Sixto Gabriel González Vélez

Expediente 903/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
903/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Cuarto de Distrito En Materia Penal En el Estado de Puebla
  • Sixto Gabriel González Vélez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 903/2023 IIII. Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria de queja. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, suscrito por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal en sesión de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q- 184/2023, en cuyos puntos resolutivos establece: ".PRIMERO. Es parcialmente fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se ordena a la Jueza Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, admitir parcialmente la demanda de amparo, únicamente respecto a las negativas de acceso a la carpeta de investigación y la de proporcionar copias autentificadas de la carpeta de investigación.". En consecuencia, glósese al presente juicio el oficio y testimonio de marras; y este juzgado queda enterado de que resultó parcialmente fundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el proveído que desechó su solicitud de tutela constitucional. También, se ordena acusar recibo al tribunal colegiado por el oficio y testimonio mencionados. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la decisión del tribunal colegiado sobre el recurso de queja. Admisión. Conforme a lo ordenado por el tribunal colegiado que declaró parcialmente fundado el recurso de queja, se considera que la demanda cumple los requisitos legales y corresponde a la materia de este juzgado, motivo por el cual se admite a trámite de manera parcial la demanda amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Materia del juicio. Resulta oportuno indicar que la aludida superioridad estimó correcta la determinación de este órgano jurisdiccional en relación a desechar el acto reclamado consistente en la resolución dictada dentro de la carpeta de investigación de uno de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual se acuerda no favorable la petición realizada por el quejoso, consistente en realizar los actos de investigación propuestos, motivo por el cual el presente juicio versara únicamente sobre los actos siguientes: a) La negativa de acceso a la carpeta de investigación; y b) La negativa de proporcionar al quejoso copias autentificadas de la carpeta mencionada. Sin cuaderno incidental. La lectura efectuada a la demanda de amparo, llevó a esclarecer que el quejoso no pidió la suspensión, y los actos reclamados tampoco orientan a las hipótesis jurídicas de tramitación oficiosa. Por consiguiente, este juicio de amparo habrá de tramitarse sin cuaderno incidental. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación1 . En ese informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legibles de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir el informe justificado o incumplir con lo anterior o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias e idóneas para la solución del juicio de amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 1 En términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que el informe justificado deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: Requerimiento de antecedentes e informe sobre terceros interesados. Se requiere a la autoridad responsable informe en un plazo de cinco días lo siguiente: 1. Si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo; y 2. Proporcione el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberá remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá a la omisa una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Se tiene hecha la manifestación del quejoso, en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 903/2023-III. Puebla, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado informa admisión de queja. Se agrega al expediente el oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el cual informa que la magistrada presidenta del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el autorizado en términos amplios del quejoso, contra el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Además, comunica que el mencionado recurso, quedó radicado con el número de expediente Q-184/2023, de su índice. De lo que esta juzgadora toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 903/2023 . Puebla, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por *, del cual se advierte que interpone recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés y expone agravios. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Sin que resulte necesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda. Remisión del recurso. Ahora, de manera respetuosa, se hace saber al Tribunal Colegiado que por turno le toque conocer del presente asunto que, en términos de los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente físico de este juicio de amparo, sólo tiene las promociones que se presentaron de manera escrita, así como las actuaciones que se realizaron de manera presencial, por lo que la documentación generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- sólo deben constar en el expediente electrónico sin necesidad de imprimirse. Aunado a que las promociones recibidas físicamente deben integrarse al expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, con lo cual producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. En consecuencia, se procederá a vincular el expediente electrónico con el tribunal de alzada para la resolución del recurso, por lo que resultará innecesario remitir copias de este expediente, pues tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico. Por tanto, sólo se generará un oficio para la remisión de una impresión del recurso recibido en la modalidad de juicio en línea a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (que contiene la formulación de agravios), mismo que deberá dirigirse al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que éste lo turne al órgano que deba substanciar el recurso de queja. Informe de la queja. Entonces, con motivo de todo lo anterior, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Vinculación del expediente electrónico. En mérito de lo anterior, desde este momento, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado al que por turno le corresponda conocer del recurso de queja, esté en oportunidad de consultarlo y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Notifíquese; por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso * por derecho propio, contra actos de la ".Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal, de la Fiscalía Especializada de combate a la Corrupción, Fiscalía General del Estado de Puebla, Licenciada *." (sic). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. * En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso Sixto Gabriel González Vélez, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo del quejoso comprende: ".a) Reclamo la resolución dictada dentro de la carpeta de investigación de 1 de agosto de 2023, notificada por correo electrónico el 2 de agosto de 2023 a las 21:50 pm, mediante la cual, no acuerda favorables las peticiones realizadas por el suscrito, consistentes en: (i) dar acceso a los registros de la carpeta de investigación; (ii) realizar los actos de investigación propuestos, y (iii) proporcionar copias auténticas de los registros que integran la carpeta de investigación *...". Como puede verse, el quejoso combate una resolución dictada por la autoridad señalada como responsable, en una carpeta de investigación donde tiene el carácter de víctima. Sin embargo, la resolución emitida por la autoridad responsable debe ser impugnada con un recurso ordinario, antes de promover el juicio de amparo indirecto, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, la resolución reclamada a la autoridad responsable y que atañe al trámite de una carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso, antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,3 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la ruta de control extraordinario -el juicio de amparo-.* Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra algunas determinaciones u omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas resoluciones u omisiones, entre las cuales debe subsumirse la reclamada por el quejoso. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar a la autoridad responsable que realice todos los actos de investigación solicitados, para respetar el derecho que tiene la víctima (el quejoso), de esclarecer los hechos con apariencia de delito por los cuales inició la carpeta ministerial. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar las resoluciones de las autoridades ministeriales, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado en la demanda, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. Cierto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra la resolución reclamada en la demanda de amparo; y si la decisión que emitiera el juez de control al examinar la conducta de la autoridad responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa decisión (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la resolución reclamada a la autoridad responsable, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima en la carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema penal acusatorio, de la cual deriva el acto que pretende combatir como acto independiente y autónomo. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues el acto combatido por el quejoso, a la autoridad señalada como responsable, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente * Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos, porque la resolución que pretende reclamar el quejoso, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues el acto reclamado debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal, acceso al expediente electrónico y autorizados. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso, señaló como domicilio para recibir notificaciones personales, un inmueble en la Ciudad de México y también - a foja 19 de su demanda, en el punto tercero-, solicitó las notificaciones electrónicas a los usuarios "gsdaniel82" y "MaBar". Por tanto, dado que el primero de los domicilios señalados se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial de la Federación. Así, queda descartado el inmueble señalado por el quejoso como domicilio procesal, dado que al haber optado por la notificación electrónica, sólo puede considerarse esta vía de notificación (la electrónica). Sin embargo, resulta improcedente autorizar a ambos autorizados que señaló para tales efectos, pues se carecería de certeza jurídica del usuario que recibirá la notificación personal -electrónica- para realizar los cómputos respectivos en este asunto. Entonces, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 209 y 209 Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la modalidad de notificación electrónica y al usuario "gsdaniel82" para que sea habilitado para recibir notificaciones. Además, el promovente pidió tener acceso al expediente electrónico. En consecuencia, se autoriza la notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico con el referido usuario; por lo que se instruye la habilitación de dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el mismo. Por otro lado, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Alberto Bañales Rincón, porque así lo solicitó el quejoso, y éste tiene registrada su respectiva cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, los restantes profesionistas, solo quedan autorizados en términos restringidos, porque así fue solicitado. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber a las personas quejosas que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las personas quejosas el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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