Socorro Valdes Escarpeta
Expediente 415/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Socorro Valdes Escarpeta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 415/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice:********************"Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para los efectos siguientes: ********************".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil ******************** su índice, y en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional, en la que:********************a) Efectué el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado.******************** b) En términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. ********************c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje fijado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario ********************, así como de ********************, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. ********************d) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico, concatenado con la perspectiva de adulta mayor, siguiendo los lineamientos establecidos en ésta resolución. ********************Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y textos siguientes: ********************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido."********************En consecuencia, el once de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en proveído de seis de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 8631/2023 signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, por medio del cual remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, de la cual se advierte que dejó insubsistente la resolución emitida el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio ordinario civil ******************** de su índice, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró parcialmente procedente la reclamación planteada por el aquí tercero interesado ********************, por lo que regraduó la pensión provisional decretada por auto de inicio de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, consistente en el 25% (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado en su fuente laboral; para fijarla en 20% (veinte por ciento) a favor de la quejosa ********************.********************Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechos valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 235, fracción II, 261 fracción IV y VIII y 337 del Código Procesal Civil.********************Así mismo, procedió a establecer que para la acción de alimentos es necesario que se acredite la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar una pensión alimenticia y, una vez actualizados estos requisitos debemos de remitirnos a lo establecido por el numeral 242 del Código Civil del Estado, que dice que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; de igual manera debemos de considerar lo previsto por los arábigos 234 y 239 del Código Civil, que disponen que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y que ellos comprenden a comida, alimentación y asistencia en casos de enfermedad, así como los gastos necesarios para la educación básica del alimentario, para proporcionarle algún oficio, arte o profesión.********************Ahora, en relación a los derechos alimentarios que solicitó ********************, por propio derecho; señaló que éstos se encuentran justificados, en forma provisional, pues obra en autos copia certificada de acta de nacimiento número ********************; misma que acreditan la relación de madre-hijo.********************Ahora, por lo que respecta a la capacidad económica del deudor, la tuvo por acreditada con la manifestación hecha ante ese juzgado en sus escritos de contestación de demanda y reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada por dicho juzgado, lo cual tuvo como indicativo que obtiene un ingreso, con valor probatorio en términos de los artículos 316 y 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz.********************Consecuentemente, el juez responsable una vez que tuvo por justificados los lazos existentes entre la acreedora alimentaria, esto es, la actora ******************** -aquí quejosa- siendo la madre del demandado, así como también que la parte deudora obtiene ingresos producto de la actividad laboral que desempeña, procedió a entrar al análisis de la proporcionalidad conforme al artículo 242 del Código Civil del Estado, en relación con los diversos 234 y 239 del mismo ordenamiento, de donde estimó deviene el reclamo de ********************, parcialmente procedentes.********************Por cuanto hace al agravio consistente en que el porcentaje decretado para una acreedora alimentaria(independientemente de su derecho o no a percibir alimentos) es excesivo, atendiendo al número de acreedores, a sus necesidades básicas, lo que puede subsanarse con un porcentaje menor, ello sin tomar en consideración que no se encuentra demostrado el estado de necesidad, el juez responsable lo analizo y consideró que éste resulta fundado y procedente. ********************Lo anterior lo estimó así, dado que apreció en el material probatorio ofertado por el demandado, el expediente número ********************-I del índice de este Juzgado, el cual extrajo del archivo de ese recinto judicial, lo tuvo a la vista al momento de resolver el recurso que nos ocupa; probanza que valoró en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción VIII y 337 del código adjetivo civil del Estado y, una vez impuesto de dichas actuaciones, advirtió que se trata de un juicio ordinario civil promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de apellidos ********************, en contra de ********************, en donde se le demandó el pago de una pensión alimenticia y demás prestaciones, mismas actuaciones que se encuentran concluidas por haber sido formulado un acuerdo de voluntades por dichos contendientes, presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, ratificado el veintinueve de junio del año inmediato anterior, mismo convenio que fue sancionado y aprobado mediante resolución dictada en fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, causando ejecutoria para todos los efectos legales procedentes por auto dictado el seis de diciembre del año en curso.********************No obstante, el juez responsable señaló que no es posible establecer factores automáticos o aritméticos para determinar el monto de las pensiones alimenticias, por el hecho de haberse justificado la existencia de otros acreedores de alimentos, ya que esto es contrario a los principios de interés superior del menor y de proporcionalidad que exige ponderar las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor.********************Cuando la petición de reducción de la pensión alimenticia, se funda en la existencia de un nuevo acreedor, a efecto de garantizar en forma eficaz los principios referidos, es indispensable efectuar un análisis exhaustivo de las circunstancias que se presentan en cada caso específico, pues el nacimiento o surgimiento de un nuevo acreedor no necesariamente incide en la real capacidad económica del obligado, ya que pudiera contar con recursos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones y, en consecuencia, no debe disminuirse la pensión que reciben sus acreedores, quienes regularmente son ajenos a las nuevas responsabilidades que asume el obligado alimentario.********************Además, manifestó que es acorde con la postura que se ha asumido en cuanto a que la capacidad del deudor para suministrar los alimentos no tiene una connotación estrictamente económica, sino que también deriva de la edad, aptitud, talento, cualidades y capacidades que tiene para seguir generando recursos económicos y cubrir los alimentos de sus acreedores.********************En la especie la responsable tuvo por satisfecho que el demandado justificó que cuenta con tres acreedores más, siendo éstos sus hijos menores de edad de apellidos ********************, lo que acreditó con la reproducción impresa con identificador electrónico ********************y firma electrónica, del acta del Registro Civil, relativa al nacimiento del menor de iniciales ********************; la reproducción impresa con identificador electrónico ******************** y firma electrónica, del acta del Registro Civil, relativa al nacimiento del menor de iniciales E.J.V.R.; y la reproducción impresa con identificador electrónico ******************** y firma electrónica, del acta del Registro Civil, relativa al nacimiento del menor de iniciales ********************; mismas que se valoraron en términos de los artículos 235 fracción II. 261 fracción IV y 337 del Código Adjetivo Civil del Estado, para tener por acreditado la procreación de tres hijos con ********************; que cumple con el pago de alimentos a favor los infantes involucrados, al haberse aprobado el acuerdo de voluntades celebrado por el demandado y ********************, misma que se encuentra vigente y cumpliéndose en los términos pactados por éstos, en los autos del expediente número ******************** del índice de ese Juzgado.********************Así también, el juez responsable señaló que la parte actora en su desahogo de vista, refirió sobre la existencia del citado expediente en el sentido de que el reo y su esposa no se han separado; sin embargo, estimó que ello no es motivo para poder eximirlo del pago de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, quienes son sus acreedores primarios y quienes cuentan con la presunción de ser alimentados por el aquí también demandado.********************También refirió, que el expediente ******************** de ese índice, fue interpuesta una demanda de alimentos para que se le redujera la cantidad proporcional al descuentos provisional interpuesto por ese Juzgado, sin embargo, la responsable señaló que dichos argumentos carecían de asidero jurídico, toda vez que bastaba con imponerse de los citados autos, para advertir que en aquél expediente se dictó auto de inicio en fecha doce de julio de dos mil veintiuno, mientras que en el expediente que nos ocupa, se dictó auto de radicación el veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, es decir, primero fue instado el juicio ********************, y de manera posterior, el que nos ocupa, reiterando que la pensión alimenticia decretada en el expediente diverso, es para los hijos del aquí demandado de apellidos ********************, quienes como ya se advirtió, cuentan con la presunción de ser alimentados por el aquíreo procesal.********************Por tanto, el juez responsable estimó que lo anterior era motivo suficiente para la reducción de la pensión de alimentos decretada en su contra, en virtud de que al encontrarse gravado el salario del reo procesal, más los descuentos ordenados en el sumario que nos ocupa, da como resultado que el demandado goce únicamente del quince por ciento de su salario y demás prestaciones que percibe de su fuente laboral, al margen de que ha quedado plenamente demostrado su cumplimiento con ambas cargas alimentarias.********************Por otra parte, por cuanto hace al segundo de los agravios que se estudió y que resultó procedente para regraduar la pensión alimenticia combatida; ello en virtud de que el reo procesal exhibió diversas documentales los cuales se valoraron en términos del artículo 266 del código adjetivo civil, con lo que la autoridad responsable tuvo por acreditados los gastos que se detallan en dichos documentos, empero, lo que no estimó plenamente acreditado es que el reo procesal sea quien realice dichos pagos; sin embargo, resultó como hecho notorio que el reo procesal también cuenta con gastos como alimentación y demás que prevé el artículo 239 del código civil del Estado, por tanto se debe privilegiar su derecho al mínimo vital. ********************Con todo lo anterior, y con las pruebas aportadas tanto de la accionante como del accionado, el juez responsable estimó que han sido justipreciadas de forma individual y en su conjunto, concediéndoles o negándoles valor conforme a las reglas previstas en nuestra legislación, a la luz de la sana crítica, los principios de la lógica, raciocinio, conocimiento y máximas de la experiencia y, en virtud de que el demandado justificó los extremos de sus agravios hechos valer en el recurso de reclamación, es por lo que estimó ajustado a derecho declarar procedente la reclamación planteada.********************En consecuencia, resolvió que lo procedente era regraduar el monto de la pensión provisional alimentaria fijado en el auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, donde se le decretó al demandado una pensión alimenticia provisional consistente en el 25%(veinticinco por ciento) del salario y demás prestaciones que perciben de su fuente laboral; para fijarse en el VEINTE POR CIENTO (20%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado ******************** a favor de la actora ********************, por propio derecho, descuento que deberá aplicarse una vez hechas las deducciones legales comprendidas en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior, por considerar que el porcentaje últimamente fijado, atendiendo a lo probado en autos por los pleitistas, cumple con el principio de proporcionalidad y equidad jurídica.********************En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil ******************** su índice, y en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional, en la que efectuó el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora, determinando el importe que el deudor destina para cubrir, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado.********************Asimismo, se expusieron los motivos y razones por las cuales concluyó que el porcentaje fijado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario ********************, así como de ********************, y que ello no afectara jurídicamente sus derechos y garantías; procediendo a analizar el asunto con perspectiva de género como método analítico.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de quince de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley.********************Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."********************En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva.********************Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para los efectos siguientes: ********************".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil ******************** su índice, y en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional, en la que:********************a) Efectué el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado.******************** b) En términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. ********************c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje fijado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario ********************, así como de ********************, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. ********************d) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico, concatenado con la perspectiva de adulta mayor, siguiendo los lineamientos establecidos en ésta resolución. ********************Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y textos siguientes: ********************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido."********************En consecuencia, el once de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en proveído de seis de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 8631/2023 signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, por medio del cual remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, de la cual se advierte que dejó insubsistente la resolución emitida el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio ordinario civil ******************** de su índice, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró parcialmente procedente la reclamación planteada por el aquí tercero interesado ********************, por lo que regraduó la pensión provisional decretada por auto de inicio de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, consistente en el 25% (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado en su fuente laboral; para fijarla en 20% (veinte por ciento) a favor de la quejosa ********************.********************Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechos valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 235, fracción II, 261 fracción IV y VIII y 337 del Código Procesal Civil.********************Así mismo, procedió a establecer que para la acción de alimentos es necesario que se acredite la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar una pensión alimenticia y, una vez actualizados estos requisitos debemos de remitirnos a lo establecido por el numeral 242 del Código Civil del Estado, que dice que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; de igual manera debemos de considerar lo previsto por los arábigos 234 y 239 del Código Civil, que disponen que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y que ellos comprenden a comida, alimentación y asistencia en casos de enfermedad, así como los gastos necesarios para la educación básica del alimentario, para proporcionarle algún oficio, arte o profesión.********************Ahora, en relación a los derechos alimentarios que solicitó ********************, por propio derecho; señaló que éstos se encuentran justificados, en forma provisional, pues obra en autos copia certificada de acta de nacimiento número ********************; misma que acreditan la relación de madre-hijo.********************Ahora, por lo que respecta a la capacidad económica del deudor, la tuvo por acreditada con la manifestación hecha ante ese juzgado en sus escritos de contestación de demanda y reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada por dicho juzgado, lo cual tuvo como indicativo que obtiene un ingreso, con valor probatorio en términos de los artículos 316 y 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz.********************Consecuentemente, el juez responsable una vez que tuvo por justificados los lazos existentes entre la acreedora alimentaria, esto es, la actora ******************** -aquí quejosa- siendo la madre del demandado, así como también que la parte deudora obtiene ingresos producto de la actividad laboral que desempeña, procedió a entrar al análisis de la proporcionalidad conforme al artículo 242 del Código Civil del Estado, en relación con los diversos 234 y 239 del mismo ordenamiento, de donde estimó deviene el reclamo de ********************, parcialmente procedentes.********************Por cuanto hace al agravio consistente en que el porcentaje decretado para una acreedora alimentaria(independientemente de su derecho o no a percibir alimentos) es excesivo, atendiendo al número de acreedores, a sus necesidades básicas, lo que puede subsanarse con un porcentaje menor, ello sin tomar en consideración que no se encuentra demostrado el estado de necesidad, el juez responsable lo analizo y consideró que éste resulta fundado y procedente. ********************Lo anterior lo estimó así, dado que apreció en el material probatorio ofertado por el demandado, el expediente número ********************-I del índice de este Juzgado, el cual extrajo del archivo de ese recinto judicial, lo tuvo a la vista al momento de resolver el recurso que nos ocupa; probanza que valoró en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción VIII y 337 del código adjetivo civil del Estado y, una vez impuesto de dichas actuaciones, advirtió que se trata de un juicio ordinario civil promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de apellidos ********************, en contra de ********************, en donde se le demandó el pago de una pensión alimenticia y demás prestaciones, mismas actuaciones que se encuentran concluidas por haber sido formulado un acuerdo de voluntades por dichos contendientes, presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, ratificado el veintinueve de junio del año inmediato anterior, mismo convenio que fue sancionado y aprobado mediante resolución dictada en fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, causando ejecutoria para todos los efectos legales procedentes por auto dictado el seis de diciembre del año en curso.********************No obstante, el juez responsable señaló que no es posible establecer factores automáticos o aritméticos para determinar el monto de las pensiones alimenticias, por el hecho de haberse justificado la existencia de otros acreedores de alimentos, ya que esto es contrario a los principios de interés superior del menor y de proporcionalidad que exige ponderar las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor.********************Cuando la petición de reducción de la pensión alimenticia, se funda en la existencia de un nuevo acreedor, a efecto de garantizar en forma eficaz los principios referidos, es indispensable efectuar un análisis exhaustivo de las circunstancias que se presentan en cada caso específico, pues el nacimiento o surgimiento de un nuevo acreedor no necesariamente incide en la real capacidad económica del obligado, ya que pudiera contar con recursos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones y, en consecuencia, no debe disminuirse la pensión que reciben sus acreedores, quienes regularmente son ajenos a las nuevas responsabilidades que asume el obligado alimentario.********************Además, manifestó que es acorde con la postura que se ha asumido en cuanto a que la capacidad del deudor para suministrar los alimentos no tiene una connotación estrictamente económica, sino que también deriva de la edad, aptitud, talento, cualidades y capacidades que tiene para seguir generando recursos económicos y cubrir los alimentos de sus acreedores.********************En la especie la responsable tuvo por satisfecho que el demandado justificó que cuenta con tres acreedores más, siendo éstos sus hijos menores de edad de apellidos ********************, lo que acreditó con la reproducción impresa con identificador electrónico ********************y firma electrónica, del acta del Registro Civil, relativa al nacimiento del menor de iniciales ********************; la reproducción impresa con identificador electrónico ******************** y firma electrónica, del acta del Registro Civil, relativa al nacimiento del menor de iniciales E.J.V.R.; y la reproducción impresa con identificador electrónico ******************** y firma electrónica, del acta del Registro Civil, relativa al nacimiento del menor de iniciales ********************; mismas que se valoraron en términos de los artículos 235 fracción II. 261 fracción IV y 337 del Código Adjetivo Civil del Estado, para tener por acreditado la procreación de tres hijos con ********************; que cumple con el pago de alimentos a favor los infantes involucrados, al haberse aprobado el acuerdo de voluntades celebrado por el demandado y ********************, misma que se encuentra vigente y cumpliéndose en los términos pactados por éstos, en los autos del expediente número ******************** del índice de ese Juzgado.********************Así también, el juez responsable señaló que la parte actora en su desahogo de vista, refirió sobre la existencia del citado expediente en el sentido de que el reo y su esposa no se han separado; sin embargo, estimó que ello no es motivo para poder eximirlo del pago de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, quienes son sus acreedores primarios y quienes cuentan con la presunción de ser alimentados por el aquí también demandado.********************También refirió, que el expediente ******************** de ese índice, fue interpuesta una demanda de alimentos para que se le redujera la cantidad proporcional al descuentos provisional interpuesto por ese Juzgado, sin embargo, la responsable señaló que dichos argumentos carecían de asidero jurídico, toda vez que bastaba con imponerse de los citados autos, para advertir que en aquél expediente se dictó auto de inicio en fecha doce de julio de dos mil veintiuno, mientras que en el expediente que nos ocupa, se dictó auto de radicación el veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, es decir, primero fue instado el juicio ********************, y de manera posterior, el que nos ocupa, reiterando que la pensión alimenticia decretada en el expediente diverso, es para los hijos del aquí demandado de apellidos ********************, quienes como ya se advirtió, cuentan con la presunción de ser alimentados por el aquíreo procesal.********************Por tanto, el juez responsable estimó que lo anterior era motivo suficiente para la reducción de la pensión de alimentos decretada en su contra, en virtud de que al encontrarse gravado el salario del reo procesal, más los descuentos ordenados en el sumario que nos ocupa, da como resultado que el demandado goce únicamente del quince por ciento de su salario y demás prestaciones que percibe de su fuente laboral, al margen de que ha quedado plenamente demostrado su cumplimiento con ambas cargas alimentarias.********************Por otra parte, por cuanto hace al segundo de los agravios que se estudió y que resultó procedente para regraduar la pensión alimenticia combatida; ello en virtud de que el reo procesal exhibió diversas documentales los cuales se valoraron en términos del artículo 266 del código adjetivo civil, con lo que la autoridad responsable tuvo por acreditados los gastos que se detallan en dichos documentos, empero, lo que no estimó plenamente acreditado es que el reo procesal sea quien realice dichos pagos; sin embargo, resultó como hecho notorio que el reo procesal también cuenta con gastos como alimentación y demás que prevé el artículo 239 del código civil del Estado, por tanto se debe privilegiar su derecho al mínimo vital. ********************Con todo lo anterior, y con las pruebas aportadas tanto de la accionante como del accionado, el juez responsable estimó que han sido justipreciadas de forma individual y en su conjunto, concediéndoles o negándoles valor conforme a las reglas previstas en nuestra legislación, a la luz de la sana crítica, los principios de la lógica, raciocinio, conocimiento y máximas de la experiencia y, en virtud de que el demandado justificó los extremos de sus agravios hechos valer en el recurso de reclamación, es por lo que estimó ajustado a derecho declarar procedente la reclamación planteada.********************En consecuencia, resolvió que lo procedente era regraduar el monto de la pensión provisional alimentaria fijado en el auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, donde se le decretó al demandado una pensión alimenticia provisional consistente en el 25%(veinticinco por ciento) del salario y demás prestaciones que perciben de su fuente laboral; para fijarse en el VEINTE POR CIENTO (20%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado ******************** a favor de la actora ********************, por propio derecho, descuento que deberá aplicarse una vez hechas las deducciones legales comprendidas en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior, por considerar que el porcentaje últimamente fijado, atendiendo a lo probado en autos por los pleitistas, cumple con el principio de proporcionalidad y equidad jurídica.********************En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil ******************** su índice, y en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional, en la que efectuó el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora, determinando el importe que el deudor destina para cubrir, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado.********************Asimismo, se expusieron los motivos y razones por las cuales concluyó que el porcentaje fijado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario ********************, así como de ********************, y que ello no afectara jurídicamente sus derechos y garantías; procediendo a analizar el asunto con perspectiva de género como método analítico.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de quince de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
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Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio -con anexo- signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo con registro 18670, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se le deberán entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por el representante de las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Socorro Valdés Escarpeta, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 1378/2021 su índice, y en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional, en la que: a) Efectué el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado. b) En términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje fijado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario Gabriel Israel Velázquez Valdés, así como de Socorro Valdés Escarpeta, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico, concatenado con la perspectiva de adulta mayor, siguiendo los lineamientos establecidos en ésta resolución. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y textos siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberán informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Do de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
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RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés y turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-11). SEGUNDO. Trámite. Después de una prevención, por auto de treinta de mayo de la presente anualidad, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, emplazar al tercero interesado (fojas 21-24). Mediante diligencia de uno de junio siguiente, se emplazó al juicio al tercero interesado Gabriel Israel Velázquez Valdés (foja 32). Asimismo, se recibió en autos el informe justificado de la responsable (foja 36) por lo que integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 150-152). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, al tratarse de un acto dictado en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que consisten en: La resolución de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio ordinario civil 1378/2021-III de la estadística del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por la que se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en el juicio de origen (aquí tercero interesado) en la que se determinó la reducción de la pensión alimenticia fijada de manera provisional de un veinticinco por ciento a un quince por ciento sobre sueldo y demás prestaciones del demandado en lo natural. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia de la resolución reclamada de veinticinco de abril de dos mil veintitrés (foja 36). Lo que se corrobora en razón de que dicha autoridad remitió copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario civil 1378/2021-III de su índice estadístico, de las que se advierte la determinación reclamada (fojas 143-150 del tomo único de pruebas) las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. No se hicieron valer causas de improcedencia por las partes, ni se advierte de oficio la existencia de alguna, según lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio del único concepto de violación formulado por la parte quejosa en su demanda de amparo, del cual se omite su transcripción pues no existe disposición legal que así lo exija. QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. Tal como lo establece la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procederá al análisis del único concepto de violación formulado por la parte quejosa. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante a la anterior tesis en cita, como concepto de violación en esencia la parte quejosa manifiesta: a). En primer término, señala que la resolución emitida por el Juez responsable violenta en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 1° y 4° constitucionales, los que contemplan el goce de derechos humanos y garantías constitucionales, la interpretación conforme y pro-persona, así como la igualdad entre el hombre y la mujer ante la Ley. b). Asimismo, la quejosa aduce que en la resolución reclamada, la responsable sostuvo que no acreditó su estado de necesidad, pues perdió de vista que tiene más de sesenta años con cáncer de mama, y que por ende tiene la presunción de necesitar alimentos; ya que, si bien es cierto que tiene dos hijos, también lo es que el otro la apoya proporcionándole el seguro social y habitando en el mismo domicilio, por lo que el aquí tercero interesado debe solventar los gastos restantes. c). De igual forma, señala que el Juez de Primera Instancia le dio prioridad a las documentales exhibidas por el deudor alimentario, y no valoró que aun adquiriendo insumos necesarios para su subsistencia, tiene suficiente valor adquisitivo para ello. d). También, aduce que si bien es cierto, se le realiza un descuento del sesenta por ciento por concepto de una diversa pensión alimenticia a favor de Lucrecia Adriana Rosas Villafuerte, lo cierto es que el Juez no consideró que todos los suministros adquiridos son disfrutados por el núcleo en el que vive, pues habitan en el mismo domicilio. e). Señala que, incluso con el descuento del veinticinco por ciento que se le fijó como pensión alimenticia provisional, el aquí tercero interesado cuenta con recursos suficientes para subsistir, pues habita en el mismo domicilio que sus otros acreedores alimentarios; lo anterior, pues presume que los gastos y demás deducciones que tengan como familia son cubiertos con el propio porcentaje que ya le es descontado. f). Finalmente, argumenta que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, Comisión Federal de Electricidad (fuente de trabajo del deudor alimentario) había sido omisa en informar la cantidad a la que asciende el sueldo que percibe el tercero interesado, como para considerar que la pensión alimenticia fijada de manera provisional (veinticinco por ciento) le perjudica; asimismo, no realizó una revisión de los autos, ni ha prevenido o hecho efectiva la multa a la fuente de trabajo, quien ha incurrido en desacato. En principio, es oportuno precisar que, en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, al tratarse de un asunto en materia de alimentos, aunado a que la quejosa de una persona de sesenta años considerada como adulto mayor por lo que, por su estado de vulnerabilidad pertenece a una categoría sospechosa. Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido se lee: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS. En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente." Asimismo, lo anterior se sustenta en la tesis (I Región) 7o.4 K (10a.) de rubro y texto siguientes: "ADULTOS MAYORES. PARA QUE PROCEDA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE DEMOSTRARSE QUE, POR ESTAR EN ESA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, SE LES IMPOSIBILITA ACCEDER EN FORMA EFECTIVA AL SISTEMA DE JUSTICIA. El artículo 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 79 de la Ley de Amparo señala a diversos grupos de la sociedad respecto de los cuales opera el beneficio de la suplencia en la deficiencia de la queja. En este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CXXXIV/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.", estableció que el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva ser un adulto mayor, coloca a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que ésta realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia. En estas condiciones, para que opere la suplencia de la queja deficiente en favor de un adulto mayor, debe demostrarse que el envejecimiento que conlleva pertenecer a la adultez mayor le ha colocado en un estado de vulnerabilidad y que, además, ésta realmente le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta la demanda o su defensa. Consecuentemente, el hecho de que el adulto mayor cuente con una cantidad considerable de inversión en una institución bancaria, presume indiciariamente, que cuenta con recursos económicos, esto es, que no se trata de una desventaja que lo deje en estado de vulnerabilidad." En la especie, en suplencia de la queja, se califican de fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su demanda de amparo. Lo que impone conceder la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán de respaldo para dar solución al asunto, se esboza lo siguiente. I. Fundamentación y motivación El artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el ciudadano pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, las siguientes jurisprudencia y tesis, respectivamente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediata que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De manera más clara, se explica que por fundamentación y motivación se entiende: (Fundamentación) La fundamentación de la causa legal del procedimiento. El fundamento del acto de molestia es el señalamiento con precisión del precepto legal aplicable al caso, pero todavía más, la cita de los preceptos debe ser íntegra y puntual, esto es, debe incluir la fracción e inciso en caso de que exista duda de los numerales que se aplican, todo ello en beneficio de la seguridad jurídica. (Motivación) Es la invocación de circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinan la aplicación de ciertas hipótesis normativas al caso concreto. Son razonamientos que vinculan a nivel de pertenencia ciertas situaciones, hechos o actos al supuesto de la norma, también, argumentos que vinculan a las facultades en abstracto con el caso particular. II. Alimentos en la legislación de Veracruz Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador toma como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aporta, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la celeridad con que se resuelve el recurso de reclamación contra la pensión provisional de alimentos, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver. En ese sentido, la tramitación del citado recurso exige que el juez debe dar vista por un término de tres días, con el mismo, a la parte acreedora, a efecto que esté en aptitud de controvertir lo manifestado por el deudor y exhibir pruebas, y una vez cumplido con lo anterior, el juzgador deberá resolver lo procedente, para lo cual tendrá la obligación de llevar a cabo el análisis de todos los medios de prueba exhibidos por los contendientes y tomar en consideración las manifestaciones por ellos vertidas, tanto en el escrito de reclamación como en el escrito de desahogo de la misma, pues sólo de esa manera se salvaguarda el principio del justo equilibrio procesal entre las partes. Dicho en otras palabras, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, el juzgador debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. Asimismo, cabe destacar que la legislación civil estatal, en aras de garantizar ese derecho (que es de orden público como se ha dicho) y la subsistencia de los acreedores alimentarios, establece que al admitir la demanda en los juicios de alimentos, el juez podrá fijar y asegurar los alimentos provisionales que los deudores deben dar a los acreedores mientras no se dicte sentencia en el juicio, pues será en esta última ocasión en la que se decide en definitiva si se acreditó el derecho a alimentos y, en su caso, se determina el monto definitivo de la pensión, pero ya con base en el material probatorio rendido por las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Así como la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el mismo órgano colegiado, que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación." III. Perspectiva de género Asimismo, debe decirse que es criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres". En efecto, de los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999 y, 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la asamblea general el 18 de diciembre de 1979, publicada en el señalado medio de difusión oficial el 12 de mayo de 1981, deriva que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. Así, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que el juez a quien se somete a su potestad la controversia jurisdiccional, debe cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación; toda vez que el Estado tiene el deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Pues del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Por lo tanto, la perspectiva de género como método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres". IV. Personas adultas mayores. Ahora bien, los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen: "ARTÍCULO 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano." "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." De éstos preceptos internacionales, se aprecia que el Estado se encuentra obligado a respetar los derechos y libertades que se reconocen en dicho Protocolo, así como el garantizar su pleno ejercicio, adoptando las medidas necesarias a fin de hacer efectivos esos derechos. Por su parte, el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) establece lo siguiente: "Artículo 17. Protección de los ancianos Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos." Dicho precepto, establece específicamente las personas de la tercera edad (ancianos) gozarán de una protección especial durante esa etapa de vida, para lo cual el Estado debe adoptar las medidas necesarias a fin garantizar y llevar a la práctica ese derecho, entre las que destacan, el proporcionar atención médica especializada a las personas de edad avanzada que careza de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionárselas por si mismas. Ahora bien, artículo 3º. fracción I de la Ley de los Derechos de las Persona Adultas Mayores, establece lo siguiente: "Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional; (.)" De dicho numeral, se advierte la definición de adulto mayor, que es aquella persona de sesenta años o más de edad y que se encuentra dentro del territorio mexicano. Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (tomo único de pruebas): 1). Por escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veintiuno, Socorro Valdés Escarpeta promovió juicio ordinario civil donde demandó a su hijo Gabriel Israel Velázquez Valdés el cumplimiento y pago de pensión provisional alimenticia y, en su oportunidad definitiva (fojas 2-5). 2). Por auto de veintiséis de agosto siguiente, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, acordó: admitirla y radicarla con el número 1378/2021-III; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional, a razón del 25 % (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones del demandado y, emplazarlo a juicio (fojas 28-29). 3). Una vez emplazado el demandado (fojas 32-34) por escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintiuno, éste contestó la demanda e hizo valer recurso de reclamación contra la pensión provisional alimenticia decretada (fojas 38-55). 4). Por auto de veintinueve de noviembre siguiente, se tuvo por desahogada la vista concedida a la parte actora sobre la reclamación planteada (foja 59). 5). Mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, se turnaron los autos a fin de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario (foja 135). 6). El veinticinco de abril de dos mil veintitrés, el juez responsable resolvió: declarar fundada la reclamación y regraduar la pensión provisional inicial, para ubicarla en el 15% (quince por ciento) del sueldo y demás prestaciones del demandado (fojas 143-150). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En primer término, conviene señalar que en la resolución reclamada se advierte que, el juez responsable sustentó la modificación de la pensión provisional alimenticia, la cual redujo de un 25% (veinticinco por ciento) a un 15% (quince por ciento) del sueldo y demás prestaciones del demandado, basado en las siguientes consideraciones: El reclamante probó que tiene a su cargo otros acreedores alimentarios, pues existe un embargo por pensión alimenticia del 60% (sesenta por ciento) sobre su sueldo y demás prestaciones, derivado del diverso juicio ordinario civil 1060/2021-II de ese mismo índice. Consideró que al momento de establecer la pensión alimenticia provisional, se desconocía el hecho de que se encontraba disminuida la capacidad económica del demandado, en virtud de que se encuentra sujeto a un gravamen alimentario que afecta el sesenta por ciento de sus ingresos, derivado del diverso juicio ordinario civil 1060/2021-II de ese propio índice. Asimismo, consideró que la acreedora alimentaria cuenta con dos hijos, y que uno de ellos ya le proporciona la asistencia médica, al encontrarse inscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta aquí las consideraciones del juez civil. Como se adelantó, suplidos en su deficiencia, resultan fundados los agravios aducidos por la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se estima que la resolución reclamada es inconstitucional, ya que la autoridad responsable desatiende los derechos humanos contenidos en el artículo 16 Constitucional, pues presenta una indebida fundamentación y motivación que la llevó a concluir del modo en que lo hizo, como enseguida se evidenciará. En efecto, se advierte de la resolución reclamada que para regraduar el monto de la pensión alimenticia la autoridad responsable consideró que el deudor alimentario Gabriel Israel Velázquez Valdés (aquí tercero interesado) tiene a su cargo otros acreedores alimentario, ya que existe un gravamen alimentario que disminuye su capacidad económica, lo que constituye uno de los indicadores a ponderar para la graduación de la medida alimentaria, como lo establece el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. Asimismo, el Juez responsable tomó en cuenta que la acreedora alimentaria (quejosa en este asunto) tiene dos hijos, uno de los cuales ya le proporciona servicio médico, pues se encuentra inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que el rubro de salud se encuentra cubierto. Así, con tal pronunciamiento para reducir el monto alimentario, el juez responsable lo hizo en un aspecto de fondo, relacionado esencialmente con el hecho de que la actora no demostró su acción de pago de alimentos que exigió en su calidad de madre del deudor alimentario, ya que éste último "demostró" que tiene a su cargo otros acreedores alimentarios, pues existe un embargo por pensión alimenticia del 60% (sesenta por ciento) sobre su sueldo y demás prestaciones, derivado del diverso juicio ordinario civil 1060/2021-II de ese mismo índice, lo que disminuye su capacidad económica; por lo que, al resolver en los términos en que lo hizo, no realizó un estudio exhaustivo de la litis que le fue planteada. Lo anterior es así, porque si bien es verdad que al oponer la reclamación contra el acuerdo de inicio donde se fijó el porcentaje del veinticinco por ciento de los ingresos del deudor alimentario a favor de la actora, el aquí tercero interesado únicamente se limitó a mencionar que ofrecía como prueba la documental pública consistente en el diverso expediente 1060/2021 del propio índice del Juzgado responsable, promovido por Lucrecia Adriana Rosas Villafuerte por propio derecho y en representación de sus menores hijos, donde se le reclamó al propio deudor alimentario el pago de una pensión alimenticia, lo que debe de tener a la vista al momento de resolver el juicio de origen, como un hecho notorio. También lo es que, dicha cuestión es un aspecto de fondo, y en la resolución que constituye el acto reclamado, nada se estimó respecto a la necesidad alimentaria que, en su caso, pudiere asistirle a la aquí quejosa Socorro Valdés Escarpeta, a lo que se encontraba obligado el juez responsable, pues al resolver sobre el porcentaje decretado por concepto de pensión alimenticia, tenía que limitarse al objeto de la reclamación prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, en conjunción con el diverso numeral 242 del Código Civil, ambos para el Estado de Veracruz. De ahí que, si el juez responsable no estimó lo antes expuesto y redujo el porcentaje fijado en el auto de inicio valorando únicamente cuestiones de fondo, entonces debe concluirse que su proceder es contrario a derecho, porque el hecho de que el deudor alimentario se encuentra sujeto a un diverso gravamen alimentario que afecta el sesenta por ciento de sus ingresos, derivado del juicio ordinario civil 1060/2021, y que a la quejosa ya le sea proporcionada la asistencia médica por su otro hijo, pues se encuentra inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de modo alguno incide en el monto alimentario, el cual es independiente del derecho que pueda tenerse al reclamar alimentos. Esto es, el juez responsable al resolver en relación el porcentaje fijado por concepto de pensión alimenticia provisional, debió limitarse al objeto de la reclamación prevista en los citados artículos 210 del Código de Procedimientos Civiles, en conjunción con el diverso 242 del Código Civil, ambos para el Estado; es decir, con base en las pruebas aportadas y a las circunstancias que desconocía cuando fijó el monto alimentario, analizar si procedía su modificación, pero de modo alguno analizar el derecho alimentario que es, en todo caso, materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio natural. Por tanto, se considera que el juez responsable no señaló los motivos, razones y argumentos de derecho en los que sustente que la cantidad finalmente decretada cumple con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, esto es, por qué atiende a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades del que debe recibirlos. En efecto, la responsable no detalló, las razones por las cuales estima que el monto de la pensión alimenticia del 15% (quince por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el demandado Gabriel Israel Velázquez Valdés (aquí tercero interesado) cumple con los principios de equidad y justicia. En otras palabras, las razones por las que el monto asignado a la acreedora alimentaria satisface su estado de necesidad y le proporciona la posibilidad de suministrarse comida, vestido, habitación y la asistencia ante la enfermedad que padece (cáncer de mama) además, los gastos necesarios adecuados a sus circunstancias personales, como lo establece el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz, explicando por qué la cantidad fijada como pensión alimenticia no pone a éste en peligro de insubsistencia; por qué no es excesivo para el deudor y sí, por el contrario, es proporcional a las necesidades de ambas partes, todo ello con apoyo en el material probatorio aportado por las partes. Lo anterior, debido a que los alimentos no sólo se rigen en razón de las necesidades de quien debe recibirlos, sino también en proporción con la posibilidad económica del que debe darlos; por ende, no sólo es útil acreditar las necesidades de los acreedores alimentarios, también resulta relevante atender a las circunstancias, debidamente acreditadas, que evidencien la capacidad económica del deudor, comparada con la apreciación que al efecto se realice al resolver sobre la pensión provisional (en atención al principio de proporcionalidad que rige la materia). Además, el juez responsable debe tomar en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias de la acreedora, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido. Por ello, atendiendo a que los alimentos deben ser proporcionados de manera proporcional a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, el juez debió realizar la ponderación entre uno y otro, y después de razonar, resolver lo conducente, pero precisando por qué el monto que decidió establecer es el que corresponde al caso en concreto; esto es, debió: a) Establecer, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, cuáles son las necesidades de la acreedora alimentaria, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades, y que correspondan a las que se desprendan de las constancias que se allegaron a los autos. b) Definir cuáles son las posibilidades económicas del deudor, evidentemente considerando los ingresos que percibe, además de los gastos propios y el diverso gravamen alimentario al que se encuentra sujeto que afecta el sesenta por ciento de sus ingresos, derivado del diverso juicio ordinario civil 1060/2021-II, entre otras circunstancias; en este apartado, señalar las pruebas que soporten su conclusión, si es que existen. c) Posteriormente a ello, confrontar (necesidades-posibilidades) y determinar de manera fundada y motivada, si el porcentaje decretado inicialmente resulta proporcional con las necesidades de la acreedora y la posibilidad del deudor, o bien, si aun así se justifica la procedencia o improcedencia de la reclamación planteada, debiendo explicarlo fundada y motivadamente; pero sobre todo, para el caso de sostener la procedencia de la regraduación, exponer por qué el citado porcentaje corresponde al que satisfacerá las necesidades que a este momento prevalecen respecto del deudor alimentario. En apoyo de lo anterior cabe citar la siguiente jurisprudencia: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social. Así pues, para graduar la medida alimentaria provisional no basta aludir al principio de proporcionalidad que consagra el artículo 242 del Código Civil Veracruzano, sino que es necesario exponer de manera clara las circunstancias especiales del caso, es decir, debe atenderse a las circunstancias actuales imperantes al momento de la resolución del recurso, a fin de exponer, ante la eventual procedencia de la regraduación de la pensión alimenticia, cuál es el porcentaje que colmarán las necesidades del acreedor alimentario. Tienen aplicación al caso la siguiente jurisprudencia 1a./J. 139/2005: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En otro aspecto, debe decirse que la autoridad responsable desatendió el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres", lo cual se advierte no justipreció el juez a quo. Se dice lo anterior, pues el juzgador debió tomar en cuenta lo siguiente: a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género; e) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) de la Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Constitucional, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 836, con registro digital 2011430 del rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género." Lo anterior es así, toda vez que la doctrina y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido coincidentes en definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir. En ese contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El cumplimiento de la obligación alimentaria, además, se considera de interés social y orden público. En relación con su origen, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la obligación alimentaria surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: a) el estado de necesidad del acreedor alimentario; b) un determinado vínculo entre acreedor y deudor; y c) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerá de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con la regulación específica y las circunstancias de cada caso concreto. Nuestro más Alto Tribunal del país ha señalado que el estado de necesidad referido surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos es necesario tener en cuenta la necesidad del acreedor de estos y no el de las personas que tiene a su cargo. Por otra parte, en cuanto al contenido material de la obligación de alimentos, debe decirse que la misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para sobrevivir. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1200/2014, en sesión del ocho de octubre de dos mil catorce, advirtió que la institución de alimentos está íntimamente relacionada con el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno, de suerte tal que el pleno cumplimiento a la obligación alimentaria depende a su vez, de la completa satisfacción de las necesidades arriba apuntadas. Para sustentarlo, se recordó que el derecho a los alimentos tiene como eje funcional la dignidad humana, concepto respecto del cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho humano que debe ser respetado en todo caso, al constituir la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. En consecuencia, se aclaró que, si bien sería posible sostener que corresponde al Estado asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos a través de servicios sociales, es preciso considerar que los derechos humanos gozan de una doble cualidad, ya que, si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos, también su exigencia se vislumbra bajo una función objetiva exigible en las relaciones entre particulares. De ahí que, en principio, la perspectiva de género en la impartición de justicia constituya un método que debe ser aplicado en todos los casos, independientemente del "género" de las personas involucradas, para detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo "hombres" o al grupo "mujeres". Efectivamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la discriminación puede generarse no sólo por tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a personas que están en situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir de manera indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral, ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto. En esta lógica, la legislación civil y familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la sociedad de convivencia. Por lo que, sería un error pasar por alto el hecho de que una mujer se haya dedicado al trabajo doméstico (lo que incluye la crianza de sus hijos) y por el nivel de estudios, así como la situación de salud, genera un tipo específico de discriminación. De ahí que los jueces de lo familiar deberán atender a las circunstancias de cada caso concreto para determinar el monto y la modalidad de la obligación alimentaria en las relaciones paterno-filiales. Al respecto, deberán tomar en consideración elementos tales como el ingreso del deudor, las necesidades del acreedor; nivel de vida de este último; la edad y el estado de salud de ambos; su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo; dedicación pasada y futura a la familia; y, en general, cualquier otra circunstancia que el juzgador considere relevante. En este complejo análisis resulta, de enorme importancia el concepto de interseccionalidad, desarrollado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. De conformidad con este término, la discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que la afectan, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad y la orientación sexual, entre otras. El enfoque interseccional, implica considerar que las experiencias de victimización forman parte frecuentemente de una cadena de actos discriminatorios, en donde uno sigue a continuación de otro, de manera que la totalidad es mayor que la suma de sus partes. Así, en el caso específico que obliga al juez a determinar la capacidad de una persona para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades con la finalidad de establecer el monto y las modalidades de la pensión alimenticia, debe tomarse en cuenta esta condición multifactorial que, ya en el agregado, puede mermar de forma significativa las posibilidades de un individuo de reincorporarse de forma satisfactoria al mercado laboral remunerado. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable, no expuso las causas generales y razones particulares que en su concepto no le permitieron impartir justicia con base en una perspectiva de género, toda vez que no es exclusiva para aquellos casos en que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que si bien es cierto que históricamente son las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual -como reconoció el Constituyente en la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva de género como método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres", lo que se advierte no desarrollo el juez instructor. En consecuencia, con base en las pruebas aportadas por la parte acreedora como las ofertadas por del deudor alimentario, el juez responsable debe resolver la reclamación interpuesta contra la medida provisional, partiendo de un estudio con base en una perspectiva de género, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a la aquí parte quejosa por su pertenencia al grupo de "mujeres", es decir, si bien es cierto se debe de justificar el estado de necesidad del acreedor alimentario, el vínculo familiar entre ambos y la capacidad económica del deudor, a efecto de cumplir con la obligación de fijar la pensión alimenticia con base al principio de proporcionalidad consignado en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Por lo tanto, deberá justipreciar el ingreso del deudor, las necesidades del acreedor; la existencia del bien jurídico protegido; nivel de vida; la edad y el estado de salud de ambos; su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo; dedicación pasada y futura a la familia; el enfoque interseccional; condición multifactorial que, puede mermar de forma significativa las posibilidades de un individuo de reincorporarse de forma satisfactoria al mercado laboral remunerado; y, en general, cualquier otra circunstancia que el juzgador considere relevante, pero sobre todo los elementos que previamente se han señalado a saber: a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género; e) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Aunado a lo anterior, conviene señalar que el artículo 3º fracción I de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señala que con personas adultas mayores aquellas que se encuentran dentro del territorio mexicano y que cuentan con más de sesenta años. En ese sentido, si bien es cierto que al momento en que la quejosa presentó su escrito de demanda que dio origen al juicio natural (agosto del dos mil veintiuno) manifestó contar con cincuenta y nueve años de edad; lo cierto es que, al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado Gabriel Israel Velázquez Valdés, esto es, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés (resolución que constituye el acto reclamado) la quejosa ya contaba con sesenta años cumplidos, lo que se corrobora con la copia certificada de su acta de nacimiento número 1660 que anexó a la demanda interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia (foja 8 del tomo de pruebas). Sin embargo, la situación particular de la quejosa (ser una persona de la tercera edad) que la pone en un estado de vulnerabilidad, no fue tomada en consideración por el Juez responsable al momento de emitir la resolución combatida, pues únicamente se limitó a hacer mención de dicha condición por cuestión de edad, como se advierte a continuación: En ese contexto, cabe mencionar que la consideración especial hacia los derechos de los adultos mayores, ha sido garantizada por la legislación federal del país, así como en las diversas recomendaciones y tratados celebrados por el Estado mexicano. A su vez, estas recomendaciones y acuerdos se encuentran basadas en las premisas fundamentales establecidas por la Constitución Mexicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo anterior, es que si algunas de las partes que pertenecen a un juicio le corresponde la condición de persona adulta mayor, el juzgador se encuentra obligado a analizar las disposiciones legales aplicables al caso atendiendo la calidad de persona de la tercera edad, en concordancia con el artículo 1° constitucional, atendiendo al mayor beneficio que pudiera corresponderle. Lo anterior, tiene sustento en la tesis I.5o.C.5 K (10a.) de rubro y texto siguientes: "ADULTOS MAYORES. EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA LA CONSIDERACIÓN ESPECIAL HACIA LOS DERECHOS DE AQUÉLLOS, GARANTIZADA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN DIVERSAS RECOMENDACIONES Y TRATADOS CELEBRADOS ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES. La consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada no sólo en la legislación local y federal del país, sino además, en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de las personas de la tercera edad están basados en las premisas fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De acuerdo con lo expuesto, debe decirse que si a alguna de las partes en el juicio le corresponde la condición de persona adulta mayor, el juzgador debe analizar las disposiciones legales aplicables al caso en seguimiento de los principios establecidos en los ordenamientos mencionados, así como en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley Fundamental del país y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al interesado." De lo anterior, es clara la violación al artículo 17 del Protocolo de San Salvador que establece que específicamente las personas de la tercera edad (ancianos) gozarán de una protección especial durante esa etapa de vida, para lo cual el Estado debe adoptar las medidas necesarias a fin garantizar y llevar a la práctica ese derecho, entre las que destacan, la correcta impartición de justicia adoptando una perspectiva constitucional del envejecimiento. Sirve de apoyo, por las consideraciones que contiene, la tesis VII.4o.P.T.11 P (10a.) que a la letra dice: "ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS. Conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para cuyo efecto emitió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que en sus artículos 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 4o., fracción V y 5o., fracción II, entre otras cosas, se establece que su aplicación corresponde, acorde a su naturaleza de ser una "ley general", a la Federación, entidades federativas y Municipios, por lo que para cumplir uno de sus principios rectores, que es la atención preferencial a ese tipo de personas, tales directrices deben aplicarse en los procesos penales en donde figuren como parte agraviada u ofendida, inculpada o sentenciada. Estas consideraciones especiales implican, correlativamente, un derecho del adulto mayor y una obligación de las autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, y pueden ser de forma enunciativa las siguientes: a) A gozar de la presunción de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario; b) Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias que se ordenen en los procesos penales; c) Monitoreo constante de sus niveles de salud física y mental con auxilio de las autoridades correspondientes; d) Trato preferencial en los horarios para comparecer ante el Juez de la causa; e) Analizar con detenimiento si su edad fue determinante para la comisión de los hechos que le imputan; f) En caso de dictarse sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad, corroborando previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así como que al salir no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la facilidad del traslado; g) Establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal impuesta, tomando en consideración la edad de sesenta años o más; y, h) En determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisión preventiva o a purgar condena de prisión, en sus domicilios particulares. Las hipótesis citadas, deben entenderse de manera orientadora, para preservar los derechos humanos de estas personas que fueron así reconocidas en el marco jurídico nacional e internacional." Máxime que, no basta con tomar en consideración su edad para poder determinar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, sino también el contexto en el que se encuentre, esto es, bajo qué condiciones y ante qué circunstancias se ubica. Y, en el caso en particular, la quejosa se trata de una persona de la tercera edad, que fue diagnosticada con cáncer de mama e intervenida quirúrgicamente por dicho padecimiento; que no cuenta con un trabajo y para su edad, niveles de estudios y situación de salud le es complejo conseguir una fuente de trabajo que le permita obtener ingresos para su subsistencia. Sin embargo, de la resolución reclamada se advierte que el juzgador responsable pasó por alto el contexto en el que se encuentra inmersa la quejosa, ya que únicamente se circunscribió a transcribir las manifestaciones realizadas por la amparista en torno al ambiente en el que se encuentra, sin tomar en cuenta dichos argumentos para resolver sobre la regraduación de la pensión alimenticia fijada de manera provisional. Apoya a las anteriores consideraciones, por la idea que contiene, la tesis I.3o.C.26 C (11a.) que se ilustra a continuación: "ADULTOS MAYORES. EN EL CRITERIO DIFERENCIADOR LO QUE IMPORTA ES NO COLOCARLOS EN LA CATEGORÍA DE VULNERABLES A TODOS, SINO DETERMINAR BAJO QUÉ CONDICIONES Y ANTE QUÉ CIRCUNSTANCIAS LO SON CADA UNO, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LO TOME EN CUENTA AL MOMENTO DE RESOLVER. Hechos: En un procedimiento de liquidación judicial de un banco, se dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Un acreedor, adulto mayor (ochenta años) cuyos ahorros superan el pago de las obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, inconforme con la graduación de su crédito y bajo la afirmación de que su edad avanzada obligaba al juzgador a darle una mayor preferencia en el cobro por encima de los otros ahorradores, interpuso el recurso de revocación regulado en el artículo 268 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero lo hizo fuera del plazo de tres días que dicho precepto establece. Lo inoportuno del recurso condujo a la juzgadora federal a desecharlo y tal determinación se reclamó en el juicio de amparo directo, argumentando que su edad avanzada lo convertía en una persona en situación de vulnerabilidad y el dato eficiente para determinar la oportunidad en la interposición de aquél era el conocimiento completo del dictado de la sentencia, lo cual ocurrió más de un mes después de que la misma fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, como lo establece el diverso precepto 239 de la Ley de Instituciones de Crédito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución de en qué casos el envejecimiento supone una vulneración que debe ser tomada en cuenta por el órgano jurisdiccional, de ninguna manera depende automáticamente de la edad, por avanzada que ésta sea. Lo importante es el contexto de cada persona y, justamente, ésa es la finalidad de la adopción de una perspectiva constitucional del envejecimiento. Ahí está el criterio diferenciador en el que lo que importa es no colocar en la categoría de vulnerable a toda la población adulta mayor, sino determinar bajo qué condiciones y ante qué circunstancias lo son cada uno de sus integrantes. Justificación: Lo anterior, porque la edad, como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (al resolver el amparo directo en revisión 1399/2013), por sí sola no es suficiente para estimar que los adultos mayores no pueden tomar decisiones propias, porque debe respetarse en todo momento la posibilidad de su autonomía. Lo anterior no debe confundirse con una falta de empatía o sensibilidad por parte de los juzgadores, pues si bien la vejez trae aparejado un deterioro físico y sus sentidos paulatinamente disminuyen, el adulto mayor puede conservar intactas y aun enriquecidas por la experiencia sus facultades mentales y toma de decisiones por voluntad propia; sostener lo contrario, es decir, afirmar que por el mero hecho de contar con una edad avanzada ya no tiene posibilidad de tomar decisiones por propia voluntad, da lugar a un criterio estigmatizante, desdignificante y totalizador que, en realidad, por no reparar en la circunstancia particular, afecta la autonomía regresiva, comprendida como aquel espacio individual dentro del cual cada persona ejerce por sí misma el poder sobre su vida y su patrimonio, establece reglas, disposiciones o planes que sólo a esa persona se refieren y le permiten proyectarse y desarrollarse en igualdad de condiciones, aunque sin dañar a la de los demás; igualmente, lesiona la independencia, la autodeterminación y la dignidad de ese sector de la sociedad, que quiere vivir su vida a voluntad, sin injerencia de nadie. Un criterio así de totalizador, por perpetuar la asociación de la vejez (senectud) con enfermedad (senilidad), de manera acrítica y por estar en contra de la presunción de capacidad, debe ser proscrito. Hay que distinguir entre la vejez que llega con el paso del tiempo, en la que no se sustituye la voluntad de la persona adulta mayor y la de una persona senil con alguna enfermedad -en la que esa protección sí es una impronta-." CONCLUSIÓN De lo anteriormente expuesto, se colige que la resolución reclamada resulta violatoria de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. EFECTOS Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, SE CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados por Socorro Valdés Escaréta, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 1378/2021 su índice, y en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional, en la que: a) Efectué el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir, así como lo necesario para la propia subsistencia del deudor, y a partir de ahí, considerar si es necesaria o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado. b) En términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. c) Deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje fijado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario Gabriel Israel Velázquez Valdés, así como de Socorro Valdés Escarpeta, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. d) Analice el asunto con perspectiva de género como método analítico, concatenado con la perspectiva de adulta mayor, siguiendo los lineamientos establecidos en ésta resolución. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y textos siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Socorro Valdés Escarpeta, por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.
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