Sixta Susunaga Quintana

Expediente 369/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
369/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Sixta Susunaga Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    PRAL 369/2019 MESA 6-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado la determinación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la determinación de trece del actual (fojas 33 a 42), en la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa ***; en consecuencia, ..., según su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, ..., la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Por otro lado, como de la certificación que antecede, se advierte que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. 3.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 3.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 3.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno impreso y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, no es inadvertido que adjunto a la demanda, la parte quejosa exhibió documentos certificados notarialmente; sin embargo, conforme al capítulo I, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, al no ser considerados como originales, se ordena su permanencia en el expediente, salvo que la parte quejosa comparezca a solicitar su devolución (fojas 7 a 10). Notifíquese...

  2. Principal

    PRAL.369/2019-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil diecinueve. 1. Se agregan escritos en los que se cumplen las prevenciones. Agréguese el primer escrito presentado por la quejosa Sixta Susunaga Quintana, mediante el cual solicita se ordene su comparecencia en alguno de los Juzgados del orden común, con sede en el Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, a efecto de realizar la ratificación de la firma de su escrito presentado el veintinueve de abril de este año (foja 25), en cumplimiento al auto de treinta de ese mismo mes y año (fojas 26 a 28), por ser una persona de edad avanzada y delicado estado de salud; en atención a ello, se provee: Como las firmas asentadas en el 1) escrito de demanda (foja 6), 2) escrito que se agrega (foja 30) y la que se deduce de la 3) copia de la credencial de elector adjunta (foja 32), tienen coincidencia entre sí, se tiene como suya la firma que asentó la quejosa en su escrito presentado el veintinueve de abril último (foja 25) y, por ende, se le tiene cumpliendo con la primera prevención que se hizo en auto de treinta de abril de este año (foja 26 vuelta); de ahí que sea innecesario girar despacho para que ratifique su firma ante diversa autoridad. Máxime que se trata de una adulta mayor; de ahí que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, y 5°, fracción II, inciso b), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, debe privilegiarse el derecho que tiene a la impartición de justicia. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis 1a. CCXXIV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 573, Libro 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Registro 2009452, del rubro siguiente: "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO." 2. Desechamiento. Por otro lado, en relación a la segunda prevención del auto de treinta de abril de este año (fojas 27 y 28), se le tiene cumpliendo la misma y por hechas sus manifestaciones. En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral de la misma, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudablemente improcedente, por actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desecharse la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa, los cuales, en lo que interesa, sucintamente se describen: a) Dice la promovente que el diez de abril de dos mil dieciocho se enteró que su hijo Félix Arano Susunaga había realizado los cambios correspondientes ante el Registro Agrario Nacional, sobre la lista de sucesión, por lo que tramitaría los nuevos certificados parcelarios a su nombre (foja 3). b) En su segundo escrito aclaratorio (foja 31), indica que su hijo le enseñó la nueva lista de sucesión y la diligencia de apertura realizada ante el Registro Agrario Nacional. Asimismo, reiteró que señalaba como actos reclamados los que había precisado en su escrito inicial de demanda (fojas 2 y 3), los cuales son: 1) La inscripción de la lista de sucesión de trece de febrero de dos mil dieciocho, formulada por el extinto Luis Arano Guzmán, quien era ejidatario reconocido del ejido Santa Rosa, municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 2) Como consecuencia, la generación o expedición de los nuevos certificados a favor de Félix Arano Susunaga. En el caso, conforme a las precisiones destacadas, se estima que, en el caso, se ve actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 107 constitucional, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Del mencionado numeral se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente, contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. En ese sentido, el principio de definitividad, que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa, previo a su promoción, debe acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Al respecto, se estima necesario transcribir lo establecido en los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 y 163 Ley Agraria y 18, fracciones IV, VI y VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (.) VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Ley Agraria Artículo 45.- Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables. (.) "Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." (.) "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso." Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; (.) VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;" Del análisis sistemático de los referidos preceptos, se advierte que el régimen jurídico de propiedad ejidal o comunal, tiende a proteger ese tipo de propiedad, en cuanto a su integridad, aprovechamiento y acciones de fomento, no de manera exclusiva por el carácter de las partes en el juicio, sino por la naturaleza del derecho controvertido y, esencialmente, por su incidencia sobre los derechos de propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios. Asimismo, se consagra la facultad de ejidatarios y comuneros para la celebración de cualquier contrato, aun con particulares, que tenga por objeto el uso de tierras ejidales, si esto conviene para el aprovechamiento de sus recursos productivos; y se fija la competencia de los tribunales agrarios para dirimir juicios de este tipo. De igual forma, se advierte que los juicios agrarios son los que tienen por objeto substanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley Agraria y que dichos Tribunales proveerán las diligencias pertinentes necesarias para proteger a los interesados, pudiendo acordar la suspensión del acto de la autoridad agraria que pueda afectarlos, al regularse en los mismos términos que la suspensión en la Ley de Amparo. En ese orden, resulta determinante considerar que la naturaleza del asunto, versa sobre tierras afectas al régimen de propiedad ejidal o comunal, por lo que se actualiza la hipótesis contemplada constitucional y legalmente, ya que a través de este juicio la parte quejosa trata de controvertir cuestiones ligadas a los derechos que tiene sobre la posesión de tierras sujetas al régimen de derecho agrario; de modo que los Tribunales Unitarios Agrarios deben dilucidar esas cuestiones, ya que cuentan con facultades expresas. De igual forma, conforme a las normas transcritas, éstas permiten al agraviado promover el juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario, contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; así como de controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; supuestos que encuadran en el caso concreto, ya que la parte quejosa dice reclamar la inscripción de la lista de sucesión de trece de febrero de dos mil dieciocho, formulada por el extinto Luis Arano Guzmán, quien era ejidatario reconocido del ejido Santa Rosa, municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y, como consecuencia, la generación o expedición de los nuevos certificados a favor de Félix Arano Susunaga. Ello es así, porque de los planteamientos formulados en la demanda y en su escrito aclaratorio, así como los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que la parte quejosa es sujeto de derecho agrario y la acción recae sobre diversas parcelas ejidales; por ende, el órgano a quien, en su caso, le compete resolver tales controversias es al Tribunal Unitario Agrario del lugar donde se ubica el predio; como así lo ilustra la jurisprudencia P./J. 125/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo X, Noviembre de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 192899, de rubro: "COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN DE PREDIOS PRESUNTAMENTE EJIDALES." Aunado a ello, la pretensión de la peticionaria de amparo es que se dejen insubsistentes los certificados parcelarios que reclama, expedidos por el Registro Agrario Nacional, ya que su hijo Félix Arango Susunaga aparece como sucesor preferente (foja 31) [segundo escrito aclaratorio]; sin embargo, dicho acto se ubica en los rubros señalados en el dispositivo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 163 de la Ley Agraria antes transcritos; de ahí que, de conformidad con el citado artículo 166 de la Ley de Agraria, procede su impugnación ante el Tribunal Unitario Agrario del Estado, pues es susceptible de ser analizado mediante el juicio de nulidad a que se hizo mención, ya que dicho medio de defensa legal puede revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. En ese contexto el juicio de amparo intentado es improcedente. Máxime que con la tramitación de ese juicio, de solicitarlo, se suspenderían los efectos de tales actos, sin exigirse mayores requisitos de los establecidos por la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, según se desprende de lo dispuesto por el referido precepto 166 de la Ley Agraria. Es aplicable al caso, la tesis VI.2o.21 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 654, Tomo II, Octubre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 204172, del contenido siguiente: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, COMPETENCIA DE LOS. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, éstos serán competentes para conocer: "De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias"; por lo tanto, dichos tribunales no sólo son competentes para conocer de la nulidad de actos y documentos celebrados ante autoridades agrarias o con motivo de la aplicación de leyes en la materia, sino también de todo acto o contrato que contravenga a las leyes agrarias, independientemente de que no se hayan celebrado ante esa clase de autoridades." La diversa del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 346, Tomo XII, Septiembre de 1993, Octava Época, Registro 215145, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE NULIDAD DICTADOS POR AUTORIDADES AGRARIAS, QUE ALTEREN, MODIFIQUEN O EXTINGAN UN DERECHO O DETERMINEN LA EXISTENCIA DE UNA OBLIGACION. La nueva Ley de Reforma Agraria, regula la existencia en la República, de los tribunales unitarios que conocen en forma exclusiva de todos aquellos asuntos relacionados con esa materia y entre las facultades que a esos tribunales se les otorgó, atento a lo establecido por el artículo 18, de la Ley Orgánica que los rige, está la de conocer de los juicios de nulidad contra las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, luego si con la orden girada por la autoridad agraria, se pretende modificar o extinguir un derecho de los quejosos, es inconcuso que lo procedente en el caso, es que se reclame ante el tribunal unitario agrario competente, la nulidad de tal mandamiento, esto es, que es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estiman lesionados y sólo en el evento de que éste les resultara adverso, estarían en aptitud de ocurrir al juicio de garantías, por lo que, al no haberlo hecho así, se actualizó la causal de improcedencia que refiere la fracción XV, del artículo 73, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis XII.1o.15 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 761, Tomo XII, Septiembre de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191154, de rubro y texto siguientes: "JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNEN RESOLUCIONES DE AUTORIDADES AGRARIAS, QUE FUERON SUSTITUIDAS POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS, POR SER DICHOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUIENES ACTUALMENTE TIENEN FACULTADES PARA MODIFICAR, REVOCAR O NULIFICAR TALES ACTOS. Uno de los principios que rigen al juicio de garantías, es el de definitividad, por lo que al entrar en vigor las reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Agraria y Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde ahora a éstos conocer de los juicios de nulidad cuando se reclamen resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción IV, de la ley orgánica que los rige, vigente a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos; por lo que se deben impugnar dichos actos ante los tribunales agrarios, aun cuando las citadas resoluciones hayan sido emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la referida ley orgánica, siempre que su impugnación sea posterior a la instauración de éstos y no hayan sido motivo de controversia conforme a las normas derogadas; el incumplimiento de lo anterior, actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo." En ese contexto, si la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa Sixta Susunaga Quintana, contra actos del delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado y otra autoridad. 3. Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de la causa de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 324, Tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 165538, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 601, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Registro 2018678, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRLA.253/2018-2A*...Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1°, 73, 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, ******************** R e s u e l v e:******************** Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por el quejoso José Daniel Villalobos Sánchez, contra los actos reclamados al a) director General de Reinserción Social, residente en la ciudad de Oaxaca, b) coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, c) coordinador General de Centro Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, d) comisionado General de la Policía Federal, e) director de Seguridad del Complejo Penitenciario Islas Marías, f) jefe de dicho Complejo Penitenciario, g) secretario General de la Policía Federal, h) director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social e i) director de Seguridad Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en términos del considerando tercero de esta sentencia.******************** Así como por cuanto hace a la autoridad responsable, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, respecto del acto reclamado y por el motivo señalados en el considerando quinto de esta resolución.******************** Segundo. La Justicia Federal ampara y protege al quejoso José Daniel Villalobos Sánchez, contra los actos reclamados al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y director del Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel, Oaxaca, en relación al acto señalado en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando noveno de esta sentencia.******************** Tercero. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo.******************** Notifíquese personalmente al quejoso, en el lugar en que se encuentra recluido; al licenciado Omar Isidro Vicente, defensor del Instituto Federal de la Defensoría Pública, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y, por oficio a las autoridades responsables. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no obstante que ese centro penitenciario se encuentra aproximadamente a cien kilómetros de distancia, se autoriza al (la) actuario (a) en turno, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, con las medidas de seguridad debidas y previo procedimiento de autorización que realice dicho (a) fedatario (a) público (a) (envío de oficio y de lista de internos para tener acceso al mismo), se traslade y haga presente en ese lugar, en el día de la semana que específicamente se programe para tal fin y le notifique personalmente esta sentencia.******************** Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. ******************** GMZR´************************************************************************************************************************************************************************************

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