Socorro Zepahua Gutiérrez
Expediente 241/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Socorro Zepahua Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución dictada el siete de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 36, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto del acto reclamado. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución dictada el siete de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 36, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto del acto reclamado. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Principal
Córdoba, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. El acto reclamado consiste en el auto de once de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 618/2020, promovido por Agustina Gutiérrez Fuentes, por su propio derecho y en representación de la menor de iniciales K.L.C.Z., contra la hoy quejosa, ************, en el que la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, determinó que no había lugar a girar oficio de cancelación de la pensión alimenticia provisional decretada en autos en favor de las acreedoras alimentarias, hasta en tanto se diera cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de enero de este año, esto es, que el personal del juzgado diera fe y se cerciorara de que la menor de referencia actualmente se encuentra bajo la guarda de la demandada. En el caso, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar ????????? todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en virtud de que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 37, del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 37, Tomo 12, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Para la mejor comprensión de esta resolución, es pertinente citar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las copias certificadas del juicio natural, remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley; a saber: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veinte, ante la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, Agustina Gutiérrez Fuentes, por su propio derecho y en representación de su nieta menor de edad de iniciales K.L.C.Z., demandó de Socorro Zepahua Gutiérrez (hija de la primera y madre de la segunda), el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva (fojas 28 a 30) 2. Por acuerdo de veintiuno de los citados mes y año, el entonces titular del referido juzgado admitió la demanda en la vía y forma propuestas, ordenó emplazar a la demandada y, en lo que aquí trasciende, fijó una pensión alimenticia provisional en favor de las dos acreedoras alimentarias consistente en el cuarenta por ciento (40%) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias percibidas por la demandada en la empresa "Performance Adecco, S.A. de C.V.", por lo que ordenó girar el oficio de descuento respectivo (fojas 33 y 34). En esa misma fecha se giró el oficio 1709, a la empresa antes mencionada, a fin de que procediera a aplicar el citado descuento (foja 36). 3. El diez de noviembre de ese año, se tuvo al gerente administrativo de "Performance Adecco, S.A. de C.V.", informando que procedió a aplicar el descuento decretado por concepto de pensión alimenticia provisional a cargo de la demandada (foja 43). 4. Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veintidós, la demandada, Socorro Zepahua Gutiérrez, informó al juez del conocimiento que la ?????????? actora, su madre, Agustina Gutiérrez Fuentes, falleció el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, y exhibió copia certificada del acta de defunción respectiva; que la menor involucrada se encontraba bajo su resguardo y, en consecuencia, solicitó se cancelara la pensión alimenticia decretada y se girara oficio a su fuente de trabajo para que dejara sin efectos el diverso 1709 (foja 44). 5. En auto de diecinueve de los citados mes y año, en atención a lo solicitado en el escrito antes referido, se tuvo a la demandada exhibiendo el acta de defunción de la actora de mérito y se decretó que, a fin de estar en posibilidad de atender su solicitud, se señalaría fecha y hora para que la secretaria de acuerdos, secretaria de estudio y cuenta o actuario adscrito al juzgado, dieran fe y se cercioraran de que la menor de referencia actualmente se encuentra bajo la guarda de la demandada (foja 46). 6. Por escrito de cuatro de febrero de este año, la demandada insistió a la juez responsable girara oficio en el que dejara sin efectos el diverso 1709, librado a su fuente de trabajo para que aplicara el descuento de la pensión alimenticia provisional, aduciendo en esta ocasión que con motivo del fallecimiento de su madre (de la actora) la menor de mérito se quedó unos días con la hoy quejosa y posteriormente decidió irse al domicilio de su papá, y que resulta que dicha adolescente va y viene; que a la fecha se le sigue descontando dicha pensión sin entregarlo a ningún beneficiario, lo que -señaló- en nada beneficia a la menor ni a ella (foja 47). 7. En acuerdo de diecisiete de los citados mes y año, en atención al ocurso que antecede, la autoridad proveyó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado hasta en tanto se diera cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de enero de esta anualidad (foja 48). 8. El dos de marzo del año en curso, la demandada fue emplazada por comparecencia (foja 49). 9. Mediante escrito de cuatro de los citados mes y año, la aquí quejosa expuso que, ante el fallecimiento de Agustina Gutiérrez Fuentes, quien se encargaba de cuidar y atender a la menor involucrada, ésta se fue a vivir con su señor padre; que el monto de la pensión alimenticia descontada se ha quedado en poder de la empresa para la que trabaja, por lo que solicitó de nueva cuenta se girara oficio de cancelación de la pensión y le fueran devueltas las cantidades retenidas por la empresa por falta de cobro; que dicha retención en nada beneficia a su hija y afecta la economía de la demandada (foja 51). 10. Por auto de once de los citados mes y año, la juez del conocimiento, en atención al ocurso que antecede, proveyó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado hasta en tanto se diera cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecinueve de enero de esta anualidad, en el que se ordenó el cercioramiento por parte de esa autoridad de que la menor de identidad resguardada efectivamente se encuentra bajo la guarda de dicha promovente (foja 52). Resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Ahora, sentados los antecedentes del acto reclamado, es pertinente invocar los artículos 56 y 509, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que disponen: "Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: I.- Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II.- Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción ????????? dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III.- Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. Todas las resoluciones serán autorizadas con la firma entera de los magistrados, jueces o secretarios que intervengan". "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia". Del texto del segundo precepto en cita se obtiene que la apelación es un recurso de índole vertical, que tiene por efecto la confirmación, revocación o modificación de la resolución recurrida; asimismo, que tal medio de impugnación procede, entre otros supuestos, contra los autos que causen un daño irreparable en sentencia. Aunado a ello, la primera disposición normativa clasifica las resoluciones judiciales en sentencias, decretos y autos, incluyendo entre estos últimos a las resoluciones que contienen un mandamiento de hacer. En el caso, como se señaló, se reclama el auto de once de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, en el que el juez responsable acordó que no había lugar a acordar favorable la solicitud de la quejosa de que se girara oficio de cancelación de la pensión alimenticia provisional decretada en autos en favor de Agustina Gutiérrez Fuentes, por su propio derecho y en representación de la menor de iniciales K.L.C.Z., hasta en tanto se diera cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de enero de este año, esto es, que ese tribunal, por conducto de su secretario o actuario, se cerciorara de que la menor de referencia actualmente se encuentra bajo la guarda de la demandada. Tal resolución, acorde a la clasificación que establece el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa, es un auto, pues entraña un mandamiento de hacer consistente en el cercioramiento de que la menor involucrada actualmente se encuentra bajo la guarda de la hoy quejosa; diligencia que evidentemente requiere la participación de esta última. Asimismo, dicho auto causa un daño irreparable en sentencia, pues aun cuando ésta se dictara en sentido favorable a los intereses de la aquí quejosa, no podría restituirse el tiempo que, con motivo del indicado mandato, no se ha acordado favorable su solicitud de que se decrete la cancelación de la pensión alimenticia, y que implica que se continúe descontando de su sueldo la pensión alimenticia provisional decretada, lo que perjudica su patrimonio. Luego, contra el acto que aquí se reclama procedía el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; y no existe constancia de que la parte quejosa (demandada en el juicio natural) previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que en el asunto que nos ocupa no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado se vincula con un juicio en materia de alimentos. Por tanto, el acto que se combate no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, ????????? extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste el acto en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Además, al ser la quejosa parte en el juicio natural, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de apelación aludido, no está sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad que, tratándose de menores, estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 77/2013, visible en la página 990, del Libro XXV, correspondiente al mes de octubre de dos mil trece, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". Se sostiene lo anterior, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierte que la quejosa alegue que la ejecución de la resolución reclamada implique un riesgo para la menor involucrada. Sin que obste su afirmación en la que, en referencia a la negativa de decretar la cancelación de la pensión alimenticia provisional, afirma que "con esa situación no se beneficia a la menor", pues ello no equivale a que el acto reclamado represente un riesgo para ella. Lo que se corrobora con la circunstancia de que en su escrito de solicitud de cancelación de la pensión alimenticia provisional presentado el cuatro de marzo del año en curso, al que recayó la resolución reclamada, la demandada manifestó que, con motivo del fallecimiento de Agustina Gutiérrez Fuentes (abuela materna de la menor y quien promovió el juicio natural en representación de ésta), la menor se fue a vivir con su ?????????? padre, lo que quiere decir que actualmente no se encuentra bajo la guarda de la aquí quejosa. Ante ello, no puede sostenerse que la circunstancia de que las cantidades producto del descuento de la pensión alimenticia provisional continúen retenidas en la fuente de trabajo de la demandada, represente un riesgo para la menor que derive del acto reclamado, pues, se reitera, acorde a lo narrado por la propia quejosa, quien actualmente la tiene bajo su guarda es su padre, de modo que la circunstancia de que los montos retenidos no se entreguen a la peticionaria no impide que dicho satisfactor sea recibido por la menor, pues se entiende que ésta recibirá el numerario correspondiente una vez que comparezca a juicio quien legalmente la represente y la tiene bajo su guarda. En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese, por lista a la quejosa.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Jueza Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales, Veracruz, y anexo de cuenta; con su contenido, dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra lado, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico que indica para entablar comunicaciones no procesales en los casos que sean necesarios. Notifíquese.
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