Socorro Campos Santana
Expediente 533/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 35 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Socorro Campos Santana y Otros.
- Socorro Campos Santana
- Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, Guerrero.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio 1447 de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria relativa al recurso de revisión de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, interpuesto por la parte demandada en el expediente laboral D.O. 266/2010 y su acumulado 488/2010, así como las constancias de notificación realizada a las partes de dicha resolución. Luego, mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó a la parte quejosa vía electrónica el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, y al tercero interesado por oficio; sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Socorro Campos Santana, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de once de mayo de dos mil veintidós, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, esto es, a Ricardo Quiñonez Orozco, realizara lo siguiente: Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, emitiera la determinación relativa al recurso de revisión interpuesto por la demandada, en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en el juicio laboral 266/2010 y su acumulado 488/2010. Notificara a las partes tal determinación, y comprobarlo ante este órgano jurisdiccional con las constancias correspondientes. Una vez que por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, esto es, a Ricardo Quiñonez Orozco. I. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a través del oficio 1447 de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria relativa al recurso de revisión de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, interpuesto por la parte demandada en el expediente laboral D.O. 266/2010 y su acumulado 488/2010, así como las constancias de notificación realizada a las partes de dicha resolución y de la cual se advierte que la autoridad responsable con plenitud de jurisdicción, declaró improcedente el recurso de revisión planteado por el apoderado legal del demandado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero y continuó con el procedimiento de ejecución de laudo. III. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, resolvió el recurso de revisión propuesto por la parte demandada en el expediente laboral D.O. 266/2010 y su acumulado 488/2010, en el que con plenitud de jurisdicción, declaró improcedente dicho recurso y continuó con el procedimiento de ejecución de laudo; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, este órgano federal DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO del presente asunto. Por tanto, en cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido acuerdo general, el expediente principal es conservable, por lo que una vez transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, deberá transferirse íntegramente al depósito documental que designe el Área coordinadora de archivos, dado que, en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Por último, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del juicio laboral D.O. 266/2010 y su acumulado 488/2010, compuesto de un legajo de pruebas, que remitió la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, como complemento de su informe justificado; en tal virtud, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por el que remite copia certificada de la resolución interlocutoria relativa al recurso de revisión de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, propuesto por la parte demandada en el expediente laboral D.O. ********************y su acumulado ********************así como las constancias de notificación realizadas a las partes de dicha resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copias del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; esto es, ******************** no ha remitido las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, misma que concedió el amparo a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a ******************** Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, emitir la determinación relativa al recurso de revisión interpuesto por la demandada, en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en el juicio laboral ********************y su acumulado ********************. Notificar a las partes tal determinación, y comprobarlo ante este órgano jurisdiccional con las constancias correspondientes. Apercíbase de nueva cuenta a ******************** en su carácter de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria de amparo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario David Monyardyny George, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, esto es, Ricardo Quiñonez Orozco, no ha remitido las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia amparadora. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a Ricardo Quiñonez Orozco, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, emitir la determinación relativa al recurso de revisión interpuesto por la demandada, en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en el juicio laboral 266/2010 y su acumulado 488/2010. Notificar a las partes tal determinación, y comprobarlo ante este órgano jurisdiccional con las constancias correspondientes. Apercíbase a Ricardo Quiñonez Orozco, en su carácter de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria de amparo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Viridiana López González, que autoriza y da fe.
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