Socorro Soria Payán

Expediente 828/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
828/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
04/01/2018

Partes del expediente

  • Socorro Soria Payán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera incidente de inconformidad en contra la resolución de cumplimiento de siete de diciembre de dos mil diecisiete, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Debido a que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces resulta que, una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, **************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 828/2017-IV, promovido por Socorro Soria Payán. Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó la omisión de emitir el laudo en el juicio laboral *******, en el periodo que para ello determina la Ley Federal del Trabajo. Segundo. Concesión de amparo. En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo; integrado el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 133 a 137), se dictó sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, emita el laudo respectivo en el juicio laboral *******. Tercero. Proveído por el que causa ejecutoria la sentencia. A través de auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 142), causó ejecutoria, por lo que, se requirió a la autoridad de referencia, diera cabal cumplimiento a la misma. Cuarto. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 146 a 152), la Presidenta de la la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, informó y acreditó con las constancias respectivas, que emitió el laudo en el juicio de origen. Quinto. Vista a las partes. En proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 153), con fundamento en el dispositivo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio y documental remitidos por responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo haya hecho. Sexto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe, procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, para lo cual, se toman en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a *******, y lo informado por la autoridad responsable referida, se colige que dio cumplimiento a la ejecutoria federal, pues emitió el laudo en el juicio laboral *******, de su índice, en el término que para ello determina la Ley Federal del Trabajo. Así pues, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que no se incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia y que se atendió al efecto determinado. En razón de lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues, con su actuación, se restituyeron a la parte impetrante el goce de los derechos fundamentales que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 828/2017, ha quedado cumplida. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, a la fecha, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción respectiva. Por ello, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, de autos se desprende que la protección constitucional dentro del presente juicio, se concedió a la parte quejosa para que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, emita el laudo respectivo en el juicio laboral ******* Por ello, se requiere a la autoridad de referencia, para que hasta por el término de tres días posteriores a la recepción del oficio relativo a este auto, con fundamento en los dispositivos 192 y 193 de la Ley de Amparo, informe a este Juzgado el cabal cumplimiento a la sentencia concesoria, mismo que deberá acreditar con las constancias pertinentes. Se le apercibe, que en caso de no dar cumplimiento a lo que antecede, en el periodo concedido para ello, se remitirá este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Aunado a lo previo, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una multa por cien unidades de medida y actualización, equivalente a siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional ($7,549.00) No pasa inadvertido para el que suscribe, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, a fin de que obligue a ésta a cumplir el fallo protector, apercibiéndole con los mismos medios de apremio que a la inferior. Sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, autoridad que para efectos del juicio de amparo no tiene superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del Titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo 828/2017-IV, promovido por XXXX. Resultando Primero. Presentación de la demanda. En escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, turnado a este juzgado en su fecha, XXXX, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó lo siguiente: 4.- ACTOS RECLAMADOS. Lo constituye la OMISIÓN en que ha incurrido la Autoridad Responsable al No dictar el LAUDO dentro de los plazos y términos que establece la propia Ley Federal del Trabajo (.) (sic). Segundo. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete (foja 6), se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente 828/2017-IV, se solicitó informe justificado a la responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto corresponde a la vía indirecta. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la totalidad de constancias que integran este juicio, se colige que la quejosa reclama de la Junta responsable, la omisión de emitir el laudo en el juicio laboral 3/11/0709, dentro de los términos que para ello determina la Ley Federal del Trabajo. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, a través de su Presidenta, manifestó que el acto reclamado es cierto (fojas 12 a 130). Cuarto. Procedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura, hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Al respecto, el que suscribe no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni las partes las hicieron valer, de tal suerte que se estudiarán a continuación los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional de la omisión reclamada. La parte quejosa argumenta que con la omisión reclamada, la Junta responsable vulnera en su perjuicio el derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional. Dicho numeral establece que: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia, está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de manera que, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Bajo ese contexto, la Junta responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por los numerales 685, 686, 771, 885, 886, 887 y 889, todos de la Ley Federal del Trabajo, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, disponen: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.). 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.). 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Del análisis de los dispositivos antes transcritos, queda de manifiesto que los Tribunales del Trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece y su desacato indudablemente conlleva a una violación constitucional al derecho fundamental de pronta impartición de justicia prevista por el referido artículo 17 de nuestra Ley Suprema. Ahora bien, en el caso, desde el tres de abril de dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción en el juicio natural, turnándose los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, para lo cual, como lo indica el artículo 885, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se cuenta con un término de diez días, siendo notorio que en la fecha en que se dicta esta sentencia, ha transcurrido dicho plazo, pues a la fecha han pasado más de seis meses. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que le atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales 685, 686, 771, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión de dictar el laudo que reclama la promovente de amparo, la cual es imputable, en principio, a la autoridad responsable, en atención a lo previsto por la ley laboral. Apoya lo anterior, por contener el principio jurídico apuntado, la Jurisprudencia 2a./J. 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, visible a foja 226, cuyo rubro y texto establecen: LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, emita el laudo respectivo en el juicio laboral 3/11/0709. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a XXXX, para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, XXXX. Doy fe.

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