Sistema Michoacano de Radio Y Televisión

Expediente 927/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
927/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Sistema Michoacano de Radio Y Televisión
  • Ramón Cruz Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 927/2021, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los autosMorelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 927/2021, promovido por Natalia Rodríguez Cedeño, apoderada legal de Sistema Michoacano de Radio y Televisión; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Natalia Rodríguez Cedeño, en cuanto apoderada legal de Sistema Michoacano de Radio y Televisión; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 20, Apartado B, fracciones I, II, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno la admitió a trámite y la registró bajo el número de expediente 927/2021, se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación, y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. En el propio auto, se reconoció carácter de tercero interesado a Ramón Cruz Medina, por ser la parte actora en el juicio laboral de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Tercero. Ampliación. Posteriormente, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en atención a lo informado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contado a partir de su notificación, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Atento lo anterior, en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda inicial y señalando como autoridad responsable a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo que se solicitó el informe justificado correspondiente. Seguido el trámite respectivo, finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, por lo que ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la resolución reclamada fue dictada por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La resolución interlocutoria dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario laboral 2971/2019, promovido por Ramón Cruz Medina contra Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En dicha resolución, la Junta responsable determinó improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria planteado por la demandada aquí quejosa y por tanto, determinó que esa Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, es la autoridad competente para resolver dicho conflicto. Acto que atribuye a las autoridades: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ambas con residencia en Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia. La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al momento de rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, y al respecto manifestó que al emanar la resolución combatida de un juicio individual de trabajo, corresponde su conocimiento, trámite y resolución a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, la promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, aun cuando se le dio vista con el informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la autoridad de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó dicha autoridad a su informe, consistentes en copia autorizada de las principales constancias del expediente ordinario laboral 2971/2019 [mismas que obran agregadas al presente juicio]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, toda vez que en el presente caso las partes no invocaron causales de improcedencia de la acción constitucional, ni este juzgador advierte alguna de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Sexta. Estudio de los conceptos de violación. La apoderada legal de la persona moral quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a calificar los conceptos de violación, se destacan las siguientes actuaciones del juicio laboral de origen: Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, Ramón Cruz Medina presentó demanda en la vía ordinaria laboral contra Gobierno del Estado de Michoacán o Sistema Michoacano de Radio y Televisión, misma que fue admitida mediante proveído de cinco de diciembre siguiente por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, quien la registró bajo el número 2971/2019, de su índice, y ordenó emplazar a la demandada. Luego, en atención a la suspensión de labores no esenciales generada por la contingencia SARS-CoV2, mediante auto de seis de octubre de dos mil veinte, la junta responsable señaló las trece horas del diez de noviembre de dos mil veinte para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En dicha diligencia, la junta responsable admitió a trámite el incidente de incompetencia promovido por la parte demandada, y señaló fecha para el verificativo de la audiencia incidental, la que finalmente tuvo verificativo el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, y el veintiséis de agosto posterior se dictó la resolución correspondiente donde se declaró improcedente la incidencia planteada y firme todo lo actuado en el juicio laboral de origen. La última determinación indicada constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, en el único concepto de violación que hace valer la parte quejosa, argumenta esencialmente: Que la resolución reclamada viola sus derechos para acceder a un juicio que cuente con los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso porque la autoridad responsable no es la competente para conocer de los conflictos laborales que se susciten entre la persona moral quejosa y sus trabajadores. Considera lo anterior, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el apartado B del artículo 123, "Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores", señala en su contenido derechos y prerrogativas para los trabajadores de estas entidades que conforman los poderes de la Unión, mismas que son las que su representada otorga como mínimos a sus trabajadores, rigiéndose por el citado apartado su relación laboral. Refiere también que la Carta Magna en su numeral 116, fracción VI, señala que "VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias", por lo que deberá entenderse que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se encontrará sujeta a la ley burocrática que expidan los Congresos Locales y en este caso, la Ley de los Trabajadores al Servicio de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Señala que toda vez que la naturaleza de las relaciones laborales de la quejosa con sus trabajadores, se rige por la Ley Burocrática del Estado de Michoacán, es con esta misma que se deben resolver sus diferencias, y se debe atender a la naturaleza del vínculo que rigió la relación entre las partes, máxime que el actor se desempeñaba como trabajador interino y cubría incapacidades médicas de un trabajador basificado por lo que disfrutaba de los derechos de un trabajador de base, por lo que se deduce que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje quien debe resolver conforme a la Ley Burocrática del Estado. Al respecto, invocó la tesis del rubro: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EN MATERIA LABORAL. LA APLICACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA ESTÁ DETERMINADA POR LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN LABORAL." Motivos de disenso que se califican como inoperantes. Se afirma lo anterior, porque de la resolución reclamada se advierte que al entrar al estudio del incidente de incompetencia por declinatoria planteado por la parte demandada en el juicio de origen -aquí quejosa-, la Junta Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, primeramente precisó que la demandada Sistema Michoacano de Radio y Televisión, exhibió copia de la última reforma publicada en el Periódico Oficial de diecinueve de abril de dos mil uno, y transcribió los artículos 1º, y 20 que señalan: "Artículo 1º. Se declara de interés público la transmisión de las frecuencias de radio y televisión que le sean asignadas al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por el Gobierno Federal y para tal objeto, se crea el Sistema Michoacano de Radio y Televisión como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya residencia será en la ciudad de Morelia, Michoacán." "Artículo 20. Las relaciones laborales entre el sistema y sus trabajadores se regirán por los ordenamientos legales aplicables." Luego, concluyó que de las disposiciones transcritas se evidencia que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado para la transmisión de las frecuencias de radio y televisión que le sean asignadas al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por el Gobierno Federal y por ello, respecto de dichos organismos, en cuanto a la competencia para conocer de los conflictos, resulta aplicable el artículo 116, segundo párrafo, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; (.)" Además, señaló que de acuerdo con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Jurisprudencia por reiteración de criterio 2ª./J.130/2016, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales, entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 Constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Dicho criterio es el siguiente: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial." Derivado de lo anterior, estableció la Junta responsable que las relaciones entre las dependencias y entidades de los Poderes del Estado de Michoacán de Ocampo y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por ley, decretos o reglamento llegue a señalarse su aplicación, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, como se dispone en el artículo 1º, y cuyos conflictos que se susciten serán dirimidos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como lo establece el artículo 96 del propio ordenamiento. Por ello, determinó que si el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal otorgó flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada Estado y Municipios, y de su interpretación gramatical se concluye que deben respetarse las decisiones que para el efecto establezcan los ordenamientos que emitan cada una de las entidades federativas para regular las relaciones laborales entre los trabajadores y los organismos públicos descentralizados de dichas entidades. Asimismo, señaló que si del contenido literal del artículo 1º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, en su parte final, se advierte que las relaciones laborales de aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal serán resueltas a la luz de dicha ley, siempre y cuando en las leyes, decretos o reglamentos que los contengan llegue a señalarse su aplicación, entonces resulta que en el particular no se actualiza tal condición, en virtud de que del contenido del artículo 20 de la reforma exhibida por la parte demandada no se especifica que para dirimir las controversias de índole laboral sea aplicable la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, sino que tales conflictos se resolverán con base a los ordenamientos legales aplicables, sin hacer referencia expresa a la ley burocrática en mención. Por ende, aplicó el método de exclusión estimando que en las leyes o decretos donde no se exprese claramente la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, las relaciones deben solucionarse a la luz de la Ley Federal del Trabajo y consecuentemente, la competencia para resolver el conflicto laboral de origen recae en esa junta. Expuesto el anterior panorama, es de concluirse que la parte quejosa no combate la totalidad de los motivos que expuso la responsable para declarar improcedente la incompetencia por declinatoria planteada, sino que se limita a aseverar que la naturaleza de la relaciones laborales de su representada se rige por la Ley Burocrática del Estado de Michoacán, por lo que es con esta misma con la que se deben resolver sus diferencias, y que se debe atender a la naturaleza del vínculo que rigió la relación entre las partes, esto es, con el apartado B del artículo 123 Constitucional. De ese modo, la parte quejosa omite combatir la totalidad de los argumentos en los que se apoyó la autoridad responsable para declarar la improcedencia del incidente planteado, ya que no hay contradicción en que las entidades federativas efectivamente tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales, entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 Constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Sin embargo, nada dice en contra de lo que la junta responsable señala en el sentido de que del contenido literal del artículo 1º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, en su parte final, se advierte que las relaciones laborales de aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal serán resueltas a la luz de dicha ley, siempre y cuando en las leyes, decretos o reglamentos que los contengan llegue a señalarse su aplicación. Pero principalmente, nada dice en contra de que la junta sostiene que, en el caso, no se actualiza tal condición, en virtud de que del contenido del artículo 20 de la reforma exhibida por la propia parte demandada no se especifica que para dirimir las controversias de índole laboral sea aplicable la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, sino que tales conflictos se resolverán con base a los ordenamientos legales aplicables, sin hacer referencia expresa a la ley burocrática en mención. En esa virtud, debe decirse que los motivos de inconformidad de la parte quejosa constituyen afirmaciones que incluso coinciden con lo señalado por la responsable, pero omite controvertir las consideraciones en que se sustentó la Junta responsable para declarar improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria planteado dentro del expediente laboral 2971/2019. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada en la página 27 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXVI, Cuarta Parte, Sexta Época, registro digital 269435, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En las condiciones apuntadas, ante lo infundado del único concepto de violación propuesto y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por conducto de su apoderada legal Natalia Rodríguez Cedeño, en términos de lo expuesto en la consideración tercera de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por conducto de su apoderada legal Natalia Rodríguez Cedeño, por los motivos que quedaron precisados en la consideración sexta del presente fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica al tercero interesado por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

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