Socorro Quiñónes Torres
Expediente 537/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Socorro Quiñónes Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. II. Efectos de la sentencia ejecutoria. El ocho de agosto de dos mil veintidós, fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado en los autos del juicio laboral TLB/065/2013. 2. Dicte otro donde prescinda de considerar que el incidente de nulidad de convenio es improcedente en virtud de que éste fue debidamente sancionado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, bajo los lineamientos de esta sentencia de amparo; y, resuelva con libertad de jurisdicción sobre la admisión del incidente planteado." El veintinueve de agosto del mismo año, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que la autoridad responsable fue requerida para dar cumplimiento al fallo protector. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. Para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable remitió los acuerdos de uno y siete de septiembre de dos mil veintidós. Con lo anterior se dio vista a las partes. Ahora, para dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable quedó constreñida a dejar insubsistente el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, donde desechó el incidente de nulidad de convenio con sustento en la jurisprudencia 2a/J. 17/2015 (10a.); así, en la sentencia de amparo quedó precisado que de acuerdo con ese criterio, la pretensión de nulidad de convenio sólo es improcedente cuando éste haya sido sancionado por la autoridad del trabajo, de modo que si no fue así, es factible plantear la nulidad, por tanto, si en el caso particular, el convenio que proponía las modalidades de ejecución de la sentencia no fue aprobado por el Tribunal, entonces no podía desecharse el incidente de nulidad de convenio con sustento en la citada jurisprudencia; consecuentemente, la autoridad debía prescindir de considerar que el incidente de mérito era improcedente por haber sido sancionado previamente, contando con libertad de jurisdicción para proveer sobre su admisión. En ese entendido, mediante proveído de siete de septiembre del año en curso, la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de cuatro de marzo del mismo año. Luego, en diverso acuerdo de uno de septiembre del presente año, la autoridad responsable consideró que las modalidades de ejecución propuestas por la parte demandada no podían considerase un convenio, máxime que la actora no manifestó su aceptación. En ese entendido, la autoridad responsable advirtió que existían prestaciones pendientes de cubrir en cumplimiento a la sentencia, por lo que requirió a la demandada su cumplimiento. En tales condiciones, la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo sin excesos o defectos, pues dejó insubsistente el acuerdo combatido y emitió otro donde atendió la solicitud de nulidad de convenio propuesto por la actora, prescindiendo de considerar que su pretensión era improcedente en virtud de que el convenio fue sancionado por el Tribunal, inclusive, la autoridad consideró que no existió tal convenio, por lo que lo conducente era requerir el pago de prestaciones pendientes de cubrir en acatamiento a la sentencia, aspecto que atiende a la libertad de jurisdicción otorgada a la responsable para pronunciarse sobre la petición de la actora-quejosa. Por otro lado, al desahogar la vista otorgada, la quejosa refirió que la sentencia no está debidamente cumplida, ya que la autoridad responsable debió actualizar el monto de pago de intereses sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, desde que se dictó el laudo; además, omitió pronunciarse el pago de incrementos salariales y prestaciones correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las manifestaciones anteriores son inoperantes para determinar que el fallo no está cumplido, en tanto escapan del alcance de los efectos de la ejecutoria, pues como fue indicado, la autoridad responsable sólo quedó constreñida a apartarse de la determinación que declaró la improcedencia del incidente de nulidad de convenio bajo el argumento de que el acuerdo de voluntades fue previamente sancionado por el Tribunal, lo cual así ocurrió, quedando en libertad de jurisdicción para atender la solicitud de la actora; por ende, la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria al prescindir de la improcedencia del incidente de nulidad bajo el argumento indicado, por lo que las consideraciones emitidas entorno a la solicitud de la quejosa, en las cuales estimó que no existió convenio por lo que esa necesario requerir el cumplimiento de la sentencia en los términos que apuntó, resultan ser aspectos que se encuentran dentro de la libertad de jurisdicción otorgada y no pueden ser tomados en cuenta para determinar el incumplimiento. Por tanto, con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, téngase por cumplido el fallo protector. IV. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, de no ser recurrida la presente determinación, archívese el expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo. V. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio, por una parte se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales agréguese el oficio TLB/SAI/372/2022 y anexo que remite el Presidente del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, mediante el cual da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, así como el diverso TLB/SAI/364/2022 y anexo, que obra agregado a fojas 279-281, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. PROVEÍDO 12-SEPTIEMBRE-2022 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales agréguese el oficio TLB/SAI/372/2022 y anexo que remite el Presidente del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, mediante el cual da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, así como el diverso TLB/SAI/364/2022 y anexo, que obra agregado a fojas 279-281, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el que manifiesta que da cumplimiento a la sentencia ejecutoria; no obstante, en el acuerdo emitido en cumplimiento, la autoridad indicó que se dejaba sin efectos el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, siendo que en los efectos de la concesión se le indicó que el acuerdo que debería dejar insubsistente es el diverso de cuatro de marzo de dos mil veintidós, lo que fue inclusive materia de aclaración de sentencia por auto del veintinueve de agosto del año en curso. En esas condiciones, requiérasele para que dentro del término de tres días computados legalmente, remita el proveído donde deje sin efectos el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, pues de lo contrario coexistirían el acuerdo considerado inconstitucional y aquél emitido en cumplimiento. Se apercibe a las referidas autoridades responsables que de incumplir con su respectiva prevención, sin causa justificada, se les impondrá una multa que oscilará entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida de Actualización). Asimismo, se les apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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