Socorro Ramírez Avila
Expediente 701/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Socorro Ramírez Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto., En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de dos de junio de dos mil veintidós,2 este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado emitido el cinco de agosto de dos mil veinte, en el juicio laboral 79/2010. 2. Reponga el procedimiento, a efecto de que, atendiendo a lo expuesto en esta ejecutoria: 2.1. Realice los trámites necesarios para lograr el desahogo de la prueba pericial contable admitida, ofrecida por la actora, considerando las solicitudes de sustitución de perito hechas mediante escrito por la accionante. 2.2. En su oportunidad dicte el acuerdo correspondiente, previa certificación del Secretario de la Junta responsable de que no existen pruebas por desahogar en el juicio, en el que provea con relación al transcurso del término concedido a las partes para formular alegatos y se ordene dar vista a las mismas con la certificación de inexistencia de pruebas por desahogar, el cual deberá ser notificado a las partes de manera personal, concediéndoles el término de tres días para que manifiesten su conformidad o inconformidad, formulando el apercibimiento correspondiente. 2.3. En el momento procesal oportuno se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas, que estarán supeditadas al desahogo o no de la vista, siendo hasta ese momento, en el que, de ser el caso, podrá decretarse el cierre de la instrucción, y volver a dictar el laudo que en derecho corresponda, en el que deberá valorar las pruebas documentales ofertadas para acreditar la excepción de pago, y considerando para ello lo expuesto en las objeciones realizadas por la actora quejosa contra tales probanzas, en la audiencia de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete y resuelva lo que conforme a derecho". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Junta responsable: a) Mediante oficio MA. 576/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós,3 remitió la copia certificada del auto de esa misma fecha, en el que dejó insubsistente el laudo de cinco de agosto de dos mil veinte; proveyó sobre la sustitución de perito en materia contable de la parte actora por el perito CP. CNGL, quien dentro del término de diez días, debería de comparecer para aceptar y protestar el cargo conferido. De igual forma, señaló fecha y hora para que se desahogara la audiencia donde el referido perito rindiera su dictamen. b) Por oficio MA.841/2022, de cinco de septiembre de dos mil veintidós,4 remitió la copia certificada de los acuerdos de veintidós de junio y uno de agosto del citado año, siendo que en el primero de los mencionados, compareció el perito en materia contable designado por la actora, para aceptar y protestar el cargo conferido, así como imponiéndose de los autos. En relación del segundo auto, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia donde el perito en contaduría pública de la parte actora rindió su dictamen, así como la parte demandada realizó sus objeciones, mismos que serían tomados al momento de emitir el correspondiente proyecto de resolución en forma de laudo. En ese mismo acto y visto el estado que guardaban los autos, concedió a las partes el término de dos días para que formularan sus alegatos respectivos, apercibidos que en caso que de no hacerlo, tendrían por perdido su respectivo derecho; acto seguido, hizo constar que no existían pruebas pendientes por desahogar, con lo cual se dio vista a las partes, por el término de tres días, para que manifestaran su conformidad con dicha certificación, apercibidos que de no hacerlo se les tendría por desistidos de las mismas. c) En oficio MA. 879/2022, de treinta de septiembre de dos mil veintidós,5 remitió la copia certificada de las notificaciones a las partes demandadas de la audiencia de uno de agosto de dos mil veintidós. d) En oficio MA. 948/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós,6 remitió la copia certificada del auto de esa misma data, e informa que, una vez cumplido el plazo concedido a las partes y sin presentar alegación alguna ni tampoco contestaron a la vista de la certificación, se les tuvo por perdido su derecho a formular alegatos y por desistidos de las pruebas que hubieren quedado pendiente de desahogar; por lo tanto, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. e) Finalmente, por oficio MA. 998/2022, de cinco de diciembre del año próximo pasado,7 remitió la copia certificada del laudo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el que, respecto a la excepción de pago opuesta por la parte demandada, determinó que si bien la parte actora objetó las documentales que demostraban que la entidad demanda le entregó a ésta los recursos de su cuenta individual, lo cierto es que también es que con ninguna prueba que aportó desvirtúa el contenido de las mismas; en consecuencia, la actora no acreditó su derecho a la reestructuración y actualización del saldo de sus aportaciones enteradas al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señaladas en su escrito inicial. Por lo anteriormente expuesto, resolvió que el actor no acreditó la procedencia de su acción y los demandados acreditaron sus excepciones y defensas; por lo tanto, se absolvió a todos los demandados de todas y cada una de las prestaciones que se le reclamaron. Así se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, se dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable, se dejó insubsistente el laudo de cinco de agosto de dos mil veinte; proveyó sobre la sustitución de perito en materia contable de la parte actora quien aceptó y protestó el cargo conferido y rindió su respectivo dictamen; concedió a las partes el término de dos días para que formularan sus alegatos, realizando el apercibimiento correspondiente; hizo constar que no existían pruebas pendientes por desahogar, con lo cual se dio vista a las partes, por el término de tres días, para que manifestaran su conformidad con dicha certificación, realizando el respectivo apercibimiento; notificó a las partes para que tuvieran conocimiento del contenido del acuerdo y de los apercibimientos; declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo y, dictó un nuevo laudo en el que determinó procedente la excepción de pago, una vez valoradas las pruebas documentales y considerando las objeciones de la actora contra tales pruebas, absolvió a todos los demandados de las prestaciones reclamadas; en ese sentido, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto., En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de dos de junio de dos mil veintidós,2 este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado emitido el cinco de agosto de dos mil veinte, en el juicio laboral 79/2010. 2. Reponga el procedimiento, a efecto de que, atendiendo a lo expuesto en esta ejecutoria: 2.1. Realice los trámites necesarios para lograr el desahogo de la prueba pericial contable admitida, ofrecida por la actora, considerando las solicitudes de sustitución de perito hechas mediante escrito por la accionante. 2.2. En su oportunidad dicte el acuerdo correspondiente, previa certificación del Secretario de la Junta responsable de que no existen pruebas por desahogar en el juicio, en el que provea con relación al transcurso del término concedido a las partes para formular alegatos y se ordene dar vista a las mismas con la certificación de inexistencia de pruebas por desahogar, el cual deberá ser notificado a las partes de manera personal, concediéndoles el término de tres días para que manifiesten su conformidad o inconformidad, formulando el apercibimiento correspondiente. 2.3. En el momento procesal oportuno se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas, que estarán supeditadas al desahogo o no de la vista, siendo hasta ese momento, en el que, de ser el caso, podrá decretarse el cierre de la instrucción, y volver a dictar el laudo que en derecho corresponda, en el que deberá valorar las pruebas documentales ofertadas para acreditar la excepción de pago, y considerando para ello lo expuesto en las objeciones realizadas por la actora quejosa contra tales probanzas, en la audiencia de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete y resuelva lo que conforme a derecho". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Junta responsable: a) Mediante oficio MA. 576/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós,3 remitió la copia certificada del auto de esa misma fecha, en el que dejó insubsistente el laudo de cinco de agosto de dos mil veinte; proveyó sobre la sustitución de perito en materia contable de la parte actora por el perito CP. CNGL, quien dentro del término de diez días, debería de comparecer para aceptar y protestar el cargo conferido. De igual forma, señaló fecha y hora para que se desahogara la audiencia donde el referido perito rindiera su dictamen. b) Por oficio MA.841/2022, de cinco de septiembre de dos mil veintidós,4 remitió la copia certificada de los acuerdos de veintidós de junio y uno de agosto del citado año, siendo que en el primero de los mencionados, compareció el perito en materia contable designado por la actora, para aceptar y protestar el cargo conferido, así como imponiéndose de los autos. En relación del segundo auto, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia donde el perito en contaduría pública de la parte actora rindió su dictamen, así como la parte demandada realizó sus objeciones, mismos que serían tomados al momento de emitir el correspondiente proyecto de resolución en forma de laudo. En ese mismo acto y visto el estado que guardaban los autos, concedió a las partes el término de dos días para que formularan sus alegatos respectivos, apercibidos que en caso que de no hacerlo, tendrían por perdido su respectivo derecho; acto seguido, hizo constar que no existían pruebas pendientes por desahogar, con lo cual se dio vista a las partes, por el término de tres días, para que manifestaran su conformidad con dicha certificación, apercibidos que de no hacerlo se les tendría por desistidos de las mismas. c) En oficio MA. 879/2022, de treinta de septiembre de dos mil veintidós,5 remitió la copia certificada de las notificaciones a las partes demandadas de la audiencia de uno de agosto de dos mil veintidós. d) En oficio MA. 948/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós,6 remitió la copia certificada del auto de esa misma data, e informa que, una vez cumplido el plazo concedido a las partes y sin presentar alegación alguna ni tampoco contestaron a la vista de la certificación, se les tuvo por perdido su derecho a formular alegatos y por desistidos de las pruebas que hubieren quedado pendiente de desahogar; por lo tanto, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. e) Finalmente, por oficio MA. 998/2022, de cinco de diciembre del año próximo pasado,7 remitió la copia certificada del laudo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el que, respecto a la excepción de pago opuesta por la parte demandada, determinó que si bien la parte actora objetó las documentales que demostraban que la entidad demanda le entregó a ésta los recursos de su cuenta individual, lo cierto es que también es que con ninguna prueba que aportó desvirtúa el contenido de las mismas; en consecuencia, la actora no acreditó su derecho a la reestructuración y actualización del saldo de sus aportaciones enteradas al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señaladas en su escrito inicial. Por lo anteriormente expuesto, resolvió que el actor no acreditó la procedencia de su acción y los demandados acreditaron sus excepciones y defensas; por lo tanto, se absolvió a todos los demandados de todas y cada una de las prestaciones que se le reclamaron. Así se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, se dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable, se dejó insubsistente el laudo de cinco de agosto de dos mil veinte; proveyó sobre la sustitución de perito en materia contable de la parte actora quien aceptó y protestó el cargo conferido y rindió su respectivo dictamen; concedió a las partes el término de dos días para que formularan sus alegatos, realizando el apercibimiento correspondiente; hizo constar que no existían pruebas pendientes por desahogar, con lo cual se dio vista a las partes, por el término de tres días, para que manifestaran su conformidad con dicha certificación, realizando el respectivo apercibimiento; notificó a las partes para que tuvieran conocimiento del contenido del acuerdo y de los apercibimientos; declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo y, dictó un nuevo laudo en el que determinó procedente la excepción de pago, una vez valoradas las pruebas documentales y considerando las objeciones de la actora contra tales pruebas, absolvió a todos los demandados de las prestaciones reclamadas; en ese sentido, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Oficio MA. 998/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite copia certificada del laudo de veintidós de noviembre anterior; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de éste a las partes quejosa y terceros interesados, así como como con los diversos que remitió la responsable en acatamiento a la referida ejecutoria y sus respectivos anexos, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la codificación antes citada, las constancias con que se da vista quedan en la secretaría para que se impongan de ellas los interesados.
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