Socorro Gómez Hernández

Expediente 712/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
712/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Socorro Gómez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); mediante el cual, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite copia autorizada de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria de dos de septiembre del año en curso, por ese Tribunal Colegiado, en los autos del recurso de queja 117/2022, interpuesto por José Luis Gutiérrez Valdez autorizado de la parte quejosa J. Socorro Gómez Hernánez, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por J. SOCORRO GÓMEZ HERNÁNDEZ." (sic) En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se proveyó lo conducente respecto al archivo material del presente asunto, no obstante, no se hizo pronunciamiento en relación al billete de depósito **** expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), mismo que fue exhibido para garantizar la suspensión provisional decretada en favor de la parte quejosa en el incidente de suspensión derivado del juicio que nos ocupa. Atento a lo anterior, se deja a disposición del quejoso el billete de depósito N 906241, con las características antes descritas, quien de conformidad con lo establecido por el artículo 50, primer párrafo, de la Ley de Tesorería de la Federación, dentro del término de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional a efecto de recibir el documento mercantil en cita, previa toma de razón que se formule para debida constancia legal; sin embargo, previo a acudir a este órgano jurisdiccional, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente; en el entendido que, de no presentarse en el plazo de dos años, el mismo se hará efectivo a favor del Erario federal

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, por la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Apoderado Legal del Secretario de Salud del Estado de México, informa que a través del Instituto de Salud del Estado de México, los días del veinticinco al veintisiete de mayo del año en curso, se procederá a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2 para la prevención de la COVID-19 en favor de la menor de edad quejosa de identidad reservada con iniciales K.I.R.A., para lo cual deberán atender a lo siguiente: 1. Presentarse en un horario de las nueve a quince horas, en la "Junta de Caminos", ubicada en calle Igualdad, número 101, Santiago Tlaxomulco, código postal 50280, Toluca, Estado de México. 2. Los menores de edad deberán ser acompañados solamente por uno de sus padres o tutor, debiendo identificarse con INE vigente y presentar copia simple de la misma. 3. Presentar Comprobante de Vacunación Contra el VIRUS Sars-Cov2 de la aplicación de la primera dosis, y copia del mismo. 4. Exhibir el acuerdo, sentencia interlocutoria o definitiva, en la que se ordena vacunar a los menores quejosos. 5. Deberán atender a las instrucciones que le sean proporcionadas al momento por el personal encargado de guiar la aplicación de la vacuna, lo anterior con la finalidad de seguir los protocolos y medidas de seguridad contra el virus COVID-19, evitar conglomeraciones y agilizar el programa de vacunación. Atento a lo anterior, comisiónese al actuario para que a la brevedad notifique personalmente lo anterior a la parte quejosa, con la finalidad de que la autoridad responsable esté en aptitud de cumplir con la sentencia en la que se le amparó y protegió. Asimismo, se hace énfasis a los peticionarios de amparo que deberán de presentarse en las instalaciones antes mencionadas, respetando todas las medidas de sanidad necesarias y las indicaciones dentro de las instalaciones, con la finalidad de evitar las conglomeraciones y agilizar el proceso de vacunación. De igual manera, se apercibe a la parte accionante de la instancia constitucional en el sentido que, para el caso de no comparecer en el horario y día establecido por la autoridad competente a efecto de que la menor de edad quejosa de identidad reservada con iniciales K.I.R.A., sea inoculada por parte del personal de salud, se dejará sin efectos la providencia precautoria dictada en el presente sumario de amparo por falta de interés personal. Atento a lo anterior, resulta innecesario requerir el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables, toda vez que, como se advierte de los párrafos que anteceden, una vez vacunando a los menores de edad quejosos con la segunda dosis de la vacuna en comento, los efectos para los cuales fue concedida la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, quedaran satisfechos; no obstante, a efecto de poder calificar el cumplimiento dado a dicha ejecutoria, se requiere a la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de México, para que reúna las constancias necesarias o realicen las gestiones pertinentes, a fin de acreditar que a los menores de edad quejosos, les fue completado el esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV2 para prevenir la COVID-19, y en un término de tres días legalmente computados, remita dichas constancias a este Juzgado de Distrito; apercibidos que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por J. Socorro Gómez Hernández, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 712/2022-III. En consecuencia, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la dilación procesal de la autoridad responsable para celebrar la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente 1054/2021, desde el tres de febrero de dos mil veintidós, en que desahogó la prevención que le fue formulada. Sentado lo anterior, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [...]" En efecto, la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, el artículo 107 constitucional establece como una de las bases del juicio de amparo, que cuando éste se promueve contra actos emitidos dentro de juicio, sólo procede si son de "imposible reparación". El artículo 107 de la ley reglamentaria define qué debe entenderse por actos de tal naturaleza, al establecer que tienen tal carácter aquéllos que violen derechos sustantivos. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia (Común, Laboral), Decima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De esta manera, para que se considere que un acto tiene tal carácter es necesario que los actos reclamados incidan en bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas y, además, que la afectación sea actual, es decir, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo es improcedente contra omisiones aisladas dentro de un procedimiento, salvo que se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. De igual manera, es aplicable al caso la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, Decima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así, toda vez que la promovente se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alega violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el presente caso, la omisión de realizar las gestiones para celebrar la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente 1054/2021, desde el tres de febrero de dos mil veintidós, en que desahogó la prevención que le fue formulada. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Esto, tomando en consideración que, la quejosa J. Socorro Gómez Hernández, reclama la dilación procesal de la autoridad responsable para celebrar la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente 1054/2021, desde el tres de febrero del año en curso, en que desahogó la prevención que le fue formulada, y que la demanda de amparo, se presentó el nueve de mayo del año en curso, es dable concluir que a la fecha de la referida presentación de la demanda, únicamente habían transcurrido noventa días naturales a partir de que la autoridad responsable tuvo que dar cumplimiento al artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; por lo tanto, no se advierte una abierta dilación o paralización del procedimiento que dé lugar al caso de excepción a efecto de tornar procedente la presente instancia constitucional. Para sustentar lo anterior, es preciso traer a colación el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que establece lo siguiente: "Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia. Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la presencia del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en que citará a los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución correspondiente." De modo que, como ya se dijo, si del escrito de demanda, se obtiene que desde el tres de febrero la parte quejosa desahogó la prevención, en términos del numeral 229 transcrito, es inconcuso que únicamente han transcurrido noventa días naturales a partir del plazo con que cuenta la responsable para emitir la resolución en el mencionado juicio. En apoyo a lo anterior, es preciso destacar el artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que establece lo siguiente: "Artículo 204 A. Operará la declaratoria de la caducidad de la instancia, cualquiera que sea el estado del procedimiento desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta la emisión del laudo, si transcurridos ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación del Tribunal o la Sala no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por la parte actora, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal o la Sala notificará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia de la caducidad, dictará resolución." De lo anterior se colige que propia ley, aprueba un plazo de inactividad del juicio relativo a ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación del Tribunal o la Sala, dentro del cual el mismo deberá ser impulsado. En ese sentido, se aprecia que el plazo referido en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, iniciaría a partir del cuatro de febrero de dos mil veintidós, y culminaría el ocho de febrero de dos mil veintidós, luego entonces, a partir del día siguiente a esta data, deben de contarse los ciento veinte días a que se refiere el artículo 204 A del ordenamiento legal invocado, es decir que, a la fecha de la presentación de la demanda (nueve de mayo de dos mil veintidós), únicamente han transcurrido noventa naturales de los ciento veinte establecidos; por lo tanto, se estima que, hasta este momento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Así, la dilación reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. En consecuencia, como la actuación que se reclama no reúne las características apuntadas, procede desechar la demanda intentada por el quejoso, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu. Lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos humanos de la impetrante del amparo, pues no es la obligación de este juzgado de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse el accionante de amparo y entre las que se encuentran las causas de improcedencia advertidas en la presente determinación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, con número de registro 174737, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Y, en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Pues se reitera, al momento de la presentación de la demanda de amparo, no había transcurrido el término de ciento veinte días que establece la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 204 A, plazo durante el cual la ley tolera que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Sustenta lo anterior, la tesis XXVI.5 K (10a.), del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Décima Época, visible a página 5157, que dice: "DILACIONES PROCESALES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS. EN CADA CASO PARTICULAR, LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE ANALIZARSE EN ATENCIÓN A LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE AQUÉLLAS DEBIERON PRONUNCIARSE LEGALMENTE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS, CONFORME A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA DE QUE SE TRATE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", sostuvo que, por lo que hace a la materia laboral, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta para ello, que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Así, siguiendo el criterio sostenido en la mencionada jurisprudencia, se concluye que en cada caso particular, dependiendo de la materia del asunto, deberá analizarse la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra las dilaciones presuntamente excesivas en que incurran las autoridades responsables en el dictado de proveídos, en atención a la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse éstas o diligenciarse los actos procesales respectivos, conforme a la ley aplicable a la materia de que se trate. Luego, deberá tomarse en cuenta el periodo máximo que la ley aplicable a cada caso concreto tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción de las partes contendientes, para dar impulso al procedimiento para su trámite, en el entendido de que si éste no se activa, la sanción procesal será la caducidad." Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica el promovente en la demanda de amparo; asimismo, se tienen como autorizados, los que cita para los efectos que refiere. Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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