Socorro Mendoza López

Expediente 390/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
390/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2016

Partes del expediente

  • Socorro Mendoza López

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veinte de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por -------------, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional).

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    CONSTANCIA: Por este medio se notifica a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinte de mayo de dos mil dieciséis toda vez que no acudió a este Juzgado los días veinticuatro ni veinticinco de los actuales, no obstante el citatorio que para ello se le dejó el veintitrés de los corrientes, el cual en lo conducente dice: Vistos el oficio y constancias de cuenta, se advierte que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por -----, contra actos que reclama de la misma, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, este tribunal federal se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con base en el artículo 21, apartado II, fracción I, del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, para que sea contabilizado el presente asunto y haga el registro correspondiente. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 390/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, de la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente del amparo consiste en la falta de emplazamiento al juicio de amparo 711/2013, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, así como todo lo actuado dentro del mismo, en el cual aduce tener el carácter de tercera interesada. En tales condiciones, por lo que ve al acto que por esta vía biinstancial se reclama, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra resoluciones acaecidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; pues, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio de control constitucional, sin importar el momento en que dicha resolución se emita, es decir, antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Lo anterior en consideración que el artículo relativo a la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, tiene la misma esencia de la fracción II, del numeral 73, que prevé el criterio transcrito. En ese sentido, de los hechos que narra el promovente bajo protesta de decir verdad, a lo que nos interesa se evidencia lo siguiente: "ANTECEDENTES: La suscrita tengo promovido el juicio ejecutivo mercantil número ----, ante el Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de Pénjamo, Guanajuato, en contra del señor -----, sobre pago de pesos y sus accesorios legales, en el que se le embargó al demandado un bien inmueble. Así las cosas y no ver resultados dentro del mismo, en fecha 9 nueve de Mayo de la presente anualidad acompañado de otro abogado, consulte mi expediente, en el cual se encontraba agregada una resolución del juicio de amparo del que emana el acto reclamado, y en la que se concedía a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, dejara insubsistente la diligencia de remate y adjudicación que se había realizado en mi favor y fue así que dentro del juicio de amparo me percaté que se me señala como tercero perjudicada y señalan como mi domicilio el ubicado en -----, lugar en el que no habito ni he habitado y mucho menos en la fecha que se promovió dicho juicio de garantías, razón por la que me veo compelida a promover este juicio de garantías sin poder aportar más datos dado que no tengo acceso al juicio de amparo del que emana el acto reclamado." En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas por la propia promovente en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2a./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL PROMOVENTE DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." Por tanto, este Juzgado Federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo anterior es así, tomando en cuenta que la finalidad de las resoluciones dictadas dentro de un medio de control constitucional, es la de proteger los derechos humanos, lo que implica que se trata de una instancia extraordinaria que guarda particularidades propias, como es que sus determinaciones no pueden dejar de cumplirse por ningún motivo; en ese sentido, no existe norma alguna que establezca la posibilidad de revocarlos, pues considerar lo contrarío implicaría la revocación de tales determinaciones, poniendo en peligro la seguridad y certeza jurídica generadas con su dictado. Consecuencia de lo anterior, debe estimarse actualizada la causal de improcedencia que deriva de la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente. Por otra parte, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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