Sixto Benito de la Cruz

Expediente 653/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
653/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Sixto Benito de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se NEGÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA SOLICITADA, los cuadernos incidentales son susceptibles de DESTRUCCIÓN y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el ORIGINAL debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional TRES AÑOS, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el DUPLICADO, deberá destruirse transcurrido SEIS MESES del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dieciséis de junio de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYO en el presente juicio y en el segundo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Sixto Benito de la Cruz; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran TRES AÑOS a partir de la presente fecha, se proceda a su DEPURACIÓN, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 653/2022-8, promovido por **********, contra los actos que reclama del 1Congreso del Estado de Tabasco, 2Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco; 3Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco; 4Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Gobierno; todas del Estado de Tabasco; y, 5Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 2 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintisiete de abril de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el dos de mayo siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el tres posterior, Sixto Benito de la Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS y AUTORIDADES RESPONSABLES Al Congreso del Estado de Tabasco: a) La omisión de consulta previa a los pueblos indígenas, dentro del proceso legislativo de análisis y aprobación del Decreto 299. b) La aprobación del Decreto 299, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Al Gobernador del Estado de Tabasco: a) La iniciativa de ley de catorce de julio de dos mil veintiuno, para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, sin consulta previa a los pueblos originarios de la entidad. b) La expedición y promulgación del Decreto 299, con fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno. 3 Al Secretario de Gobierno: a) El refrendo del Decreto 299 el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. b) La publicación del Decreto 299 en el suplemento F, de la edición 8230, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el veintiuno de julio de dos mil veintiuno. 4 Al Coordinador General de Asuntos Jurídicos: El refrendo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, del Decreto 299. 5 Al Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco: La aplicación concreta del Decreto 299. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 653/2022-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: Al Congreso del Estado de Tabasco: a) La omisión de consulta previa a los pueblos indígenas, dentro del proceso legislativo de análisis y aprobación del Decreto 299. b) La aprobación del Decreto 299, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Al Gobernador del Estado de Tabasco: a) La iniciativa de ley de catorce de julio de dos mil veintiuno, para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, sin consulta previa a los pueblos originarios de la entidad. b) La expedición y promulgación del Decreto 299, con fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno. c) La omisión de publicación y difusión en lengua chol del contenido y efecto del Decreto 299. Al Secretario de Gobierno: a) El refrendo del Decreto 299 el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. b) La publicación del Decreto 299 en el suplemento F, de la edición 8230, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Al Coordinador General de Asuntos Jurídicos: El refrendo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, del Decreto 299. Al Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco: La aplicación concreta del Decreto 299. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al 1Congreso, 2Gobernador Constitucional, 3Secretario de Gobierno y 4Coordinador General de Asuntos Jurídicos, todos del Estado de Tabasco, por haberlos reconocido en sus informes justificados, con independencia de las manifestaciones que al respecto realizaron. Aunado a ello, debe tomarse en consideración que las disposiciones de carácter general no son objeto de prueba, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, del siguiente rubro y texto: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. También sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. No obstante, el decreto en cuestión se acredita con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, lo que constituye un hecho notorio que puede invocarse de oficio. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, con número de registro 191452, del siguiente rubro y texto: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Asimismo, en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado al Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco, al haber omitido rendir informe justificado, no obstante que le fue requerido mediante oficio 16069/2022, el cual, de acuerdo con el rastreo realizado a la pieza postal con código MA11195815MX, en la página electrónica https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, se advierte que fue recibido el diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Presunción que se robustece de acuerdo con las consideraciones anteriores, pues el aquí quejoso le atribuyó el carácter de autoridad responsable ejecutora. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA BASADA EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, del siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en representación del Secretario de Gobierno, el Director de Asuntos Jurídicos en representación del Congreso y el Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en representación de ésta y del Gobernador, todos del Estado de Tabasco, adujeron que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, alegando que el quejoso no acredita que los actos que les atribuye le causen una afectación a un interés jurídico o legítimo. Es infundada la referida causal de improcedencia. En efecto, el numeral 5 fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. del precitado ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con lo anterior, el artículo 107 fracción I, de nuestra Carta Magna, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.. En ese contexto normativo, se puede colegir que el juicio de amparo puede promoverlo quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que la parte quejosa ocupa frente al ordenamiento jurídico; lo cual permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-. En ese tenor, precisó que, el interés legítimo radica en un agravio diferenciado que sufre una persona por virtud de su especial situación que tiene en el orden jurídico; adujo que se trata de un interés personal -de carácter individual o colectivo- que es cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Interés que, puntualizó, debe estar garantizado por un derecho objetivo y que implica una afectación en cierta esfera jurídica de la persona (entendida en sentido amplio) apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad. Acotó que no pueden confundirse los conceptos de interés individual o colectivo/difuso con el interés legítimo. Al respecto, señaló que un aspecto es el concepto de interés atendiendo al número de personas que se ven afectadas (interés individual o colectivo/difuso) y otro muy distinto el concepto de interés atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de que se trate (interés simple, legítimo o jurídico). Por ello, sostuvo que el interés legítimo no es sinónimo ni puede equipararse al interés colectivo/difuso. Puntualizó que hay interés legítimo de carácter individual; aunque, para efectos de algunos juicios de amparo y de acuerdo al alcance de los derechos humanos involucrados, es también común que el interés legítimo de una persona responda a un interés colectivo o difuso. Sobre el particular, también cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 60, con número de registro 2007921, del siguiente rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, de la demanda de amparo se obtiene que, el impetrante de amparo se autoadscribe como indígena chol del Estado de Tabasco. La autoadscripción de miembros de comunidades indígenas -de las cuales derivan los pueblos originarios-, tiene como finalidad garantizarles el acceso pleno a las instancias de defensa jurídica, así como la protección de derechos compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural, lo cual se encuentra tutelado en la fracción VIII Apartado A del artículo 2° de la Constitución Federal, que prevé: Artículo 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.. Al resolver el amparo directo en revisión 4034/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, la autoadscripción es el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado Mexicano. Esto es, se trata de una manifestación de identidad y expresión de pertenencia cultural que no depende de la anuencia del Estado o de algún proceso para su reconocimiento. Asimismo, al resolver el amparo directo en revisión 1624/2008, la aludida Sala sostuvo que: a) En razón de la complejidad para identificar quiénes son las personas indígenas o los pueblos y comunidades indígenas, a quienes aplican las previsiones constitucionales contenidas en su artículo 2º, atento a los conceptos, de sustrato originalmente antropológico y sociológico, resulta necesario que los operadores jurídicos tomen en cuenta los conceptos, derechos y directrices ahí consignados; en primer lugar, la importancia de la articulación -total o parcial- de las personas en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas -en el caso de los pueblos indígenas-, así como de la identificabilidad de algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres -en el caso de las comunidades indígenas-. b) Tomando en cuenta la amplitud y la intensidad del lenguaje normativo empleado en el precepto constitucional, y como confirma una lectura del proceso de discusión parlamentaria que condujo a su aprobación, se aprecia que el órgano reformador quiso, al sancionar en agosto de dos mil uno la reforma que incorporó estas previsiones a la Constitución Federal, ofrecer una respuesta normativa a aspectos que son determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad, y que están en el núcleo de muchos de los sectores de desventaja e injusticia que aquejan a determinados grupos sociales en el país. c) La Constitución Federal -siguiendo en este punto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- no presenta ambigüedad alguna, en torno al imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante, al señalar que .la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. d) Ante la ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. De la ejecutoria mencionada derivó la tesis 1a. CCXII/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 291, con número de registro 165718, del siguiente rubro y texto: PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN. El artículo 2o. de la Constitución Federal, reformado el catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una respuesta normativa a aspectos determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad que están en el núcleo de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que afectan a los ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de subrayar al resolver los amparos directos en revisión 28/2007 y 1851/2007, las dificultades que enfrenta una corte de justicia al intentar determinar quiénes son las personas indígenas o los pueblos y comunidades indígenas a quienes aplican las previsiones constitucionales anteriores son notables; dichos conceptos, de sustrato originalmente antropológico y sociológico, deben adquirir un significado específicamente jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa carga emotiva -tradicionalmente negativa y sólo recientemente transformada en algún grado- que gravita sobre ellos. La arquitectura del artículo 2o. de la Constitución Federal prevé que exista un desarrollo normativo mediante el cual el legislador ordinario concrete los conceptos, derechos y directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no exista, o exista sólo parcialmente, los tribunales de justicia se ven a menudo confrontados directamente con la tarea de delimitar esas categorías de destinatarios en cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la aplicabilidad directa de muchas de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en consideración que el texto constitucional reconoce, en primer lugar, la importancia de la articulación (total o parcial) de las personas en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el caso de los pueblos indígenas), así como de la identificabilidad de algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las comunidades indígenas). Asimismo, la Constitución -siguiendo en este punto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- no encierra ambigüedad alguna en torno al imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante al señalar que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Por tanto, en ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. La apreciación de si existe o no existe una autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en una consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, y debe realizarse con una actitud orientada a favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos que prima facie parecen involucrar a grupos estructuralmente desaventajados. En ese tenor, se puede establecer el interés de garantizar a favor de los grupos y comunidades indígenas, el acceso a la justicia, individual o colectivamente, para iniciar procedimientos legales. Del reconocimiento de diversidad cultural derivan una serie de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas de México, que pueden dividirse en dos rubros. El primero está compuesto por normas nacionales e internacionales que desarrollan el derecho a la libre determinación que tienen los pueblos y comunidades indígenas, en atención a su continuidad histórica y existencia previa a la conformación del Estado mexicano; de este derecho derivan otros, como el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, al autogobierno, el derecho a elegir sus autoridades y a aplicar sus propios sistemas normativos, el derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales. El objetivo de este cúmulo de derechos diferenciados es garantizar una igualdad que permita a toda persona indígena proteger y hacer uso de su propia identidad, y hacerlo, además, de manera colectiva, dejando atrás el modelo de asimilación que imperaba en los albores del derecho internacional. El segundo se constituye por normas que a nivel nacional e internacional establecen medidas de pertinencia cultural para el mejor acceso a ciertos derechos civiles, políticos, sociales y culturales de los que goza toda la población, que en el caso de las personas indígenas implican adecuaciones a los programas educativos y servicios de salud, facilitación en el acceso a financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, la extensión de la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, entre otros; esta protección reforzada toma en cuenta el rezago y marginación histórica que han sufrido los pueblos y comunidades indígenas y establece obligaciones de hacer para el Estado, con el objetivo de hacer efectivo el derecho humano a la igualdad jurídica en su dimensión sustantiva o de hecho. De ahí que, al autoadscribirse el quejoso como indígena chol del Estado de Tabasco, esta juzgadora considera que cuenta con interés legítimo para reclamar en el presente juicio de amparo, el Decreto 299 aprobado por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso local, así como su publicación, en el que se reformó la fracción LVIII del artículo 29; la fracción XX del artículo 65; la denominación del capítulo IV, Procedimiento para la Elección de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y de Sección, del Título Quinto, para titularse Designación de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y de Sección; las fracciones VI y VIII del artículo 102; el articulo 103 y articulo 105; la adicción de la fracción XXI al artículo 65 y la derogación del artículo 104, todos de la Ley Orgánica de los Municipios de la referida entidad federativa. Ello, con motivo de la especial situación que tiene en el orden jurídico constitucional, por tratarse de una persona que, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser indígena. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 57/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, materias Constitucional, Común, con registro digital 2024732, que dice: AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA. NO ES NECESARIO DEMOSTRARLA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIALES O QUE EXISTA UN REGISTRO O RECONOCIMIENTO PREVIO DE LAS AUTORIDADES PARA SU IDENTIFICACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto la Juez de Distrito reconoció a una comunidad quejosa el carácter de indígena por virtud de su autoadscripción; sin embargo, la tercero interesada argumentó que debió demostrarse que, con anterioridad al juicio de amparo, se ostentaba con dicha calidad y que la autoridad hubiese reconocido su existencia. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la autoadscripción indígena se basa en la conciencia de identidad, por lo cual no es necesario demostrarla a través de documentos oficiales o que exista un registro o reconocimiento previo de las autoridades. Justificación: La protección y el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas deriva directamente de los tratados internacionales y del artículo 2o. constitucional, que establecen claramente que es la conciencia de la identidad indígena el criterio fundamental para determinar a quiénes se les debe considerar y aplicar las disposiciones sobre pueblos indígenas. Por ello, su reconocimiento no se refiere a formalidades y requisitos legales, sino a sus condiciones históricas, modo de vida y organización, cosmovisión, usos y costumbres, entre otros aspectos. De ahí que su existencia no puede sujetarse a documentos oficiales, o que se necesite un registro o reconocimiento de las autoridades para contar con tal calidad, pues ello constituiría una violación grave a la libre determinación de los grupos indígenas y sus integrantes, reconocida en el artículo 2o. constitucional. Asimismo, es aplicable la tesis XXVII.3o.157 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Libro 62, enero de 2019, Tomo IV, página 2269, con número de registro 2019117, del siguiente rubro y texto: PERSONAS INDÍGENAS. BASTA QUE SE AUTOADSCRIBAN COMO MIEMBROS DE UNA ETNIA DETERMINADA PARA QUE SE RECONOZCA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA O LEGISLATIVA DE IMPACTO SIGNIFICATIVO SOBRE SU ENTORNO, POR LA FALTA DE CONSULTA PREVIA RESPECTO DE SU DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN. De conformidad con las tesis aisladas 1a. CCXII/2009, 1a. CCXXXIV/2013 (10a.) y 2a. XXIX/2016 (10a.), sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, la autoadscripción es el acto voluntario de personas o comunidades que, por tener un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado Mexicano. En estas condiciones, conforme a los artículos 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, numeral 2, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, aun cuando el ejercicio y defensa del derecho humano a la consulta previa a los pueblos indígenas corresponden primordialmente a dichos grupos, en forma colectiva, si los quejosos, individualmente, en su carácter de personas integrantes de una comunidad se autoadscribieron como miembros de una etnia determinada, debe reconocerse su interés legítimo para reclamar en el amparo una medida administrativa o legislativa de impacto significativo sobre su entorno, por la falta de consulta previa respecto de su discusión y elaboración, que les afecta en forma personal y colectiva al mismo tiempo, pues ello abona en procurar los mecanismos de participación y diálogo intercultural, mediante sus organizaciones y formas de representación. Por las anteriores consideraciones, resulta infundada la causal de improcedencia aducida por las autoridades responsables de mérito, respecto a la falta de interés jurídico o legítimo del quejoso. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA BASADA EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108 FRACCIÓN III Y VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación de ésta y del Gobernador, ambos del Estado de Tabasco, adujo que se actualiza la aludida causa de improcedencia, porque el quejoso no hace mención de los vicios en que incurrieron sus representados en los actos que les reclama. Es fundada la precitada causal de improcedencia. En efecto, el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, instituye lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el numeral 108 fracciones III y VIII, del aludido ordenamiento jurídico, disponen lo siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. VIII. Los conceptos de violación. La interpretación de esta última disposición normativa -en sentido contrario- permite concluir que, cuando el refrendo y la publicación del Decreto promulgatorio de la ley no son impugnados por vicios propios, el juicio de amparo será improcedente. Es decir, en el juicio de amparo contra normas generales es necesario que la parte quejosa señale a las autoridades que intervinieron en su promulgación, y sólo cuando impugne por vicios propios el refrendo y la publicación de la ley, entonces deberá señalar también como responsables a las autoridades que hubieren intervenido en esos actos. De modo que si no impugna por vicios propios tales actos, será innecesario llamar a juicio a las autoridades correspondientes; de ahí la improcedencia de la acción constitucional en su contra. En el caso, el impetrante reclama del Gobernador del Estado de Tabasco, la expedición y promulgación del Decreto 299; y del Coordinador General de Asuntos Jurídicos, el refrendo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Sin embargo, del examen de los conceptos de violación se advierte que tales actos no fueron impugnados por vicios propios. Por tanto, en consideración de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la parte final de la fracción III y VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del aludido ordenamiento jurídico, se decreta el SOBRESEIMIENTO del presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precitados. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. En esencia, el quejoso reclama el Decreto 299 aprobado por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso local, así como su publicación, en el que se reformó la fracción LVIII del artículo 29; la fracción XX del artículo 65; la denominación del capítulo IV, Procedimiento para la Elección de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y de Sección, del Título Quinto, para titularse Designación de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y de Sección; las fracciones VI y VIII del artículo 102; el articulo 103 y articulo 105; la adicción de la fracción XXI al artículo 65 y la derogación del artículo 104, todos de la Ley Orgánica de los Municipios de la referida entidad federativa. De igual forma, reclama la omisión de publicación y difusión en lengua chol del contenido y efecto del aludido decreto. Al respecto, adujo que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 2, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los conceptos de violación correspondiente, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. No obstante, a efecto de realizar el análisis correspondiente, cabe establecer que, sustancialmente, el quejoso aduce que: Las autoridades responsables incumplen la obligación que tiene el Estado Mexicano de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas, a decidir sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultura, por tanto, a la libre determinación y autonomía, reconocida en el artículo 2 de la Constitución Federal y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Al no haber realizado consulta alguna dentro del procedimiento legislativo mediante el que aprobaron el Decreto 299, ostensiblemente vulneran sus derechos humanos y del pueblo originario al que pertenece. En consideración de esta juzgadora son infundados los aludidos motivos de inconformidad, sin que exista materia para suplirlos en su deficiencia. Al respecto, cabe establecer que el derecho de consulta a las comunidades indígenas, es una prerrogativa fundamental consagrada en el artículo 2° constitucional, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuya protección puede ser exigida por cualquier integrante de la comunidad o pueblo indígena, con independencia de que se trate o no de un representante legítimo nombrado por la comunidad, como quedó patentizado previamente. Sobre el particular, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.. De la disposición constitucional transcrita destaca el hecho de que las comunidades indígenas son aquellas que forman una unidad social, económica y cultura asentada en un territorio determinado y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, razón por la que cuentan con la libre determinación que ejercerán en un marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional. En virtud de lo anterior, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, los criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Asimismo, estatuye la obligación de respetar la forma interna de convivencia y organización social, económica, política y cultural, la aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres; de igual forma, tendrán la libertad de elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. De igual forma, se pone de manifiesto que contarán con el derecho de elegir en los municipios con población indígena a sus representantes ante los ayuntamientos. Por su parte, el artículo 2° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, establece que los Estados deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas interesados, acciones coordinadas y sistemáticas con miras a proteger sus derechos, para lo cual, deberán establecer medidas que aseguren la plena efectividad y goce de sus derechos, respetando su identidad social y cultural. Asimismo, el citado instrumento internacional establece los elementos básicos para identificar si un grupo debe ser considerado indígena, como lo son: a) descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales; y, b) que conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Lo que en el caso concreto se cumple, pues el quejoso se autoadscribe como indígena y refiere que su lengua nativa es el chol. Al respecto, cabe tener en cuenta lo siguiente: El yoko t'aan o chontal de Tabasco es una de las casi 30 diferentes lenguas que conforman la familia lingüística maya. Dichas lenguas se desarrollaron a partir de una común conocida por los lingüistas como protomaya, hablada hace unos 4 mil años en una parte del actual territorio maya (England, 1996). El yoko t'aan, junto con el chortí hablado en Guatemala, el chol hablado en Chiapas y, actualmente, también en la región tabasqueña de la sierra, conforman el grupo chol o choloide. A su vez, dichas lenguas están relacionadas con el mopán, el maya yucateco, el lacandón y el itzá. Existen variaciones dialectales mutuamente inteligibles en el yoko t'aan. Aunque se ha propuesto la existencia de dos variaciones, uno norteño en Nacajuca y otro sureño en Macuspana (Smailus, 1975), generalmente a partir de los trabajos de Schuman (1984), se reconocen tres: el dialecto de Tapotzingo, en el área de Nacajuca; el dialecto de Benito Juárez, que incluye las variantes del sur, y el dialecto de Tamulté de las Sabanas, el cual es la forma más divergente y es representativo de las variantes del área del Usumacinta norte. No obstante los agravios de que históricamente han sido objeto, los chontales de Tabasco muestran una tenaz resistencia, al menos desde el punto de vista demográfico. Considerando estrictamente el criterio lingüístico, en los años que van de 1980 a 2000 la población ha experimentado un constante aumento en términos absolutos, pasando de 28 344 en 1980 a 38 343 en el año 2000, lo cual representa un incremento de 35.28 por ciento. Como se aprecia en el cuadro 1, la población yoko t'aan representa una parte considerable: más de la mitad del conjunto de los hablantes de lengua indígena (HLI) que hay en el estado; esta parte ha aumentado en el lapso de 20 años. Para 1980 representaba 50.1 por ciento del total de HLI, mientras que para el año 2000 representaba ya 61.8 por ciento. Mucho tiempo ha pasado desde que los indios conformaban la mayor parte de la población en el territorio de lo que hoy se conoce como Tabasco. Como se afirmó, en las últimas décadas de la Colonia representaban más de la mitad. A principios del siglo XIX y hasta la primera mitad del mismo, el chontal de Tabasco se hablaba en 10 de los 17 municipios del estado (Villa, 1985). Durante ese siglo pasaron a ser una minoría, aunque en gran parte se desconoce todavía este proceso. Al término del siglo XX, los hablantes de alguna lengua indígena en Tabasco sumaban 62 027 individuos, 3.7 por ciento con respecto al total de la población. En este marco, los hablantes de la lengua verdadera o yoko t'aanob, representan 2.3 por ciento, situación que no ha cambiado desde 1990, lo que sugiere que la población de habla yoko t'aan ha crecido a la misma velocidad que la población estatal. Un poco más de la mitad de esta población son hombres (52.4 por ciento), mientras que 47.6 por ciento son mujeres, situación que se ha mantenido estable desde 1990. La mayoría de los yoko t'aanob son bilingües; el monolingüismo es cosa del pasado. A comienzos del siglo XX y durante las siguientes tres o cuatro décadas, el chontal representó para ellos el único medio lingüístico de comunicación. Casi tres cuartas partes de la población yoko t'aan habita en los municipios de Nacajuca y Centro; estos municipios concentran al 71.3 por ciento de la población hablante de chontal de Tabasco. En menor medida, también habitan en los municipios de Centla y Macuspana, en los cuales se concentra 13 y 10.4 por ciento, respectivamente. Por último, el resto de la población de habla chontal vive dispersa en otros municipios, como Jonuta, Jalpa de Méndez y Cunduacán, e incluso en el municipio serrano de Tacotalpa, en el cual la lengua indígena predominante es chol; en este último municipio habitan 1 020 personas de habla yoko t'aan, es decir, 2.7 por ciento de la población hablante de esta lengua.. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 499/2015, sostuvo: A. Derecho de las Comunidades Indígenas a ser Consultadas. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que en la demanda de amparo, los quejosos manifestaron que las autoridades responsables habían violado su derecho a participar y ser consultadas en las decisiones y acciones estatales que pueden impactar en su vida. En ese sentido, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos del Estado corresponde -en principio- a todas las personas que formen parte de la vida democrática de un país, ya sea de forma individual - a través del sufragio o el ejercicio una función pública- o colectiva -a través de la creación de partidos políticos u organizaciones sociales-. Sin embargo, existen ciertos grupos que históricamente por su particular situación social, económica o política pueden verse excluidos de la participación activa en las decisiones estatales; tal es el caso de los grupos o comunidades indígenas, quienes por su especial situación, pueden encontrarse impedidos o limitados en la participación política del país. Por ello, un elemento fundamental para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones políticas del país que puedan afectar sus derechos, es el reconocimiento de su derecho a ser consultados, el cual se encuentra previsto en el texto del artículo 2° constitucional, así como por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 32/2012 (Caso Cherán), donde se determinó que el Congreso del Estado de Michoacán había violado en perjuicio del Municipio de Cherán, su derecho a ser consultado. Así pues, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultadas constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimoniales -ancestrales- que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen, permitiéndoles participar de forma activa y constante en los asuntos 3 políticos del Estado. Asimismo, representa una obligación frente al Estado en el sentido de llevar a cabo todos los actos necesarios para proveer a dichos grupos de los medios idóneos y necesarios para garantizar plenamente sus derechos. Ahora bien, lo anterior no significa que el Estado deba consultar a los pueblos y comunidades indígenas siempre que se vean involucrados en alguna decisión estatal, pues se llegaría al absurdo de tener que consultarlos incluso para la emisión de alguna ley o decisión administrativa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las comunidades indígenas deben ser consultadas en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos10 sobre su entorno. En el mismo sentido, el ordenamiento jurídico mexicano ha reconocido tal parámetro al establecer que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, autoridad competente en materia de consulta a las comunidades indígenas -como más adelante se expondrá- debe consultarlas cuando se promuevan proyectos que puedan impactar significativamente en sus condiciones de vida y entorno. Asimismo, se han identificado -de forma enunciativa mas no limitativa- una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas como: 1) la pérdida de territorios y tierra tradicional, 2) el desalojo de sus tierras, 3) posible reasentamiento, 4) agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, 5) destrucción y contaminación del ambiente tradicional, 6) desorganización social y comunitaria e, 7) impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. No obstante, las autoridades en general deben atender al caso concreto y analizar si el acto impugnado puede impactar significativamente en sus condiciones de vida y su entorno, tomando en consideración los supuestos generales señalados en el párrafo anterior. Por lo que, se procederá a determinar si en el presente asunto existe evidencia suficiente para considerar que la liberación de soya genéticamente modificada puede tener impactos significativos sobre las comunidades indígenas involucradas. Al respecto, esta Segunda Sala advierte que en el caso concreto existe evidencia suficiente para considerar que la siembra de soya genéticamente modificada resistente al herbicida denominado glifosato, constituye un proyecto de impacto significativo, debido a la potencial afectación que pueden resentir las comunidades indígenas involucradas. Es importante señalar que los datos que se exponen a continuación constituyen elementos para determinar que en el caso concreto existe un impacto significativo sobre las comunidades indígenas involucradas. En otros términos, la información detallada en el presente apartado de esta resolución únicamente demuestra que el acto impugnado se trata de un proyecto que potencialmente puede afectar los derechos concretos de las comunidades. Sin embargo, no debe entenderse por esto la existencia de un nexo causal entre el acto reclamado y los daños directos a los derechos de las comunidades indígenas. Por lo tanto, las conclusiones del presente análisis permitirán demostrar únicamente el impacto potencial que podría llegar a representar en la vida y en el entorno de las comunidades indígenas a las cuales pertenecen los quejosos, estando las autoridades responsables obligadas a consultarlas según los estándares que se expondrán más adelante.. De lo anterior se obtiene que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultadas constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimoniales -ancestrales- que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen, permitiéndoles participar de forma activa y constante en los asuntos políticos del Estado. Asimismo, representa una obligación frente al Estado en el sentido de llevar a cabo todos los actos necesarios para proveer a dichos grupos de los medios idóneos y necesarios para garantizar plenamente sus derechos. No obstante, la Segunda Sala del Alto Tribunal puntualizó que ello no implica que el Estado deba consultar a los pueblos y comunidades indígenas siempre que se vean involucrados en alguna decisión estatal, pues consideró que se llegaría al absurdo de tener que hacerlo incluso para la emisión de alguna ley o decisión administrativa.Destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las comunidades indígenas deben ser consultadas en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos sobre su entorno; señaló además que el ordenamiento jurídico mexicano ha reconocido tal parámetro al establecer que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, autoridad competente en materia de consulta a las comunidades indígenas, debe consultarlas cuando se promuevan proyectos que puedan impactar significativamente en sus condiciones de vida y entorno. En este sentido, identificó -de forma enunciativa mas no limitativa- una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas como: 1) la pérdida de territorios y tierra tradicional; 2) el desalojo de sus tierras; 3) posible reasentamiento; 4) agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 5) destrucción y contaminación del ambiente tradicional; 6) desorganización social y comunitaria; e, 7) impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. En consecuencia, sostuvo que las autoridades en general deben atender al caso concreto y analizar si el acto impugnado puede impactar significativamente en sus condiciones de vida y su entorno, tomando en consideración los supuestos generales señalados en el párrafo anterior. El criterio anterior está contenido en la tesis 2a. XXVII/2016 (10a.), visible en la página 1213, del Libro 31, correspondiente al mes de junio de dos mil dieciséis, tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, con número de registro digital 2011957, del siguiente rubro y texto: PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EN SU DERECHO A SER CONSULTADOS, EL ESTÁNDAR DE IMPACTO SIGNIFICATIVO CONSTITUYE ELEMENTO ESENCIAL PARA QUE PROCEDA. El derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas es una prerrogativa fundamental reconocida en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, cuya protección puede exigir cualquier integrante de la comunidad o pueblo indígena, con independencia de que se trate o no de un representante legítimo nombrado por éstos. En ese sentido, constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de las comunidades, así como los derechos culturales y patrimoniales -ancestrales- que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen. No obstante, lo anterior no significa que deban llevarse a cabo consultas siempre que grupos indígenas se vean involucrados en alguna decisión estatal, sino sólo en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos en su vida o entorno. Así, se ha identificado -de forma enunciativa mas no limitativa- una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas como: 1) la pérdida de territorios y tierra tradicional; 2) el desalojo de sus tierras; 3) el posible reasentamiento; 4) el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 5) la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; 6) la desorganización social y comunitaria; y 7) los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. Por tanto, las autoridades deben atender al caso concreto y analizar si el acto impugnado puede impactar significativamente en las condiciones de vida y entorno de los pueblos indígenas. Ahora, a efecto armonizar la legislación nacional interna en relación con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, es pertinente citar el contenido del artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, que dispone lo siguiente: Artículo 3.- El Estado de Tabasco reconoce expresamente en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como parte de la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada en la diversidad de pueblos y comunidades indígenas que se encuentran asentados y conviven en su territorio. Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el Estado, su derecho a la libre determinación, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad estatal y nacional. En consecuencia tendrán autonomía para: I. Conservar y mejorar el control sobre su hábitat; II. Preservar y enriquecer su lengua sin limitación alguna; III. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; IV. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la igualdad de género, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado; V. De acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, elegir en cada pueblo o comunidad a un ciudadano indígena que los represente ante el ayuntamiento, mismo que tendrá derecho a voz en las sesiones del cabildo en que se traten asuntos relacionados con la población correspondiente, así como las demás facultades y obligaciones que las leyes secundarias le confieran; VI. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y resolución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respetando a las garantías individuales, a los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad de las mujeres, los niños y los adultos mayores. Las leyes secundarias establecerán los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes; y VII. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución federal y en las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de las comunidades, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas estratégicas. Para tales efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. También se les reconoce su derecho a tener acceso pleno a la jurisdicción del Estado, por lo que en todo procedimiento y juicio en que una de las partes o ambas sea una comunidad o un indígena, las autoridades respectivas deberán considerar sus costumbres y especificidades culturales. En consecuencia, tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento en su lengua, dialecto y cultura. Los gobiernos estatal y municipales garantizarán que los habitantes de los pueblos o comunidades indígenas, tengan acceso en igualdad de condiciones a los servicios de salud, por lo que independientemente de los programas establecidos en el sistema nacional o estatal, procurarán aprovechar la medicina tradicional y apoyar la nutrición de los indígenas, mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. El Estado apoyará el desarrollo y promoción de los conocimientos y la medicina tradicional indígena. Los pueblos o comunidades indígenas tendrán derecho a que el Estado garantice el mejoramiento de las condiciones de sus espacios, para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado, para la construcción o mejoramiento de sus viviendas. El Estado deberá facilitar, en los programas de educación básica, la enseñanza bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en el Estado de Tabasco. El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los derechos de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres de las comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades que se establecen en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes aplicables respectivas. El Estado, con la participación de las comunidades indígenas, instrumentará los planes y programas necesarios para impulsar su desarrollo socioeconómico. Las leyes secundarias, atendiendo lo señalado en los cuatro primeros párrafos del artículo 2° de la Constitución federal y en esta Constitución, reconocerán a los pueblos y comunidades indígenas existentes en la entidad su ubicación dentro del territorio estatal, así como los lineamientos a que se sujetarán los derechos que como tales se les reconoce. Dichas leyes deberán ser traducidas, impresas y publicadas en las diversas lenguas de los pueblos o comunidades indígenas de que se trate. El Estado y los municipios establecerán la institución y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas, en los términos de las disposiciones que prevean las leyes aplicables. De la disposición transcrita es posible advertir que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el Estado de Tabasco, su derecho a la libre determinación, quienes ejercerán en un marco constitucional de autonomía, su derecho de decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, eligiendo de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la igualdad de género, respetando el pacto federal y la soberanía del estado. Por lo anterior, deben elegir en cada pueblo o comunidad a un ciudadano indígena que los represente en el ayuntamiento, quien tendrá derecho a voz en las sesiones del cabildo en que se traten asuntos relacionados con la población correspondiente, aplicar sus sistemas normativos en la regulación y resolución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respetando a las garantías individuales, a los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad de las mujeres, los niños y los adultos mayores. En ese contexto, el tema de la protección del derecho a la consulta indígena previa, atiende al análisis del impacto significativo que se realice respecto de los efectos de los actos concretos que se combaten. En el caso, el Decreto impugnado es del tenor siguiente: DECRETO 299 ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción LVIII del artículo 29; la fracción XX del artículo 65; la denominación del Capítulo IV PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y DE SECCIÓN, del Título Quinto DE LOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN para titularse DESIGNACIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN; las fracciones VI y VIII del artículo 102; el artículo 103; y el artículo 105; se adiciona la fracción XXI al artículo 65; y se deroga el artículo 1 04; todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco para quedar como sigue: Artículo 29. l. a la LVII. ... LVIII. Designar a los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección de conformidad con lo establecido por el artículo 103 de la presente Ley; y LIX.Artículo 65. De la l. a la XIX. XX. Proponer a las personas que ocuparán los cargos de delegado, subdelegado, jefe de sector y jefe de sección municipales; y XXI. Las demás que le concedan las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales. TITULO QUINTO DE LOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN CAPITULO IV Designación de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y Jefes de Sección. Artículo 102. l. a V. VI. No ser propietario o administrador de establecimientos, donde se expendan licores o bebidas embriagantes en la comunidad donde será designado; VII. VIII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. Artículo 103. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, serán designados por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, durante los meses de enero a marzo del año siguiente al del inicio del período constitucional. En caso de empate, el presidente municipal tendrá voto de calidad. Dicha designación deberá atender al principio de paridad de género.El Ayuntamiento determinará las acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior; y en su caso, el procedimiento para la remoción de delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, en el reglamento que para tal efecto expida. Artículo 104. Se deroga Artículo 105. Las autoridades designadas entrarán en funciones dentro de los ocho días siguientes a la comunicación del resultado. El presidente municipal tomará la protesta de ley y dará posesión a los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección durarán en su cargo tres años, pudiendo ser removidos por el Ayuntamiento en cualquier tiempo por causa justificada, que calificará este mismo órgano, en este caso, el Ayuntamiento designará al substituto, de entre los vecinos de la demarcación respectiva. Los delegados y subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, podrán ser designados nuevamente para el período inmediato por una sola ocasión. (.) TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido por el presente Decreto. TERCERO. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección que fueron electos para el período 2019-2022, concluirán sus cargos conforme al período para el cual fueron electos, y una vez concluidos entrarán en funciones los delegados y subdelegados designados conforme al artículo 103 que se reforma mediante el presente Decreto.. Ahora bien, de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa aduce, en lo que interesa, que en las comunidades indígenas hablantes de la lengua chol se elige a mano alzada y en las plazas públicas a sus representantes, quienes cuentan con una doble función: como autoridad auxiliar del Ayuntamiento y, a la vez, por usos y costumbres, como autoridad comunitaria; costumbre que refiere fue formalizada según el artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, antes de la reforma cuya inconstitucionalidad se reclama. Razón por la cual estima que la omisión de realizar la citada consulta, les causa perjuicio. Sin embargo, esta juzgadora considera que el Decreto de mérito no trastoca derechos humanos de la población a la que se autoadscribió la parte quejosa. En efecto, los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección a que se refieren las disposiciones normativas reformadas y adicionadas con el aludido Decreto, no tienen el carácter de representantes, sino de auxiliares de los ayuntamientos, por lo que no se encuentra involucrado derecho político electoral alguno, ya que sus funciones son las realizar acciones que fomenten el desarrollo de los mismos, supervisar la prestación de los servicios públicos y proponer las medidas necesarias para mejorar y ampliar dichos servicios, cuidar el orden, seguridad y tranquilidad de los vecinos, vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que expide el municipio, elaborar, revisar y tener actualizado el censo de población a la demarcación correspondiente y auxiliar al presidente municipal para mejorar el cumplimiento de sus funciones. Por lo que en modo alguno, tienen conferidas funciones de representatividad de la población y menos aún, de la comunidad indígena chol, lo cual se encuentra estatuido en el artículo 99 del ordenamiento en cita. Además, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su capítulo IV, instituye lo siguiente: CAPÍTULO IV Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos en Materia Indígena Artículo 30. En el ámbito de su competencia, los municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, con el Estado y la Federación, con el fin de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Artículo 31. El Municipio, en el ámbito de sus atribuciones, con el objeto de abatir las carencias y rezagos que afecten a los pueblos y comunidades indígenas estará obligado a: I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades de que se trate, con la participación de éstos y mediante acciones coordinadas con los otros órdenes de gobierno y determinar equitativamente las asignaciones presupuestales que las autoridades de las comunidades indígenas administrarán directamente para fines específicos; II. Procurar el incremento de los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, así como el establecimiento de un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Igualmente, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación; III. Asegurar, en el ámbito de su competencia, el acceso efectivo a los servicios de salud, mediante las gestiones necesarias para la ampliación de la cobertura del sistema nacional, o estatal, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil; IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos; V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria; VI. En el ámbito de su competencia, procurar o gestionar se extienda la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicaciones y establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen; VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas, en el ámbito de su competencia, mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, en el territorio municipal, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas; IX. Consultar a los pueblos o comunidades indígenas en la elaboración de los planes municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y X. Establecer partidas específicas en el presupuesto de egresos para cumplir las obligaciones anteriores, así como las formas y procedimientos para que en su caso, las comunidades indígenas participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Artículo 32. Para los efectos de dar cumplimiento a las atribuciones a que se refieren los dos preceptos que anteceden, en los municipios que cuenten con una población indígena considerable, los ayuntamientos contarán con una Dirección o un Departamento de Asuntos Indígenas para atender o canalizar, con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria, las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que sean de su competencia. Dicha Dirección o Departamento, según corresponda, estará a cargo de un ciudadano indígena vecino del municipio, que hable y/o escriba el dialecto o lengua de la región de que se trate, quien será electo por los pueblos y comunidades indígenas del municipio, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. La Comisión de Asuntos Indígenas del Cabildo emitirá la convocatoria respectiva; y designará a un representante para cada comunidad, quien fungirá como observador y tomará nota de los resultados de la elección. La actuación de tal representante se regirá por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, con pleno respeto de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. La elección se realizará dentro de los primeros 120 días a partir del inicio del período constitucional correspondiente. Una vez realizada, la autoridad indígena reconocida comunicará sus resultados al Presidente Municipal, para que éste a su vez lo haga del conocimiento del Cabildo para su designación formal. El titular de la dirección o jefatura de departamento de asuntos indígenas, tendrá derecho a participar con voz en las sesiones del cabildo en que se traten asuntos relacionados con la población indígena y sus comunidades en el municipio, así como las demás facultades y obligaciones que señala la presente ley y reglamentos aplicables. El personal de dicha dependencia será preferentemente indígena. Como se puede advertir, las citadas disposiciones normativas establecen que los ayuntamientos contarán con una Dirección o un Departamento de Asuntos Indígenas para atender o canalizar, con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria, las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que sean de su competencia. Dicha dirección estará a cargo de un ciudadano indígena vecino del municipio, que hable y/o escriba el dialecto o lengua de la región de que se trate, quien será electo por los pueblos y comunidades indígenas del municipio, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; por lo que la Comisión de Asuntos Indígenas del Cabildo emitirá la convocatoria respectiva; y designará a un representante para cada comunidad, quien fungirá como observador y tomará nota de los resultados de la elección. Por lo que, una vez realizada, la autoridad indígena reconocida comunicará sus resultados al Presidente Municipal, para que éste a su vez lo haga del conocimiento del Cabildo para su designación formal. El titular de la dirección o jefatura de departamento de asuntos indígenas, tendrá derecho a participar con voz en las sesiones del cabildo en que se traten asuntos relacionados con la población indígena y sus comunidades en el municipio, así como las demás facultades y obligaciones que señala la presente ley y reglamentos aplicables. El personal de dicha dependencia será preferentemente indígena. Como se puede observar, la referida legislación establece y garantiza la representación de los pueblos indígenas dentro del ayuntamiento, motivo por el cual se considera que el Decreto reclamado en modo alguno contempla disposiciones que vulneren sus derechos de representatividad en atención a sus usos y costumbres. Con motivo de lo anterior, esta juzgadora considera que no era factible realizar la consulta previa que refiere el quejoso, ya que ese Decreto modificatorio en relación a las porciones normativas en él contenidas, no son de impacto significativo en su entorno. De igual forma, el hecho que el Decreto 299 no se encuentre publicado en lengua chol, tampoco es lesivo de sus derechos humanos en lo particular ni en lo colectivo, al no contener disposiciones legales que incidan en su forma de autogobernarse, ni en el tema de representatividad que incida en su entorno. Tampoco le asiste la razón al impetrante de amparo, cuando aduce que en las comunidades indígenas hablantes de la lengua chol se elige a mano alzada y en las plazas públicas a sus representantes, quienes cuentan con una doble función: como autoridad auxiliar del Ayuntamiento y, a la vez, por usos y costumbres, como autoridad comunitaria; costumbre que refiere fue formalizada según el artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, antes de la reforma cuya inconstitucionalidad reclama. Ello, porque su argumento no encuentra sustento en el numeral que cita, ya que no contempla los derechos que señala; por tanto, la reforma de dicho dispositivo no trasciende en la esfera de derechos del quejoso y de la comunidad indígena a la que dice pertenecer, como se puede advertir del siguiente cuadro comparativo Disposición normativa vigente hasta antes de la reforma Disposición normativa vigente con motivo del Decreto 299 Artículo 103. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, serán designados por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, durante los meses de enero a marzo del año siguiente al del inicio del período constitucional. En caso de empate, el presidente municipal tendrá voto de calidad. Dicha designación deberá atender al principio de paridad de género. El Ayuntamiento determinará las acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior; y en su caso, el procedimiento para la remoción de delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, en el reglamento que para tal efecto expida. Articulo 103. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, serán designados por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, durante los meses de enero a marzo del año siguiente al del inicio del período constitucional. En caso de empate, el presidente municipal tendrá voto de calidad. Dicha designación deberá atender al principio de paridad de género. El Ayuntamiento determinará las acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior; y en su caso, el procedimiento para la remoción de delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, en el reglamento que para tal efecto expida. Por las anteriores consideraciones, se niega al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sixto Benito de la Cruz, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Sixto Benito de la Cruz, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto número 299, expedido por la autoridad oficiante; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

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