Sisi Tatiana Ramírez Suárez

Expediente 1750/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1750/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Sisi Tatiana Ramírez Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que precede, se advierte que no se interpuso dentro del término que la ley señala el recurso de queja contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós (foja 7 a 16), mediante el cual se desechó de plano la demanda, por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo...

  2. Principal

    Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa y/o sus autorizados, acudieran al local que ocupa este juzgado, se ordena notificarles por lista el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, que dice: "1. Análisis de la cuenta. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya se recibió físicamente la demanda que promueve S. T. R. S., contra actos de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y otra(s) autoridad(es). Fórmense tanto el expediente impreso como el electrónico. Regístrese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 1750/2022-II. 2. De la actividad jurisdiccional. Se hace saber a las partes que la actividad jurisdiccional en relación con este asunto se sujetará a las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como al diverso 25/2020 del citado Pleno, que reformó el artículo 15 del acuerdo citado en primer término (durante su vigencia), relativo a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial; de igual forma, el citado acuerdo 25/2020 y los diversos 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 9/2022 y 16/2022 que reformaron el artículo 1, correspondiente a la vigencia del citado Acuerdo 21/2020, y el diverso 7/2022 que reforma, adiciona y deroga el aludido 21/2020. 3. Desechamiento. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable, resulta de tener la certidumbre y pleno convencimiento de que la causa de improcedencia en trato es operante al caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitir la demanda y substanciar el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. En la especie, este órgano de control constitucional advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto es procedente: (...) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (...)." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, siendo las siguientes: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos"afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Partiendo de ello, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente 2207/2021-C3, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante la cual se desechó su demanda en contra de las demandadas Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco y el Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud Jalisco, denominado Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco (CETRAJAL), para en su lugar admitir parcialmente la misma por las diversas demandadas. Determinación que, se considera, no es un acto de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo surte efectos procesales, pues las violaciones producidas con motivo del desechamiento parcial de la referida demanda, podrían verse reparadas o extinguirse en la realidad sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso; ello, a través de la vía directa de amparo, en la que podrá combatirse como violación procesal y, de otorgarse la protección constitucional solicitada, se dejaría insubsistente el acuerdo de desechamiento y se admitiría la demanda en su totalidad. En efecto, aun cuando pudiera sostenerse que tal desechamiento parcial atenta contra los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, por impedir que la secuela procedimental y el resultado final se den de forma completa e íntegra, esas alegadas violaciones no trascienden más allá de lo puramente procesal, es decir, por más que esos derechos no pudieran reputarse estrictamente de naturaleza adjetiva, sino también sustantiva, finalmente lo importante es que su alegada afectación no se produce en forma independiente al procedimiento jurisdiccional del que son parte y, en esa medida, pueden resarcirse a través del juicio de control constitucional en la vía directa, como ya quedó apuntado. Lo anterior, tiene sustento por las razones que informa en la jurisprudencia PC.III.A. J/8 A (11a.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de la Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2024106, que a la letra señala: "DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE NULIDAD. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en sentido opuesto sobre la naturaleza del acuerdo que desecha parcialmente una demanda de nulidad y si en su contra es procedente el juicio de amparo indirecto, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues mientras uno de ellos sostuvo que es un acto de imposible reparación, al afectar de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la justicia del quejoso, dado que los actos que fueron materia del desechamiento ya no podrán formar parte de la litis, ni ese perjuicio podrá ser reparado de obtener una sentencia favorable, el otro resolvió que ese acuerdo no afecta de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos del quejoso, pues si bien tiene impacto en el desarrollo del proceso en tanto que los actos o autoridades respecto de los que no se admitió la demanda no serán materia del juicio, la verdad es que esa afectación se encuentra vinculada a los derechos procesales del actor y, en esa medida, debe reclamarse como violación procesal al promover el juicio de amparo en la vía directa. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acuerdo por el que se desecha parcialmente una demanda de nulidad, al no revestir una ejecución irreparable, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación", es necesario que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; por ende, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre estas bases, se concluye que el desechamiento parcial de la demanda de nulidad, por sí mismo, no afecta algún derecho sustantivo del quejoso, como a la vida, a la libertad, a las propiedades o posesiones, sino que sólo surte efectos procesales, y si bien pudiera sostenerse que atenta contra los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, por impedir que la secuela procedimental y el resultado final se den de forma completa e íntegra, esas alegadas violaciones no trascienden más allá de lo puramente procesal, es decir, por más que esos derechos no pudieran reputarse estrictamente de naturaleza adjetiva, sino también sustantiva, finalmente lo importante es que su alegada afectación no se produce en forma independiente al procedimiento jurisdiccional del que son parte y, en esa medida, pueden repararse o extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso, si se combaten como violación procesal en la vía directa y se concede el amparo solicitado, pues se dejaría insubsistente el acuerdo de desechamiento y se admitiría la demanda en su totalidad; subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. " Asimismo, cobra cita la jurisprudencia PC.XVI.A. J/32 A (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, abril de 2021, Tomo II, página 1558, con número de registro digital 2023042, que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente." Por tanto, se reitera que el acto que se impugna no es de aquéllos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, al no afectarse derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa lo controvierta como violación procesal a través de la vía directa y, de obtener el amparo peticionado, ninguna huella quedaría en sus derechos con motivo del acto que ahora reclama. Sin que pase inadvertida la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 446, de la Novena Época, con número de registro digital 167732, que refiere (énfasis añadido): "DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, cuando de modo inmediato afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, pero que no son de imposible reparación y son impugnables en amparo directo cuando sólo afectan derechos adjetivos o formales. No obstante, aunque el acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso se considera una violación adjetiva o procesal, es reclamable en amparo indirecto, como excepción a la regla general, porque afecta al actor en grado predominante o superior, pues la admisión parcial de la demanda implica, en lo no admitido, que las acciones, elementos o sujetos materia de la inadmisión no formen parte del proceso litigioso y, por ende, del pronunciamiento judicial, lo que le causa una afectación de extrema gravedad, además de que dicho desechamiento parcial no constituye un acto reparable con el hecho de obtener una sentencia condenatoria favorable al propósito del demandante, ya que no resolverá sobre la acción no admitida, por no haber sido parte de la litis." En efecto, de la propia lectura de la tesis transcrita, se advierte que el criterio de procedencia del amparo indirecto ahí contenido, se sustenta en la afectación exorbitante o de grado superior que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de una demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente y que, por ende, no representa obstáculo para que opere el motivo de inejercitabilidad en estudio, al resultar inaplicable al caso concreto. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, y con apoyo en el artículo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo. 5. De los autorizados. Se tiene(n) como autorizado(s) en amplios términos a las personas que indica, porque la parte quejosa tiene la calidad de trabajador(a), por ende, es innecesario acredite(n) estar legalmente autorizado (s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s). Lo anterior de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. 6. Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones, el aludido en la demanda. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo. 7. Del acceso al expediente electrónico. La parte quejosa no solicitó acceso al expediente vía electrónica en el escrito de demanda. 8. Oposición a la publicación de datos. La parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales en el escrito de demanda. 9. Copias. En obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena la expedición a las partes hasta de en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales, sin que sea necesario medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues sólo a éstas le serán entregadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sin embargo, lo anterior acontecerá bajo el esquema contenido en el citado Acuerdo General 21/2020. Ello, sin perjuicio de que podrán descargarlas del expediente electrónico en sus equipos de cómputo, por lo que se exhorta realicen los trámites necesario a fin de que pueda acceder al expediente (electrónico). 10. De la reproducción digital de constancias. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos conforme a los lineamientos de seguridad que regulan el ingreso a la Ciudad Judicial Federal y de acuerdo con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esta autorización es limitada, por lo que queda prohibido reproducir o tomar fotografías de las instalaciones de este juzgado, de su personal, del área correspondiente a esta Ciudad Judicial y de las actuaciones que tengan la calidad de confidencial o reservada conforme a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su caso, quedará bajo la más estricta responsabilidad de la parte que las obtenga, el uso y difusión que se dé a las mismas. Sin embargo, lo anterior deberá ajustarse al Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del citado Acuerdo General 21/2020. 11. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del juicio, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. 12. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo se publicarán íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla la ley y reglamentos de la materia. De igual forma, siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. Lo anterior de conformidad con los artículos 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y 67, fracción II y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 13. Exhorto al promovente. De conformidad con el artículo 5, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario".

  3. Principal

    Vista la certificación que precede, de la que se advierte que no se interpuso dentro del término de ley, el recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de julio del año en curso; por ende, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, toda vez que por una parte se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, de conformidad con los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s) correspondiente(s), para que en el plazo de tres días, dé(den) el debido cumplimiento al fallo protector.

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