Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U.
Expediente 122/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U.
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, remite un legajo de copias certificadas del presente juicio y testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.C. 176/2022, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; acúsese recibo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al veintinueve de julio de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, se hace constar que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, por lo que se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente asunto concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por oficio al tribunal oficiante y por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, comunica el contenido del auto de tres de junio del año en curso, del que se advierte que acusa recibo de las constancias que se le remitieron para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la quejosa, contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, y que admitió dicho medio de impugnación, el cual registró bajo el número Q.C. 176/2022. Notifíquese por lista a la quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta de la parte quejosa***** presentado por conducto de su apoderado *****, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el informe materia de la queja, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno, enviándole por separado el escrito de expresión de agravios. Ahora bien, toda vez que se trata de un recurso de queja, éste debe ser turnado a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, remítase el medio de impugnación por conducto del buzón judicial para que se le asigne número y se turne al Tribunal Federal que en razón de turno le corresponda conocer, lo anterior conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno.
- Principal
México, Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA El escrito inicial de demanda fue recibida vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y recibido el dos del mes y año en curso en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA. De la lectura integral de la demanda se advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Lo anterior obedece a que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que produzcan efectos de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, los citados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este casos los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, como ya se ha establecido, el acto reclamado, corresponde a la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 629/2021/1, por la Sala responsable, que declaró parcialmente fundado el recurso de apelación interpuesto por la codemandada contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, en los medios preparatorios a juicio 570/2020, y en su lugar declaró improcedente hacer efectivo el apercibimiento de multa decretado en proveído de tres de agosto del dos mil veintiuno, ante la falta de certeza sobre los documentos que debían exhibir los presuntos demandados, la cual no constituye un acto de imposible reparación, sino que tiene la naturaleza de un procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, puesto que, no le deja sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, y sobre todo porque las diligencias de origen apenas se encuentra en trámite. Lo anterior, porque tal resolución reclamada se relaciona con cuestiones de índole adjetiva que sólo producen efectos intraprocesales, puesto que no se encaminan a declarar ni constituir derecho alguno; por lo que no afecta sus derechos fundamentales, ya que de acuerdo con lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, que aunque obtenga sentencia favorable no pueda ser separada o restituida la garantía violada; en el caso particular, el impetrante del amparo reclama actos que no producen de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental, la negativa de admitir un recurso contra el auto que admitió los medios preparatorios, resultan un violación de carácter intraprocesal, lo que hace improcedente el amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo; en el presente caso no acontece. Lo anterior es así, toda vez que atendiendo a lo preceptuado por los artículos 193 y 194 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la quejosa reclamó un acto emitido en el trámite de unos medios preparatorios a juicio, que por regla general consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan; y dado que quien aquí resuelve considera que resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1ª./J.16/2013(10ª), de rubro: "JURISDICCION VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SOLO "PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA "SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA "EJECUCION SEA DE IMPOSIBLE REPARACION", en virtud de que las diligencias de jurisdicción voluntaria también se tramitan fuera de juicio, ya que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 338/2012, que dio lugar a dicha jurisprudencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo medularmente que en las jurisprudencias tituladas: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE "AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE "ADMITE A TRAMITE LA PETICION DEL ACREEDOR PARA QUE EL "JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN "GARANTIA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. "PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA "RESOLUCION QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN "EL ARTICULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y "OPERACIONES DE CREDITO"; y en las ejecutorias de las que derivaron estas, se estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto solo procedería en contra de la resolución que pusiera fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 constitucional, en estos casos debía respetarse el principio de definitividad; y solo cuando los actos intraprocesales fueran de imposible reparación, en aplicación analógica de la fracción IV, del artículo 114, de la Ley de Amparo - hoy fracción V, del artículo 107, de la vigente Ley de Amparo- el juicio biinstancial procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existieran en su contra, sin requerir que se emitiera la determinación final que procediera. En este entendido, se advierte que el acto reclamado no pone fin al procedimiento del que deriva, ya que la resolución reclamada afecta únicamente derechos de carácter procesal, consecuentemente, la afectación real que en esencia alude el quejoso, consistente la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 629/2021/1, por la Sala responsable, que declaró parcialmente fundado el recurso de apelación interpuesto por la presunta codemandada contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, en los medios preparatorios a juicio 570/2020, y en su lugar declaró improcedente hacer efectivo el apercibimiento de multa decretado en proveído de tres de agosto del dos mil veintiuno, ante la falta de certeza sobre los documentos que debían exhibir los presuntos demandados. De ahí que no puede considerarse afectado un derecho sustantivo que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Además, no se actualiza en el caso la excepción relativa a que ese acto intraprocesal en los medios preparatorios sea de imposible reparación, en virtud de que el legislador federal definió a los actos de imposible reparación en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cual excluye toda posibilidad de reclamar en el juicio de amparo indirecto actos intraprocesales que no afecten derechos sustantivos; así, al no tratarse del último acto dictado en los medios preparatorios a juicio, y no tener una ejecución de imposible reparación, procede su desechamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C.18 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007389, relativo a la Décima Época, página 2461 cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto." También sustenta esta determinación, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil trece, visible en el Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2003301 relativo a la Décima Época, página 744, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." En las relatadas condiciones, se arriba a la conclusión, que ese acto no produce a la impetrante del amparo de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental, toda vez que pretende combatir mediante este juicio constitucional, violaciones de carácter intraprocesal; las que se reitera, no causan un perjuicio directo a sus garantías individuales consagradas en la Constitución, los cuales se caracterizan porque su afectación no es actual, sino que ello depende de que su menoscabo trascienda al resultado del fallo, pues incluso el daño causado podría desaparecer si no incide en el sentido del fallo final. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006338, relativo a la Décima Época, página 1539, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***********, por conducto de su apoderado ************. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PROMOVENTE. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la impetrante el que indica. No obstante lo anterior, a efecto de privilegiar los medios electrónicos proporcionados a fin de evitar el contacto físico entre las partes debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, como lo solicita, se le autoriza la práctica de notificaciones vía electrónica y su consulta por dicha vía, así como las facultades para promover vía electrónica a través del usuario "************", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, y se ordena darlo de alta en el rubro correspondiente, en términos de lo establecido en los artículos 3°, 26 y 30 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******,..., ya que tienen inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por autorizado al diverso profesionista que indica, por no tener registrada su cédula profesional en dicho sistema, y a las demás persona que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que el profesionista inscriba su cédula profesional en el registro correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente.
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