Sistema Estatal de Telesecundaria
Expediente 718/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Sistema Estatal de Telesecundaria
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso, causó estado el proveído por el que se desechó la demanda de amparo y ordenó archivar el presente juicio como asunto concluido. En razón de lo anterior, resulta innecesario conservar en este órgano jurisdiccional el cuaderno de prueba constante en un tomo que se formó con las documentales allegadas por el Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; por tanto, devuélvasele parta los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no se recurrió la resolución de once de once de junio del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por Sistema Estatal de Telesecundarias en Durango, por conducto de su Director General ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. En razón de que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado manual, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
C I T A T O R I O. PARTE QUEJOSA. ACUERDO 8-JUN-2021. Vistos los autos de cuenta, resulta necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida a la luz del arábigo 77 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, si los efectos de la sentencia concesoria fueron precisamente para que se dejara insubsistente la parte del acuerdo de dos de febrero del año en curso, por el que se fijó fecha fuera del término legal para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y, en su lugar se emita un nuevo auto, en el que se fijó una nueva dentro del lapso contemplado en el precepto 873 de la Ley Federal del Trabajo, se dio cumplimiento a la ejecutoria, sin que se advierta que exista exceso o defecto en su cumplimiento, en ese tenor se declara cumplida la misma, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO:PROMOVENTE. ACUERDO 11-JUNIO-2021 I. Radicación. Téngase por recibido el oficio 2105/2021 del actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, con el cual se remite la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su Director General ***, así como los demás anexos descritos y relacionados en el referido comunicado. Además, el referido comunicado contiene anexa la resolución dictada en sesión de veintiocho de mayo del año en curso, dentro del juicio de amparo directo 102/2021 del índice del citado tribunal colegiado, por la que se declaró legalmente incompetente para conocer de los actos que se reclaman, por considerar que no constituyen una sentencia definitiva, ni tampoco una resolución que hubiera puesto fin al proceso. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los numerales 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 718/2021. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Fijación de la litis Tal como lo precisó el tribunal declinante, el acto reclamado en esta vía es el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio laboral 1075/2015 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual se ordenó la ejecución del laudo de diez de diciembre de dos mil diecinueve y, por ende, se ordenó requerir de pago a la parte demandada (aquí quejosa) por la cantidad líquida a la que fue condenada en la citada sentencia y embragarla en caso de no efectuar dicho pago. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. No es la última resolución en etapa de ejecución El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido éste; que será procedente tratándose de actos después de concluido el juicio, si se trata de la ejecución de sentencia siempre y cuando sea la última resolución, siendo la que en forma definitiva decreta el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no tenga las características antes descrita y entonces, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita. Sirven de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" De los preceptos mencionados, se advierte que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente a ciertas cuestiones como lo es, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido éste; que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y que hayan trascendido al resultado de la resolución. Mientras que, tratándose de los procedimientos de remate, será procedente siempre y cuando sea la última resolución, siendo ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien rematado, pudiéndose también invocarse como agravio las violaciones realizadas en la ejecución de sentencia. Lo anterior se dispuso así, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Así, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la citada resolución, que es la culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías. En esa tesitura, debe decirse que los actos jurisdiccionales ejecutados después de concluido el proceso jurisdiccional son los realizados después de dictada la sentencia definitiva respectiva, tales como los que se llevan a cabo para la ejecución de éstos. Las reglas de procedencia previstas en la fracción IV del artículo 107 antes citado son aplicables a las partes en el juicio de origen, sin que se entienda en los términos restringidos del actor y al demandado, sino que tienen ese carácter los terceros que sean llamados a juicio, o los acreedores diversos al actor que sean llamados a comparecer en el procedimiento de ejecución, pues al haber sido incorporados al procedimiento de que se trate, están en aptitud de promover los recursos y medios de defensa que la ley aplicable disponga a su favor y defender sus derechos, por lo que no deben considerarse terceros extraños, de ahí que el juicio de amparo que promuevan debe sujetarse a las reglas en comento. En el caso se reclaman conductas derivadas del expediente 1075/2015 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el que a la fecha ya se dictó el laudo correspondiente y actualmente se encuentra en la etapa de ejecución, tal como lo menciona el promovente, manifestaciones que tienen valor en su contra en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora, los actos reclamados en concreto son el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio laboral 1075/2015 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual se ordenó la ejecución del laudo de diez de diciembre de dos mil diecinueve y, por ende, se ordenó requerir de pago a la parte demandada (aquí quejosa) por la cantidad líquida a la que fue condenada en la citada sentencia y embragarla en caso de no efectuar dicho pago. Por tanto, si la resolución y la diligencia que le recayó fueron dictada y practicada después de concluido el juicio y tendente a ejecutar la sentencia definitiva, debe considerarse como actuación intermedia en el aludido procedimiento; de ahí que se advierte que, los efectos y consecuencias son que se continúe con él hasta que se dicte resolución definitiva y, de ello, deviene la improcedencia de su demanda de garantías. Cobra aplicación al caso, por las razones que indican, las jurisprudencias y tesis que dicen: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia" "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente" "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor" Cabe destacar que no se actualiza el supuesto excepcional previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, aplicado analógicamente, por actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional, toda vez que está condicionada a que éstos sean de imposible reparación (por afectar derechos sustantivos) y que sean ajenos a la ejecución del juicio natural. Así fue considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto" De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia citada se desprende que el alto tribunal consideró dos reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto aplicables para los actos emitidos después de concluido el juicio, a saber: 1. Si los actos carecen de autonomía propia y tienen como fin la ejecución de la sentencia, se aplica la regla genérica del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción IV, de la norma vigente), la cual dispone que en contra de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Esto independientemente que afecten derechos sustantivos, ya que bastaría con que se hiciera valer que se trata de un acto de imposible reparación para que con ello se admitiera la procedencia de todos los juicios, pasando por alto el fin que tuvo el legislador de que no se abusara del juicio de amparo, deteniendo y alargando el cumplimiento de la cosa juzgada. 2. Si los actos tienen autonomía propia y no necesariamente tienen como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia, por excepción y analogía, procede el amparo de acuerdo con la fracción V, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción V, del cuerpo legal vigente). Así, en el caso, no se reúnen las dos condiciones para que sea aplicada la excepción prevista en el artículo 107, fracción V, de la ley invocada, habida cuenta que de la ejecutoria que dio lugar a la tesis de mérito, se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que ello ocurre cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, dado que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Por consiguiente, el acto que aquí se impugna no se ubica en los casos de procedencia del amparo indirecto previstos por el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, del cuerpo legal en consulta; lo que actualiza la causa de improcedencia invocada y hace procedente desechar la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la norma en cita. No pasa a la consideración del suscrito juzgador la jurisprudencia que cita la parte quejosa de rubro: "EMBARGO COMO MEDIDA DE APREMIO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. AL NO ESTAR PREVISTO EN LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TAMAULIPAS ES IMPROCEDENTE DECRETARLO, SIENDO INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO"; sin embargo, ello no genera que se modifique el sentido que se da a la presente resolución, debido a que de su texto, así como del análisis de la ejecutoria que le dio origen, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente dilucidó los siguientes problemas jurídicos: "Tratándose del embargo de bienes de la autoridad demandada ¿Es procedente la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo en los procedimientos de ejecución de laudos previstos en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas? y "Conforme a las legislaciones burocráticas citadas ¿Es posible ordenar el embargo de bienes de la parte condenada, en este caso, de un Municipio?; los cuales, aunque están relacionados con el caso que nos ocupa, no tienen el alcance de determinar que contra una actuación en la que se dé ese supuesto procede el juicio de amparo aunque no sea la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, ya que en ningún momento fue analizado ese tópico por la citada sala del máximo tribunal del país. Además, si bien se embargaron cuentas bancarias de la quejosa, únicamente fue por la cantidad condenada en el laudo emitido en el expediente de origen; motivo por el que las violaciones que ahora combate no sobrepasan lo sentenciado, de ahí que deberá invocarlas como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la última resolución que se emita en dicha etapa. Igual criterio se sostuvo en la ejecutoria dictada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, dentro de la queja 57/2019, derivada del juicio de amparo 1146/2019 del índice de este juzgado. En suma, tampoco se desatiende la diversa jurisprudencia que dice: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN"; sin embargo, por las razones que indica, sustenta lo considerado en la presente resolución, puesto que de la misma se advierte que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución, sobre la cantidad líquida, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, ya que sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega de la referida cantidad asegurada y ordena la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, circunstancia que en el caso aún no acontece. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: Sistema Estatal de ****. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a ***, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. IX. Notificación a las partes. En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autorizan las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. XI. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
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