Sócrates Augusto Zazueta Peraza
Expediente 546/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sócrates Augusto Zazueta Peraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Orden de archivo. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que, por auto dictado el día de hoy, se ordenó el archivo, en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó el juicio en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. Toda vez que hay documento original de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento original que exhibió en este expediente, apercibido que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO SOCRATES AUGUSTO ZAZUETA PERAZA Mazatlán, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó el juicio en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. Toda vez que hay documento original de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento original que exhibió en este expediente, apercibido que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, asistido de Gerardo Montejo Aragón, secretario de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo en acatamiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, el secretario hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda. I. Relación de constancias. De conformidad con los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición del informe justificado que emitieron las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración. Se abre el periodo de pruebas. El secretario hace constar y certifica que la parte quejosa y tercera interesada, ofrecieron constancias relativas al acto reclamado; asimismo, con la que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, las cuales constan en un cuaderno auxiliar por separado, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto ofrecidas por la parte quejosa, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Periodo de alegatos. Se tienen por reproducidas las manifestaciones que realizó la tercera interesada, en su escrito de registro 15066; igualmente, que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no presentó pedimento. Al no existir otro escrito en ese sentido, se cierra este periodo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente: Visto para resolver el amparo 546/2019, promovido por Sócrates Augusto Zazueta Peraza, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. Acto reclamado: La orden de desocupación y entrega del inmueble arrendado declarada en sentencia de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, consistente en el local ubicado en Carretera Internacional sin número, al norte de esta ciudad, destinado al restaurant El Atracón, contiguo a la Plaza Ley del Mar, sin haber concedido plazo para tal efecto; el cual posee en carácter de subarrendatario, sin haber sido oído y vencido en el juicio sumario civil de desahucio 1051/2018. SEGUNDO. Trámite del juicio. El dieciséis de agosto, se admitió la demanda, se requirieron los informes justificados, se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada, así como la intervención que corresponde al representante social de la adscripción; asimismo, se señaló hora y día para la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, inició en términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia para resolver el juicio, conforme a los artículos 33 fracción IV y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado mediante su similar 2/2019. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La orden de desocupación y entrega del inmueble arrendado declarada en sentencia de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, consistente en el local ubicado en Carretera Internacional sin número, al norte de esta ciudad, destinado al restaurant El Atracón, contiguo a la Plaza Ley del Mar, sin haber concedido plazo para tal efecto; el cual posee en carácter de subarrendatario, sin haber sido oído y vencido en el juicio sumario civil de desahucio 1051/2018. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto que ante el juzgador responsable se radicó el juicio sumario civil de desahucio 1051/2018, cuya sentencia condenó a la desocupación y entrega del inmueble que pretende defender el quejoso, así como la intervención de la coordinación de actuarios, aunque ésta lo haya negado, toda vez que la ordenadora reconoció el acto al rendir su informe justificado, de ahí la inminente ejecución a cargo de la segunda (fojas 40 y 23); corroborado con la copia certificada del sumario, remitida por el primero, con eficacia probatoria plena, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causa de sobreseimiento. Es improcedente el juicio, conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de que el promovente no demostró el agravio real, actual y directo, en sus derechos. El numeral referido establece textualmente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Uno de los principios fundamentales del amparo es que éste sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico o legítimo, cuenta con legitimación, procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En otras palabras, sólo puede concurrir al amparo la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, ya sea en defensa de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, más no así, quien indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover el juicio de amparo es personalísimo. En el caso, conforme a los planteamientos de la demanda, y al derivar el asunto de un juicio civil, se está en el escenario del interés jurídico, no legítimo individual o colectivo, porque se pretende defender la posesión de un inmueble en un procedimiento judicial. Entonces, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, la existencia, cuando menos, de los siguientes elementos: Un derecho legítimo del justiciable sobre el bien tutelado; La precisión indudable de ese derecho (legitimación); y La afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). En resumen, la improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En el caso, el quejoso aduce ser titular de un derecho subjetivo (posesión) afectado de manera personal y directa con motivo de la tramitación del juicio civil de desahucio 1051/2018 al que no fue llamado, no obstante ser subarrendatario del local ubicado en Carretera Internacional sin número, al norte de esta ciudad, destinado al restaurant El Atracón, contiguo a la Plaza Ley del Mar; objeto de controversia en el aludido sumario, del cual el juez responsable pretende desposeerlo, puesto que sentencia condenó al arrendatario Jesús Roberto Tirado Sánchez a la desocupación y entrega del inmueble a favor de la actora arrendadora Jeannette Collard Gregoire, sin haber concedido plazo para tal efecto. De lo anterior, se colige que el derecho sustantivo que el quejoso estima afectado es de audiencia, entonces, para acceder a la justicia constitucional debe acreditar la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal establecido en la legislación secundaria relativa, que genere, a su favor, el derecho a ser oído en el juicio de origen y el de propiedad, a efecto de que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a ser oído en juicio y poseer ese bien. Con tal finalidad, exhibió el contrato de arrendamiento sin fecha de celebración, entre Jesús Roberto Tirado Sánchez, como arrendador y el quejoso Sócrates Augusto Zazueta Peraza, como arrendatario, respecto del bien inmueble ubicado en Carretera Internacional sin número, en esta ciudad. Prueba documental privada, que se valora conforme a los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio. Dicho contrato es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico, toda vez que carece de fecha cierta. Al respecto, los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, entendiéndose por ésta, aquella que se tiene a partir de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; desde que se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio; o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. El motivo toral de ello radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales, de ahí que si no se surte alguno de esos supuestos, no puede determinarse la fecha cierta de un documento de los señalados con relación a terceros. Ahora, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, por sí solos, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, ya que ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. La exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, porque de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En el caso, el contrato de arrendamiento exhibido carece de fecha cierta, ya que no se demostró su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ni la certificación de funcionario público por razón de su oficio, o bien, que haya muerto cualquiera de los firmantes. Por tanto, es insuficiente por sí mismo para acreditar de manera fehaciente el interés jurídico en este juicio de amparo, al resultar imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al acto reclamado. Aunado a lo anterior, el análisis del sumario constitucional revela que el quejoso no aportó probanza diversa que corroborara sus aseveraciones, pese a corresponderle y ante la oportunidad procesal que tuvo para ello. Bajo esos parámetros, se concluye la falta de acreditación fehaciente de la afectación al interés jurídico del peticionario de amparo, esto es, no evidenció agravio alguno en su esfera jurídica de derechos con el trámite del juicio de origen. Por tanto, se sobresee el juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ante la improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, penúltimo párrafo, de la ley de la materia (falta de interés jurídico). Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad ejecutora, ya que no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Sócrates Augusto Zazueta Peraza, contra el acto que reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando cuarto del fallo. Notifíquese en términos de ley.
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