Sistema Municipal de Aguas Y Saneamiento de Torreon
Expediente 991/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Sistema Municipal de Aguas Y Saneamiento de Torreon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en que se decretó el sobreseimiento en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, y el duplicado es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, se recibió el escrito de demanda suscrito por Blanca Cecilia García Caraza en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral del organismo denominado Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, contra las autoridades y por el acto que a continuación se trascriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL TORREÓN, con domicilio ubicado en CALZADA MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO 2375 DE LA COLONIS ESTRALLA DE ESTA CIUDAD. COMO EJECUTORA AL C. NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCALTORREÓN con domicilio en CALLE DE LOS COMERCIANTES S/N DE LA COLONIA VILLAS LA MERCED DE ESTA CIUDAD". "IV. ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades mencionadas reclamo la ejecución y embargo de bienes que se pretende efectuar en el domicilio del organismo que represento ubicado en Boulevard Independencia número 308 Poniente de la Colonia Centro de esta ciudad en virtud que la suscrita no conozco Y ni se me ha realizado requerimiento por parte de las responsables, derivado de una multa que se me efectuara". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Admisión. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, previo acuerdo aclaratorio, se admitió a trámite la demanda de amparo; motivo por el cual, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito, lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna; es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, al reclamarse actos emitidos por autoridades administrativas que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: i. La inminente ejecución y embargo de bienes que se pretende efectuar en su domicilio ubicado en Boulevard Independencia número 308 Poniente, de la Colonia Centro de esta ciudad, señalando que no se le ha realizado ningún requerimiento por parte de las responsables. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Administrador Local de Ejecución Fiscal, con residencia en esta ciudad y Actuario Notificador-Ejecutor de su adscripción, pues al rendir su informe justificado, expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroboradas con las constancias relativas con los actos reclamados, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la referida autoridad judicial responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo de mérito, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Ahora bien, en el caso particular el suscrito juzgador estima que efectivamente, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, de acuerdo a lo siguiente: Los artículos en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Conforme a lo anterior, se obtiene que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, lo que significa que las mismas no guardan un orden de preferencia sino que la intención del constituyente fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos ya mencionados. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia clave XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165582, tomo XXXI, enero de 2010, materia común, página 1931, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De esta forma, es dable precisar, que el presente estudio de improcedencia en cuanto a la oportunidad de la demanda de amparo, se realizará bajo el primer supuesto a que alude el artículo 18 de la Ley de Amparo, relativo a que el computo inició desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de los actos que se impugnen vía amparo. En ese contexto, al examinar integralmente la demanda de amparo promovida por Blanca Cecilia García Caraza en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral del organismo denominado Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, se obtiene que comparece a efecto de reclamar la inminente ejecución y embargo de bienes que se pretende efectuar en su domicilio ubicado en Boulevard Independencia número 308 Poniente, de la Colonia Centro de esta ciudad, señalando que no se le ha realizado ningún requerimiento por parte de las responsables. En el caso, la quejosa aduce que el día cinco de agosto de dos mil veintiuno, recibió una llamada del área de recepción, y fue informada que ahí se encontraba una persona quien dijo ser notificador ejecutor adscrito a la Administración General de Ejecución Fiscal, con residencia en esta ciudad, quien solicitó se le mostrara el pago de una multa y en caso contrario procedería al embargo de bienes. Ahora bien, contrario a lo que adujo la aludida quejosa, se tiene que conoció de los actos reclamados en una fecha anterior a la que menciona en su demanda de amparo, ya que de las constancias relativas al expediente registrado con el número de crédito 4434100541, instaurado en contra de la quejosa Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de esta ciudad, las cuales gozan de valor probatorio pleno al tenor de los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Efectivamente, en el caso particular, de las constancias relativas al inicio del procedimiento administrativo de ejecución con motivo del oficio 1535/2021, de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Poder Judicial del Estado de Coahuila, en que se le impuso una multa a la parte quejosa, se registró con el número de crédito número 4434100541, el cual le fue notificado a la parte quejosa el día veinticuatro de junio del presente año, en el cual se le apercibió para que dentro del término de quince días contados a partir del día siguiente a la fecha en que haya surtido efectos la notificación acreditara ante la responsable el pago requerido o en su caso comprobar la interposición de medio de defensa correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se iniciaría en su contra el procedimiento administrativo de ejecución para obtener el pago del crédito. Circunstancia que como ya se dijo, se encuentra corroborada con las constancias que a sus correspondientes informes exhibieron las autoridades administrativas responsables, mismas que fueron valoradas con antelación. Así las cosas, se obtiene que no le asiste la razón a la quejosa cuando refirió que tuvo conocimiento en una fecha distinta a la antes referida, pues contra su dicho se encuentran las actuaciones exhibidas por las autoridades responsables, en ese sentido, se patentiza que si quejosa fue notificada de la determinación del crédito número 4434100541, el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la cual de conformidad con lo que establece el artículo 118 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila, surtió sus efectos el día hábil siguiente, por lo que el término de quince días para la promoción del juicio de amparo inició el veintiocho de junio y feneció el dieciséis de julio del año en curso. En esas condiciones, al haber presentado la quejosa su demanda constitucional hasta el nueve de agosto de dos mil veintiuno, según se advierte del sello de recepción puesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, transcurrió con exceso el término de quince días para la presentación de la misma, resulta inconcuso que tal interposición la realizó extemporáneamente, y por vía de consecuencia consintió tácitamente los actos reclamados en comento, por no haber ejercitado la acción constitucional en su contra, dentro del término de quince días previsto en el artículos 17 de la Ley de Amparo; de ahí, que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia precitada. Tiene oportuna aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre del 2000, Página 1148, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada". Así las cosas, si dentro del presente juicio de amparo, se reclama la inminente ejecución y embargo de bienes que se pretende efectuar en su domicilio ubicado en Boulevard Independencia número 308 Poniente, de la Colonia Centro de esta ciudad, y la quejosa se enteró de la existencia de los actos reclamados desde el momento en que surtió efectos la notificación que del inicio de la existencia del crédito fincado en su contra se le practicó, por lo cual es inconcuso que la demanda de amparo resulta extemporánea, pues la misma fue presentada hasta el nueve de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, transcurrió con exceso el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que, la acción constitucional debió instarse a partir de que tuvo conocimiento del acto que afectaba su interés jurídico. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia P./J. 6/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 95, cuyo epígrafe es el siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución". También se aplica el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXV, página 932, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio". Asimismo, tiene aplicación la tesis aislada visible en la página 235, tomo XI, Junio de 1993, Materia(s): Común, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee bajo el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". De ahí, que respecto del acto reclamado y sus consecuencias tales como la inminente ejecución de embargo de bienes que reclama, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento jurídico. Apoya a lo anterior la tesis I.4o.A.20 K del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 477, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta". De ahí que en el caso, resulte innecesario el estudio y demostración de la totalidad de las causales de improcedencia invocadas por las partes respecto, pues basta la actualización de las que aquí se analizaron para decretar el sobreseimiento; por lo que el análisis de la actualización o no, de las restantes, resultaría ocioso ya que no trascendería al sentido de la resolución ya fijado. Tiene aplicación sobre lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 54/98, de la Segunda Sala, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se ha informado a este juzgado si la parte quejosa ya recibió el cheque expedido en su favor por la autoridad responsable. Requerimiento. Atento a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas en Gómez Palacio, Durango, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, informe las gestiones realizadas a fin de entregar el cheque en mención a la parte quejosa. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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- Sistema de Aguas Y Saneamiento de Torreón, Coahuila552/2019
- Sivia Betancourt Escobar884/2016
- Sixto Palafox Onofre1671/2022
- Sociedad Educativa de México, Sociedad Civil621/2017
- Socorro Adriana Bernal Alderete1197/2023
- Socorro Cisneros Rincon1114/2019
- Socorro Davila Montes1447/2017