Sitio San Lorenzo Zimatlan Asocacion Civil

Expediente 618/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
618/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2015

Partes del expediente

  • Sitio San Lorenzo Zimatlan Asocacion Civil
  • SITIO SAN LORENZO ZIMATLAN ASOCACION CIVIL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II C "... VISTOS LOS AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE; SE ADVIERTE QUE, EN LA ESPECIE, MEDIANTE PROVEÍDO DE TREINTA DE ABRIL PASADO (FOJAS 13 A 16), SE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA POR "SITIO SAN LORENZO ZIMATLÁN" A. C., EL CUAL SE LE NOTIFICÓ EL CATORCE DE MAYO SIGUIENTE (FOJA 18 VUELTA); COMO ESA DETERMINACIÓN NO FUE RECURRIDA POR LA PARTE LEGITIMADA PARA HACERLO, A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA Y DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO; CON FUNDAMENTO EN EL NORMATIVO 356 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE POR REENVÍO DEL NUMERAL 2° DE LA LEY CITADA, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. POR TANTO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, EL CUAL SE ESTIMA CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; POR LO QUE TRANSCURRIDOS MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN, ELLO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO. HÁGASE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Y EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO..."

  2. Principal

    "MESA II-C ...Vista la diligencia de once de este propio mes de mayo, signada por la Actuaria adscrita a este Juzgado (foja 17), se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa "SITIO SAN LORENZO ZIMATLÁN" A. C., el proveído de treinta de abril pasado (fojas 13 a 16), en virtud de que al constituirse en el domicilio señalado por ésta para oír y recibir notificaciones, ubicado en Calle Huerto Los Olivos, número ciento uno, en el Fraccionamiento Trinidad de las Huertas, en esta ciudad, la propietaria del inmueble le informó que ahí no vive ni conoce la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, dígase a la Actuaria, proceda en términos del artículo 27 fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE..."

  3. Principal

    "MESA II-C ...Vista la demanda amparo promovida por la persona moral denominada "SITIO SAN LORENZO ZIMATLÁN" A. C., por conducto de Alejandro Zepeda Martínez, con el carácter de Presidente del Consejo Directivo, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo consistente en copia certificada del primer testimonio del Instrumento Notarial 7,063, volumen 101 del protocolo del Notario Público Número 105 del Estado de Oaxaca; presentada en esta fecha tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, como en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 618/2015. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, no se analizará la litis constitucional, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". Lo anterior, conforme al contenido de las tesis siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo"( Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época). "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". (Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época) Ahora, los antecedentes que se advierten de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, son los siguientes: 1. En el Primer Juzgado de lo Contencioso de Primera Instancia, JOSÉ MIGUEL MARÍN SÁNCHEZ promovió juicio de nulidad, el cual se registró con número de expediente 166/2014, contra la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado y otras autoridades, respecto a la renovación de la concesión del servicio público de taxi en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, solicitando la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se le impidiera prestar dicho servicio, juicio en el cual, a la parte aquí quejosa, le resulta el carácter de tercera interesada, medida que se le concedió. 2. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, dicho Juzgado negó la suspensión definitiva de los actos reclamados en el juicio de referencia. 3. Inconforme con la resolución, el actor en el juicio natural, interpuso recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en esta ciudad, registrándose bajo el toca 37/2015, mismo que resolvió el veintiséis de marzo pasado, la cual revocó la resolución de veintinueve de agosto de dos mil catorce y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados en el juicio de referencia, para el efecto de que JOSÉ MIGUEL MARÍN SÁNCHEZ puediera seguir prestando el servicio público de alquiler de taxi en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, y que el vehículo con el que presta dicho servicio no fuera detenido por falta de renovación de la concesión de dicho servicio (determinación que aquí se reclama). Por tanto, se advierte que la resolución controvertida en este juicio de amparo, no es de imposible reparación, ya que no se trata de violaciones directas a la Constitución, sino como lo señala la propia parte quejosa a la Ley de la Justicia Administrativa del Estado, en específico, el artículo 185 de dicha Ley. Asimismo, dicha resolución no es un acto de imposible reparación, en la medida que la concesión de la medida cautelar por parte de la Sala Superior únicamente implica que ambas partes en el juicio de nulidad (actor y tercero interesado) presten el servicio público de taxi, lo que de manera alguna se traduce en un acto de imposible reparación. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; respecto a Jorge Miguel Salas Villalobos, dígasele que únicamente se le tendrá como autorizado para oír y recibir notificaciones, sin perjuicio de que pueda autorizarlo con posterioridad en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que únicamente manifiesta que es su "asesor legal". De conformidad con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, respecto a la devolución de la documental que anexa a su escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud hasta que se declare firme la presente determinación. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."

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