Sócrates Alberto Soltero Beltrán

Expediente 1076/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1076/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
14/01/2021

Partes del expediente

  • Sócrates Alberto Soltero Beltrán

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Ahora, con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, agréguese a los autos el escrito de Federico Ruiz García, autorizado en términos amplios de la parte tercera interesada la persona moral denominada "Sociedad de Autotransportes Unión Serrana", Sociedad Anónima de Capital Variable, por el que interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 88 y 89 de la ley de la materia, distribúyanse las copias simples del recurso entre las partes. Asimismo, una vez que obren en autos las constancias de notificación de la sentencia y del auto de esta fecha, dentro del término de tres días siguientes a ello, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, con el escrito original de expresión de agravios (previa certificación de su desglose) y una copia para el Fiscal Ejecutivo Asistente de su adscripción, a fin de que sirva sustanciarlo. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por lista a la parte recurrente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. En consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. El acto reclamado por el que se concedió la protección federal fue el siguiente: La omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del juicio de nulidad de escritura de compraventa 570/2018. Por resolución dictada el veintiocho de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Alfredo Fernández Vázquez, por propio derecho y en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de Guadalupe Vázquez Gómez o María Guadalupe Vázquez de Fernández o Guadalupe Vásquez de Fernández o Guadalupe Vázquez Gómez o Guadalupe Vázquez de F. o Ma. Guadalupe Vázquez de Fernández, contra el acto del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla, para los siguientes efectos: "[.] a) Emita la sentencia correspondiente dentro del juicio de nulidad de escritura de compraventa 570/2018, siempre y cuando los autos guarden estado para ello, tomando en consideración que de acuerdo a las constancias remitidas por la autoridad responsable, ya se declaró agotada la fase probatoria y la audiencia de alegatos. De ahí que han transcurrido en exceso los términos establecidos en el artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla." Posteriormente, mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veinte la sentencia causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio 1536, suscrito por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la sentencia definitiva dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, en el del juicio de nulidad de escritura de compraventa 570/2018, de su índice. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que el catorce de octubre de dos mil veinte, dictó sentencia definitiva en el del juicio de nulidad de escritura de compraventa 570/2018, de su índice, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes); y, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedido la protección constitucional. Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran el plazo que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este Juzgado que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por la quejosa María de Jesús Hernández Ramos; asimismo, el diverso recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad responsable Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 57 del Instituto Mexicano del Seguro Social; quedando registrado bajo el recurso de revisión 221/2020, relativo al expedientillo en que se actúa

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