Sixto Alberto Corona Navarrete
Expediente 1016/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sixto Alberto Corona Navarrete
- Sixto Alberto Corona Navarrete y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA VII. Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada por este Juzgado Federal el veintitrés de septiembre del año en curso, por la cual se negó el amparo y protección de Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el veintitrés de septiembre del año en curso, en el punto resolutivo primero se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, se tiene por recibido y se ordena glosar a este expediente el oficio remitido por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en representación del Delegado Estatal de dicha institución, autoridad señalada como responsable y en atención a lo que solicita, dígasele que se esté a lo determinado en este proveído. Notifíquese.
- Incidental
MESA VII. Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de diez de junio del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1016/2021-VII, promovido por Sixto Alberto Corona Navarrete en contra de los actos reclamados al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial, Actuario de su adscripción y Delegada del Instituto de Seguridad y de los Trabajadores todas del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales, 3, 8, 74, 75, 79 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos Pacto San osé Costa Rica; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el nueve de junio de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, y turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por Sixto Alberto Corona Navarrete, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial, Actuario de su adscripción y Delegada del Instituto de Seguridad y de los Trabajadores todas del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, los cuales los hizo consistir esencialmente en: La falta de notificación del procedimiento del cual es ajeno y sus consecuencias, entre ellas, el embargo a su dieta salarial ordenado y ejecutado. Segundo. Admisión de demanda. Por acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete, se emplazó al tercero interesado y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que, el quejoso Sixto Alberto Corona Navarrete, reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial y otras autoridades, la falta de emplazamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria de tramitación especial 627/2019 para obtener una pensión alimenticia, en la que se trabó en su contra formal embargo de su dieta salarial con motivo de la pensión alimenticia decretadas a favor de René Corona Villa. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial y Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos reclamados; de ahí que los mismos deban considerarse como existentes, lo que se corrobora con las constancias que integran el expediente 627/2019, que el juez responsable allegó a este juicio, de las que se advierte la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Titular de la Unidad Jurídica en representación de la Delegada del Instituto de Seguridad y de los Trabajadores del Estado, fue omiso en precisar si es cierto o no el acto reclamado, sin embargo de su contenido se advierte su existencia, por tanto se tiene como cierto el acto que se le atribuye. Cuarto. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, ni quien esto juzga advierte la actualización de alguna de oficio, por tanto, procede avocarse al estudio de los conceptos de violación, sin que exista la necesidad de transcribirlos, en virtud de que su reproducción no es necesaria para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, según lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia número 2ª./J.58/2012. Quinto. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, dado que ningún artículo de la Ley de Amparo lo exige. Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sexto. Análisis de la litis constitucional. Son inoperantes por una parte e infundados por otra los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, sin que se advierta algún motivo por el que deban suplirse, por las razones que a continuación se exponen. Con la finalidad de lograr una mejor comprensión del presente asunto, se narran algunos antecedentes del acto reclamado; así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, cuyo valor probatorio ha quedado de manifiesto en el considerando tercero de esta resolución, destacan por su relevancia, las siguientes Por escrito de tres de septiembre de dos mil diecinueve René Corona Villa promovió diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, a fin de que se decrete pensión alimenticia a su favor a cargo del quejoso Sixto Alberto Corona Navarrete, que correspondió conocer a la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, admitido bajo el número 627/2019. Seguido el trámite correspondiente, mediante sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, declaró procedente las diligencias promovidas, decretó alimentos provisionales a favor del tercero interesado René Corona Villa, y condenó al quejoso a pagar provisionalmente al tercero interesado del treinta y cinco por ciento del monto total de sus ingresos y todas las prestaciones, incluyendo su aguinaldo, menos las deducciones, únicamente las de carácter legal que devenga mensualmente como jubilado el quejoso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores en el Estado, se trabó embargo sobre esa cantidad líquida que resulte del treinta y cinco por ciento, total de sus ingresos. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que a manera de conceptos de violación, el quejoso sostiene esencialmente lo siguiente: 1. Que la autoridad responsable no le dio la oportunidad de hacer valer sus derechos previo al embargo de su dieta salarial, por lo que con el actuar de la autoridad responsable se viola sus derechos humanos Establecido lo anterior, los conceptos de violación, son infundados. Se sostiene lo anterior, toda vez que de los artículos 705, 708 y 709 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, se advierte que no se le otorga al deudor alimentista intervención alguna durante el procedimiento de fijación de alimentos provisionales, en razón de que el objetivo de dichas diligencias es satisfacer una urgente necesidad alimenticia, razón por la cual el juez fijará alimentos a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria. Ahora bien, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se consagra la garantía de audiencia, prevé: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de diferenciar lo que son los actos privativos que prevé el artículo 14 Constitucional, respecto de los actos de molestia contenidos en el diverso 16, y mediante tesis de jurisprudencia sentó las bases para distinguir unos de los otros, pues dijo que los primeros, son aquellos que cumpliendo los requisitos precisados en el propio artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; mientras que los actos de molestia, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, según lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior, se puede apreciar en la tesis de jurisprudencia número P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo IV. Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro son: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". Como puede observarse, los actos a que se refiere el artículo 14 Constitucional, lo son aquellos que privan al sujeto de sus bienes propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; característica de la cual no gozan las de tipo provisional, como lo son las medidas precautorias emitidas dentro de un procedimiento, pues aunque en el acto también puede producir o generar una restricción, ésta no lo es en forma definitiva, que es precisamente a la que se refiere la norma. De conformidad con lo aquí expuesto y con los preceptos transcritos, se reitera lo infundado del concepto de violación citado, ya que tales preceptos relativos a las medidas de carácter provisional encaminadas a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención, no conceden a favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia, y no por ello son violatorios del artículo 14 Constitucional, y no implique que no se sigan las formalidades del procedimiento como refiere el quejoso, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, lo que no ocurre en el caso particular. En este contexto la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se considera que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender el texto de los artículos 711, 712 y 713 del propio Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio contradictorio el derecho de los acreedores solicitantes, o bien, reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Ello pues el objetivo de las diligencias promovidas es satisfacer sin más dilaciones, una urgente necesidad alimenticia, por lo que el juzgador debe decretar alimentos cuando cuente con los elementos suficientes para ello, con las constancias que obren en autos, pues de no actuar así retrasaría el derecho necesario e inmediato de los acreedores de gozar de una pensión alimenticia para satisfacer sus necesidades básicas, que por ser inmediatas, no se requiere de la audiencia del sujeto obligado. En tal sentido, se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se dijo, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión, aportando las pruebas para ello. En este orden de ideas, resulta inconcuso que en los alimentos provisionales no rige la garantía de audiencia previa prevista por el artículo 14 Constitucional, y por consecuencia, no existe la vulneración de que se duele la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Se invoca por analogía, la tesis siguiente que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTICULOS 1291 AL 1299 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes oírla." Así como la tesis, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES, EN LA FIJACION DE LOS, NO DEBE OIRSE AL OBLIGADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 151 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla faculta al Juez natural para fijar el importe de las pensiones alimenticias provisionales sin que para ello deba ser oído a quien se le reclaman los alimentos; es decir, es categórico en cuanto a la designación de la pensión provisional de alimentos ajustándose sólo a lo dispuesto por el artículo 550 del propio ordenamiento y, por ende, no se lesiona la garantía de audiencia del quejoso al no tomar en cuenta su promoción para fijar dicha pensión alimenticia." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación planteados, lo procedente es negar al quejoso Sixto Alberto Corona Navarrete, el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial, Actuario de su adscripción y Delegada del Instituto de Seguridad y de los Trabajadores todas del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sixto Alberto Corona Navarrete, respecto de las autoridades señaladas en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO...or lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sixto Alberto Corona Navarrete, respecto de las autoridades señaladas en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
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