Sistemas Informaticos Irlanda S.A.S de C.V.
Expediente 277/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sistemas Informaticos Irlanda S.A.S de C.V.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Magistrada titular de la Tercera Ponencia de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por la Secretaria de acuerdos de dicha sala, mediante el cual informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto y solicita que se amplíe el plazo para dar cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo del presente año. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agréguense a los presentes autos tomando conocimiento de su contenido; para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 258/2021, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Por las razones precisadas en la resolución recurrida, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A GILBERTO GARCÍA VÁZQUEZ, contra el acto y autoridad especificados en la sentencia impugnada." Ahora bien, es oportuno precisar que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En este orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, atendiendo a la naturaleza del cumplimiento, obligue a la autoridad demandada que realice la cuantificación de cantidades, para determinar la cantidad líquida que corresponde pagar a la parte actora, hoy quejosa, toda vez que como se dijo, el pago representa parte del cumplimiento de su resolución, y una vez determinadas, requiera a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento. Se hace extensivo el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez determinada la cantidad referida en el párrafo que antecede, el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pague en un término que no exceda de diez días, a partir de que sea notificada de la cantidad que la Novena Sala citada determine, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Es aplicable, por su contenido substancial, la jurisprudencia número P./J. 113/2001 que establece: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." (Registro: 188,804, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Septiembre de 2001, página: 5)." Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece prevén: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo." (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: "Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En esas condiciones, se advierte que para dar cumplimiento al fallo protector, las autoridades responsables deben: - La Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: ? Obligue a la autoridad demandada que realice la cuantificación de cantidades, para determinar la cantidad líquida que corresponde pagar a la parte actora, hoy quejosa. ? Una vez determinada la cantidad líquida, requiera a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento. - El Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: ? Pagar a la actora, hoy quejosa, la cantidad que determine. Por ende, y toda vez que para colmar el segundo y tercero de los efectos referidos, se debe colmar el primero de ellos, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se REQUIERE a la NOVENA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, para que en el término de DIEZ DÍAS, dada la naturaleza de los actos a realizar, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es haber obligado a la autoridad demandada que realice la cuantificación de cantidades, para determinar la cantidad líquida que corresponde pagar a la parte actora, hoy quejosa. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá a las personas físicas que ocupen los cargo de Magistrados integrantes de la Sala referida, una multa por cien veces la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en términos del artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 2 fracción IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con motivo de la imposibilidad para notificar a la autoridad responsable LIC. MARCO ANTONIO CUELLAR GARCES, DIRECTOR DEL PLANTEL NÚMERO 3 "IZTACALCO" DEL COLEGIO DE BACHILLERES el oficio 4427/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se suspendió el procedimiento en el presente asunto hasta en tanto la autoridad referida, reanudara sus labores. Asimismo, se advierte que mediante proveídos de once de agosto de dos mil veintiuno, así como dos de marzo de dos mil veintidós, se ordenó reexpedir dicho oficio con el objeto de verificar si la aludida autoridad responsable ya reanudó sus actividades y a fin de determinar si resulta procedente reanudar el procedimiento en el juicio, siendo que en el caso, de autos se desprende que el oficio referido 4427/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se notificó el cuatro de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, tomando en consideración que la aludida autoridad responsable ya reanudó sus actividades y fue posible notificarle el oficio de mérito, SE REANUDA EL PROCEDIMIENTO en el presente asunto. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo conducente en relación con la ampliación de demanda registrada con el número de correspondencia 7247, hasta en tanto se reanudara el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa. En relatadas condiciones, y toda vez que dicha situación ya aconteció, se procede a acordar lo que en derecho corresponde. Ahora, de las constancias que remite la parte quejosa, respecto del acto inicialmente reclamado, consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición de los quejosos, formulada mediante escrito elevado ante el LIC. MARCO ANTONIO CUELLAR GARCÉS, DIRECTOR DEL PLANTEL NÚMER TRES "IZTACALCO" DEL COLEGIO DE BACHILLERES, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, y por el cual se admitió la demanda por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, por las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma Norma, que a la letra establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (.)." Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, que a la letra expresa: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. (Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P. J/23, Página: 991.) En el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión de emitir la respuesta correspondiente a la solicitud de los quejosos, formulada mediante escrito elevado ante el LIC. MARCO ANTONIO CUELLAR GARCÉS, DIRECTOR DEL PLANTEL NÚMER TRES "IZTACALCO" DEL COLEGIO DE BACHILLERES, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, toda vez que se emitió la respuesta respectiva, la cual les fue notificada a los quejosos vía correo electrónico el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. La fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Apoya a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. .(Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) En la especie, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario precisar lo siguiente: Por escrito elevado ante el LIC. MARCO ANTONIO CUELLAR GARCÉS, DIRECTOR DEL PLANTEL NÚMERO TRES "IZTACALCO" DEL COLEGIO DE BACHILLERES, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, los quejosos realizaron diversas peticiones esencialmente en relación con las condiciones laborales en que desempeñan sus labores como docentes en el Colegio de Bachilleres, solicitaron la asignación de horas adicionales, así como la solicitud de otorgamiento de nombramientos definitivos, y la debida aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. Por su parte, el LIC. MARCO ANTONIO CUELLAR GARCÉS, DIRECTOR DEL PLANTEL NÚMERO TRES "IZTACALCO" DEL COLEGIO DE BACHILLERES, mediante oficio sin número y sin fecha, dio contestación a su escrito de petición de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la que esencialmente les hizo del conocimiento a los quejosos, la manera en que como Director del centro educativo en el cual los quejosos se desempeñan como docentes, se ha aplicado la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, como lo es la publicación de comunicados de las horas vacantes a tiempo fijo y de las horas provisionales para que los interesados realicen la firma de los mismos, asimismo, les informa que se han hecho los dictámenes y asignación de horas a los profesores que resultaron beneficiados de dichos comunicados, así como la asignación de plazas conforme a la normatividad aplicable. Aunado a lo anterior, les hizo de su conocimiento que derivado de la pandemia generada por el covid-19, no regresarían a clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, que se tomarían medidas para capacitar al personal docente con el objeto de desempeñar su labor a distancia, y que el plantel les proporcionará los medios tecnológicos necesarios. Les proporcionó información relativa a la expedición de nombramientos definitivos, que los quejosos no son sujetos de los criterios para la asignación de horas adicionales en educación media superior durante el ciclo dos mil veinte dos mil veintiuno, que la asignación de horas está reglamentada por el Contrato Colectivo de Trabajo en su cláusula 80, y en el artículo 38 del Reglamento del Personal Académico, y que tampoco le son aplicables las reglas en materia de compatibilidad de plazas para el personal docente con funciones de dirección, supervisión o asesoría técnica pedagógica en la educación básica y media superior. Finalmente les informó que la admisión, promoción, y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, se lleva a cabo a través de procesos de selección a los que concurren los aspirantes en igualdad de condiciones, mismos que son públicos, transparentes, equitativos, e imparciales, y se consideran los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral en beneficio de los estudiantes, mismos que son operados por organismos ajenos al Colegio de Bachilleres, y que se corrobora con la copia simple que exhibe de la contestación respectiva, la cual, en términos del artículo 210, del Código Federal de Procedimientos Civiles, hace prueba plena en contra de su oferente, motivo por el que se le concede valor probatorio pleno, y con la cual queda acreditado que la autoridad responsable ha dado contestación a su escrito de petición elevado en veinticinco de septiembre de dos mil veinte y respecto del cual, amplían su demanda de amparo. Tiene sustento lo anterior, en la Jurisprudencia de rubro siguiente: COPIAS FOTOSTATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. (No. De registro 203516 Época: Novena Época, Registro: 191196, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 124, Materia(s): Civil, Tesis: I.4o.C. J/5. Respuesta que, conforme a las propias manifestaciones de los quejosos, les fue notificada vía correo electrónico el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que gozan de valor probatorio pleno en contra de quien lo asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del rubro siguiente. DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (No. Registro: 214,035, Tesis Aislada, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Diciembre de 1993, Página: 857) En ese sentido, la autoridad responsable acreditó haber emitido la respuesta correspondiente al escrito presentado por los quejosos ante el LIC. MARCO ANTONIO CUELLAR GARCÉS, DIRECTOR DEL PLANTEL NÚMERO TRES "IZTACALCO" DEL COLEGIO DE BACHILLERES el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, la cual les fue notificada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (uno de marzo de dos mil veintiuno), por lo que resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo.. (No. Registro: 210237, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, Página: 313) Resulta aplicable, por analogía, la tesis número P.CL/97, que expresa: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad (Número de Registro: 197,367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71) En las relatadas circunstancias, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que hace a la omisión de dar contestación a las solicitudes de los quejosos. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, por lo que hace a la ampliación de demanda, se advierte que respecto del oficio de contestación al derecho de petición que pretende controvertir la parte quejosa, debe conocer un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Con el propósito de sustentar esta aseveración, es importante destacar que el estudio que se realizará en líneas subsecuentes se efectuará en términos de la jurisprudencia 40/2000, del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (No. Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32) La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad, de manera que si el promovente designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Expuesto lo anterior, del estudio integral del escrito de ampliación de demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la misma, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada el siete de junio de dos mil veintiuno, aplicable al presente asunto conforme al quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en su capítulo II, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito, que en su parte conducente, establece: ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0c.3c 24/02/23 19:48:53 I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0c.3c 24/02/23 19:48:53 JUICIO DE AMPARO P- 149/2021-II ??????????????? (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (ADICIONADA, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa; y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. De igual manera, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Dichos criterios justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0c.3c 24/02/23 19:48:53 género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), que es del rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (No. Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296). Expuesto lo anterior, del escrito de ampliación de demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. LIC. MARCO ANTONIO CUELLAR GARCÉS, DIRECTOR DEL PLANTEL NÚMER TRES "IZTACALCO" DEL COLEGIO DE BACHILLERES IV.- LEY O ACTO RECLAMADO. Es acto reclamado dentro del presente juicio, lo es el oficio sin número y sin fecha, emitido por el Lic. MARCO ANTONIO CUELLAR GARCÉS, DIRECTOR DEL PLANTEL NÚMERO TRES "IZTACALCO" DEL COLEGIO DE BACHILLERES." De la transcripción que antecede, se desprende que la parte quejosa reclama la emisión del oficio sin número y SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0c.3c 24/02/23 19:48:53 JUICIO DE AMPARO P- 149/2021-II ??????????????? sin fecha, notificado a los quejosos vía correo electrónico el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en respuesta al escrito de petición elevado por los aquí quejosos el veinticinco de septiembre de dos mil veinte ante el LIC. MARCO ANTONIO CUELLAR GARCÉS, DIRECTOR DEL PLANTEL NÚMER TRES "IZTACALCO" DEL COLEGIO DE BACHILLERES, a través del cual, la autoridad responsable hace del conocimiento de los quejosos, la manera en que como Director del centro educativo en el cual los quejosos se desempeñan como docentes, ha aplicado la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, como lo es la publicación de comunicados de las horas vacantes a tiempo fijo y de las horas provisionales para que los interesados realicen la firma de los mismos, asimismo, les informa que se han hecho los dictámenes y asignación de horas a los profesores que resultaron beneficiados de dichos comunicados, así como la asignación de plazas conforme a la normatividad aplicable. Aunado a lo anterior, les hizo de su conocimiento que derivado de la pandemia generada por el covid-19, no regresarían a clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, que se tomarían medidas para capacitar al personal docente con el objeto de desempeñar su labor a distancia, y que el plantel les proporcionará los medios tecnológicos necesarios. Les proporcionó información relativa a la expedición de nombramientos definitivos, que los quejosos no son sujetos de los criterios para la asignación de horas adicionales en educación media superior durante el ciclo dos mil veinte dos mil veintiuno, que la asignación de horas está reglamentada por el Contrato Colectivo de Trabajo en su cláusula 80, y en el artículo 38 del Reglamento del Personal Académico, y que tampoco le son aplicables las reglas en materia de compatibilidad de plazas para el personal docente con funciones de dirección, supervisión o asesoría técnica pedagógica en la educación básica y media superior. Finalmente les informó que la admisión, promoción, y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, se lleva a cabo a través de procesos de selección a los que concurren los aspirantes en igualdad de condiciones, mismos que son públicos, transparentes, equitativos, e imparciales, y se consideran los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral en beneficio de los estudiantes, mismos que son operados por organismos ajenos al Colegio de Bachilleres. En ese orden de ideas y atendiendo a la naturaleza de este acto y las acciones que, en su caso, se deben llevar a cabo para restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, es inconcuso que el órgano jurisdiccional que debe conocer del presente asunto, es un JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, toda vez que el acto reclamado en el presente asunto, aun cuando formalmente es administrativo, en todo caso, afecta derechos laborales de los quejosos como trabajadores del Colegio de Bachilleres, puesto que, se les informan las condiciones en que prestan sus servicios como docentes, las medidas para su capacitación, así como los procesos para la asignación de horas de trabajo, el otorgamiento de nombramientos definitivos, y se les niega la asignación de horas adicionales en educación media superior durante el ciclo dos mil veinte dos mil veintiuno; en ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado tiene naturaleza netamente laboral, ya que lo que controvierte la parte quejosa es un derecho en materia de trabajo, puesto que derivan de una relación laboral que sostienen los quejosos y el Colegio de Bachilleres; razón por la cual, se estima que el análisis de la constitucionalidad del oficio controvertido, habrá de efectuarse a la luz de los ordenamientos en materia de trabajo aplicables, puesto que derivan de una relación laboral que guardan con la aludida institución educativa. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. (Séptima Época, 232057, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Primera Parte, Materia Administrativa, Laboral, página 9.) En este sentido, se considera que la competencia para conocer del presente juicio le corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, pues el artículo en mención, dispone que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia de Trabajo conocerán de los juicios que se promuevan en contra de actos u omisiones por autoridades distintas de la autoridad judicial en materia de trabajo. Lo anterior encuentra sustento por analogía y en lo conducente, en la tesis I.14o.T.1 L, del tenor siguiente: ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. (Registro 180735, visible en la página 1714 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, relativo a la Novena Época, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito) Máxime que los quejosos no se ubican en ninguna hipótesis de excepción a la aplicación del Apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no tener el carácter de militares, marinos, agentes del ministerio público, peritos, personal del servicio exterior o miembros de alguna institución policial, quienes se regirán por sus propias leyes, lo cual genera una relación de naturaleza administrativa con el Estado. En estas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la ampliación de demanda de amparo de cuenta, ya que, como se ha expuesto, la naturaleza del acto que en la presente vía se controvierte es de índole laboral. Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente ampliación de demanda no corresponde a este órgano jurisdiccional; por ello, con apoyo en los artículos citados de la Ley de Amparo y el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, este Juzgado de Distrito, DECLARA QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LA AMPLIACIÓN DEMANDA DE AMPARO Y SE ORDENA REMITIR VÍA INTERCONEXIÓN EL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA CON NÚMERO DE CORRESPONDENCIA 7247, AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que por razón de turno le corresponda conocer del presente asunto, se sirva acusar el recibo de estilo, informando si acepta o no la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, siete de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, solicita se acuse el recibo de estilo del testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión R.A.245/2021 de su índice, y los autos del juicio en que se actúa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo solicitado, acúsese el recibo de estilo respecto del oficio 7800 de veintiocho de enero de dos mil veintidós, del índice del Tribunal oficiante y sus anexos, consistentes en el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión R.A. 245/2021 y los autos originales del juicio de amparo 921/2020-II en un tomo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de la titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia, a través del cual, informa que se encuentra en espera de que el director general de Programación, Organización y Presupuesto, realice las gestiones relacionadas con la suficiencia presupuestal y la expedición del título de crédito a favor de la quejosa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto, debe recordarse que los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional son: 1. Desvincule de la esfera jurídica del quejoso los lineamientos reclamados. 2. Realice el cálculo del aguinaldo que le corresponde para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria. 3. Se paguen las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagarse al quejoso Esto implica que, aunado a que el cumplimiento esta relacionado con un pago, también se precisó que la autoridad responsable debía pronunciarse en relación con los lineamientos reclamados, lo que no atendió y tampoco ha demostrado las operaciones aritméticas con las que acredite la cantidad a pagar a favor del quejoso, aspectos que debió cumplir previo a solicitar la suficiencia presupuestal y la expedición del título de crédito respectivo, pues a la fecha no se conoce la cantidad que se debe pagar al quejoso con motivo de la concesión de amparo; de ahí que lo único que pretende la responsable es dilatar el procedimiento de cumplimiento, además de insultar la inteligencia de este juzgador, pues no es posible solicitar la suficiencia presupuestal, si no se tiene la cantidad liquida a pagar y menos aún el cheque correspondiente, máxime que debe hacerse del conocimiento del quejoso la cantidad que proponga la autoridad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite: 1) haber emitido el pronunciamiento relacionado con los lineamientos reclamados en términos de los expuesto en la ejecutoria de amparo; y 2) exhibir el calculo de la cantidad que se debe devolver al quejoso para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria, es decir, de inicio se debe conocer la cantidad exacta para proceder a la obtención de la suficiencia presupuestal. En el entendido que de continuar con su conducta contumaz se le impondrá las sanciones respectivas y se remitirá inmediatamente el expediente al órgano colegiado que corresponda para efectos de lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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