Socorro Escandón Rodríguez

Expediente 187/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
187/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Socorro Escandón Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara que ha causado estado el referido auto. ... y archívese este juicio como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. ...

  2. Principal

    ... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CUATRO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Socorro Escandón Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz, con sede en esta ciudad. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 187/2019/IV-A. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala medularmente como acto reclamado el cambio de su puesto como "Auxiliar de Apoyo a Biblioteca" en el área "Casa de Día" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz, a la Subdelegación de Prestaciones de ese mismo Instituto, lo cual le fue notificado mediante oficio 1.4.426/2019 de veinticinco de febrero del año en curso, con lo cual dice sufrir violaciones a sus derechos laborales, ya que se decidió fuera de procedimiento alguno. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito, considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal. De los preceptos anteriores, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, por esa razón, el acto aquí reclamado no se considera como de aquéllos en contra de los cuales proceda la acción constitucional, ya que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, y en el presente asunto, la promovente manifiesta que labora para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz y se le ha comunicado el cambio de servicio para desempeñar sus funciones en la Subdelegación de Prestaciones de esa misma institución; lo que implica, que ya no estará en el área "Casa de Día", como "Auxiliar de Apoyo a Biblioteca". Así, el acto que reclama la quejosa de presentarse en la Subdelegación de Prestaciones, de ninguna manera configura el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público); pues sólo se afectan derechos que pudieran corresponder a la promovente, que en todo caso, inciden directamente en el ámbito laboral, porque derivan de la relación de trabajo que existe entre la quejosa y su patrón (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz). Lo anterior pone de manifiesto que, para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente" a la de ésta, conforme a lo preceptuado en el artículo 5, fracción II de la ley de la materia. Así, para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS"; es autoridad aquella que de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de un particular, o de una persona oficial respecto de sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece pues la posición de la quejosa frente al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz, con sede en esta ciudad, no es la de un gobernado sino de empleada. Bajo ese contexto, es dable señalar que la demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Tiene aplicación al caso la tesis I.6o.T. J/28 (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página un mil novecientos cincuenta y seis, Libro XXIX, Tomo III, Abril de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Lo anterior, ya que los actos reclamados no derivan del ejercicio público que la ley le confiere a esa dependencia, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de patrón; y por tanto, si la violación de derechos fundamentales no se produce contra un gobernado ni se trata de la afectación de los intereses patrimoniales de una persona oficial, entonces el juicio de garantías que se intenta es improcedente. Es por ello que, se considera que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que surgió en razón del vínculo de naturaleza laboral existente entre la aquí quejosa y un ente de la administración pública; esto es, las autoridades responsables actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio, por lo que el cambio de servicio de la aquí quejosa deriva de una relación laboral, de donde se concluye que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz, al emitir el acto reclamado no está actuando con facultades de imperio sino en su carácter de patrón frente a uno de sus trabajadores. Por lo que, no es un acto susceptible de controvertirse en sede constitucional como lo pretende la quejosa, ya que en todo caso podría impugnarlo ante la autoridad laboral respectiva. Máxime que el Instituto actúa como persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, lo que constituye una relación laboral con la aquí quejosa, en un plano de coordinación, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de dicha relación debe ser ventilada a través del juicio laboral ordinario. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en la resolución dictada en la Queja 285/2018 de su índice, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, donde se desechó la demanda de garantías en el juicio de amparo 520/2018 del índice de este juzgado. Asimismo, sirve de apoyo por sus razones, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto." En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. Así también, se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Álvaro Francisco Rosas Rodríguez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como su autorizado con las restricciones que impone dicho numeral a Constantino Díaz Rivera por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales del mismo....

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