Socorro Fuentes Palacios

Expediente 2455/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2455/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
15/03/2016

Partes del expediente

  • Socorro Fuentes Palacios
  • María del Socorro Fuentes Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, por este juzgado se concedió el amparo para los siguientes efectos: 1.- Deje insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada y emita otra en la que reitere lo que no es materia de la concesión, ni consecuencia de ella. 2.- Considere que la aplicación del pago exhibido por la quejosa el tres de junio de dos mil quince, debe hacerse en su totalidad a las cantidades liquidadas en la sentencia interlocutoria de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, así como al pago de la suerte principal, sin tomar en consideración las cantidades que se liquidan en la resolución que se dicte en relación con la ampliación propuesta por el actor en el juicio ejecutivo mercantil.... 3.- Una vez hecho lo anterior, resuelva como en derecho proceda. Mediante proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la Juez Primero de lo Civil del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El tres de marzo del año en curso dictó la resolución interlocutoria a la planilla de liquidación presentada por Alberto Barba Rivera dentro del juicio ejecutivo..., en la que dejó insubsistente la sentencia interlocutoria dictada en fecha once de septiembre de dos mil quince; asimismo, Dictó otra en la que declaró que el pago exhibido por la quejosa el tres de junio de dos mil quince, deberá aplicarse en primer término al pago de intereses moratorios regulados por sentencia interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil trece, luego el remanente a la suerte principal a que se refiere la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil diez y finalmente el monto restante al pago de honorarios y, Determinó aprobar parcialmente la planilla de liquidación en la cantidad de cuatro mil noventa y siete pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional, por concepto de intereses moratorios generados del día dieciséis de enero de dos mil trece al tres de junio de dos mil quince (fecha de exhibición del pago por la demandada), honorarios de abogados y gasto de dictamen de avalúo que deberá pagar la quejosa a favor de Alberto Barba Rivera. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. No es obstáculo a lo anterior, las alegaciones formuladas por la parte quejosa en escrito ingresado el diez de marzo del año en curso, en el que se duele de que la autoridad responsable se excedió en el cumplimiento de la sentencia amparadora, porque de nueva cuenta volvió a citar el inaplicable artículo 364 del Código de Comercio; además, aduce que en el cuadro que insertó en su determinación el juzgador responsable para establecer los montos a los que se aplica el pago efectuado por la demandada, el tres de junio de dos mil quince, se maneja un interés ordinario que no fue objeto de condena alguna. Empero, si bien es cierto que el juzgador responsable volvió a hacer referencia al numeral indicado, lo cierto es que de cualquier manera procedió a efectuar la aplicación del pago exhibido por la quejosa el tres de junio de dos mil quince, tal como le fue ordenado en la ejecutoria dictada en este sumario constitucional, esto es, aplicándolo a las cantidades liquidadas en la sentencia definitiva (relativa a la suerte principal) así como a la que corresponde a la interlocutoria de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece (intereses moratorios) y el pago de honorarios de abogado correspondiente; dando así, exacto cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo. Igualmente, si bien es cierto que en el primer recuadro de la columna central que el juzgador responsable insertó para mejor referencia de la aplicación del pago efectuado por la impetrante el tres de junio de dos mil quince, se señala la leyenda "se aplica en primer término a intereses ordinarios" foja 71); cierto es también que ese concepto no revela aplicación alguna de cantidades correspondientes al pago realizado por la demandada por trece mil cuatrocientos sesenta y dos pesos y cuarenta y cuatro centavos, sino que la autoridad responsable, en congruencia con lo resuelto, aplicó el pago en cita, en primer orden, al monto de los intereses moratorios liquidados en resolución del veintiuno de febrero de dos mil trece; luego, el remanente se aplicó a la suerte principal objeto de condena en sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil diez y, finalmente, el saldo restante al pago de los honorarios cuantificados en la primera resolución incidental mencionada, por tratarse de las únicas cantidades liquidadas a la fecha del pago. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, segundo párrafo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, por interlocutoria de nueve de octubre de dos mil quince, se concedió la suspensión definitiva, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(III)

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual la quejosa Socorro Fuentes Palacios, desahoga la vista que se le formuló en proveído de siete de marzo de dos mil dieciséis; por lo que, tómese en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio.(III)

  3. Principal

    Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Estado., por medio del cual informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe los documentos respectivos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado en su caso, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, de cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Precisando que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Finalmente, devuélvase a la Juez Primero de lo Civil del Estado el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado.(III)

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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