Sixto Martinez Sigala

Expediente 2358/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2358/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Sixto Martinez Sigala

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Se provee sobre oficios. Glósense a los autos, los oficios de cuenta, dirigidos a la Policía Investigadora, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y resérvese de acordar lo conducente, hasta en tanto se levante la suspensión del procedimiento, decretada en auto de diecinueve de septiembre del año en curso. Se realiza llamada informativa. Por otra parte, al momento de acordar los precitados oficios, deberá tenerse en consideración, la certificación secretarial de cuenta. Notifíquese.

  2. Principal

    quince de noviembre de dos mil veintitrés AUDIENCIA INCIDENTAL. Zapopan, Jalisco, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la audiencia incidental derivada del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, en audiencia pública la licenciada Alva Miranda Ramírez, Jueza Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, quien actúa asistida de Alma Angélica Conde Chávez, secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, la jueza declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia: la secretaria hace una relación oral de todas las constancias que obran en los presentes autos. A lo que la jueza acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que de manera verbal efectuó la secretaria adscrita. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Al respecto, tomando en cuenta que en esta data debe resolverse sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, y dependiente de la decisión que adopte en torno a dicha medida podría impactar en lo peticionado por el promovente, se estima prudente determinar lo que corresponda en la misma interlocutoria que se dicte en esta incidencia. Abierto el período de pruebas: la secretaria hace constar que la parte quejosa y autoridad responsable ofrecieron pruebas documentales. A lo que la jueza acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, en razón de su propia y especial naturaliza; por tanto, al no tener prueba pendiente por desahogar, con fundamento en el artículo 144, se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que ninguna de la partes, formularon alegatos. A lo que la jueza acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Acto continuo: al no haber diligencia pendiente por desahogar, se cierra la presente audiencia, por lo que esta juzgadora procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número ********************. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. La parte quejosa, solicitó la suspensión provisional y en su momento la definitiva respecto del acto reclamado precisado en el escrito de demanda, SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se inició por separado el trámite del presente incidente, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe previo, se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental; asimismo, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que, seguido el incidente por sus demás trámites legales, el día de hoy, se celebra la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146 fracción I de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: 1. La emisión del oficio número 397, de fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés, librado en el expediente 20-0777-IIIM del índice del Juzgado Primero Mercantil en Colima, Colima; en el que se ordenó el embargo, aseguramiento, inmovilización, congelamiento, bloqueo, intervención o confiscación de la cuenta bancaria que defiende la parte quejosa, y 2. Su correspondiente ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, ahora Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y el Juzgado Primero de lo Mercantil del Estado de Colima, aceptaron el acto reclamado, toda vez que informaron que la cuenta bancaria 5515071130677048 se encuentra retenida, derivado del acuerdo dictado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés en los autos del juicio ejecutivo mercantil 20-0777-111M en el que se ordenó la retención de dinero hasta por la cantidad de $******************** (trescientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y seis pesos 79/100 M.N). CUARTO. Se concede la suspensión definitiva. Como punto de partida debe destacarse que, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas del referido acto, implica actuaciones de tracto sucesivo que pueden ser ejecutadas en cualquier momento, por ende, son susceptibles de suspender. Así, la naturaleza de dicha consecuencia hace posible la concesión de la medida cautelar y para llegar a esto es necesario que se satisfagan los restantes requisitos que se contemplan en el artículo 128 y 131 de la ley de la materia. En primer término, cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión definitiva solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. 1. Que lo solicite la parte quejosa; 2. Que exista peligro inminente de que se ejecute o siga ejecutandose el acto reclamado; 3. Una afectación al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión definitiva. 4. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social y la no contravención de las disposiciones de orden público. Por tanto, estos son los aspectos que las personas juzgadoras debe tomar en cuenta para resolver la medida cautelar solicitada. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación de la garantía. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados establecidos en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores. En el caso, del análisis de la demanda de amparo, se observa que el quejoso reclama: 1. La emisión del oficio número 397, de fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés, librado en el expediente 20-0777-IIIM del índice del Juzgado Primero Mercantil en Colima, Colima; en el que se ordenó el embargo, aseguramiento, inmovilización, congelamiento, bloqueo, intervención o confiscación de la cuenta bancaria que defiende la parte quejosa, y 2. Su correspondiente ejecución. Debido a lo anterior, solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto que se cita a continuación: "(.) Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se solicita la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de los actos reclamados y de todos los efectos y consecuencias que del mismo puedan derivar para el efecto de que cese el bloqueo que pesa sobre la cuenta bancaria en donde me ha sido depositada mi pensión como adulto mayor Y QUE SE ENCUENTRA TUTELADA COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL Y DE DERECHO HUMANO, y se ordene a las autoridades responsables levantar el embargo precautorio v/o congelamiento v/o inmovilización v/o aseguramiento v/o bloqueo de la cuenta bancaria del Banco del Bienestar donde me ha sido deposita mi pensión como adulto mayor que ha quedado precisada en ésta demanda, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en este proceso (.) Ahora, del análisis de los informes previos rendidos por las autoridades responsables y de las constancias que obran en autos debe concederse la suspensión definitiva solicitada, toda vez que, las autoridades responsables al rendir su informe previo afirmaron el acto reclamado, lo que se corrobora con la captura de pantalla institucional en la que se observa que la cuenta bancaria 5515071130677048 presenta una retención por la cantidad de $******************** (trescientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y seis pesos 79/100 M.N). Además, que la parte quejosa acreditó su interés suspensional con el recibo de tarjeta bancaria SIFUB 12 Banamex, número 695813, ID único 19890854, ID beneficiario 19890854, expedido por la Secretaría del Bienestar a nombre de ********************. Fijación de la situación en que habrán de quedar las cosas y medidas para conservar la materia del amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 150, de la Ley de Amparo, se CONCEDE a la parte quejosa la suspensión definitiva para el efecto de que se libere el excedente de lo que se ordenó retener a la parte quejosa en la cuenta bancaria identificada con el número 6958312, ID único 19890854, ID Beneficiario 19890854, relativa a la tarjeta identificada con el número 5515-0711-3067-7048. Dado que del informe previo, se desprende que el embargo o bloqueo deriva de una orden emitida por autoridad jurisdiccional dentro de un juicio, el efecto de la medida cautelar es para que perviva el bloqueo, inmovilización y/o suspensión de los recursos que existen en la cuenta señalada en la demanda de amparo, hasta por el monto ordenado que hubiese librado dicha orden dentro del juicio de origen, respecto del resto, en caso de que existiera, se libere por parte de la institución bancaria responsable, donde la parte quejosa tiene aperturada su cuenta bancaria. Ya que permitir que la parte quejosa disponga de los fondos que excedan del monto por el que se decretó el bloqueo, inmovilización y/o suspensión de la cuenta, no priva a la colectividad de un bien, que otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría, pues tal determinación solo incide en los derechos del quejoso, al permitirse, por virtud de la suspensión provisional, que prevalezca el aseguramiento de la cuenta sólo la cantidad que se hubiere decretado, del tal forma que aquella pueda disponer del monto excedente. Ello es así, en virtud de que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues no conceder la suspensión en los términos señalados, implica que la quejosa no pueda disponer de la totalidad de los recursos que existen en la cuenta sobre la que se decretó el embargo. Sin que lo anterior, implique vedar, en perjuicio de terceros del derecho a una tutela jurídica efectiva consagrada en el artículo 17 de la Constitución, en virtud de que la suspensión no tiene el efecto de que se levante el aseguramiento de la cantidad por la que se haya decretado el embargo, pues lo único que se está suspendiendo es el aseguramiento de la cuenta bancaria de la quejosa respecto del monto que exceda la cantidad por la que se haya decretado el embargo o aseguramiento reclamado. Se insiste que esta medida solo prevalece respecto de las autoridades que en su caso, hubiesen emitido la orden de inmovilización reclamada y no diversas. Asimismo, las autoridades responsables no deberán disponer del numerario en la parte que queda asegurada, pues solo queda en garantía y no en pago, ello mientras persiste la suspensión definitiva. Resulta aplicable la tesis de rubro y contenido siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO SE EMBARGUEN CUENTAS BANCARIAS POR UN MONTO SUPERIOR AL DEMANDADO, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA EL EFECTO DE QUE SE LIBERE EL EXCEDENTE" Alcances de la suspensión. Con fundamento en el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la medida cautelar que se concede queda sujeta a lo siguiente: 1. No surtirá efecto alguno por actos diversos a los asentados en la demanda, al no ser materia de litis, o bien, éstos si provienen de autoridades distintas de las señaladas como responsables; y, 2. No surtirá efecto alguno si los actos reclamados han quedado consumados de forma irreparable antes de la fecha de la presentación de la demanda. Además, dicha medida cautelar dejará de surtir sus efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistente en: 1. El cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero; 2. La ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano; además, 3. Se trate de un aseguramiento penal o que la cuenta bancaria del quejoso se encuentre relacionada con la comisión de un delito; 4. Si deriva de la orden dictada dentro de una carpeta de investigación instruida por el Agente del Ministerio Público de la Federación o de alguna de las Entidades Federativas, o bien, de la orden dictada por un juez del orden penal, ya sea federal o local, o que el aseguramiento de dicha cuenta tuviera por objeto garantizar la reparación del daño dentro de la carpeta de investigación o proceso penal correspondiente; o, derive de una medida cautelar o de aseguramiento penal. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.87/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva." Es de precisar que la presente concesión no abarca la supresión del quejoso de la lista de personas bloqueadas, ni la paralización del procedimiento de investigación ya que se considera que su objetivo es prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, por lo que no es susceptible de suspenderse, ya que se harían nugatorias las facultades de investigación de la autoridad, causando así una afectación al interés social y al orden público. Requisitos de efectividad. Garantía. La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga garantía ante este juzgado de Distrito, dentro del plazo de cinco días hábiles, en cualquiera de las formas permitidas por la ley; por lo que se fija para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132, de la ley en cita, la cantidad de $******************** (********************), para garantizar los posibles daños y perjuicios que con tal medida se pueda ocasionar al tercero interesado. Cantidad que se fija tomando en consideración que el Máximo Tribunal ha establecido que el daño estriba en la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación y el perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de esa obligación. De las directrices anteriores se tiene que, para cuantificar el monto relativo a los probables daños que se causen mientras se resuelve el juicio, debe considerarse la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a la contraparte por la falta de disposición de la suma que le corresponde conforme a la resolución que se reclama; lo cual no significa que su cuantía deba ser equivalente al importe de la condena. Por ello, la garantía relativa a los daños debe ser inferior al importe de la condena y por la cantidad que resarza el daño o menoscabo que puede producir la inflación al poder adquisitivo del numerario que se deje de recibir por la suspensión del acto reclamado, durante el tiempo que se estime será resuelto el amparo. Así, para calcular ese posible daño, por tratarse de una mera probabilidad, debe considerarse el efecto inflacionario que permita percibir el posible detrimento que tendrá el capital durante el plazo que se estime deba durar la medida cautelar, en el caso, tres meses. En efecto, es preciso atender al indicador económico oficial diseñado para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, a saber: el índice nacional de precios al consumidor, el cual es difundido por el Banco de México. De esta forma se puede obtener el posible daño causado por la inflación durante el tiempo que dure la medida cautelar mientras se resuelve el juicio de amparo, que es el mismo tiempo en que tendrá vigencia la suspensión. Por otro lado, para calcular los posibles perjuicios que cause la medida cautelar a la contraparte de la quejosa en el procedimiento natural, debe tomarse en consideración la privación de las ganancias lícitas que ésta obtendría de tener a su disposición las prestaciones económicas motivo de la suspensión; es decir, los rendimientos o intereses que recibiría. Para tal efecto, debe aplicarse al monto pecuniario por el que se decretará la suspensión, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), difundida diariamente en el Diario Oficial de la Federación, o algún otro indicador similar publicado oficialmente, a fin de generar certeza a las partes. En ese sentido, se estima que el tiempo probable de la tramitación del juicio de amparo del que emana el presente incidente será de tres meses, ello atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y las circunstancias del caso, además, tomando en consideración la información proporcionada por la Dirección de General de Estadística Judicial en el apartado de productividad de los órganos jurisdiccionales, en particular del tiempo promedio que demora el trámite y resolución de los juicios de amparo indirecto en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuya información es un hecho notorio para la presente juzgadora . Asimismo, tomando en consideración las directrices para el cálculo de los meses de duración de un juicio de amparo, necesario para fijar el monto de la caución, contenidas en las consideraciones que dieron origen de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN" En el caso, se advierte que la parte quejosa refirió que el juez mercantil señalado como autoridad responsable, ordenó el aseguramiento del dinero hasta por la cantidad de $******************** (********************), con motivo de una condena dictada mediante sentencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mismo que se corrobora con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por tanto, dicho monto se tomará en cuenta para efectos del cálculo de los daños y perjuicios. En ese sentido, atendiendo al criterio jurisprudencial en cita, para calcular los daños a tal cantidad deberá aplicarse el factor porcentual que representa el incremento mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor índice General, que se encuentra publicado por el Banco de México, el referido factor correspondiente al mes de junio de dos mil veintitrés, por ser éste el último publicado por el Banco de México (0.300); porcentaje multiplicado por tres, que corresponde al número de meses que se estima durará la suspensión, es decir, la tramitación del amparo, obteniendo los probables daños equivalentes en la cantidad de $******************** (******************** ($********************) (********************) = $********************. Previo a cuantificar el monto a que ascienden los perjuicios, resulta necesario establecer relación con lo dicho por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, es relevante para el caso que el motivo por el que se estimó pertinente aplicar el indicador TIIE a veintiocho días, para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios, es decir, que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), es un indicador que refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad que se dejó de percibir, lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. Luego, en el Diario Oficial de la Federación de dos de marzo de dos mil doce, el Banco de México se publicó la Circular 3/2012, relativa a Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, entre cuyos artículos se estiman importantes para el caso los contenidos en el apartado H, denominado "Disposiciones generales aplicables a las operaciones pasivas", números 36 a 40; así como los contenidos en el capítulo denominado "Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional", "Sección I", "Procedimiento para la determinación de la TIIE". Ahora bien, tomando en consideración que, acorde con esas disposiciones, las tasas de interés y los rendimientos se expresarán en términos anuales, según su artículo 39, aunado a la circunstancia de que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, las instituciones únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para la determinación de la TIIE el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y, que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo "Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional", se expresarán en términos porcentuales anuales. Además, la expresión de la TIIE que publica el Banco de México periódicamente en el Diario Oficial de la Federación, aunque no se diga así expresamente en las respectivas publicaciones, deba considerarse un porcentaje establecido en términos anuales. Aunado a lo anterior, conviene precisar que la Primera Sala del Alto Tribunal, estimó pertinente aplicar el indicador TIIE a veintiocho días para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios derivados de la concesión de la suspensión del acto reclamado, consistió en que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), es un indicador que tiende a reflejar, como ya se dijo, lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple; cuya regulación, impone a las instituciones bancarias que expresen las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales, tal como se sustentó en la ejecutoria de la contradicción de tesis 260/2015 dictada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, determinó que el criterio prevaleciente es el de rubro y contenido siguiente: "PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL." En ese orden, para cuantificar los perjuicios, al resto de la cantidad laudada deberá aplicarse el porcentaje de interés correspondiente a tres meses, que corresponde al número de meses que se estima durará la suspensión, es decir, la tramitación del amparo, este último factor se obtiene conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio promedio de 11.5064 por ciento anual a veintiocho días al catorce de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que se provee la presente medida cautelar, (porcentaje que expresado en números enteros asciende al valor de ********************), dividido entre los doce meses del año y el resultado multiplicado por tres meses, que es el tiempo que se estima durará la tramitación del presente juicio de amparo; así, los perjuicios ascienden a $******************** (********************), lo que se obtiene de multiplicar ($********************) (******************** ÷ 12) x 3) = $********************). Sirve para justificar lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA." Dicha garantía podrá ser exhibida en cualquiera de las formas permitidas por la ley y cumpliendo además con lo dispuesto en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia administrativa del propio Consejo, entre ellas, póliza de fianza o billete de depósito. En el entendido de que si opta por exhibir el billete de depósito, éste deberá ser expedido por Banco del Bienestar, en éste deberá incluirse la autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito, en atención a lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil siete, con el apercibimiento de que no cumplir con dicho requerimiento, no se tendrá por exhibido el billete de depósito, y su incumplimiento dará lugar a que se deje expedita la jurisdicción de las responsables. Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional y, el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar la suspensión provisional concedida a ********************, por propio derecho, en el incidente de suspensión ********************". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a ********************, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Solicita endoso. Téngase por recibido el escrito del autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual solicita se realice endoso del billete de depósito en favor del promovente, por ser la persona que erogó la cantidad establecida en el mencionado documento. Al respecto, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior es así, al tener en consideración que el promovente carece de facultades para hacerlo, en términos de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en el que se prevén las facultades que tiene como autorizado en amplios términos, pero sin opción de sustituir o delegar dichas funciones a un tercero. En efecto, la función del autorizado en términos amplios es realizar todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado como autorizar a personas para determinados actos procesales. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que realiza, en el sentido de que el diverso billete de depósito presentado en el expediente en que se actúa, se ordenó devolver endosado a favor de ********************, por ser la persona que realizó la consignación, puesto que contrario a lo que afirma, de la constancia de entrega del citado documento, se advierte que fue devuelto al impetrante del amparo por conducto de su autorizado. En el entendido que podrá comparecer a recibir el multicitado documento las personas que se encuentren expresamente facultadas por el quejoso para tal efecto en el presente asunto. Notifíquese.

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