Sixto Abad Cisneros Guzman

Expediente 526/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
526/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Sixto Abad Cisneros Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso b), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, y no es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Finalmente, tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables y/o tercero interesado que se encuentren haciendo uso de sus periodos vacacionales o porque las dependencias se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID-19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con el mismo y con la constancia que remite, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, de la copia certificada del auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 34/2018, de su índice, de la que se advierte que dictó el auto admisorio de pruebas. En tales circunstancias, se determina innecesario continuar con la tramitación del juicio de amparo, por las razones que se explican a continuación: Como se adelantó, de la constancia enviada por la autoridad responsable al rendir su informe justificado a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictó el auto admisorio de pruebas, cuya omisión se reclama en sede constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la referida determinación. En este contexto, previo a realizar el pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar correctamente el acto reclamado, atendiendo en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, incluso con el informe justificado y la totalidad de las constancias que obran en el sumario. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810 de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la lectura integra al escrito de demanda y del análisis de los elementos a que hacen referencia las tesis invocadas, atendiendo además la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de proveer en relación al auto admisorio de pruebas, y como consecuencia el retardo en la prosecución del juicio laboral 34/2018. Si bien el quejoso además señaló en el apartado del acto reclamado, la omisión de desahogar el procedimiento en los términos establecidos por la ley; toda vez que el análisis de éstos debe realizarse atendiendo a aquél que obstruya el cauce legal del procedimiento laboral de origen, en los términos y plazos previstos por la legislación obrera aplicable, en función de la etapa procesal en que éste se sitúa, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley que rige la materia; y en ese sentido, debe tenerse como tal, el acto antes destacado sin que sea susceptible llegar hasta el desahogo de la audiencia constitucional. Se sostiene esta consideración en la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA Ja./J45/2007)". En ese sentido, de la constancia que remitió la Presidenta del Tribunal responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictó el auto admisorio de pruebas. Por tanto, queda acreditado que la autoridad responsable emitió el acto cuya omisión se reclamó, puesto que la pretensión final del peticionario del amparo, fue que el tribunal obrero se pronunciara sobre el auto admisorio de pruebas, lo que ya aconteció, por lo que es claro que cesó la omisión reclamada. En ese contexto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, el suscrito considera que en la especie sobreviene la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ello es así, pues conforme al citado texto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De suerte que, como ya se explicó al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos, imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invaden la esfera jurídica del promovente al haberse dictado el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio del que emana el acto que se reclama, con ello, se cumple su pretensión al momento de promover el presente medio de control constitucional. De ahí que, en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia; por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio constitucional y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Cabe precisar que no es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que a la presente data no transcurre el término otorgado a las partes, respecto de la vista a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan del informe y las constancias que remitió la autoridad responsable, puesto que dicha vista es para que las partes se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar tanto el contenido del informe como las razones aducidas, lo cual en el caso, es innecesario, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que no se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, no obstante de encontrarse debidamente notificado y de haber transcurrido el término concedido para tal efecto. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su numeral 2°, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 34/2018, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Se le apercibe que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 246, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que es del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia de mérito, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese por lista electrónica a las partes, incluidas las autoridades, en términos de la jurisprudencia 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se aprecia que mediante oficio SEADS/1171/2021, se hizo del conocimiento a la Jueza Haydee Guadalupe Rodríguez Hernández, que en sesión ordinaria de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó su adscripción como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez Jacinto Figueroa Salmorán. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese por lista electrónica.

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