Sixto Taboada Sánchez
Expediente 1061/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Sixto Taboada Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de quince de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Sixto Taboada Sánchez; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de quince de noviembre de dos mil diecisiete: Vista, la demanda de amparo que promueve Sixto Taboada Sánchez, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador, Turno Segundo de la Unidad de Investigación Calpulalpan, adscrito a la Procuraduría General del Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1061/2017-V. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, en relación al acto consistente en la indebida integración del acta de hechos UICAL-2/635/2017 seguida en contra del promovente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo , autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. . Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta el promovente, deriva del hecho de que la indebida integración del acta de hechos UICAL-2/635/2017 seguida en su contra, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: . De la anterior transcripción se desprende que, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, operará si el quejoso no acredita una afectación a sus intereses jurídicos, o bien, legítimos. Ahora, en relación con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profusamente dicha causa de improcedencia, señalando que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos, a saber: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de garantías requiere la demostración de un interés jurídico, que tiene una intensidad mayor al interés legítimo o económico. La segunda hipótesis de procedencia, es decir, la afectación a los intereses legítimos del particular, no ha sido materia de gran desarrollo jurisprudencial a propósito del juicio de amparo ya que su incorporación es novedosa; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se ha pronunciado en torno a los contornos de esta institución jurídica referidos al juicio contencioso administrativo, argumentos que son útiles para entender el alcance que debe dársele. Así, el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que, a pesar de las reformas constitucionales, la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: a. Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados. b. Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad. c. Que la potencial anulación del acto de autoridad, produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona, sin más, pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública estatal, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad. Ahora, respecto del acto consistente en la integración de la indagatoria de origen, debe decirse que la averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables, y dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cual será el resultado de la indagatoria; de ahí que sea factible concluir que su trámite y consignación no propicia afectación alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sostener un criterio diverso ocasionaría una afectación a los intereses de la comunidad, pues la investigación de los delitos podría paralizarse en cualquier momento, bastando para tal efecto que se promoviera el juicio de amparo, situación que provocaría un grave perjuicio social, además de trastocar la función del juicio de amparo, que radica en reparar la violación a los derechos fundamentales, y no en entorpecer el actuar de las autoridades. De ahí que, el hecho de que el agente del Ministerio Público responsable integre la averiguación previa, o investigue actos que pudieran ser constitutivos de algún delito, no implica que con ello se causen daños o perjuicios a la parte promovente en dicha fase procedimental, pues tal perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o, en su caso, presentación; por tanto, una vez que el juez penal que se avoque al estudio de la consignación determine, de estimarlo procedente, dictar la orden de aprehensión o presentación, será el momento en que la parte promovente se verá afectada en su libertad y no así al presentarse la consignación. .. Cabe puntualizar que si bien estos criterios se emitieron cuando el parámetro de procedencia era el interés jurídico, siguen siendo aplicables aun después de la reforma constitucional de junio de dos mil once, pues lo cierto es que, como ya se mencionó, la mera integración y consignación de la averiguación previa no incide ni siquiera en la situación jurídica cualificada en que pudiera encontrarse el quejoso, pues el hecho de que se investigue no implica que, necesariamente, habrá de concluirse con una sanción, pues para tal efecto sería necesario que después de que la Representación Social ejerciera la acción penal, un juzgador independiente determinara que se llenaron los extremos necesarios para librar la correspondiente orden de captura o presentación. Cabe destacar que el sentido de la presente resolución no contraviene a las jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 553/2012, en sesión del seis de marzo de 2013, la cual se encuentra pendiente de publicación; por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1221, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2004; y, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 884, del tomo XI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2000, que respectivamente dicen: . Lo anterior es así, pues si bien en las jurisprudencias transcritas se sustentó, grosso modo, que no es necesario que el interés legítimo o el jurídico esté plenamente probado al presentarse la demanda y que, la falta de dicho interés no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cierto es que hacen referencia a los casos en que "no se tenga la plena certeza que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del amparista", donde el interés jurídico "puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional", porque el motivo de improcedencia no sea claro y evidente, sino que es susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal, esto es, se refiere a los casos en que no se han aportado los medios de prueba suficientes para acreditar la afectación, pero que existe la posibilidad de que esto se realice durante el procedimiento. Sin embargo, resulta claro y evidente que en el caso no existe posibilidad de que la parte quejosa, en el curso del procedimiento, acredite que sufre una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos por el acto reclamado - integración de la averiguación previa en su contra-, dado que dicha circunstancia no deriva de su falta de prueba, sino de la propia naturaleza del acto, la cual no es susceptible de cambiar durante el curso del procedimiento y, por ende, no hay lugar a dudas de que con independencia de los medios de convicción que la parte quejosa pudiera aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, tramitar el juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería la improcedencia del juicio de amparo. . En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la citada Ley, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la integración de la averiguación previa en contra del promovente. Como lo solicita la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Independencia, número treinta y ocho, letra A, colonia Centro, Tlaxcala, teniéndose como autorizados en términos amplios únicamente a Pablo Roberto Hernández Hernández y únicamente para oír y recibir notificaciones a José Luis Rodríguez López, Ángel López Bandala y Saúl Lopez Bandala por no contar con cedula registrada ante el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que el presente juicio se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ..
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