Socorro Campos Santana

Expediente 888/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
888/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Socorro Campos Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa y tercera interesada no realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de once de octubre de dos mil dieciocho (foja 42 a 49), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, realizara lo siguiente: LLeve a cabo la prueba pericial en materia contable o emita una determinación final al respecto, en caso de haber señalado una nueva de fecha para su desahogo, la deje insubsistente y fije una nueva respetando lo estipulado por el artículo 763, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo. Dictar la resolución en el incidente de liquidación relativo al laudo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 266/2010 y su acumulado 488/2010. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en autos, y se requirió su cumplimiento (foja 61 a 63). II. Trámites de la responsable. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, Guerrero, por oficio 2986/2018, remitió copia certificada del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, del que se advierte, se declaró desierta la prueba pericial en materia contable, ofrecida por la parte demandada incidentista, con cargo al perito Miguel Juárez Moreno, dada su incomparecencia (foja 81 y 82); de igual, forma por oficio 448 de catorce de febrero de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria emitida en el incidente de liquidación del juicio laboral 266/2010 y su acumulado 488/2010. III. Vista y notificaciones. Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mi diecinueve (foja 106), se ordenó dar vista a las partes con el oficio y anexo en mención, descritos en el párrafo que antecede, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales convinieran, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó personalmente a la autorizada de la parte quejosa el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve (foja 109) y por oficio al tercero interesado (foja 110). IV. Verificación del cumplimiento. La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al emitir una determinación respecto de la prueba pericial en materia contable y resolver el incidente de liquidación relativo al laudo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 266/2010 y su acumulado 488/2010; colmando con ello, los efectos precisados en la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho. V. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, sin existir exceso o defecto en el cumplimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. Por tanto, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Conejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ES SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda y la sentencia respectiva y no obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de doce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 91 y 92), remite copia certificada de la resolución interlocutoria de catorce de enero de dos mil diecinueve emitida en el expediente laboral D.O. 266/2010 y su acumulado 488/2010/2014. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 83 a 85), se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, informando los trámites realizados en cumplimiento a la ejecutoria y se le requirió para que dentro del término de diez días hábiles, cumpliera con la ejecutoria, sin que a la fecha haya desahogado dicho requerimiento, no obstante de estar debidamente notificada desde el diez de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 89 y 90). Consecuentemente, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, es decir: Dicte la resolución en el incidente de liquidación relativo al laudo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 266/2010 y su acumulado 488/2010. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Ricardo Quiñones Orozco, en su carácter de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. .

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de nueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 71 a 73), remite copia certificada de la audiencia celebrada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral D.O. 266/2010 acumulado al 488/2010, de la que se advierte declaró desierta la prueba pericial en materia contable, ofrecida por la parte demandada incidentista. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, es decir: Dictar la resolución en el incidente de liquidación relativo al laudo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 266/2010 y su acumulado 488/2010. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Ricardo Quiñones Orozco, en su carácter de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal.

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