculación a proceso. En audiencia celebrada el siete de agosto de dos mil veintidós, el Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Javier Celis Pablo, Eugenio Mendoza Salinas, Joaquín Trujillo Velasco, Gudelio Pablo Velasco, Antonio Delgado Trujillo, Benito Crisóforo Ortega, Timoteo Sócrates Delgado Medina, Taurino Pedro Delgado Mejía, Benedicto Esteban Delgado Mejía, Alejo Sánchez Martínez, Filemón Cecilio Delgado Salgado, Alfredo Mendoza Delgado y Sócrates Delgado Mejía (quejosos), por hechos con apariencia de los delitos de despojo agravado y robo, en perjuicio de Santiago Martínez Delgado, dentro de la causa penal 443/2022. En esa propia audiencia las partes quedaron notificadas de dicha resolución, en lo que interesa, el agente del Ministerio Público y la víctima Santiago Martínez Delgado. Recurso de apelación interpuesto por la representación social. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación que correspondió conocer a la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien radicó el asunto como toca penal JOTPAI 16/2022. Recurso de apelación interpuesto por la víctima. Por ocurso presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, la víctima Santiago Martínez Delgado -aquí tercero interesado- dio contestación al aludido medio de impugnación, se adhirió a aquél y también interpuso recurso de apelación contra el mencionado auto de no vinculación a proceso. La sala penal admite la apelación del ministerio público y desecha el similar de la víctima. El diez de octubre de dos mil veintidós (foja 1, 29 a 31 del cuaderno de pruebas), la citada sala penal proveyó lo siguiente: i) Admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la representación social contra el auto de no vinculación a proceso dictado el siete de agosto de dos mil veintidós. ii) Tuvo a los imputados -aquí terceros interesados- contestando -oportunamente- el citado medio de impugnación. iii) De igual forma, tuvo a la víctima -aquí quejoso- contestando -oportunamente- el aludido recurso, así como adhiriéndose a éste; sin embargo, determinó que el recurso de apelación que interpuso por sí, resulto extemporáneo, por lo cual lo desechó. Resolución del recurso de apelación. Mediante resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Sala responsable al resolver el citado recurso de apelación, determinó declarar la nulidad del auto de no vinculación a proceso dictado en primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 443/2022. V. Valoración del cumplimiento al fallo concesorio. Ahora bien, a fin de establecer si la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, o bien si hay imposibilidad para cumplirla, debe realizarse el estudio integral bajo los principios de congruencia y exhaustividad, los cuales obligan a dirimir todo tipo de cuestiones, tomando en consideración las que fueron materia del juicio de amparo, así como las que quedaron intocadas por la propia sentencia ejecutoriada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". En el caso, se puede llegar a la conclusión válida de que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, ello, se estima así al realizar una confrontación entre los efectos de la sentencia amparadora con las constancias remitidas por la responsable. En principio, es necesario destacar que la protección constitucional se concedió a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "(.) 1. Deje insubsistente la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del toca penal JOTPAI/016/2022, por la que declaró la nulidad del auto de no vinculación a proceso dictado el siete de agosto de dos mil veintidós, por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, a favor de los imputados -aquí quejosos-, por su probable participación en los delitos de despojo agravado y robo, en perjuicio de Santiago Martínez Delgado, dentro de la causa penal 443/2022, ordenando la reposición del procedimiento para el efecto esencial de que la referida jueza de control realizara una adecuada fundamentación y motivación de la valoración de los datos de prueba. 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la que en forma fundada y motivada determine si la valoración de los datos de prueba y la conclusión a la que arribó la juez a quo fue correcta. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, ambos en el Estado de Oaxaca, dado que resulta una consecuencia directa de la determinación reclamada a la referida Sala responsable. (.)". En esta línea, se estima que los efectos de la ejecutoria de amparo se encuentran satisfechos a cabalidad, pues la Sala responsable, dentro el toca penal JOTPAI/016/2022, realizó lo siguiente: a. Mediante resolución de quince de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del toca penal JOTPAI/016/2022, por la que declaró la nulidad del auto de no vinculación a proceso dictado el siete de agosto de dos mil veintidós, por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, a favor de los imputados -aquí quejosos-, por su probable participación en los delitos de despojo agravado y robo, en perjuicio de Santiago Martínez Delgado, dentro de la causa penal 443/2022, ordenando la reposición del procedimiento. b. Y en su lugar, con libertad de jurisdicción, fundada y motivadamente determinó que: En auto de diez de octubre de dos mil veintidós, únicamente se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público contra el auto de no vinculación a proceso dictado el siete de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 443/2022, por el Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca; más no así, el diverso intentado por la víctima -aquí quejoso- Santiago Martínez Delgado, al considerar que lo presentó de forma extemporánea. Que la resolución objeto de la apelación se analizaría bajo el principio de estricto derecho, dado que únicamente la recurrió la representación social, a quien no es procedente suplirle la deficiencia de sus argumentos; por lo cual, consideró que los agravios planteados resultaban deficientes y confirmó el auto de no vinculación a proceso, cuya parte conducente es: "SÉPTIMO. A efecto, de dar cumplimiento al punto número 2 de la ejecutoria de amparo que se cumple, en el presente caso, como ya se ha dicho, cabe precisar que nos encontramos ante un recurso de apelación interpuesto solamente por el ministerio público, esto es, que la víctima del delito no lo interpuso, pues como se determinó en el auto de admisibilidad de cinco de octubre de dos mil veintidós, el recurso interpuesto por la víctima fue extemporáneo, y ello hace que estemos en presencia de un recurso cuyo estudio es de estricto derecho, y por ende bajo esos lineamientos deben analizarse los agravios que expresó la representación social apelante. Por ello, con independencia de que se advierta, como lo hace notar el ministerio público apelante, que la jueza no hizo una correcta valoración de los datos de prueba, porque en efecto, se aprecia de la resolución apelada que la juzgadora de control para desestimar los datos de prueba incorporados por su lectura por la representación social en la audiencia inicial, en la fase de petición de vinculación a proceso, lo hace bajo el análisis de los datos de prueba incorporados por la defensa, como así se hace valor en los agravios de la representación social recurrente, sin que dicho inconforme especifique las razones del porque no debió hacerse así, y que esta situación sea lo único determinante para considerar que el actuar de la juzgadora fue incorrecto; dado que no puede pasarse por alto, que primero tendría que haberse valorado de manera individual y luego de manera conjunta los datos incorporados por la representación social, para así estar en aptitud de determinar si esos datos de prueba , con el valor probatorio asignado y su correspondiente eficacia judicial alcanzaban la suficiencia para acreditar los hechos imputados a los activos, y si los mismos eran constitutivos de los que la ley señala como delitos de despojo agravado y robo, y posteriormente analizar la teoría del caso de la defensa, a la luz de los datos de prueba ofertados e incorporados, para así estar en condiciones de decantarse por alguna de las teorías, del ministerio público o de la defensa, o en su caso por alguna otra alternativa. Ante ese panorama, y si bien es cierto que la naturaleza del recurso de apelación permite que el tribunal de Alzada, en un momento dado, reasuma jurisdicción para estudiar de manera oficiosa alguna cuestiones no abordadas (sic) en la resolución apelada, o deficientemente abordadas, ello por regla general, y siempre y cuando el apelante sea la parte imputada; lo cual tiene una excepción, como es que la víctima pertenezca a un grupo de situación de vulnerabilidad que como ya se dijo también, ´pudiera ser una niña, niño o adolecente, un adulto mayor, una persona indígena, migrante, mujer etc.; sin embargo, en el presente caso ello no sucede, esto es que la víctima directa SANTIAGO MARTÍNEZ DELGADO, no se encuentra dentro de ninguna de esas categorías sospechosas y ello impone que el recurso sea analizado de estricto derecho. De ahí que, una vez que fueron analizados tanto los argumentos de la juzgadora para dictar el auto de no vinculación a proceso a los imputados (.), por el hecho que la ley señala como delito de DESPOJO AGRAVADO Y ROBO, que se dijo cometido en perjuicio de SANTIAGO MARTÍNEZ DELGADO; como los agravios expresados por la representación social apelante, tenemos que dichos agravios resultan deficientes. Lo anterior es así, porque, se reitera, con independencia de que se compartan o no los argumentos de la resolutora de primera instancia, de que en el caso se acrediten o no los hechos que la ley señala como despojo y robo, el ministerio público apelante: (.) De ahí que con la libertad y plenitud de jurisdicción que en la ejecutoria se dejó a Sala, se considera que el caso se encuentra impedida para reasumir ,jurisdicción y analizar de manera oficiosa la causa, porque no estamos ante un caso de excepción para hacerlo, porque si bien es cierto que puede reasumir jurisdicción y valorar los datos de prueba desahogados en la audiencia inicial; en el caso, se reitera, se encuentra impedida jurídicamente para hacerlo, porque nos encontramos ante una apelación ministerial que es de estricto derecho y si se supliera la deficiencia ministerial, se trastocaría el equilibrio procesal entre de las partes, en perjuicio de los imputados, con lo que además se afectaría la imparcialidad del juzgador, y se actuaría en contravención a la tesis ya invocada, de rubro: "APELACIÓN. SI EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, ANALIZA NO SOLO LOS PUNTOS DE CONTROVERSIA IMPUGNADOS, SINO QUE CON VALIDA IRREGULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO, ESA ACTUACIÓN DESNATURALIZA Y EXCEDE EL ALCANCE DE ESTE RECURSO, POR LO QUE DEBE CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE MEDIANTE UNA NUEVA RESOLUCIÓN SE SOMETA A LA SALA A RESOLVER ÚNICAMENTE LOS ARGUMENTOS QUE A TITULO DE AGRAVIOS FORMULA EL MINISTERIO PUBLICO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De lo anterior, se desprende que el juez responsable cumplió a cabalidad con los efectos del fallo concesorio, ya que dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar dictó diversa resolución, en la que con libertad de jurisdicción y en observancia al principio de estricto derecho, dio contestación a los agravios vertidos por la representación social, lo cuales calificó como deficientes; por lo que, confirmó el auto de no vinculación a proceso. Es decir, la sala responsable en pleno ejercicio de su libertad de jurisdicción resolvió el recurso de apelación -únicamente- formulado por la representación social, por lo cual determinó que al no ser procedente la suplencia de deficiencia argumentativa por parte de la fiscalía, analizaría sus agravios bajo el principio de estricto derecho, lo que así hizo, determinando que resultaban deficientes, lo que implica que no estaba obligado a realizar un estudio oficioso conforme a lo establecido en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que como ha quedado establecido, la víctima no impugnó oportunamente el multicitado auto de no vinculación a proceso; de ahí que se encuentre impedida para inconformarse con la resolución de que resolvió el citado medio de impugnación. En ese contexto, la autoridad responsable dio debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos, ni defectos, conforme lo establecido en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, las manifestaciones realizadas por el tercero interesado Santiago Martínez Delgado, dado que sus argumentos esencialmente no corresponden a la materia del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como se verá a continuación. A efecto de dar una mayor facilidad en la comprensión del asunto, se dará contestación en grupos relacionados a un tema, a saber: La Sala responsable no realizó una debida fundamentación y motivación en relación a determinar si el auto de no vinculación a proceso fue correcto o no. Si bien se lo otorgó libertad de jurisdicción; sin embargo, su determinación no es correcta, ya que no resolvió el fondo del asunto. Planteamientos que se califican como ineficaces, dado que la Sala responsable estableció los preceptos legales y criterios jurídicos que consideró aplicables para determinar que resolvería bajo el principio de estricto derecho, argumentando que no realizaría un estudio oficioso, dado que en el caso, sólo el Ministerio Público recurrió el auto de no vinculación a proceso, por lo cual, consideró que los agravios formulados eran deficientes, y por tanto, contrario a lo que aduce la parte quejosa resolvió el fondo de la litis de segunda instancia, confirmando el citado auto de no vinculación a proceso. Continúo aduciendo la parte tercera interesada: La Sala responsable lo dejó en estado de indefensión al determinar que el recurso de apelación es de estricto derecho y que no se está ante un grupo vulnerable, pues estableció que el recurso lo presentó únicamente el agente del ministerio Publico, sin embargo, refiere que sí presento el recurso de apelación respectivo, además, que se presentó como indígena zapoteco y adulto mayor, sin que la sala responsable haya hecho consideración de dicha circunstancia. Que el Juez responsable declaró que no se acreditaba la posesión del bien materia de la litis; sin embargo, el aquí tercero interesado refiere que ofreció documentos oficiales para demostrar su derecho, además, que tanto la Sala y Jueza de Control responsables no se apegaron a lo previsto en el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que resolvieron con enfoque agrario y no penal. Que las autoridades responsables violaron el artículo 2° Constitucional, en relación con el diverso 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no lo hicieron sabedor de sus derechos como persona indígena, ya que refiere pertenecer a la etnia zapoteca. Argumentos que de igual forma se califican como ineficaces, dado que no tienen relación con los efectos del fallo concesorio, en todo caso serán materia de un nuevo juicio de amparo que se intente contra la resolución de segunda instancia. Apoya a lo anterior, por sus consideraciones esenciales, la jurisprudencia 115/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Efectúense las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Gírese oficio a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales procedentes, para lo cual, se autoriza a los Secretarios de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente acuerdo Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de Santiago Martínez Delgado tercero interesado, por medio del cual formula manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que se tomarán en consideración al momento de calificar el referido cumplimiento. Por otra parte, se tiene al tercero interesado revocando domicilio y autorizados designados en el presente juicio de amparo y, solicita se le tenga como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el diverso que precisa; así como, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Miguel Padilla Martínez; toda vez que, se encontró registrada su cédula profesional en la base de datos del Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF) y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que señala. Finalmente, en relación con el correo electrónico y número telefónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista cumplimiento. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la Jueza en funciones de Magistrada Titular de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con anexo, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo emitida en este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del referido oficio y anexo, dése vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍA SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE EL CUAL SE ACORDÓ LO SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista cumplimiento. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la Jueza en funciones de Magistrada Titular de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con anexo, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo emitida en este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del referido oficio y anexo, dése vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. Notifíquese personalmente.

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